El ‘show’ : Indymedia Colombia

Censuro y reprocho con vehemencia el atentado criminal de esta semana, pero no me trago entero el agresivo discurso presidencial pronunciado en el mismo lugar donde explotó una extraña bomba que no causó muertos ni daños materiales mayores, pero sí dejó en ridículo a las Fuerzas Militares. Menos, después de advertir que con ello se enterró el Acuerdo Humanitario y el país quedó a merced de la misma política militarista, que pasados cuatro años, registra más desastres que aciertos.

Fatal coincidencia que las Farc hayan burlado la seguridad en un complejo militar, pero no hayan hecho explotar una bomba de mayor poder, como sí lo hicieron en el del Club El Nogal, oportunidad en la cual el Presidente no estuvo tan bravo como ahora.

A pesar de que Juan Manuel Santos había dicho que hacer sindicaciones sobre posibles autores del atentado era una irresponsabilidad, el presidente Uribe, con una evidencia tan frágil como la de una supuesta conversación de un miliciano con otro guerrillero, en la que aquel anunciaba haber logrado la graduación, ya definió las investigaciones que deben emprender las autoridades. ¿Para qué ofrecer recompensas a quien dé información de lo que pasó, si ya el primer mandatario nos dijo quién fue?

Pero no contento con inculpar a las Farc sin mediar investigación de autoridad competente, el primer mandatario dictó sentencia absolutoria en favor de los militares implicados en los falsos operativos, y hasta en beneficio de sus amigos de la Drummond, descalificando pruebas como el computador de Jorge 40 y testimonios. Curioso que tanto el atentado como el discurso presidencial se produzcan apenas la Corte Suprema llama a indagatoria a varios uribistas por vínculos con el paramilitarismo, o cuando el computador de Jorge 40, acredita una memoria inagotable, o cuando era inminente el Acuerdo Humanitario.

Es peligroso un Estado de derecho, en el que un Presidente acosado por los escándalos que lo estaban dejando sin aire, haya hecho de este episodio violento ocasión propicia para reanudar una guerra que no vamos ganando y para desautorizar el Acuerdo Humanitario, ordenando además un improvisado y sangriento rescate de los secuestrados, pero sobre todo para sustituir a las autoridades. El Presidente olvidó que la Procuraduría ya dijo que sí hay evidencias que comprometen a oficiales en los falsos operativos, y que la Fiscalía tiene que seguir utilizando los datos del computador de Jorge 40 y evaluando los testimonios de muchos presos que están hablando, por orden de la Ley de Justicia y Paz que se inventó el uribismo.

Sorprende el peculiar entendimiento presidencial de lo que es el derecho probatorio, pues mientras decide no creerle a los datos de un computador ni a los testigos de carne y hueso que están sindicando a sus amigos y aliados políticos de estar comprometidos con el paramilitarismo, no tuvo inconveniente en atribuirle el carácter de prueba reina a una conversación interceptada, entre un miliciano que nadie conoce y un supuesto jefe insurgente que tampoco ha sido identificado.

Mientras el país obnubilado aplaude el tono furioso del presidente Uribe y el regreso a una guerra que lleva cuatro años sin resultados, otros miramos con asombro que estalle una bomba a plena luz del día en unas instalaciones militares, pero sobre todo vemos con desconfianza que ese confuso suceso, le haya servido al Gobierno para superar sus problemas y subir en las encuestas.

Ahora estamos todos en guerra, asumiendo responsabilidades ajenas, bajo la subliminal amenaza de invitarnos a estar vigilantes contra el terrorismo y de respaldar a las instituciones. Mientras tanto, en el Gobierno dejaron abandonado el Acuerdo Humanitario que jamás vieron con buenos ojos los militares, y empezaron a respirar tranquilos con unas absoluciones obtenidas a la brava, sin que nadie en la cúpula castrense haya caído por este desastre, del que al parecer sólo resultarán sancionados los porteros de la Escuela Superior de Guerra.

A propósito, ojalá Pacho Santos caiga en la cuenta de que no hay que militarizar las universidades públicas, sino los edificios al servicio de oficiales y soldados.

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Adenda.- Que la señal de televisión no funcione en Sucre, precisamente el día de un debate en el Congreso contra la dirigencia política de esa región por vínculos con el paramilitarismo, confirma de qué lado están los canales públicos de televisión.