Manual de Trampas : Indymedia Colombia

El país no se ha enterado de que por debajo de la mesa el Gobierno está destrozando lo que en materia de legislación agraria se había logrado desde el año 36. A los campesinos, los indígenas y las comunidades negras se les birló su derecho a discutir el proyecto de ley 99 S, al no permitir considerar el proyecto que presentó el senador Petro, elaborado por una veintena de organizaciones populares.

Es decir, el proyecto fue aprobado en primera instancia por el 30% denunciado por Vicente Castaño como "sus propios" en el Congreso, más otro tanto de clientelismo pura sangre, más un complemento de parlamentarios pusilánimes . El mismo poder terrateniente de siempre —la misma tranca que ha mantenido viva la violencia desde hace 60 años—, al que ahora se suma el interés de las transnacionales que impondrán el TLC. Sobraría decir que el proyecto del ministro Arias fue aprobado a pupitrazo limpio y abunda, calculadamente, en esas brumosidades tan del gusto de abogados, tinterillos y tramitadores de notaría. El senador Guillermo Alfonso Jaramillo lo ha bautizado "Manual de trampas". Esos acostumbrados meandros de las leyes agrarias equivalen a imponer la interpretación del más fuerte, e inspiran y alimentan, por tanto, la desobediencia, la resistencia y, al fin, la insurgencia. Con su pan se lo coman.

Por ejemplo, con el artículo 156 —ahora 123— legaliza 80 años de títulos no "originarios" o "no expedidos por el Estado", es decir, falsos; con el artículo 56 buscan los honorables parlamentarios que la extinción de dominio no se aplique a los latifundios ociosos ni a quienes invadan las reservas forestales locales como la de Bogotá en los cerros orientales. Hay artículos con nombre propio. Para rematar derogan, con el 161, la protección contra la extinción que tienen los predios medianos y pequeños, es decir, a los que tienen acceso los desplazados. Según la Sentencia T 025 de la Corte Constitucional, sólo el 4% de los desplazados entre 1996 y 2004 ha regresado a sus tierras. ¿Y para quiénes serían esas tierras a las que no regresarán los desterrados y que sumadas podrían ser más de 10 millones de hectáreas?

En primer lugar, para las empresas "eficientes", como las de palma africana, caña, caucho; en segundo lugar, para los grandes ganaderos afectos al establecimiento, como los Marulanda Grillo y los Carranza, y en tercer lugar, para los "reinsertados" que, como bien ha mostrado el computador de Jorge 40, son gente reclutada al efecto que devuelve unos fierros viejos —bajo la mirada de Caramagna— y permite, con esta movida, conservar intactas las estructuras militares.

Como en la ley del embudo, el artículo 57 le hace la segunda al confuso artículo 111 del mismo estatuto que prohíbe adquirir tierras "si los predios pretenden ser reivindicados por medio de violencia". ¿Puede haber algo más violento que los desplazamientos de los 3,6 millones de campesinos mediante la motosierra, el AK47, las masacres, la intimidación?

El verdadero sentido del artículo 111, metido de contrabando a última hora en el Senado, es invalidar legalmente las luchas de los indígenas por sus territorios y resguardos . No hay que olvidar que muchas tierras de resguardo han sido robadas por los Guerra, los Chaux, los Izquierdo. Si el gobierno dice que los indígenas "piensan" invadir la tierra de un terrateniente, automáticamente les queda vedada la reclamación legal del predio al que aspiran y sobre el que suelen tener derechos ancestrales .

La economía campesina —gracias a la cual la crisis alimentaria no ha sido total— sale profundamente golpeada. De un lado, los subsidios que entregará el Incoder no serán dados a los más necesitados o pobres, sino a quienes presenten los mejores proyectos de acuerdo con criterios de productividad, rentabilidad y competitividad, no aplicables a la economía campesina . El Estado, pues, terminará financiando a los empresarios ricos y a quienes más poder político local tengan. De otro lado, para rematar, el Gobierno, que ha bloqueado las Reservas Campesinas, quiere circunscribirlas a terrenos baldíos , que ya son hoy contados y que son también susceptibles de ser declarados Reservas Empresariales. Verbigracia: 6 millones de hectáreas en Vichada y Meta, detrás de las que está Uribe, el señor Presidente.

Así que los campesinos de regiones tituladas donde predomina el minifundio o la mediana propiedad no podrían ser amparados contra la concentración de tierras por esta figura de Reserva Campesina, establecida por la Ley 160 del 94. El secreto de la limitación: los empresarios codician esas tierras y buscan agregarlas a sus haciendas. Razón por la cual los senadores retiraron el artículo 117, que ordenaba entregar para reforma agraria todos los predios rurales donde se extinga el dominio por enriquecimiento ilícito, arguyendo que el director de estupefacientes necesita venderlos para construir cárceles y casernas .

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