TLC: un salto al vacío : Indymedia Colombia

Después de dos años de negociaciones y en vísperas de la reelección presidencial, el gobierno de Uribe cerró, el 27 de febrero las negociaciones del TLC. En forma rápida preparó la versión en español de lo negociado y la entregó a Estados Unidos para que hiciera lo propio. Varias semanas después llegó la versión estadounidense y cuando fue revisada, el gobierno colombiano descubrió que había varias diferencias importantes en el anexo agrícola. Esta situación llevó a que solamente en julio se culminara la conciliación de diferencias que obedecían a que Estados Unidos quería obtener nuevas ventajas y Colombia había dejado zonas grises en las definiciones. Posteriormente ese país quiso, a cambio de entregar el texto a su Congreso para el trámite preliminar, obtener nuevas concesiones. De esta forma sólo cuando Colombia aceptó la posibilidad de importar vacas viejas (de más de 30 meses) vulnerables a la denominada enfermedad de las vacas locas, EEUU, finalmente entregó al Congreso el texto y con ello comenzaron a correr los 90 días que este debe estar depositado en esa corporación antes de que se proceda a la firma por los presidentes de las naciones y ratificación por parte de los respectivos Congresos.

Se puede analizar el proceso como un todo y extraer las lecciones correspondientes de lo que ha sido la peor negociación de Colombia, después de la pérdida del Canal de Panamá.

La primera equivocación de Colombia fue negociar todo. Desde el comienzo aceptó todos los temas que EEUU propuso, aun cuando muchos de ellos ni siquiera cursan en la OMC. Esto creo una situación estructuralmente asimétrica pues mientras Colombia no excluía nada, Estados Unidos si se negaron a incluir la negociación de sus ayudas internas al agro, la modificación de sus leyes antidumping y finalmente terminaron retirando el azúcar de las negociaciones pues es el único producto en el que nunca se llegará a eliminación total de aranceles y cuotas. Colombia hubiera podido plantear que determinados renglones productivos o temas no se discutieran o que no debían negociarse sino en relación con la evolución de la OMC u otros escenarios mundiales de negociación. Al incluir temas en los cuales no habría sino pérdidas ya se estaba determinando un desenlace adverso. Es importante precisar que en los acuerdos comerciales algunos países deciden no incluir determinados aspectos. La lección es clara no todo es negociable y en los acuerdos internacionales el Estado debe preservar algunos aspectos, como lo hacen todos los países comenzando por Estados Unidos.

En los TLC bilaterales EEUU busca la ampliación de la duración de las patentes; el otorgamiento de garantías a la inversión, las cuales no han sido aceptadas en el seno de la OMC. También busca la inclusión de las compras y contratación estatales como parte importante y obligatoria de los acuerdos, que en la OMC sólo figura como un acuerdo paralelo de suscripción voluntaria, así como muchos otros aspectos normativos hoy en debate en todo el mundo y cuya discusión ha entrabado la culminación de la Ronda de Doha de la OMC, en razón de la renuencia de numerosos países a aceptar dentro de la Organización estos asuntos llamados los “temas de Singapur” . Colombia al negociar el TLC renunció de antemano a los escenarios multilaterales, eliminando la posibilidad futura de hacer causa común con otras naciones en la lucha por conseguir reglas económicas más justas a nivel mundial, pues ya ha cedido en todas las exigencias de la agenda norteamericana.

Además, la potencia norteamericana busca tener acceso a los mercados de sus contrapartes sin verse obligada a abrir el propio, pues las barreras no arancelarias y sus sistemas de subsidios y ayudas internas le aseguran la protección de su mercado interno.

Estados Unidos no está dispuesto a hacer modificaciones en su legislación interna para suscribir los TLC. Un ejemplo se encuentra en la ley norteamericana aprobatoria del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, Cafta, que en su numeral 102 establece que ninguna disposición de ese tratado estará por encima de la legislación interna. Por el contrario, los demás países están obligados a hacer cambios legislativos e incluso a admitir que tales tratados están por encima de sus Constituciones nacionales, de modo que de aprobarse leyes que se contrapongan a los mismos, pueden ser demandadas por Estados Unidos. Esto implica que en la agenda legislativa y política del gobierno colombiano ocupan y ocuparán un lugar muy importante todas las medidas que acondicionen el país al TLC y que al definir este mecanismo unilateral en que nosotros hacemos cambios internos y ellos no, se ha colocado toda la actuación del gobierno como rehén del proceso de aprobación

En el Congreso de Estados Unidos así que vendrán nuevas exigencias y condicionamientos

Es conocido que Estados Unidos tiene un gigantesco déficit comercial que en 2005 llegó a US $723.616 millones, el cual se sostiene gracias a que el dólar sigue siendo la moneda más importante para las transacciones comerciales internacionales, pudiendo imprimirlos a su antojo con el respaldo de su enorme mercado y su poderío global, a pesar de que hay crecientes indicios de una desconfianza mundial en el dólar y reputados analistas consideran que Estados Unidos no puede seguir sosteniendo un aumento en las importaciones y que aquellos que firmen Tratados de Libre Comercio confiando en la expansión indefinida de la capacidad de compra estadounidense, pueden incurrir en una seria equivocación . Sin embargo, el sentido común obliga a esa potencia a intentar superar este déficit mediante una política comercial activa, buscando aumentar las exportaciones. La Autorización para la Promoción Comercial (TPA), establece los parámetros dentro de los cuales el Ejecutivo puede negociar y no es una carta blanca a favor del Ejecutivo, sino una detallada reglamentación sobre qué se puede otorgar y qué se debe exigir. Estados Unidos no puede dar en los nuevos tratados más de lo que otorgó en el Cafta y tampoco le interesa conquistar menos.

El gobierno colombiano al comienzo habló de una audaz estrategia negociadora llena de términos como “líneas rojas”, “mesas autocontenidas”, “intereses ofensivos”. Sin embargo la mera estrategia negociadora, concentrada en las habilidades del equipo de negociación, pero sin contar con la capacidad negociadora de la nación como un todo y la situación objetiva de la correlación de fuerzas. Se le vendió al país la falsa idea de que Colombia era un ‘caso especial’ y un aliado estratégico, ante el cual Estados Unidos tendría especiales consideraciones.

La renovación de las preferencias Andinas otorgadas por Estados Unidos para compensar los esfuerzos colombianos en la lucha contra el narcotráfico, Atpdea; fue el argumento utilizado sistemáticamente. Estas preferencias comerciales otorgadas en 1991, renovadas en 2002 y que vencen en diciembre de 2006, fueron la zanahoria y Estados Unidos no vaciló en entregarlas disminuidas en los últimos días de la negociación, después que el gobierno de Colombia había entregado todo lo que se le exigía. El gobierno colombiano sobreestimó el impacto de estas transferencias pues el 70% de nuestras exportaciones no se benefician pues consisten en petróleo o sus derivados y los beneficios se concentran en flores que se ahorran unos 30 millones de dólares en aranceles, por las exportaciones de textiles puede haber un ahorro similar y en total el ahorro puede ser de 100 millones de dólares, lo cual tiene un peso relativamente menor en las exportaciones y podría compensarse de muchas otras formas.

Los negociadores y el mismo Uribe Vélez hablaron mucho de que a Colombia no le servía un acuerdo tipo Cafta, Nafta o Chile. Incluso después de que Perú cerró la negociación, alcanzaron a decir que no les servía lo acordado por ese país; sin embargo, unas semanas después aceptaron suscribir el mismo texto que Perú.

La presión norteamericana fue clara desde un comienzo. Antes de iniciarse las negociaciones Estados Unidos llevó a Colombia a que se retirara, a comienzos de octubre de 2003, del Grupo de los 21 (G-21) creado durante la reunión de la OMC en Cancún. La presión fue tan evidente y explícita que el presidente de Asocaña, Luis Carlos Villaveces, señaló en el XV Congreso Nacional de Exportadores realizado el 3 de octubre, que “Zoellick o Bush nos dijeron que nos saliéramos del G-21 y eso hicimos”. Posteriormente EEUU presionó para la expedición del Decreto 2085, que después fue declarado incompatible con la normatividad andina por el Tribunal Andino de Justicia.

Esta presión norteamericana y la posición del gobierno, están llevando a la liquidación de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Efectivamente desde el comienzo de las negociaciones el ministro de Comercio Exterior dirigió una carta al Congreso (26 de noviembre de 2004) en la cual, después de reiterar que el éxito del ALCA no estaba asegurado y que los países andinos no constituían un mercado importante para nuestras exportaciones. Se manejó desde entonces la idea de que lo se trata es de llegar primero al mercado norteamericano y que en este sentido los países andinos y latinoamericanos, más que aliados, son competidores y que con ellos más que de integración con todos sus componentes, se trata, en el mejor de los casos, de crear zonas de libre comercio, de tal manera que los acuerdos de la CAN tendrían una utilidad apenas transitoria mientras se crean estas zonas de libre comercio en este aspecto la ‘estrategia’ gubernamental fue aislarse y romper la solidaridad latinoamericana.

Por otra parte, la política gubernamental fue hacer concesiones unilaterales y gratuitas en temas que supuestamente formarían parte de la negociación; de esta manera se perdió incluso la capacidad de regateo que conservan algunos países de América Latina. No de otra forma pueden interpretarse decisiones como la reforma de la legislación petrolera, los intentos de reformar la Ley 080 de contratación pública, la eliminación de las franjas de precios, las definiciones sobre exclusividad en datos de prueba adoptadas en el Decreto 2085 en materia de propiedad intelectual, y el fraccionamiento e inminente liquidación del Seguro Social y las privatizaciones de ECOPETROL, Corelca, ISA, etc.

En las negociaciones Colombia aceptó a muy temprana hora que los bienes industriales se desgravarían en un máximo de 10 años y ello fue presentado como un logro. Esto significa que una industria que tardó casi 100 años en lograr un nivel medio de desarrollo se expondrá rápidamente a la competencia, lo cual agravará la situación que se vivió después de la apertura a comienzos de los noventas.

La apertura completa a las importaciones de bienes industriales en 10 años implica que el Estado colombiano abandona toda posibilidad de utilizar la protección para promover industrias jóvenes, crear nuevas áreas productivas y buscar una industrialización avanzada.

Un estudio de Yilmaz Akyü, ex director de la División sobre Globalización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), haciendo un análisis del papel de los aranceles en la historia del desarrollo industrial durante los últimos dos siglos en todo el mundo, demuestra que el libre comercio fue una excepción y no la regla durante el proceso industrializador de los países avanzados .

Es también conocido que el proceso de industrialización forma parte indispensable del desarrollo económico y que la especialización en la producción y exportación de productos básicos sin elaboración es uno de los más primitivos estadios del desarrollo, sin que se pueda pasar a etapas de desarrollo superiores sin un fuerte y planificado apoyo estatal. Esto lo demuestran fehacientemente los países petroleros y africanos, los cuales no han superado la etapa de producción de productos básicos, como el petróleo, para dar pie a una industrialización, sino que dependen de una rica pero efímera riqueza de su subsuelo, sin que se haya producido espontáneamente la industrialización.

El periodo de aprendizaje, desarrollo de la capacidad tecnológica y ampliación del mercado interno ha requerido históricamente un fuerte proteccionismo selectivo y conciente. Si en Colombia no se ha dado este paso es porque en nuestra historia industrial no ha habido una decisión industrialista gubernamental, sino que la protección se ha visto acompañada de periodos de liberalización por razones monetarias. No podemos olvidar que antes de que César Gaviria emprendiera la apertura, López Michelsen, Belisario Betancur y Turbay Ayala hicieron aperturas para gastar el dinero de las bonanzas cafeteras.

La industrialización, primero de la producción de bienes de consumo y después de bienes de capital, duró décadas en los países avanzados y en un ambiente nacional e internacional mucho más favorable. Ahora con el TLC se quiere hacer depender cualquier esfuerzo industrializador de los caprichos de la inversión extranjera y del mercado mundial y, para colmo de males, el premio de consolación que se ofrece a los industriales colombianos es apoderarse de los mercados centroamericanos o utilizarlos como plataforma exportadora hacia EEUU, con lo cual se pueden salvar los pesos de los productores de galletas pero no se resguarda la industrialización del país.

Los mecanismos de promoción industrial son los aranceles, las barreras no arancelarias, las compras estatales, la preferencia por la inversión nacional, etc. y todos estos instrumentos fueron sacrificados tempranamente en la negociación del TLC.

Los negociadores colombianos daban los informes sobre este tema, llenos de satisfacción por haber colocado algunas partidas en la canasta de liberación a 5 o 10 años, pero esto fue un intento inútil de esconder el hecho que el Gobierno eliminó definitivamente cualquier posibilidad de una política activa de promoción de la industria.

Por su parte, a lo máximo a lo que puede aspirar Colombia es a mantener la estructura de sus exportaciones a Estados Unidos, que en 2005 fueron US $8.478 millones, de las cuales casi US $7.000 millones estuvieron representadas por bienes primarios, lo cual significa el 82% ; en 2004 esta proporción había sido del 79% y en 2003 del 81%. En cambio, en 2005 con Venezuela los productos primarios apenas habían representado el 16%. Así las cosas, con el TLC Colombia mantendrá su perfil de exportador de productos primarios hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el informe de 2005 y 2006 elaborado por la Oficina del Representante Comercial de EEUU sobre barreras al comercio, Colombia cedió en muchos de los puntos de interés para Estados Unidos. En unos, porque acordó concesiones reales, concretas e inmediatas; en otros, porque adoptó un marco normativo que le obliga a hacer concesiones so pena de violar el TLC, y en otros más, porque se hizo vulnerable durante todo el proceso de aprobación del TLC al adoptar cambios institucionales en la dirección exigida por EEUU. Por ejemplo, las franjas de precios fueron satanizadas por EEUU desde el comienzo y aún los negociadores colombianos dijeron que era muy difícil firmar un TLC con dichas franjas. Como es natural, al final terminaron cediéndolas a cambio de nada. Según el informe citado, “el sistema de franjas de precios incluye 14 grupos de productos y cubre 154 renglones arancelarios, las cuales en algunos casos tienen impuestos de importación cercanos al 100% o que sobrepasan el 100% para las mercancías que los Estados Unidos venden a Colombia, entre las cuales están el maíz, el trigo, el arroz, la soya, el cerdo, los pollos, los quesos y la leche en polvo; además afecta negativamente el acceso a los mercados de productos de EEUU tales como los alimentos para mascotas, algunos de los cuales están hechos con base en maíz. Cuando los precios internacionales sobrepasan el techo de la franja de precios, los aranceles se reducen y cuando los precios caen por debajo del piso de dicha franja los aranceles se incrementan”.

Para el gobierno norteamericano “el sistema de franjas de precios ha afectado la competitividad local y ha disminuido el consumo de bienes exportados por Estados Unidos a causa de la subida de precios. Como demostración del triunfo en esta materia, EEUU resume diciendo que “las exportaciones agrícolas a Colombia que estarán exentas de impuestos inmediatamente, incluyen la carne de res de alta calidad, el algodón, el trigo, la soya, la torta de soya; frutas claves y frutas tales como manzanas, peras, duraznos y cerezas; también productos alimenticios procesados tales como papas fritas y galletas”. Y añade que “entre los productos agrícolas de los EEUU que se beneficiarán del acceso mejorado están el cerdo, la carne de res, el maíz, los pollos, el arroz, las frutas y las legumbres, los productos procesados y los lácteos”.

El abandono de las franjas de precios es más grave por cuanto éste era el único mecanismo para protegerse de la competencia desleal de los productos subsidiados y al mismo tiempo formaba parte de las definiciones de la CAN, con lo cual se le asestó un golpe no sólo a la producción agraria sino a la integración regional.

Al cerrar la negociación 22 meses después, el Gobierno terminó aceptando todas las exigencias norteamericanas. Ya no son únicamente hipótesis o conjeturas, sino una realidad que está escrita. El TLC llevará al país a un despeñadero. La negociación resultó una gran estafa para la opinión pública. Después de tantos aspavientos, se va a firmar una copia de los tratados de Estados Unidos con Chile y otros países. El mismo ministro Botero dijo que era muy difícil para Estados Unidos salirse de esos formatos. Fácilmente se podía haber previsto que lo ya firmado por los norteamericanos en otros tratados sería el piso mínimo que aceptarían, pues para ellos Colombia es apenas un país más al cual se le pueden imponer las reglas neoliberales.

Lo que se firmará después de que haya acuerdo en los textos, será un acuerdo OMC plus, con más ventajas para Estados Unidos que en el Cafta; con inmensas modificaciones en la estructura normativa colombiana, sin tocar en nada la norteamericana; importando Colombia más que exportando , y todo con la ilusión de que la esquiva inversión norteamericana venga a un país convulsionado, a ‘derramar’ los beneficios del progreso, cosa que no ha hecho en ningún país del mundo y en ninguna época histórica con finalidades altruistas.

La negociación fue presentada como puramente comercial, cuando en realidad fueron aceptados por el Gobierno otros temas que son el alma del TLC. Con base en ellos Colombia tendrá que modificar sustancialmente muchas características de nuestro sistema económico, mientras que en Estados Unidos la legislación de cualquier condado prevalece sobre las estipulaciones del Tratado.

El gobierno de Uribe abandonó sus líneas rojas al ritmo de las exigencias norteamericanas. Su posición se redujo a estampar la firma ordenada por Washington. El proceso no fue más que el acercamiento al texto norteamericano y la negociación consistió en un esfuerzo infructuoso por hacer que el TLC sea digerible para la opinión pública y los productores nacionales. La larga negociación fue el esfuerzo gubernamental para convencer al país, y en especial a los empresarios y dirigentes de diversos sectores, de que Colombia caería en el caos en caso de no firmar el TLC, así éste signifique la recolonización nacional. Se dijo que en consideración al papel de Colombia en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, Estados Unidos nos tendría especiales miramientos. Pero ellos han sido claros: negocios son negocios. Así lo que en su momento fue considerado por los negociadores colombianos como la ‘artillería pesada’, el argumento supremo que permitiría “doblegar a los EEUU”, se devolvió como un bumerang: rehén de la ‘ayuda’ norteamericana, tan necesaria para los programas de “seguridad democrática”, el gobierno uribista no tuvo más alternativa que marchar al ritmo que le impusieron los gringos. La Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia se han convertido en instrumentos de chantaje para obligar a Uribe a firmar lo que quiera Estados Unidos.

A pesar de lo prometido, la CAN quedó en la lona con el TLC. El gobierno colombiano intrigó para que se modificara la legislación andina e incluso anuló con maniobras el voto con el cual Bolivia se opondría a la adaptación de la legislación andina en propiedad intelectual al TLC. Pretende que una mini-CAN (sin Venezuela ni Bolivia y, de pronto, hasta sin Ecuador) se convierta en un apéndice subsidiario del TLC. Con ello perderemos nuestro principal socio comercial para productos manufacturados: Venezuela. Y sacrificaremos en el altar del libre comercio con Estados Unidos toda perspectiva de integración regional.

Como si fuera poco, el gobierno se ha adelantado a los deseos norteamericanos: la legislación sobre inversión, parques naturales, petróleo, agua y bosques significa concesiones unilaterales y anticipadas a las exigencias del Imperio. Uribe se obstina en asegurar a Estados Unidos privilegios y garantías que estén acordes con lo definido en el TLC; concesiones entregadas por fuera de las mesas de negociación, señales de ‘buena voluntad’, entregas gratuitas y unilaterales para ‘ablandar el corazón de los Estados Unidos’, según la palabrería oficial.

Algunos colombianos, creyendo en la buena fe del Gobierno, han pretendido asesorarlo, aconsejarlo y evitar perjuicios para el país. Su propia experiencia les permite hoy concluir que se está entregando todo . El movimiento sindical y diversas organizaciones populares no sólo no cayeron en las trampas del Gobierno para llevarlos a avalar el TLC, sino que lo han rechazado firmemente y han hecho inmensas y aguerridas movilizaciones en su contra. La Iglesia Católica, a pesar de sus vacilaciones y de su silencio posterior al cierre, alertó contra los peligros que conlleva su firma. Los intelectuales y artistas hicieron un balance negativo de lo aprobado y quieren que la cultura no se desnacionalice. Y los verdaderos representantes de los sectores productivos lo combaten. Solamente lo apoyan un puñado de transnacionales, intermediarios financieros, grandes exportadores e importadores, y dirigentes gremiales fletados por el mismo Gobierno.

El debate sobre el TLC es político, es sobre el rumbo que debe seguir el país. Atarse a los designios norteamericanos o diversificar las relaciones internacionales; ampliar el mercado interno o depender del mercado norteamericano; elevar el nivel de vida de la población o sobre explotar la mano de obra y disminuir sus ingresos para obtener excedentes exportables; promover la industrialización o dejarla al vaivén de los caprichos y necesidades de los inversionistas extranjeros; resguardar y fortalecer la capacidad del Estado para fomentar el desarrollo o continuar con las privatizaciones y la reducción de las competencias estatales y, unirse con los países hermanos de América Latina o competir con ellos y aislarse para mirar sólo al norte. No se trata como dice el Gobierno de que los opositores al TLC estemos propugnando por el aislamiento y privando al país del acceso al mercado norteamericano, sino lo que está en debate es el modelo de desarrollo y la perspectiva sobre el papel de Colombia en el mundo.

No queda duda que la propuesta del TLC considera que beneficiando a los inversionistas extranjeros y a los exportadores, automáticamente habrá crecimiento y bienestar para la sociedad. Ya la apertura económica demostró que el crecimiento exportador y los flujos de inversión no aseguran bienestar y, por el contrario, todos los análisis reciente demuestran que Colombia tiene una de las peores distribuciones del ingreso a escala mundial.

A medida que la población se informe de lo realmente negociado, se acrecentará la oposición. El futuro de la producción y la viabilidad de la nación pasan por la derrota de este tratado.

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Notas

i Los “nuevos asuntos” o “asuntos de Singapur” (inversiones, competencia, transparencia en las contrataciones públicas y facilitación comercial) han intentado ser introducidos en la OMC. El fracaso de la reunión de Cancún en 2005 significó un retroceso en el intento de incluirlos en la agenda de la OMC. El punto en común de tres de los cuatro asuntos en cuestión (inversiones, competencia y contrataciones públicas) es que aumenta el derecho de las empresas extranjeras a acceder al mercado de los países en desarrollo a través de sus productos e inversiones, se reducen al mínimo los derechos del Gobierno anfitrión a regular la inversión extranjera y se prohíbe a los Gobiernos tomar medidas que apoyen o alienten a las empresas nacionales.

ii “Oro falso: proyecciones del mercado de importaciones de Estados Unidos.” Center for Economic and Policy Research.

iii Yilmaz Akyü. “The WTO Negotiations On Industrial Tariffs: What Is At Stake For Developing Countries?” May 2005, Ginebra.

iv Datos oficiales del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia.

v Para un análisis más detallado de lo pactado en el agro ver: Aurelio Suárez Montoya. “Como se negoció de rodillas el capítulo agrícola del TLC”.

vi Todos los estudios, incluso los realizados por entidades gubernamentales, han coincidido en que con el TLC aumentarán más las importaciones que las exportaciones. Una reseña de estos estudios puede encontrarse en “El impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la balanza de pagos hasta 2010”. Varios autores. Banco de la República. 2005.

vii El director de Misión Salud, Germán Holguín Zamorano, quien estuvo hasta el último momento en el Cuarto de al Lado, en su declaración final sostuvo que “en el capítulo de propiedad intelectual no hubo negociación, sino adhesión. Con su cierre, el sector salud se convirtió en el gran perdedor del TLC.” Portafolio, febrero 28 de 2006.