Matar al mensajero
por Óscar Collazos
Thursday, Feb. 01, 2007 at 3:31 AM
La decisión del juez de Barranquilla contra 'El Heraldo' es una "censura previa" y no se practica en una democracia.
La prudencia con que Gustavo Bell Lemus recibió la decisión del juez que ordenó a El Heraldo de Barranquilla no publicar informaciones relacionadas con la empresa Métodos y Sistemas demuestra que el director de ese medio es un profesional respetuoso de la justicia. Pero también, el poco respeto que el juez Estrada tiene por la libertad de prensa.
No sé si hoy jueves se habrá levantado ya la prohibición que pesa sobre El Heraldo. La Sala Penal del Consejo Superior de la Judicatura del Atlántico abrió investigación al Juez Segundo Penal, de donde salió la decisión de censurar al periódico que venía sacando hilos comprometidos de la apretada madeja de la 'parapolítica'.
Lo que ha hecho el juez es condenar el contenido de un documento que no se conoce, avalando así el temor de la empresa que amenaza con interponer demanda por "extorsión y pánico económico", y hasta por "terrorismo", al director del periódico. Eso, y tomar además la insólita decisión de matar al mensajero sin conocer el contenido del mensaje.
La decisión del funcionario es conocida como "censura previa". Esta clase de censura se practica durante los estados de excepción o de sitio, y de manera regular en las dictaduras. No en una democracia, ni siquiera en una democracia mediatizada por poderes políticos y económicos y en la que la justicia existe para impedir -no para cohonestar- los desmanes que puedan cometer esos poderes.
La empresa que entuteló al periódico hubiera podido solicitar una rectificación, y el periódico hubiera procedido a la rectificación en caso de que hubiera incurrido en información falsa. Pero no. Acudió mediante tutela a una instancia judicial, y ésta decidió cortar "provisionalmente" la cadena informativa que va de la documentación confiable a su elaboración periodística y posterior publicación.
Aquí es frecuente que los pájaros les disparen a las escopetas. Y que quienes denuncian hechos de corrupción e irregularidades administrativas o, lo que es más grave, el amancebamiento de políticos con empresarios venales, de la política con la criminalidad, es frecuente, digo, que el mensajero de tales aberraciones se convierta en víctima de la "justicia".
Es lo que le ha estado sucediendo en Cartagena al ecologista Rafael Vergara Navarro en cada una de sus denuncias. Ha tenido que aceptar con rabia y desazón que la Fiscalía no contempla la existencia de ciertos delitos ambientales. O que, si los contempla, no investiga a quienes los cometen. Y lo peor de todo: que en muchos casos se trata de delitos contra bienes del Estado.
Referirse al caso que compromete al Juez Segundo Penal del Circuito de Barranquilla en su extravagante decisión es una manera de recordar que estos son los fallos que sirven directa o indirectamente a la criminalidad financiera de la 'parapolítica'. Puedo pensar, en beneficio del funcionario, que se trató sólo de una grave extralimitación en sus funciones.
Aunque este juez revoque la medida, lo que importa recordar de este episodio es menos circunstancial. Cuando la Corte Suprema de Justicia está asumiendo con entereza y transparencia sus funciones en la investigación de los nexos entre congresistas, funcionarios públicos y paramilitares, resulta una bajeza fallar desde la justicia contra los medios de comunicación que están haciendo posible una aproximación a las verdades de este proceso.
La tutela no fue concebida para abortar procesos informativos sino para propiciarlos; no es un mecanismo constitucional creado para defender "preventivamente" la honra de un sospechoso, sino para darle a éste la posibilidad de defenderla después de haber escuchado primero a sus fiscales.
