¡QUE LA CANCILLER RENUNCIE! : Indymedia Colombia

El escándalo de la llamada “parapolítica” da cuenta de los vínculos de congresistas, funcionarios del Das, Incoder, Notariado y Registro, Fiscalía, gobiernos departamentales y municipales, e incluso de rectores de Universidades Públicas con los grupos paramilitares, y ponen al descubierto que más allá de una estructura armada, se han transformado en una estrategia dirigida a acumular poder político y económico que hoy ejercen con dominio en múltiples planos de la vida social, lo que devela el fracaso del llamado proceso de “negociación y desmovilización” con estos grupos de extrema derecha.

Las ordenes de captura dictadas el día de ayer por la Corte Suprema de Justicia contra seis parlamentarios de la bancada gobiernista así como la solicitud a la Fiscalía General de que se investigue al padre de la hoy Canciller Consuelo Araujo, hermana de Alvaro Araujo, uno de los parlamentarios detenidos y sobre quien pesa medida de aseguramiento, además por el delito de secuestro extorsivo, exige que el gobierno nacional, en cabeza del Presidente, asuma la responsabilidad política, que en lo inmediato requiere la renuncia de la Canciller; y que explique al país los nombramientos en altos cargos públicos de personas responsables en la comisión de graves crímenes contra la humanidad y por la expedición de la “Ley de Justicia y Paz”, que fue aprobada con el voto favorable de parlamentarios que hoy se encuentran detenidos y otros que participaron en la “reunión de Ralito”.

Los parlamentarios que votaron dicha reglamentación debieron declararse impedidos, tal irregularidad hace que hayan incurrido en faltas éticas y disciplinarias sobre las que la justicia y la sociedad en general debe pronunciarse. La investigación sobre la relación de parlamentarios con los grupos paramilitares hace que el marco jurídico del proceso de “desmovilización” además de no cumplir con los mínimos internacionales de los derechos de las víctimas, sea declarado ilegal e ilegítimo.

Las amenazas que ha recibido Yesid RamÃrez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia ente que investiga a los parlamentarios, así como las amenazas recibidas contra organizaciones sociales, de derechos humanos, grupos políticos de oposición, entre los que se encuentran varias organizaciones que pertenecen al Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, son clara muestra de que los grupos paramilitares y sus estructuras militares se encuentran intactas.

Llamamos a la opinión pública, nacional e internacional a rodear todos los esfuerzos que se dirijan a establecer la verdad histórica sobre el terrorismo de Estado, en particular los que se están construyendo desde las víctimas, tales como la Comisión de Etica, y las Audiencias Ciudadanas por la Verdad; y a rodear las organizaciones sociales, exigiendo que se den las garantías para que el pueblo colombiano, y en particular las víctimas, puedan exigir sus derechos.

COMITE NACIONAL DE IMPULSO

MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO