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ADQUIRIDO POR PRECLUSIÓN
por Rafael Vergara
Thursday, Feb. 01, 2007 at 7:03 AM
La impunidad es total -96 %. Las denuncias por delitos ambientales, precluidas. Invadidos por todas partes, para la fiscalía no hay ni se han cometido delitos contra los recursos naturales y el ambiente.
Institucionalmente al no haber acusados la apropiación de lo público, sin ser legal, ha sido “legalizada”.
Que ninguna denuncia posibilitara desalojar el espacio público apropiado o permitiera reparar el daño, demuestra que el cáncer es terminal y la solución tiene que ser de fondo.
La cura -de choque- Justicia, exige extirpar el tumor, el interés individual que lo alimenta e impone. La medicina parte de cambiar y practicar valores: el interés general prevalece sobre el particular; el paisaje es patrimonio común, las zonas de bajamar son biodiversidad, servicios ambientales y seguridad alimentaria.
Impedir la ocupación de los bienes de uso público implica sancionar socialmente al culpable, recuperar el dominio del Estado.
Generalizada la preclusión nos compromete la política ambiental y la defensa del apetecido ecosistema de litoral, por demás frágil y cotidianamente agredido.
¿Hay o no delitos ambientales en Colombia?
¿Fueron también precluidos los artículos 329 a 338 del código Penal?
El fiscal general está obligado contestar y decirnos si el “derecho” de impunidad protege la diversidad e integridad de ambiente y si permite velar por la salvaguardia del espacio público y su destinación al uso común.
Tiene que investigar la conducta de fiscales y el depredador y notorio resultado de su institución en la geografía del Distrito.
La invasión multiestrato, la violación persistente a la integridad del Territorio, a la Soberanía, la ingobernabilidad por sus implicaciones estratégicas, involucra del presidente Uribe, -comandante de las Fuerzas Armadas- para abajo.
Luego de 10 años de demostración de ineficiencia del estado para cumplir con uno de sus fines y de la merma de la fe y el Patrimonio Público, Procurador, Contralor, Contador, tienen que atesar el brazo, sancionar y exigir un cambio en el abordaje del problema. Ante tal impunidad ¿Será que pueden pasar de agache?
raranMe pregunto ¿Qué sentirán? ¿El aparato judicial y notarial, el militar y el policial, el gobierno nacional, cómo valo el titular del noticiero:
¡Fiscalía en Cartagena precluye el 96 % de los procesos de ocupación de Bienes de la Nación! La zona de bajamar se privatiza masivamente. No hay acusados por las ocupaciones en las islas de Tintinan, Panda y Ceycen en San Bernardo; en isla Grande y las ciénagas del Pelao, Cholón y Mohán, la bahía de Barbacoas en Barú, Parque Nacional Corales; en Tierrabomba, Manga y la ciénaga de La Virgen.
Reconocer la impunidad como causa del delito y “modo de adquirir” lo que es Patrimonio Ecológico de la Nación, es jurídicamente aberrante y pasar de agache más.
El compromiso del Estado es prevenir y controlando los deterioros y sancionando, obligar a reparar lo dañado y a devolver lo usurpado.
Pero al que no hace le hacen, y abriendo “inocuos” procesos, y sin medidas cautelares,las instituciones resultan cómplices. Enredados en las formalidades han dejado depredar las aguas y sus manglares, la Fe Pública, la Justicia, los Convenios Internacionales.
En Cartagena, en Coveñas, en el Parque Corales, ciénagas e islas asociadas, zonas protegidas en El Caribe, diariamente se asesina una porción del Territorio y los notarios autentican escrituras de lo imposeible y quienes deben sancionar ciegos y ladeados. Asisten al festín de lo Público sin complejo de culpa.
© El Universal
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