Politica Paramilitar Para Politica de Estado : Indymedia Colombia

Días atrás la revista Semana, divulgó una carta de VICENTE CASTAÑO dirigida al Alto Comisionado de Paz, LUIS CARLOS RESTREPO, en la que reclama por el incumplimiento de los acuerdos. Luego se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la captura de tres congresistas de Sucre, ALVARO GARCIA, JAIRO MERLANO y ERICK MORRIS, lo que parece ser el comienzo de muchas más vinculaciones de senadores. Horas después se conoció la detención de la ex congresista MURIEL BENITO REBOLLO, uribista apoyada por el actual ministro del Interior. Para terminar se dio a conocer la orden de captura del ex embajador de Chile SALVADOR ARANA, la formulación de cargos a JORGE NOGUERA, ex director del DAS, diplomático en Italia, por borrar información de narco paramilitares, y una nueva información de medios nacionales e internacionales sobre los vínculos de la familia de la canciller MARIA CONSUELO ARAUJO con la estructuras paramilitares.

En este ambiente, el dirigente del partido ALAS, otro del sector Uribista, ALVARO ARAUJO NOGERA expresó que si a él lo investigaban, también irían por su hermana, el Procurador General de la Nación y el Presidente URIBE.
Y finalmente se conoció la vinculación en la investigación al exdirector del DAS, NOGUERA al que el Presidente había eximió de cualquier responsabilidad frente a las acusaciones de entregar información a las estructuras criminales de tipo paramilitar.

Ante la sucesión de hechos hubo una tardía y calculada reacción del Presidente, quién suele hacerlo rápida, fogosamente siendo sujeto de la “justicia”. No hay que olvidar que todos sus allegados en el pasado han recibido el respaldo del Presidente URIBE, ninguno en nombre personal y directo ha sido señalado por él, quién suele hacerlo respecto a sus contradictores, la lealtad se mantiene, lo que se interpreta como un mecanismo de encubrimiento y de protección.

Ha mantenido mantuvo silencio ante las afirmaciones del alcalde del ROBLE, “Tito” Díaz, quien presagiaba su asesinato, el que ocurrió semanas después de denunciar el poder parapolítico. Esta vez no se comportó como justiciero, tal como lo hizo cuando ordenó detener a un funcionario de la administración municipal de Buenaventura. Su actitud es distinta, o diciente. No le declaró la guerra a nadie como lo hizo después del autobomba para congelar el Acuerdo Humanitario.

Su tono de reacción se mantuvo como en el pasado pero su contenido es evasivo. Aunque respaldó la actuación de la Corte Suprema de Justicia, conminó a quién tuviera pruebas contra él de sus vínculos con los paramilitares, distrajo la atención con los argumentos de siempre. Los que acusan de paramilitarismo a los otros es porque tienen vínculos con la guerrilla. O los que hoy acusan guardaron silencio en su momento y no enfrentaron las redes criminales. Las expresiones solo sirven mediáticamente, acusar a otros en propia defensa no es justificación, es sofisma, es socialización falsa de las responsabilidades. Su discurso deja más dudas de fondo, funciona para los áulicos pero no para la verdad histórica. Por supuesto los medios resaltaron la afirmación altisonante y amenazante para hacerlo percibir a él y sus planteamientos políticos como probos.

Toda la podredumbre, el estiércol de la parapolítica, de la, paraeconomía se destaparía con un despertar de la sociedad, que es difícil esperar ante los espejismos configurados por el poder mediático, pero que podría ocurrir en un mediano plazo con el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas, y las organizaciones de base que afirman sus derechos en los Territorios estratégicos para el mercado mundial y que develan la criminalidad del Estado. Igualmente son las mismas estructuras criminales que pactaron con el gobierno, y están insatifeschas, como lo expresa VICENTE CASTAÑO, las que ante el incumpliendo de la no extradición hablen. Y ahí la competencia entre medios no parará la cacería de noticias bomba. Pero indudablemente será la actitud del gobierno de los Estados Unidos y la del nuevo congreso del partido Demócrata en su mayoría, los que posibiliten el esclarecimiento con una nueva actitud ante el gobierno de URIBE.

Por lo pronto viviremos de escándalo en escándalo y en el desarrollo de los mecanismos más siniestros de la impunidad, mientras el poder legislativo aprueba todos los proyectos de ley que favorecen el poder institucional del paramilitarismos, más allá de la ley PARA la justicia y PARA la paz, como la ley de desarrollo rural, la ley de seguridad nacional, la ley de aguas, entre otras.

Estas dos semanas, son la repetición de semanas atrás, del panparamilitarismo. Todo muestra una historia siniestra, que poco a poco se destapa, el escenario de la asunción del paramilitarismo como estrategia militar al copamiento de la institucionalidad. Nombres de militares no aparecen. De policías tampoco. De empresarios menos. La junta de dirección de la estrategia aún no descubre aunque todo el mundo sabe de sus sedes en Montería, en Bogotá, en Medellín, en Villavicencio, en Urabá.

Pero cada escándalo opaca al siguiente. Se distrae la atención, se confunde y se paraliza. Ya no existe tiempo de digerir el cúmulo de sorpresas, porque ya no hay sorpresas y no hay capacidad de escándalo. Es la costumbre. La sensibilidad, la razón, la voluntad mayoritaria está condicionada por el terror, está infestada de lo mismo una cultura del poder de Estado para el crimen, una cultura política de la impunidad, una cultura política de la inmunidad a los centros de poder, una cultura del miedo, una cultura de la comodidad.

Esa asunción al poder del Estado muestra distintas configuraciones: la de los actores políticos en el poder legislativo para administrar en disposiciones legales el Estado a favor de la impunidad de criminales, que les han servido en el control del poder político, económico y territorial; para flexibilizar las disposiciones ambientales, leyes colectivas de afrocolombianos e indígenas y posibilitar la legalización de la propiedad de las tierras y la destrucción de las identidades colectivas para beneficiar lo privado.

La celeridad con la que ha actuado la Corte Suprema de Justicia contrasta con las omisiones y la ausencia de voluntad política con que se llevan las exhaustivas investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía, las que nunca aportan verdad judicial, a la verdad real. Habrá que esperar que esta cortemantenga su independencia, su sana crítica en esa demostración del uso de un aparato criminal nacido en el Estado para el ejercicio del control político y que son de la coalición del Gobierno de Uribe.

No se trata solo de una región, aunque esa sea la verdad parcial, se trata de la mayoría del país, basta con ver la recomposición del mapa político en 12 regiones. No es un problema solo de Sucre, es Bolivar, es Atlántico, es Antioquia, es Chocó, es Meta, es Putumayo, es Valle, es Cauca, es Huila.

No se trata solo del poder político sino de una estrategia de control de los recursos del Estado y de la expansión del capital –sea ilegal o legal- con el cobro de 'vacunas' , con el soborno de notarios, la falsificación de documentos, el control de juegos de azar, la posesión ilegal de tierras que es cercana a los 7 millones de hectáreas.
Los poderes políticos son solamente un sector beneficiario de la criminalidad paramilitar. Pero aún no se muestran los beneficiarios del gran capital, los terratenientes ganaderos, los empresarios de los agronegocios de la palma, el caucho, la teka, el banano, la coca, los empresarios de las industrias; los sectores privados o mixtos de la infraestructura eléctrica, energética, obras de infraestructura. Tampoco aún se muestra la institucionalidad militar que los configuró, los creó, los inspiró, los formó para defender las buenas costumbres, la moral y la ley, lo que se llama la Democracia colombiana. La criminalidad se expresa hoy en gran parte del Estado, del paramilitarismo como estrategia militar al paraestado, esa la verdad real, la que se pretende ocultar, desvirtuar con las propuestas sutiles del silencio, porque conocer la verdad hace inviable la institucionalidad, dicen algunos.
Adjunto artículos

· LUCHA POR LA VERDAD, La Colombia delirante por María Jimena Duzán. Columnista de EL TIEMPO.
· EL TERREMOTO, por Cambio 16
· PERMITANME PREGUNTAR Por Alvaro Sierra. Revista Cambio, Noviembre 19 de 2006
· BLOQUES HEROES DEL CONGRESO por Maria Elvira Samper. Tomado Revista Cambio Noviembre 19 de 2006
· Los paramilitares y el congreso, por El Colombiano
· Colombian Government Shaken By Lawmakers' Paramilitary Ties Investigation Leads to Arrest of Current, Former Officials, By Juan Forero Washington Post Foreign Service, Saturday, November 18, 2006; A17
· Ally of Colombia's president is linked to scandal, BY JOSHUA GOODMAN, Associated Press, Miami Herald
· Paramilitares se adueñaron de buena parte de la administración', dice César Gaviria. Admite que un sector de las cámaras es paramilitar y asegura que Uribe no usó los medios para impedir que sus amigos hicieran las listas al Congreso, en entrevista de Yamid Amat. El Tiempo· Desempolvan' más de 100 expedientes de servidores públicos vinculados con paramilitares. El Tiempo· Entrevistas en Radio caracol. En candente debate Ramiro Bajarano le dice a José Obdulio Gaviria:"Mándeme a matar que a usted le queda fácil". Roy Barreras, vocero de Cambio Radical, pide que congresistas involucrados con los "paras" se acojan a Justicia y Paz. El vicefiscal no descarta que los congresistas investigados puedan beneficiarse con la Ley de Justicia y Paz. José Obdulio Gaviria asegura que los congresistas presuntamente implicados con 'paras' no tendrán casa por cárcel .Pese a desmovilización, 'paras' siguen controlando el Urabá. Daniel Sastoque, Defensor del Pueblo en Urabá, denuncia que el paramilitarismo controlando en esa región del país. Testigo contra congresistas vinculados con "paras" dice que un fiscal le pidió que se retractara en el 2002 . Entre otros · Colombia. 2006-11-19.Sobre articulación probada de clase política y paramilitarismo. Revista Semana.
· INGENUO DESCONOCER CRISIS DE INSTITUCIONALIDAD Escándalo ‘para-político’ obligó al Gobierno a pasar a la defensiva. El nuevo siglo
· En el Gobierno puede haber ‘paras’ disfrazados: Gaviria. el nuevo siglo
· Los temores de Araújo, Colprensa, Bogotá. · Se enreda la pita, Alfredo Molano. El Espectador.· Punto final? Ramiro Bejarano Guzmán. El Espectador.· Uribe en Washington, Álvaro Camacho Guizado. El Espectador.· Ratas al agua, Felipe Zuleta. El Espectador.· Araújo se presentará ante las autoridades de ser necesario. Noticiaro CM& viernes 17 de 2006· Araujo se defiende. Noticiaro CM& viernes 17 de 2006

Y Caricaturas de Beto, Mico y Garzón, El Espectador
Bogotá, D.C 20 de noviembre de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

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LUCHA POR LA VERDAD
La Colombia delirante
María Jimena Duzán. Columnista de EL TIEMPO.

http://colombia.indymedia.org/news/2006/11/52813.php

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EL TERREMOTO

EL PRIMER día de su mandato hace ya 51 meses, el país se acostumbró a la febril actividad diaria del presidente Álvaro Uribe. La frase "trabajar, trabajar y trabajar" se convirtió en caballito de batalla de la Casa de Nariño para mostrar a un Jefe de Estado diligente.
La semana pasada fue distinta. Aun cuando no se puede afirmar que el Gobierno se paralizó, buena parte del tiempo de Uribe y sus asesores más cercanos estuvo dedicado a afrontar su primera gran crisis por la formulación de cargos contra el ex director del DAS Jorge Noguera, la insólita visita de la canciller María Consuelo Araújo y su hermano el senador Álvaro Araújo al fiscal Mario Iguarán, y la eventual vinculación de más congresistas de la coalición de Gobierno a procesos judiciales relacionados con el paramilitarismo.

Con fuentes cercanas al palacio presidencial, CAMBIO reconstruyó los momentos culminantes de este terremoto de alta intensidad que puede afectar el futuro de la actual administración, una de las más populares de la historia reciente del país.

La crisis empezó a cocinarse en la mañana del martes 14 de noviembre, después del puente festivo. El rumor de que la Corte Suprema llamaría a indagatoria a más congresistas era insistente y la extensa agenda legislativa amenazaba con enredarse. Por esa razón, Úribe le pidió al secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, convocar a Palacio a los jefes de las bancadas uribistas para calmar los ánimos e instarlos a continuar con el estudio de las iniciativas que estaban en curso.

Al encuentro, ocurrido después de almuerzo, acudieron el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi; los presidentes del Senado y la Cámara, Dilian Francisca Toro y AlfredoCuello; Miguel Pinedo y Roy Barreras por Cambio Radical; Marta Lucía Ramírez, Luis Guillermo Vélez y Mauricio Pimiento por el Partido de la U; Álvaro Araújo y Óscar Arboleda de Alas Equipo Colombia, y Roberto Gerlein por el Partido Conservador.
Exaltado

No obstante, la intervención de Araújo hizo que la discusión tomara un rumbo inesperado. Sin poder ocultar su irritación, el congresista costeño señaló sin titubeos que él exigía la solidaridad de la coalición en caso de que la Corte lo vinculara a algún proceso judicial. Pero sus palabras cambiaron de tono y adquirieron un dejo de notificación cuando dijo que si la Corte iba por él se llevaría por delante a su hermana, la canciller María Consuelo Araújo; al procurador Edgardo Maya Villazón, ex esposo de su tía, y a su primo, el magistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería. Y terminó con una especie de sentencia: el Presidente también podría terminar afectado.

Luego de terminar la cumbre en el despacho del Secretario de la Presidencia, Uribe fue enterado de las palabras de Araújo y entró en cólera porque le pareció inadmisible que un congresista pretendiera chantajearlo y exigirle su intervención ante la Corte para evitar que los congresistas sean sometidos al escarnio público. Pero los problemas del Mandatario estaban lejos de terminar.

El miércoles 15, la atención del país se centró en la detención de la ex congresista Muriel Benito Rebollo, capturada por sus escoltas al norte de Bogotá. La dirigente política no había asistido el día anterior a una diligencia judicial en la Fiscalía porque según su abogado estaba atendiendo a su madre, gravemente enferma. No obstante, el CTI confirmó que la excusa no era válida y por eso determinó su inmediato arresto.
Fiscales de la Unidad de Derechos Humanos esperaban a Rebollo para interrogarla sobre sus nexos con los jefes paramilitares Rodrigo Cadena y Edwar Cobos Téllez, actualmente recluidos en La Ceja, Antioquia. Según las indagaciones, Cadena la habría acogido como visitante frecuente en su finca El Palmar, en San Onofre, donde la Fiscalía encontró numerosas fosas comunes con los restos de un centenar de personas. Cobos le habría brindado apoyo armado para mover votantes a las urnas durante las dos últimas elecciones parlamentarias.

También ese miércoles, el fiscal Mario Iguarán había firmado la orden de captura contra el ex gobernador de Sucre y ex diplomático Salvador Arana, señalado por varios testigos como uno de los promotores de la violencia armada en su departamento. La fiscal del caso preparaba su indagatoria a partir de testimonios clave como el rendido el 7 de febrero de 2005 en Cartagena, en su lecho de enfermo agonizante, por el mesero del restaurante La Becerra, en Sincelejo, Diógenes Meza Villacob, quien contó que la tarde del 9 de abril de 2003 presenció una reunión en la que sicarios al servicio de las autodefensas planeaban los detalles del asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado, presuntamente por orden de Arana.

Esa tarde, mientras el presidente Uribe atendía algunos asuntos urgentes en su despacho privado, sus asesores interrumpieron para contarle que habían ocurrido dos episodios que habrían de complicar aún más las cosas: la inesperada visita de la canciller Araújo y su hermano Álvaro al fiscal Iguarán y el pliego de cargos que la Procuraduría acababa de abrir contra el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, por vínculos con el paramilitarismo, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito.

Salón de crisis

En las siguientes horas el mandatario y sus más cercanos colaboradores se reunieron constantemente para evaluar las consecuencias de lo que acababa de ocurrir. Lo primero que hicieron fue indagar por el motivo de la visita de la Canciller al Fiscal. Cuando la funcionaria salía del búnker de la Fiscalía, recibió una llamada de la Casa de Nariño en la que le pedían una explicación. Araújo dijo que su visita a Iguarán había sido acordada con anticipación porque tenían algunos asuntos pendientes en materia de cooperación internacional.

La versión dejó muchas dudas porque a ese encuentro privado no tenía por qué asistir el senador Araújo. "Aún cuando no sabemos qué hablaron, porque se trató de una charla privada, es claro que una buena parte de la cita estuvo enfocada a evaluar los eventuales problemas judiciales del senador", le dijo a CAMBIO una fuente del Palacio presidencial.

Antes de su ingreso, se acababan de despedir los también senadores Mario Uribe Escobar, jefe del movimiento político Colombia Democrática, y Miguel de la Espriella, interesados en conocer en qué condiciones de reclusión se encontraba su compañero de filas, el representante Erick Morris, quien el martes se había presentado voluntariamente para atenerse a la medida de aseguramiento dictada por la Corte. "¿Será que Erick si tiene al menos un televisorcito?", le oyeron preguntar a Uribe Escobar los asistentes de la oficina de Iguarán.

El momento culminante de la crisis de la semana pasada ocurrió después de que el Gobierno conoció el documento de 66 páginas mediante el cual la Procuraduría le formuló pliego de cargos a Noguera, calificado por los asesores de Uribe como muy grave (ver recuadro). Por la contundencia de la acusación, en Palacio consideraron que el caso del ex Director del DAS debía ser tratado con sumo cuidado porque era el único que podría salpicar en forma directa al Gobierno por la vinculación de un alto funcionario con los paramilitares.

Además, la presión para que el Presidente rompiera su mutismo con respecto a los acontecimientos de los últimos días iba en aumento y era inevitable que el Jefe del Estado se pronunciara en algún sentido.

Según estableció CAMBIO, el caso Noguera dividió en dos a los asesores de Uribe. Un grupo era partidario de que el Gobierno lo dejara solo y a merced de la Justicia y que el Presidente le dijera a la opinión que había sido engañado por un funcionario a quien se le ofreció todo el respaldo. El otro, más cauto, creyó inconveniente esa opción porque Noguera podría convertirse en una piedra en el zapato.

Al final de la tarde del jueves 16, Uribe y sus colaboradores concluyeron que era necesario hablar y que el escenario apropiado era la celebración del 120 aniversario de la fundación de la Corte Suprema de Justicia, donde estaba previsto que el Mandatario pronunciara un discurso.

Tal como quedó claro después de su intervención en la mañana del viernes en el Hotel Tequendama, Uribe tomó el camino del medio y les pidió a los congresistas vinculados al paramilitarismo que se presentaran ante la justicia y resolvieran sus problemas. Pero en su extensa disertación, en la que hubo una larga referencia a Gobiernos anteriores, no mencionó el caso Noguera.

Qué semanita

El viernes en la noche, al cierre de esta edición, concluía una de las semanas más turbulentas para la Casa de Nariño, de las casi 220 que Álvaro Uribe lleva como inquilino de la sede presidencial. El terremoto político-judicial por los nexos entre dirigentes uribistas y jefes paramilitares tuvo una serie de réplicas cargadas de rumores que sacudieron los cimientos del Palacio de los gobernantes colombianos.

Tras aterrizar de su gira por Estados Unidos y Centroamérica, el Primer Mandatario no tuvo siquiera tiempo de descansar, enfrentado no sólo por la detención de tres parlamentarios de su bancada, sino por el pliego de cargos contra Noguera y el episodio de la visita de la canciller María Consuelo Araújo y de su hermano, el senador uribista Álvaro Araújo, al despacho del fiscal Mario Iguarán, según algunas versiones para interceder ante lo que parecía la inminente detención de Sergio Araújo, hermano de ambos.

Uribe enfrentaba críticas de la oposición de izquierda, con el Polo Democrático y su senador Gustavo Petro a la cabeza, por los vínculos del Presidente con los congresistas cuya captura ordenó la Corte Suprema. Debía además responder al reclamo del jefe del liberalismo, el ex presidente César Gaviria, en el sentido de que no podía guardar silencio ante lo que estaba pasando. Y, como si fuera poco, el miércoles se enteraba de que el ex director del DAS, Jorge Noguera, a quien alguna vez defendió públicamente de las acusaciones de nexos con los paramilitares, era objeto de sendas investigaciones por esa misma causa, de la Procuraduría.

El viernes en la mañana, en un acto ante las altas cortes, Uribe rompió su silencio. Respaldó las acciones de la Justicia cuya independencia defendió, aseguró que no habría contemplaciones con los dirigentes políticos que resultasen involucrados y, de paso, lanzó dardos a los anteriores Gobiernos por no haber hecho nada en contra de los paramilitares. Algunos de los vainazos le cayeron al ex presidente Gaviria, quien en su campaña por la nominación liberal y luego durante su mandato, contó con el respaldo del senador Álvaro García, principal implicado en las actuales indagaciones de la Corte.

Algo de razón le cabe a Uribe en cuanto a mirar por el retrovisor y pasar algunas cuentas de cobro a sus antecesores, pues al fin y al cabo el paramilitarismo no nació después de 2002, ni sus relaciones con los políticos y las candidaturas presidenciales fueron exclusivas de las campañas de Uribe. Pero aunque válido, ese recorderis es apenas una de las muchas cosas que el Presidente tiene que hacer frente al terremoto que lo sacudió esta semana.

Lo demás incluye generar verdaderas distancias entre su Gobierno y los políticos amigos del paramilitarismo, no hacer más concesiones a los jefes de las Auc que han demostrado su tendencia a seguir delinquiendo e influyendo en la vida política y , muy importante, generar garantías para las elecciones regionales del año entrante para que los paramilitares no las interfieran como parece ser su plan. Aún no es clara la decisión con que Uribe afrontará estos desafíos, pero lo que sí parece evidente es que, de la forma como lo haga, dependerán la credibilidad y el futuro de su administración.

EL EFECTO NOGUERA

Uno de los elementos que ahondó la crisis de la semana pasada lo aportó la Procuraduría, al formular pliego de cargos contra Jorge Noguera, ex director del DAS.

A juicio del procurador Edgardo Maya Villazón, hay evidencias de sobra no sólo sobre una relación expedita entre Noguera y Jorge 40, sino de la manera como el DAS, bajo su administración, fue puesto al servicio de los intereses de paramilitares y narcotraficantes. El Ministerio Público comprobó que Noguera se reunió por lo menos en 10 oportunidades con jefes 'paras' por fuera de las zonas de concentración habilitadas por el Gobierno para desarrollar el proceso de paz con las autodefensas.

Maya y su equipo de investigadores encontraron que Rafael García, el depuesto y condenado ex jefe de sistemas del organismo de seguridad, decía la verdad cuando afirmaba que el intermediario de la relación de Noguera con Jorge 40 era Álvaro Pupo Castro, primo de este. El registro de visitantes confirma que Pupo visitó el despacho del Director del DAS en nueve ocasiones entre el 21 de agosto de 2003 y octubre de 2005. En su defensa, Noguera dijo que Pupo sólo fue a pedirle ayuda para recuperar un carro que le fue robado.
El alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, declaró a favor del procesado y dijo que el Decreto 4200 del 14 de diciembre habilitaba al Director del DAS para participar en reuniones con voceros paramilitares. "Los procesos de paz no tienen límites geográficos", dijo el Comisionado durante la diligencia. En el pliego de cargos, el Procurador respondió que no existe informe alguno que demuestre que Noguera cumplió alguna misión útil para el proceso, como hubiera sido el hecho de que, mediante labores de Inteligencia, hubiera alertado al Gobierno sobre eventuales incumplimientos de lo pactado en Santa Fe de Ralito.

De acuerdo con su análisis, las gestiones del Director del DAS habrían sido útiles si hubieran servido, por ejemplo, para evitar que narcotraficantes pedidos en extradición como Los Mellizos, Juan Carlos Sierra y Nodier Giraldo hubieran comprado "franquicias" en el paramilitarismo.

Para Maya, los "límites geográficos" fueron creados por el propio Gobierno cuando habilitó las zonas de concentración y congeló las órdenes de captura contra los negociadores paramilitares. En su criterio, está claro que por fuera del área de concentración en Santa Fe de Ralito sí eran ejecutables los requerimientos judiciales contra ellos. Por esa razón le reprochó a Noguera sus 10 encuentros con jefes paramilitares en Santa Marta, en cercanías del Parque Tayrona y en el condominio vacacional Mendihuaca.

LAS HUELLAS DE LOS MALOS.

Hasta ahora Noguera se había aferrado a una versión según la cual fue él quien denunció que en la oficina de sistemas funcionarios corruptos, encabezados por Rafael García, borraron antecedentes y registros de órdenes de captura para que varios mafiosos pudieran salir libremente del país. Sin embargo, la Procuraduría recogió varios testimonios de funcionarios removidos de esa dependencia que probaron con documentos que ellos informaron oportunamente a Noguera lo que estaba pasando y que este tomó medidas sólo el día que sintió que el escándalo era inminente.

Pero no sólo eso. Varios de esos testigos confirmaron lo dicho por García tiempo atrás en el sentido de que era el propio Director del DAS el que hacía las listas de las personas cuyos datos había que desaparecer del sistema. En esa lista figuraban los nombres de Hernán Giraldo -jefe paramilitar de la Sierra Nevada, que en aquella época todavía no se había desmovilizado- y el narcotraficante Nodier Giraldo.

La Procuraduría confirmó que Nodier y un abogado suyo visitaron las oficinas del DAS. En un intento por mantener oculta la situación, García, con la anuencia de su jefe, removió a 10 de los funcionarios de mayor experiencia en el área de sistemas y los reemplazó por tecnólogos.

En el pliego de cargos hay mucho más. Según los investigadores, los contratos con la firma MT Base, operadora de los sistemas, podrían haberse convertido en fuente de enriquecimiento ilícito para Noguera. En este sentido, la Procuraduría confirmó una de las denuncias hechas en marzo por CAMBIO en el sentido de que un supuesto préstamo por 10 millones de pesos que Rafael García y su esposa, Liliana del Castillo, le habían hecho al Director del DAS, correspondía en realidad al pago de una de las comisiones exigidas a MT Base.

El pliego de cargos aborda un tema hasta hoy inédito. Al responder los cargos, Noguera deberá decir por qué frenó la ocupación de bienes de la familia Dávila Armenta en Santa Marta. Según los funcionarios encargados de recopilar las pruebas, lo hizo porque las pistas de la operación conducirían a bienes de su propia familia. Por eso el pliego de cargos habla de "obstrucción a la Justicia".

Con este panorama, analistas acreditados, como el ex ministro Rafael Pardo Rueda, sostienen que el escándalo protagonizado por Noguera es mucho más grave para el Gobierno que el relacionado con los vínculos de congresistas de la coalición uribista con paramilitares. "Los congresistas no fueron elegidos por el Presidente, pero en cambio Noguera, responsable de la inteligencia estratégica de la Nación, sí fue nombrado por el Jefe del Estado", concluyó.

"ALVARITO ES MI AMIGO PERSONAL"

El senador Álvaro Araújo Castro tiene razones para estar preocupado. Su nombre es mencionado varias veces en el anexo 33 del expediente 28116 abierto por la Corte Suprema para investigar hasta dónde la integración del actual Congreso estuvo determinado por el poder de los paramilitares.

Los folios del anexo están compuestos en su mayoría por las transcripciones de una grabación que registra reuniones de jefes paramilitares con dirigentes políticos en Sucre. En ella, Carlos Mario García, Gonzalo, asesor político de las autodefensas y uno de los hombres que le hizo cabildeo a la Ley de Justicia y Paz, se refiere a Araújo como "uno de los proyectos más grandes de la política".

Uno de los interlocutores de Gonzalo, jefe político del bloque norte de las autodefensas, era Willer Cobo, un hombre que se convirtió en puente entre las autodefensas y algunos dirigentes regionales, merced a su parentesco con Rodrigo Mercado Pelufo y quien cumplió esa tarea hasta hace tres meses, cuando fue asesinado.

A juzgar por los temas específicos tratados, la conversación debió producirse pocos días antes de las elecciones parlamentarias, ya que uno de sus puntos fundamentales era la suerte que correrían los candidatos rechazados en algunas listas uribistas y de las del Partido Liberal. En uno de los apartes, Gonzalo se ofrece a hablar con El Gordo -el senador Álvaro García- para proponerle que, como se encontraba sin partido, se integrara a las listas del Movimiento de Alas Equipo Colombia, al lado de Álvaro Araújo.

"Alvarito -dice el jefe político del bloque norte- es mi amigo personal y amigo de Jorge 40 y hoy por hoy es el líder costeño políticamente con mayor proyección a la Presidencia de la República". No obstante, García, que le insistió sin éxito al ex presidente César Gaviria que le diera el aval del liberalismo, terminó en las huestes de Colombia Democrática, de Mario Uribe.

En otros fragmentos Gonzalo habla de la transición política que se dio para que Luis Alfredo Ramos y Araújo convergieran en Alas y habla de nuevo de la figura que representa este último: "Alvarito Araújo es uno de los proyectos más grandes de la política".

Además, la Corte dispone de algunos testimonios sobre una reunión política realizada tiempo después en Córdoba a la que Araújo habría llegado acompañado de Jorge 40. Aunque Araújo negó haber tenido relación alguna con el jefe paramilitar, el viernes aceptó que coincidió con este en una fiesta cerca de Santa Fe de Ralito.

¿EFECTO DISTRACTOR?

El pliego de cargos del Procurador Edgardo Maya contra Jorge Noguera fue interpretado en círculos cercanos al Gobierno como una estrategia para salir del escándalo por el archivo de un proceso disciplinario contra el senador Álvaro García. Tras la orden de captura contra el congresista, el dedo acusador señaló a Maya, de quien se llegó a decir que no hacía nada contra el paramilitarismo. Algo parecido pensaron en la Fiscalía, donde no ocultan las discrepancias con Maya, agravadas desde finales de septiembre cuando dijo que el fiscal Iguarán dio un espectáculo innecesario al anunciar el tipo de pruebas enviadas a la Corte. A partir de ese día se desató una cadena de rumores sobre la posibilidad de que el computador de Jorge 40 terminaría siendo un elemento incriminatorio contra la familia política de Maya, incluido el gobernador del Cesar, Hernando Molina, su hijastro. Por si fuera poco, el 18 de octubre el senador Petro denunció en el Senado que la Procuraduría habría exonerado irregularmente de responsabilidad al senador García en el caso de la masacre de Macayepo y señaló al Viceprocurador Carlos Gómez de haber favorecido a paramilitares en Sucre. El miércoles, por coincidencia, asesores del Fiscal organizaban documentos relacionados con una investigación que el propio Gómez había solicitado el 19 de octubre. Gómez le dijo a CAMBIO que andaba tan mortificado por las acusaciones que estaba dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo o al detector de mentiras

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Revista Cambio, Noviembre 19 de 2006

PERMITANME PREGUNTAR
Por Alvaro Sierra

LA ORDEN DE CAPTURA contra los senadores Álvaro García y Jairo Merlano, el representante Erik Morris y el ex gobernador Salvador Arana deja tres lecciones y cinco preguntas.

1. Cualquier conocedor de las AUC y de la Costa sabe que Sucre era la periferia del paramilitarismo. Su interés, aparte de un botín burocrático modesto, es una vieja ruta del narcotráfico del golfo de Morrosquillo, de tiempos de los Ochoa. Diego Vecino era un jefe de segunda y Cadena pasó de matarife de pueblo a carnicero de hombres bajo un árbol de caucho de la finca El Palmar, a diez minutos de San Onofre. Los poderosos estaban -y siguen- en otras partes.

2. A quienes se escandalizan porque a García se le imputa no ser cómplice sino creador de grupos paramilitares y organizador de masacres hay que decirles que esa ha sido la norma, no la excepción. Salvo el MAS y, parcialmente, los grupos del Magdalena Medio, montados por los narcos en los 80, fueron políticos, terratenientes y militares, con la complacencia de todos los gobiernos desde Turbay (y muchos gobernadores y alcaldes) los que organizaron y armaron a los paramilitares. Que estos se salieron de madre, y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, ahora lo lamente, es otro lío.

3. Sucre es importante porque es un ejemplo de cómo armar el cuadro. Si se trata de élites locales, basta preguntarse quiénes son ellas y sus conexiones -no solo las cercanas, sino, sobre todo, las bogotanas-.

Entonces:

1. ¿Se puede tener éxito en la política y los negocios, sin que a uno lo maten o lo destierren, en medio de paramilitares que, por definición, copan todos los espacios, sobre todo los de la política y los negocios?

2. Si se puede, no hay problema. Si no:
senadores Álvaro Araújo y Mauricio Pimiento y gobernadores de Cesar y Magdalena (y muchos, muchos otros) ¿cómo se hace política independiente en los departamentos de Jorge 40?
Senadora y ex presidenta de la Cámara Zulema Jattin, ¿cómo se intenta llevar de candidato a un jefe paramilitar de Córdoba, sin nada que ver?
Senadora Piedad Zuccardi, ¿cómo puede estar casada con un hermano de Álvaro García, despojado de su investidura pero activo en plenarias del Congreso, sin nada que ver?

Ministras Araújo y Guerra de la Espriella, ¿todo está bien con la política en sus departamentos, gracias a la cual, en buena parte, tienen sus altos cargos?
Senador Luis Alberto Gil, ¿está feliz Convergencia Ciudadana con los senadores Carlos Barriga, de Santander, Juan Carlos Martínez, de Buenaventura, y varios otros?

Senador y primer primo Mario Uribe, ¿tranquilo, después de ser compañero de viaje de Álvaro García y Erik Morris, haber hecho negocios con el Tuso Sierra y tener a Miguelito de la Espriella, protagonista del episodio de recriminaciones mutuas por paramilitarismo con el liberal Juan Manuel López Cabrales, ante el Presidente?

Respetables Luis Guillermo Vélez, Ginna Parody, Martha Lucía Ramírez, Armandito Benedetti, ¿cómo se siente compartir bancada con expulsados de la U, de Cambio Radical y del Conservatismo (sin hablar de los nunca expulsados)?

3. ¿Por qué de los 11 movimientos y partidos del Congreso todos, salvo dos, han tenido miembros cuestionados por presuntos nexos con los paramilitares?

4. ¿Por qué los seis grupos que forman la coalición de Gobierno, y otro, afín, que eligieron 69 senadores y 102 representantes, han tenido integrantes cuestionados por la misma razón?

5. En medio de este panorama, la pregunta obvia es para el hombre en la cúspide: ¿puede alguien ser político exitoso y finquero próspero en las dos cunas del paramilitarismo -Antioquia y Córdoba-, y llegar dos veces seguidas a la Presidencia, con apoyo de todos los mencionados ( y muchos, muchos otros), sin tener nada que ver con los paramilitares?

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Todos muy escandalizados por lo de García y compañía. Y todos tan tranquilos. Porque se trata de peces chicos, y no hay ni peligro de que la famosa "junta directiva del paramilitarismo" de la que habló Carlos Castaño llegue a verse involucrada.

Ni más faltaba. Vivimos en Colombia. Todo es presunto

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Tomado Revista Cambio Noviembre 19 de 2006

BLOQUES HEROES DEL CONGRESO
Maria Elvira Samper

POR FIN HABLÓ EL PRESIDENTE y mal que bien salió de ese silencio sospechoso que había guardado hasta ahora, a pesar de que los congresistas acusados por vínculos con paramilitares y cuyos expedientes tiene en sus manos la Corte Suprema, pertenecen a movimientos de la coalición que lo apoya en el Congreso. Dejaba un mal sabor, sobre todo teniendo en cuenta que desde siempre ha sido cuestionado por haber promovido las Convivir, semilla de grupos paramilitares, y que fue su gobierno el que les abrió las puertas a las Auc para negociar su entrega con altas dosis de impunidad y pocas exigencias para desmontar sus redes mafiosas.

Mientras tanto, las organizaciones en cuyas filas militan los sindicados se han abstenido de expulsarlos, pese a las gravísimas implicaciones del escándalo. Y tiembla el resto de ese 30% de congresistas que según Salvatore Mancuso y Vicente Castaño los representan en el Parlamento y que bien podría llamarse bloque Héroes del Congreso. Saben qué les corre pierna arriba ahora que, por fin, la Fiscalía y la Corte Suprema decidieron meterle muela a esa olla de grillos.
Y pensar que sólo es la punta del iceberg, ese que el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, llama "matriz social" del paramilitarismo y sobre la cual ha dicho que es "asunto espinoso", pues sabe, como lo saben el Presidente y Raimundo y todo el mundo, que de ella hacen parte no sólo políticos que apoyan a Uribe, sino terratenientes, empresarios, industriales, funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas que alimentaron y hasta ayudaron a organizar grupos paramilitares. Esa es la "matriz social" que Mancuso definió alguna vez como "cúmulo de fidelidades lentamente construidas que terminaron por transmitir un gran poder político y social a las autodefensas". Las mismas que impusieron su dominio en regiones enteras y usurparon los dineros y las instituciones del Estado en lo local.

Y son esas lealtades y complicidades, vox populi desde hace años, frente a las cuales ni la Fiscalía de Luis Camilo Osorio ni la Procuraduría de Edgardo Maya movieron un dedo -o lo movieron para favorecerlas o ya tarde como en el caso del ex director del DAS, Jorge Noguera, y sobrepasados por los hechos-, las que están quedando al desnudo.

Ahora, Fiscalía y Corte han empezado a jalar la pita por los políticos de Sucre, pero esperamos datos de otros departamentos -Córdoba, Cesar, Magdalena, Atlántico, Guajira, Bolívar, Antioquia, los Santanderes... -donde las autoridades locales de muchos municipios son fichas del ajedrez paramilitar. Es sólo el comienzo de algo que podría derivar en lo que el Comisionado llama "judicialización de la matriz social" y sobre la cual ha dicho que la considera inconveniente. Claro, pues no quedaría títere con cabeza y se llevaría de por medio a muy altos heliotropos de la política, la economía y la administración pública.

De ahí los interrogante sobre si esto llegará hasta las últimas consecuencias y sobre si el país está preparado para asumir los costos de la verdad sobre la relación política, paramilitares y narcotráfico. Fue la pregunta que se hizo el ex ministro Armando Benedetti en su columna de El Tiempo (12 de noviembre) y que respondió en forma negativa. Cree que si se revela toda la verdad el país sería inviable, y asegura que le parece "diabólica" la posibilidad de que "nuestra estabilidad dependa de la mentira". Curiosa observación la del ex ministro que sabe que el Gobierno del cual hizo parte logró mantenerse sobre la base de una mentira del tamaño de un elefante.

Por ahora, ahora todo depende de que Fiscalía y Corte saquen la cara por los colombianos que no pertenecemos a esa repugnante, corrupta y criminal "matriz social" del paramilitarismo. Ojalá, y sólo para empezar, logren desmantelar el bloque Héroes del Congreso.

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Los paramilitares y el congreso

http://www.colombia.com/actualidad/autonoticias/noticias/2006/11/10/DetalleNoticia28550.asp

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Colombian Government Shaken By Lawmakers' Paramilitary Ties Investigation Leads to Arrest of Current, Former Officials

By Juan Forero

Washington Post Foreign Service
Saturday, November 18, 2006; A17

BOGOTA, Colombia, Nov. 17 -- The government of President Álvaro Uribe is being shaken by its most serious political crisis yet, as details emerge about members of Congress who collaborated with right-wing death squads to spread terror and exert political control across Colombia's Caribbean coast.
Two senators, Álvaro García and Jairo Merlano, are in custody, as is a congressman, Eric Morris, and a former congresswoman, Muriel Benito. Four local officials have been arrested, and a warrant has been issued for a former governor, Salvador Arana. All are from the state of Sucre, where the attorney general's office has been exhuming bodies from mass graves -- victims of a paramilitary campaign to erode civilian support for Marxist rebels in Colombia's long conflict.

The investigation, which has revealed how lawmakers and paramilitary commanders rigged elections and planned assassinations, has shaken Colombia's Congress to its core. One powerful senator from Cesar state, Álvaro Araujo, has warned that if he is targeted in the investigation, it would taint relatives of his in the government and, ultimately, the president, whom he has strongly supported.

The arrests and disclosures about the investigation, which is focusing on at least five more members of Congress, come weeks after prosecutors leaked a report revealing how paramilitary fighters have killed hundreds of people, trafficked cocaine to the United States and sacked government institutions while negotiating a disarmament with Uribe's government.
Mario Iguarán, the attorney general, said the crisis is worse than the scandal that tarnished former president Ernesto Samper, who in the 1990s was accused of having used drug money to fund his political campaign. The United States withdrew his visa in response.
Uribe's government says it has been tough on the paramilitary forces, noting that 30,000 fighters have demobilized in three years, a disarmament larger than that of any leftist rebel group in Latin American history.

But the latest scandal has raised questions about how effective the disarmament has been and whether the government is truly committed to dismantling an organization that has infiltrated town halls, hospitals and even the government's intelligence agency, the DAS. Just this week, the inspector general's office leveled disciplinary charges against the former head of the DAS, Jorge Noguera, for having given classified information about the agency's operations to paramilitary forces.
"In plain public view and with evidence, the tip of the iceberg has appeared, but it is just the tip of the iceberg," said Gustavo Petro, a senator who has revealed details of paramilitary infiltration of government institutions in hearings. "We see it today in Sucre, but it extends beyond."

Recalling past statements from top paramilitary commanders, who boasted of having formed alliances with as much as a third of Congress, Petro said, "I think the paramilitaries were right."

Reacting to the crisis on Friday, Uribe said, "It's healthy for the country to know the political ties that exist with paramilitarism."

"I call on all the congressmen to, of their own initiative, show up before judges and tell the truth," he said in a speech marking the anniversary of the Supreme Court.
Uribe's image as a crusader against Colombia's illegal armed groups, however, has been tarnished.

The congressmen who have been implicated were members of a bloc that was loyal to the president and that approved a law permitting him to run for a second four-year term in May. They also supported a law governing the disarmament of paramilitary fighters that has been roundly criticized by the United Nations and some on Capitol Hill for providing too many loopholes for commanders to evade justice.

"There's no doubt that the political base in the provinces is tainted," said Gustavo Duncan, a security analyst who has written a book on the paramilitary forces, "The Gentlemen of War." "Those are the great losers. And those regional leaders are where Uribe has gotten much of his power."

The tainted politicians came to the attention of authorities through an informer, a onetime paramilitary fighter named Jairo Castillo Peralta, and because their names turned up in a computer confiscated from one of the country's most powerful paramilitary commanders, Rodrigo Tovar. The computer files detail meetings between paramilitary forces and lawmakers such as Sen. Dieb Maloof, who lives in the city of Barranquilla but has campaigned in Sucre.

Reached by phone, Maloof denied involvement with the paramilitary groups but said he is ready to answer questions put forward by the Supreme Court, which is investigating the Congress. "I asked to be able to give my own version, and to find out if there is anything against me," he said.

The best-known of the lawmakers implicated in the scandal is Álvaro García, a rotund local boss known by friends and enemies alike as "the Fat Man." In a secret recording from Oct. 6, 2000, that is being used against him, Garcia and a well-known cattleman, Joaquín García, are heard coordinating the paramilitary assault on the town of Macayepo. A few days later, paramilitary fighters killed 16 peasant farmers there with rocks and machetes.

Petro, the senator, said the Uribe administration must aggressively purge those lawmakers with ties to paramilitary forces. "No matter how many congressmen go to jail, there are mafias still out there, and they will continue to find others to control," he said. "This is not just a judicial responsibility, this is a political responsibility."

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Posted on Sat, Nov. 18, 2006
COLOMBIA
Ally of Colombia's president is linked to scandal
BY JOSHUA GOODMAN
Associated Press

http://www.miami.com/mld/miamiherald/news/world/americas/16043009.htm

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Paramilitares se adueñaron de buena parte de la administración', dice César Gaviria
http://www.eltiempo.com/politica/2006-11-19/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3331693.html

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Desempolvan' más de 100 expedientes de servidores públicos vinculados con paramilitares
http://www.eltiempo.com/justicia/2006-11-20/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3332893.html'

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En candente debate Ramiro Bajarano le dice a José Obdulio Gaviria:"Mándeme a matar que a usted le queda fácil"
Fecha: 11/17/2006 10:24:00 07:16:14

http://www.radiocaracol.com/hayqueoir.asp

Roy Barreras, vocero de Cambio Radical, pide que congresistas involucrados con los "paras" se acojan a Justicia y Paz

http://www.radiocaracol.com/hayqueoir.asp

El vicefiscal no descarta que los congresistas investigados puedan beneficiarse con la Ley de Justicia y Paz

http://www.radiocaracol.com/hayqueoir.asp?pg=4&pal=

Fecha: 11/13/2006 12:24:00 07:49:58

José Obdulio Gaviria asegura que los congresistas presuntamente implicados con 'paras' no tendrán casa por cárcel
http://www.radiocaracol.com/hayqueoir.asp?pg=5&pal=
Fecha: 11/12/2006 11:56:00 07:49:41

Pese a desmovilización, 'paras' siguen controlando el Urabá

Fecha: 11/12/2006 11:37:00 07:36:37

Los 14 municipios del Chocó y Antioquia que conforman la región de Urabá, siguen bajo el dominio de los paramilitares, pese a la desmovilización de los bloques Bananero y Elmer Cárdenas, denunció en Caracol Radio el defensor del Pueblo en esa zona del país, Daniel Sastoque

http://www.radiocaracol.com/hayqueoir.asp?pg=5&pal=

Daniel Sastoque, Defensor del Pueblo en Urabá, denuncia que el paramilitarismo controlando en esa región del país

Fecha: 11/12/2006 11:09:00 07:36:38

Daniel Sastoque, Defensor del Pueblo en Urabá, denuncia que el paramilitarismo controlando en esa región del país

http://www.radiocaracol.com/buscar.asp

Testigo contra congresistas vinculados con "paras" dice que un fiscal le pidió que se retractara en el 2002 Publicado : [ 11/19/2006 19:35:00 ]

Jairo Castilllo conocido como "Pitirry", quien trabajo para varias personas vinculadas en el paramilitarismo, dijo que en su deseo de limpiar su conciencia, le comunicó en tres oportunidades y por escrito al entonces fiscal general, Luis Camilo Osorio, lo que sabía en contra del los congresistas hoy detenidos y las actividades del gobernador de Sucre, Salvador Arana.

2. Liberales critican a Uribe por sus referencias al gobierno de Gaviria Publicado : [ 11/18/2006 19:43:00 ] Congresistas del Partido Liberal expresaron su respaldo al jefe de la colectividad, César Gaviria Trujillo, tras lo que consideran ataques del presidente Alvaro Uribe por su gestión de gobierno entre 1990 y 1994.

3. Surge otro proceso contra el ex director del DAS Jorge Noguera Publicado : [ 11/18/2006 19:36:00 ] Ante una nueva investigación en contra del ex director del DAS, Jorge Noguera, el Tribunal Superior de Bogotá requirió la presencia del funcionario ante la existencia de un proceso por el delito de fraude a resolución judicial.

5. Uribe reta a que denuncien si es cómplice de alianzas con las autodefensas Publicado : [ 11/18/2006 07:30:00 ] El Presidente Alvaro Uribe, retó públicamente al Congreso y a los paramilitares a que digan si él ha sido cómplice de las alianzas con las Autodefensas, abogando porque se conozca la verdad total

6. Ya están presos los tres congresistas investigados por paramilitarismo Publicado : [ 11/18/2006 07:22:00 ] Los tres congresistas de Sucre, que fueron cobijados con medida de aseguramiento por la Corte Suprema de Justicia, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares, ya se encuentran en poder de las autoridades. El senador Jairo Merlano permanece en la cárcel de Zipaquirá, mientras que el senador Alvaro García y el representante Erik Morris, están recluidos en la cárcel La Picota, de Bogotá

7. Uribe dice que la canciller no ha renunciado Publicado : [ 11/17/2006 12:30:00 ] El presidente Alvaro Uribe, desmintió versiones según las cuales su canciller María Consuelo Araujo, había renunciado, como consecuencia del escándalo de los últimos días con su hermano el senador Alvaro Araujo, quien teme ser investigado por presuntos nexos con paramilitares

8. Alvaro Araujo teme salpicar al gobierno por posible investigación de nexos con paramilitares Publicado : [ 11/16/2006 17:15:00 ] El ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, confirmó que durante una reunión con los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, el senador Alvaro Araujo expresó su preocupación por la posibilidad de que una eventual investigación en su contra, por presuntos vínculos con paramilitares, pueda salpicar a varios miembros del alto gobierno del presidente Alvaro Uribe

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Revista Semana, Colombia.
2006-11-19
Sobre articulación probada de clase política y paramilitarismo.

¿Dónde estaba el fiscal Osorio?

Algunas de las pruebas contra los políticos acusados del contubernio con los paramilitares estaban en la Fiscalía desde hace años. ¿Por qué el ex fiscal no avanzó en las investigaciones que habrían podido salvar tantas vidas? ¿Cómo hacemos para que eso no vuelva a pasar?

Por María Teresa Ronderos

http://colombia.indymedia.org/news/2006/11/52807.php

CORRUPCIÓN
La fuerza ‘para-pública’

http://colombia.indymedia.org/news/2006/11/52806.php

REINSERCIÓN
La autorreparación

Un mensaje de 'Jorge 40' a sus comandantes confirmaría que el propósito de este comandante de entregar fincas para la reparación busca realmente que queden en manos de sus hombres. ¿Qué tan fácil es que suceda esto?

El pasado 9 de febrero, llegó un mensaje de urgencia a los correos electrónicos de 11 de los jefes del Bloque Norte de los paramilitares. El remitente era el máximo jefe de este grupo, alias 'Jorge 40'. El motivo de tal apremio era el siguiente: "Les reitero la urgencia y necesidad de que cada uno de ustedes elabore el listado de todas las fincas o tierras que se encuentran desocupadas en cada una de sus áreas de responsabilidad, esto es fundamental, pues al devolverlas causarían dos efectos, uno reparación, y el otro, podrían ser adjudicadas por el Incoder según conversación que realice con el gobierno nacional para los proyectos productivos beneficiando nuestros hombres...".

Son pocos los mensajes que quedaron en el llamado computador de '40' incautado por las autoridades que muestran esa inminencia. Sólo es comparable con otros, de la misma época, en los que da instrucciones para que recluten gente, la entrenen y la hagan pasar por desmovilizados. ¿Estaba el jefe paramilitar fraguando un truco?

Para esa época ya se conocía el decreto reglamentario de la Ley de Justicia y Paz. En él se incluyó un parágrafo que ha sido considerado uno de los grandes 'micos' de la ley. Según ese aparte, los paramilitares pueden hacer reparación colectiva entregando tierras con proyectos productivos que beneficien, además de comunidades afectadas, desplazados y campesinos, también a reinsertados de escasos recursos.

En estricto sentido, el mensaje de 'Jorge 40' no estaba proponiendo nada clandestino. Así quedó la ley. Pero el hecho de ponerles a sus comandantes la zanahoria de que esas tierras volverían a manos de sus hombres, sí pone en evidencia que para el jefe paramilitar poco peso tienen las víctimas de su barbarie a la hora de la reparación, cuando es obvio que ellas deberían ser las principales beneficiadas. El asunto podría parecer una mera especulación, de no ser por información adicional en el mismo computador y por la forma como se han dado los hechos.

En los chats encontrados hay uno de octubre de 2005 en el que alias 'Antonio', el segundo hombre del Bloque Norte, le da instrucciones a alias 'Gonzalo', el jefe de finanzas de ese grupo, para que se reúna con un funcionario del Incoder. Se trata del polémico Ómar Quessep, que en ese momento era el subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad de esa entidad y que está siendo investigado por una grabación en la que, al parecer, ofrece entregar fincas a cambio de dinero. En el intercambio de mensajes, los paramilitares se refieren a conversaciones previas que han tenido con él y a la preocupación porque saquen a Quessep de la entidad y no "salga adelante el tema de los predios". El temor de la salida de este funcionario podría estar relacionado con los cambios que por esos días se dieron en la gerencia del Incoder.

El otro mensaje que menciona a este funcionario se envió dos días después de que el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, lo retiró del Incoder. "Ese marica del Ministro lo buscó hasta encontrarle la caída. Esa vaina toda la vida se ha hecho en el Incoder, pero como el Ministro se la tiene adentro a Ómar, se la hizo, y lo sacó. Eso me lo comentó ayer Javier Cáceres", le dice 'Gonzalo' a 'Antonio'. El congresista Cáceres dijo a SEMANA que no conoce a estos personajes y que él habló con mucha gente sobre el tema del Incoder.

Llama la atención que en la grabación que llevó al retiro de Quessep y que está siendo evaluada por las autoridades, éste comenta que la entidad fue entregada al movimiento político Colombia Viva, donde hay varios congresistas cuestionados por supuestas relaciones con los paras. También dice que él es cuota del senador Jairo Merlano, quien se entregó a la justicia tras una orden de la Corte Suprema de Justicia por posibles nexos con este grupo armado ilegal. SEMANA confirmó en Sucre que la cercanía de Quessep con Merlano era conocida, pues el primero fue secretario de Hacienda en uno de los períodos en que Merlano estuvo en la Alcaldía. También confirmaron que había una estrecha relación entre Quessep y Muriel Benito Revollo, ex congresista detenida también por su posible cercanía con los paramilitares. SEMANA contactó a Quessep, quien dijo que nunca ha tenido contacto con paramilitares y que cualquier declaración debía consultarla primero con su abogado.

¿Es acaso todo el episodio de Quessep pura coincidencia con lo que tenía en mente 'Jorge 40' cuando les pidió a sus hombres la lista de fincas, con miras a utilizarla para proyectos productivos de su propio grupo? ¿Se sentía seguro de que podía presentar esas tierras como reparación y volverían a sus manos? ¿Qué tanto han estado infiltradas las entidades del gobierno relacionadas con el reparto de tierras?

Los proyectos productivos con reinsertados despiertan tal inquietud, que incluso la Procuraduría General de la Nación ha alertado que de no tenerse suficientes controles, estos se podrían convertir en una gigantesca operación de lavado de activos. Por eso, ese órgano de control está revisando con lupa uno a uno de los beneficiarios de las tierras entregadas en estos proyectos.

La experiencia de estos proyectos es muy reciente, pero ya hay unos hechos que preocupan. Para proyectos productivos con reinsertados, el Incoder está destinando los predios que le entregó la Dirección Nacional de Estupefacientes y que pertenecían al narcotráfico. SEMANA, en un reciente informe (edición #1.276), mostraba cómo esta política ha fracasado en gran medida por los líos jurídicos que traen estos bienes encima. También allí se cuenta cómo algunos de estos predios han terminado en manos de paramilitares no desmovilizados, como una parcela en el Meta, o de familias auspiciadas por este grupo, como es una gigantesca finca en el Golfo de Morrosquillo en un área dominio de 'Jorge 40'

Estas entregas de tierras para que los reinsertados desarrollen proyectos productivos se han dado este año. El mayor volumen está en Magdalena, con 1.120 hectáreas, y otras 1.000 repartidas en Quindío, Santander y Valle del Cauca. Los proyectos son acompañados por la oficina de Proyectos Productivos por la Paz, adscrita a la del Alto Comisionado por la Paz. Esta dependencia tiene a su vez proyectos desarrollados en fincas de particulares en Valencia y Tierralta, en Córdoba, y en Turbo, Antioquia. Es de notar que para nuevos proyectos ya están aceptadas fincas como la célebre Las Tangas, que fue de Fidel y Carlos Castaño, gestores de las autodefensas.

Otra entidad que maneja proyectos similares está adscrita a Acción Social. Hoy tiene un proyecto piloto sólo con reinsertados del grupo Élmer Cárdenas, bajo el mando de alías 'El Alemán'. Este comandante es conocido por proyectos productivos que desarrolla desde hace un par de años en tierras y con recursos de dudoso origen.

Todos los funcionarios entrevistados para esta nota son categóricos en decir que tras los proyectos productivos no existe acuerdo alguno con los paramilitares, diferente a lo que conoce el país. Victoria Restrepo, quien tiene a su cargo el proyecto con reinsertados de 'El Alemán', dice que no se han usado las tierras ni los proyectos de ese ex jefe paramilitar. El Ministro de Agricultura afirma que la situación del Incoder se corrigió, desde cuando se nombró a su nuevo gerente, Rodolfo José Campo Soto. En Valledupar, su tierra natal, es considerado un político conservador de trayectoria cercana a la casa Cuello Baute. Por su parte, Juan B. Pérez, quien lidera los proyectos en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, acepta que han tenido dificultades. Reconoce que incluso una de las primeras empresas en ofrecerse para estos proyectos fue Urapalma, una empresa cuestionada por supuestamente tener sus cultivos en tierras usurpadas por los paras en Chocó. "Luego de que esto trascendió a la opinión pública se cancelaron los acercamientos con un señor Pretelt que nos buscó", dice. Insiste en que pese a éstas, se están sacando adelante proyectos que ya involucran 6.704 reinsertados.

En este caso no se puede decir que hecha la ley, hecha la trampa. De por sí la ley quedó con un resquicio que permite a los paramilitares entregar tierras para sus reinsertados y que esto les cuente como reparación. Pero si sólo las entregan con ese fin, deja en evidencia que más que buscar una reconciliación verdadera reparando a las víctimas, lo que está primando es la filosofía del "cómo vamos yo y mi gente". La clave está en hasta dónde el gobierno se los permita.

PORTADA

...y esto apenas comienza
La captura de cuatro congresistas produce un tsunami político que tiene en vilo al país

Jairo Enrique Merlano Fernández, Erik Julio Morris Taboada y Álvaro Alfonso García Romero, los tres congresistas que tendrán que responder en indagatoria por sus posibles nexos con grupos paramilitares.

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=98225

PORTADA
Leyenda vallenata

La historia de los Araújo, en Cesar, simboliza la complejidad del ejercicio de la política en las zonas dominadas por los paras. Un difícil reto para la justicia.
La familia Araújo, por una decisión propia, se puso en la lupa de la opinión pública. Álvaro, el senador, revolvió el avispero político en una reunión convocada por el Ministro del Interior para tratar el tema del manejo que las bancadas gobiernistas debían darle al escándalo de la para política. Araújo afirmó que los que le estaban apuntando a su cabeza podían darles también a los otros miembros de su familia y hasta salpicar al propio Presidente. La declaración, filtrada a los medios, llegó a ser interpretada como un posible chantaje y se le convirtió al senador en un disparo contra su propio pie.

Todo el mundo empezó a hablar de su familia, un clan de gran influencia en el departamento de Cesar. Su padre, Álvaro, es un político de amplísima trayectoria en el Partido Liberal. Su hermana, Consuelo, es la actual Ministra de Relaciones Exteriores. Su tía, del mismo nombre -asesinada por las Farc- fue Ministra de Cultura. Un hijo de ella y del actual Procurador, Hernando Molina, es el actual gobernador del departamento.

Al terminar la semana pasada, los medios de comunicación estaban a la caza del senador y de la Canciller, y de un tercer hermano, Sergio, quien en una entrevista en La W reconoció que conoce a 'Jorge 40' y se reunió con él varias veces antes de su desmovilización, por solicitud del Alto Comisionado para la Paz.

El senador Araújo tuvo otro desliz aun peor: se coló a una cita de su hermana, la Canciller, con el Fiscal General de la Nación. La versión oficial asegura que el encuentro estaba programado para tratar asuntos del Plan Colombia. La historia es poco creíble en estos momentos de efervescencia y calor, pero sobre todo es un acto imprudente: deja la sensación de que se utilizaron lazos familiares para llegar al Fiscal, y para litigar en defensa personal.

Estos episodios coincidieron con un titular de El Nuevo Herald que afirmaba que el "el puesto de la Canciller tambaleaba". Durante algunas horas se llegó a tomar en serio esta posibilidad, con el argumento de que ella, como Ministra de Relaciones Exteriores, es la imagen institucional del gobierno Uribe ante el mundo y la que pone la cara para defender políticas de difícil aceptación para la comunidad internacional, como la Ley de Justicia y Paz y la negociación con las AUC. Aunque todo el mundo reconocía que ella no tenía nada que ver con el paramilitarismo, se argumentaba que cualquier asociación, por injusta que fuera, le podía hacer daño no sólo a ella sino al Gobierno. Una afirmación injusta en una persona que en todos sus cargos en la vida pública ha recibido elogios merecidos por su capacidad y por su honestidad.

La Ministra, en un gesto elegante, le ofreció el viernes su renuncia al presidente Uribe. Este la rechazó de forma tajante, anotando que "no iba a permitir que metieran a 'Conchi' en el debate politiquero".

A todas estas, lo que todo el mundo se preguntaba es qué era verdad y qué era mentira en medio de la ola de rumores que circulaban. ¿Qué tan serias son las acusaciones? Algunas de ellas recaen sobre Sergio. Lo señalan de haber actuado como una especie de relacionista