Dossier Colombia N° 1:El Terrorismo de Estado: De la represión institucional a la instucio : Indymedia Colombia

Según reconocidas ONGs, basadas en datos de instituciones oficiales de Colombia, en los últimos 15 años el promedio de asesinatos políticos cometidos en el país diariamente es de 21, de los cuales sólo 4 producto de enfrentamientos militares entre los sectores en guerra, es decir: Todas las FFAA del Estado (Ejército, Marina, Fuerza Aérea, policía, servicios secretos, grupos paramilitares, mercenarios, asesores y misiones estadounidenses), de una parte y guerrillas de la otra.

Así, se calcula que las víctimas (muertos) de la represión política desde el año 1986 hasta hoy sobrepasan los 70.000. A los cuales se suman más de 10.000 desaparecidos, 4.000.000 de desplazados internos y decenas de miles de exiliados.

Las víctimas tienen una identidad, en su mayoría son dirigentes de organizaciones populares o de la oposición política. A nivel sindical solo a la Central Unitaria de trabajadores- CUT, desde su fundación en 1986 le han asesinado y desaparecido más de 5.000 de sus integrantes. Tal situación ha llevado a la Organización Internacional del Trabajo, OIT a declarar consecutivamente a Colombia como el país más peligroso para el ejercicio sindicalismo.

1.1. Varios modelos de represión, un propósito: mantener el poder.

Desde principios de los años 60, en el país se fue desarrollando una política represiva que ha conocido varias etapas, todas ellas inspiradas en los manuales estadounidenses que instruyen sobre conflictos de baja intensidad, y que en América latina fueron adoptados por varios países bajo la preconizada “doctrina de Seguridad Nacional”, que define como enemigo principal de los EEUU, y por tanto de los poderes oligárquicos nacionales, a los movimientos y organizaciones populares que plantéen transformaciones, o incluso reformas, de tipo social y político. La enseñanza de esta doctrina (de la seguridad nacional), corrió principalmente por cuenta de la “Escuela de las Americas”, a la cual las FFAA de Colombia aportaron más del 40% de sus alumnos. Dentro de las estrategias de “seguridad” también se contemplaba la realización de operaciones encubiertas por parte de la CIA, tal como lo veremos más adelante en los testimonios del ex-jefe de informática del DAS, Rafael García.

A partir de los años 60 el Estado colombiano priorizó la adaptación y desarrollo de una legislación coercitiva, es decir de una represión institucionalizada y el fortalecimiento de sus FFAA oficiales de tipo legal. Paralelamente y de manera soterrada se desarrollaban, las bandas paramilitares.

En 1980 los presos políticos se contaban por decenas de miles. Esta represión institucionalizada y generalizada tocó incluso a sectores pudientes de la población, lo cual la hizo entrar en crisis.

1.2 Cierran la vía de la democracia y el camino de la Paz.

Por el mismo período (principio de los años 80) emerge en el país un importante movimiento popular y político de gran madurez que tiendía a la unificación de las diferentes expresiones y corrientes de oposición al régimen. Tal situación llevo a gran parte de la oposición política anti-sistema a definir el momento como de “Apertura Democrática”. La mayoría del movimiento guerrillero impuso al Estado el inicio de diálogos para encontrar una solución negociada al conflicto armado, que para esa época ya duraba más de tres décadas.

Guerrilleros y delegados gubernamentales se encontraron en selvas, montañas, cárceles y ciudades colombianas y acordaron silenciar los fusiles. Mientras los unos reformaban el Estado para que abriera las puertas a la participación de los diversos matices del pensamiento político de la nación, los otros creaban los vehículos con los cuales participar en el juego político dentro de las normas “institucionales”.

De parte de la población hasta ahora excluida de la participación política y las dinámicas de la democracia formal, empezaron a aparecer siglas con un componente humano pleno de ilusiones: Unión Patriótica, A Luchar, Frente Popular, Unidad y Democracia, Central UT, Fensuagro, etc.

De parte de las fuerzas en el poder también aparecieron uevas siglas con un componente netamente criminal: MAS, Los Grillos, Los Mochacabezas, Termineitor, Los exterminadores, La Manonegra, Los Tangeros Los masetos, etc. Una verdadera constelación de escuadrones de la muerte.

El más importante de estos movimientos, la Unión Patriótica, fue el resultado de los acuerdos de “cese al fuego, tregua y paz”, firmados en mayo de 1984 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-Ejercito del Pueblo) y el gobierno de ese momento. La Unión Patriótica, albergó en su seno a un espectro muy amplio de corrientes políticas, que iban desde los guerrilleros y el partido comunista hasta sectores de los partidos tradicionales de la burguesía colombiana, a todos los unía una identidad: encontrar una solución negociada al conflicto armado y construir una democracia que soportara la oposición. La UP eligió en su primera participación electoral, una significativa representación en el parlamento nacional, los parlamentos regionales y municipales. Su avance no fue soportado, y contra este proyecto democrático en asenso, se desató el más grande genocidio contra una organización política, que se tenga noticia en la historia republicana de América Latina. Entre los miles de asesinados, desaparecidos, expatriados, se cuentan dos de sus candidatos a la presidencia y decenas de sus parlamentarios.

1.3 La pistola del sicario reemplaza la acción judicial

La acción sicarial de los escuadrones de la muerte se convirtió desde entonces, en componente fundamental de la política contrainsurgente del Estado, la cual según sus inspiradores, debe ahogar la “insurgencia armada”, dejándola sin aire para respirar. Para lograrlo se dedicaron a golpear la población civil y las organizaciones que a su juicio eran susceptibles de apoyarla: la acción judicial fue reemplazada por la pistola del sicario y el atentado personal contra el ciudadano inerme.

Los años noventa se iniciaron con un movimiento popular muy golpeado, las puertas de la democracia estaban más cerradas que antes. Sin embargo, la resistencia popular no se detuvo, se transformó, reorganizó, inventó formas para actuar en medio del terror. En tal situación las formas clandestinas de asociación se masificaron y los métodos violentos de oposición política se fortalecieron.

Los ideólogos de la seguridad del Estado de entonces, muchos de ellos actuales personeros del uribismo, pusieron en marcha la “estrategia nacional contra la violencia o “guerra integral”. En realidad se trató, como su nombre lo indica, de la formalización de dos modelos represivos; el institucional y el ex-trainstitucional.

El andamiaje jurídico del Estado fue acoplado a las necesidades de la represión y la guerra. La justicia se politizó y devino dependiente del poder ejecutivo .. La justicia se convirtió así en otra arma de guerra al servicio del Estado.

El binomio compuesto por los escuadrones de la muerte (paramilitares) y la impunidad, fueron el aliento y alimento de la “guerra sucia”. Se trata de sembrar el terror para inmovilizar los sujetos políticos y sociales que se opongan al Régimen político gobernante. Eso se llama en suma terrorismo de Estado.

n el año 1997, Uribe Vélez fue gobernador del departamento de Antioquia . Desde allí pregonó y puso en marcha un nuevo modelo represivo. Así, al tiempo que recoge y aprovecha todo el acerbo que en la materia represiva se ha acumulado, procede a la legalización de los grupos paramilitares. A partir de 2002, como presidente de la república, desarrolla a nivel nacional su proyecto. Los escuadrones de la muerte actúan bajo la institucionalidad, poco importa que las leyes formales así lo estipulen o no. Álvaro Uribe Vélez le dio rango institucional al Terrorismo de Estado, así lo prueban las declaraciones de uno de sus ex –agentes.

Veamos como lo denuncia la prensa:

“(…) Sindicalistas en la mira

Tras explicar la relación de Noguera con los comandantes paramilitares de la Costa Atlántica, García abrió un nuevo y escalofriante capítulo: la muerte de sindicalistas y dirigentes de izquierda a manos de agentes del DAS y de un grupo de sicarios de las Auc.
García aseguró que a comienzos de 2004 recibió la visita de un amigo que vivía en Riohacha, quien le pidió ayuda para identificar al grupo que estaba amenazando a una amiga suya, y que en el curso de las averiguaciones en la sección de Inteligencia descubrió que, en efecto, desde el DAS habían enviado a los paramilitares una lista con los nombres de 24 dirigentes -incluída la mujer- de Sintragricola, Sindeagricultores, Anthoc, Fensuagro y la Confederación General de Trabajadores, CGDT, que adelantaban actividades en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Sucre y La Guajira. "Cuando averigüé por la forma como esta información se le hacía llegar al bloque Norte de las autodefensas -relató el testigo-, en Inteligencia me dijeron que era entregada por el director Jorge Noguera a Alvaro Pupo con destino a Jorge 40".
Para ampliar su grave denuncia, García dijo que en julio de 2003, por petición de las Auc, Noguera nombró a Rómulo Betancourt en la dirección del DAS en Bolívar, para sacar del camino a quienes señalaba el jefe paramilitar. Según García, en noviembre de 2003, funcionarios del DAS y miembros de las Auc enviados por Jorge 40 asesinaron a Zully Codina Pérez, enfermera del Hospital Central de Santa Marta que pertenecía a la CGDT, seccional Magdalena, y el 17 de septiembre de 2004 dieron muerte en Barranquilla al profesor Alfredo Correa D'Andreis. "Me sorprendió mucho el asesinato del profesor Correa puesto que yo había visto el listado antes de esos hechos", dijo García y destacó el hecho de que las muertes coincidieron con la llegada de Giancarlo Auqué de Silvestri a la dirección de Inteligencia del DAS, trasladado temporalmente de la Secretaría General del DAS y muy amigo de Noguera.

En otro aparte de la confesión, García relató que cuando el DAS tuvo información en el sentido de que en Taganga, cerca de Santa Marta( departamento del Magdalena), se había conformado una célula del Eln, Noguera le comentó que le había pedido a Gloria Bornacelly, entonces directora seccional, que actuara. "Me dijo que él ya le había dicho a ella que no quería presos -aseguró el testigo-, que lo mejor era darlos de baja".(…)”

Rafael García lo Confirma:

“(…)SEMANA: Háblenos sobre la lista que tenía el DAS sobre algunos sindicalistas y la campaña de exterminio.
R.G.: Mire, el señor Correa de Andreis fue detenido en Barranquilla por unidades del DAS de Bolívar. Yo me pregunto si como dice Rómulo Betancourt, el entonces director del DAS de Bolívar, que él no tenía jurisdicción en Barranquilla, por qué fueron señores del DAS de Bolívar a detener a Correa en Barranquilla. Cuando al profesor lo detienen, lo llevan a Cartagena. Después, Javier Mostarela buscó varias veces por teléfono a Jorge Noguera para pedirle que por favor interviniera a favor del señor Correa de Andreis. Jorge Noguera se le escondió. Ese señor me llamó a mí. Cuando yo le dije a Jorge Noguera que Javier Mostarella lo estaba llamando por el tema de Correa de Andreis él sí me dijo a mí que él no tenía nada qué hacer. Cosa que me pareció curiosa porque lo tenía detenido el DAS y él era el director del DAS.

SEMANA: ¿Cómo obtiene la lista de sindicalistas que iban a ser asesinados?
R.G.: Los detectives que me contaron del asunto me mostraron parte de la lista. Lo que yo hice fue anotar parte de los nombres. A mí me llamó la atención porque aparecía el nombre de Zullty Cotina que ya la habían asesinado y el de Correa de Andreis que fue asesinado después de que yo vi esa lista.

SEMANA: ¿Quién planeo esos asesinatos? ¿Eso venía de antes de llegar Noguera al DAS o fue implementado por él cuando asumió la dirección?
R.G.: Lo que me contaron los detectives de la subdirección de análisis es que fue algo que se manejó durante la administración de Jorge Noguera.

SEMANA: ¿Había una consigna de “eliminar” sindicalistas y todo aquello que oliera a izquierda?
R.G.: No se si todo lo que oliera a izquierda pero sí personajes de ese sector.

SEMANA: ¿Usted le comentó eso a Noguera y él qué le dijo?
R.G.: Yo nunca le toque ese tema a él. Él nunca supo que yo estaba enterado de eso. Pienso que para mi fortuna porque si él se enteraba que yo sabía eso quién sabe qué me habría ocurrido.

SEMANA: ¿Esos crímenes eran ejecutados directamente por gente del DAS o por paramilitares?
R.G.: Eran ejecutados por grupos de autodefensa. Pero me dijeron que en particular el de Alfredo Correa de Andreis había sido ejecutado por gente del DAS. Yo le dije a la fiscal que también me mencionaron a un sindicalista de Cartagena que fue asesinado cuando iba con su niño agarrado de la mano.(…)

Anexo 1.

Otro ex-agente del DAS, confirma las denuncias de Rafael García y revela la participación de la CIA en ejecuciones sumarias.
El 7 de septiembre de 2005 el agente del DAS, Carlos Andrés Moreno, fue destituido de su cargo. Buscando ser reintegrado, el 10 de septiembre recurrió ante el entonces sub-director del DAS, José Miguel Narváez, a quien contó varios secretos. El ex-agente Moreno se hizo acompañar de un agente del grupo Gaula (grupo de operaciones especiales, compuesto por agentes de diferentes servicios de seguridad). También tomó la precaución de grabar la conversación. La revista cambio en su edición del 10 de abril de 2006, transcribe apartes. Veamos:

“(…) LA GRABACIÓN

AGENTE QUE ACOMPAÑA A MORENO: Mire doctor, lo que pasa es que aquí al muchacho, a Carlos, lo tenían, según el término que nosotros utilizamos, para ir a 'cascar gente'. Ariza -entonces jefe de Inteligencia- le decía que había que hacer la vuelta. Le compraban la moto, le compraban el arma y eso 'tantan', iban y cascaban, iban y botaban. Esa es la verdad.
CARLOS ANDRÉS MORENO: Sí, esa es la verdad, doctor.

AGENTE: Él no se les salió de las manos porque en ningún momento ha sido desleal con la institución. Pero ¿qué pasó? Que a ellos sí les comenzó a preocupar que él ya conoce muchas cosas.
JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ: ¿Pero cómo era eso? Cuéntenme más...
MORENO: Cuando a Enrique Ariza lo aprobaron como jefe de Inteligencia, me llamaron para reunirme con unos pelados que son de un grupito que trabaja con Scott. Yo conozco a Scott, es de la CIA. En ese momento se estaba conformando un grupo para limpieza de la misma gente del DAS. Muchas veces hice el trabajo de matar informantes. Me lo encargaban y entonces yo lo hacía.

AGENTE: Sí, él lo ha hecho por la institución... Lo están buscando para matarlo y tampoco merece estar por fuera, doctor (...)
NARVÁEZ A MORENO: ¿Y todo esto tiene que ver con tu problema? Entiendo que Gabriel (Sandoval) y tú no se entienden para nada nada...
MORENO: Doctor, ¿quién era la mano derecha de Gabriel Sandoval en la Cundinamarca? Rafael Echavarría. ¿Cuál fue el problema conmigo? Que ellos estaban hablando con los 'paracos', con El Pájaro, que reciben plata de ... Y como yo nunca le salí a esa gente. Un día yo me fui a operación contra unos cultivos y unos laboratorios y resultó que eso era de esa gente. ¡Yo qué iba a saber!

NARVÁEZ: Tú estabas cumpliendo con tu deber...
MORENO: Exacto, doctor. Entonces yo no le servía al jefe, yo me convertí en una piedrita en el zapato para él porque como le dije: "Gabriel, si usted me dice 'hay una silla con una patica rota, no se siente en ella porque se va a caer', pues yo busco otra para sentarme". Yo no soy torpe. Yo sé de todas esas reuniones, quién los recoge y todo ese cuento, y yo no me iba a poner a decir y tampoco ir a meterme con ellos, porque yo soy inteligente. Ahora... ¿recuerda, doctor, el día que yo lo llamé a usted para lo del computador con la información de Venezuela?
NARVÁEZ: Sí, me acuerdo.
MORENO: Pues ese día nos reunieron y no sé qué le disgustó al jefe Gabriel, pero me dijo que por qué yo no lo había llamado primero a él. Yo le dije que porque él estaba ocupado y entonces yo tuve que hablar primero con usted y con la Luz Marina (directora operativa). Ahora a mí me están cobrando de eso cinco millones de pesos que yo le tengo que pagar al informante porque uno tiene que ser serio. Ese informante me dio una datos de unas personas de la Disip (cuerpo de seguridad venezolano) que estaban trabajando aquí en Cundinamarca y otras que estaban en Bucaramanga. Y el jefe sabía los nombres de todos y gracias a eso se hizo la operación en Bucaramanga. ¿Y entonces qué pasa? Que el informante nos habló de una finca que tenía por allá, en límites de Norte de Santander con Venezuela, el papá del doctor Noguera. Quedó de traernos las coordenadas y nos dijo que allá es donde descansan los de las Farc. Y entonces Gabriel me hizo a un lado y le dijo a la fuente que necesitaba esas coordenadas.

NARVÁEZ: ¿Quién te dijo eso? ¿Gabriel?
MORENO: Sí, doctor. No sé para qué, pero le dijo que necesitaba esas coordenadas. Entonces yo le dije al informante: "La embarró, hermano". Entonces Gabriel comenzó a acosarme: "Hermano, necesito esas coordenadas, necesito las fotos, necesito esa vaina". Y a mí no me interesa meterme en eso...

NARVÁEZ: ¿Y esa reunión cuándo fue?
MORENO: La reunión fue el 20 de julio. Almorzamos frente al búnker de la Fiscalía. El día que se negoció lo del portátil ese. Entonces el jefe dijo: "No, este man, o sea yo, se me salió de las manos".

NARVÁEZ: ¿Y tú sigues teniendo acceso a esa fuente? ¿Gabriel no te la ha podido quitar?
MORENO: Sí, yo la mantengo. Él no pudo quitármela. Por eso es la bronca de él conmigo.

NARVÁEZ: No te la dejes quitar (...). Ahora hablemos de Enrique (Ariza).
MORENO: Enrique me habló de ella, de la doctora (se refiere a Ana Padilla presente en la reunión), recién posesionado como director de Inteligencia.

NARVÁEZ: ¿Pero te habló de ella? ¿En qué términos?
MORENO: Que le estaba arreglando algo para mandarla dar de baja...

NARVÁEZ: ¿A Anita?
MORENO: Sí, él quería organizar un grupo con unos pelados que él conoce. Pero es gente leal a la institución, no son bandidos, ni delincuentes; son antisubversivos, antidelincuenciales... Entonces yo pienso que la voluntad de él es contra ella.
MORENO: Después él me mandó a robar un proceso a la Fiscalía que vincula a una gente con Varela. Yo creo que eso era para Varela

NARVÁEZ: ¿Y al fin lo hiciste?
MORENO: Sí, yo lo hice.

NARVÁEZ: ¿Y a quién se lo diste?
AGENTE: Nosotros también sabemos los nombres de los cuatro muchachos, de los cuatro funcionarios, que son los que le mueven todo a Enrique Ariza. Uno es Daniel Stuart Usma; Orlando Vacca, que es un pelado al que le robaron un carro de Inteligencia...

NARVÁEZ: Ah, sí, yo sé.
MORENO: Ese pelado. Él estuvo en la vuelta de la pérdida de la carpeta de Martín Llanos dentro del ¿Quién le tapó eso? Ya sabemos quién. Están también José Gabriel Solano y Uberney Solano, de Análisis.

NARVÁEZ: ¿Son hermanos?
MORENO: No sé, doctor. Daniel Stuart y Orlando Vargas son los que hacen los contactos a la gente del DAS que se está reuniendo con los del Bloque Capital... Ellos también estuvieron en la vuelta de la carpeta de Varela en la Fiscalía.

NARVÁEZ A MORENO: ¿Tú le entregaste la carpeta a Daniel?
MORENO: Sí, en una panadería que queda ahí cerquitica a la oficina de Antisecuestro del
NARVÁEZ: ¿Y era que tú tenías acceso a la Fiscalía?
MORENO: Sí. Había que pagar y me dieron cinco millones para pagar.

NARVÁEZ: ¿Y qué hicieron con esa carpeta?
AGENTE: Yo creo que se la mandaron a Varela. Yo le dije aquí a mi amigo: "Mire, yo respondo por usted. Vamos a salir a darle cara al doctor Narváez". Ahora... donde se den cuenta de esta reunión, nos levantan. Hay vainas muy graves. Enrique (Ariza) nos utilizó mucho. Matamos gente por él. Una vez pensamos que era gente de las Farc pero después nos dimos cuenta de que era por intereses personales. Esa es la verdad.
'ÉL SE ROBÓ UNOS DOCUMENTOS DE ALLÁ, DE INTELIGENCIA, DE MIGUEL ARROYAVE'. AGENTE ACOMPAÑANTE
MORENO: Sí, esa es la verdad, doctor.
NARVÁEZ: ¡Nooo! ¿Y qué otros casos tienen por ahí? Uno, lo de Anita; dos, esto. ¿Qué más?
AGENTE: Él se robó unos documentos de allá, de Inteligencia, de Miguel Arroyave.

NARVÁEZ: ¿Quién?
ACOMPAÑANTE: Enrique. Y me los dio a mí.
MORENO: Sí, eso era para Miguel Arroyave y para la organización. Y hubo mucha plata. Es más, doctor, si se verifica todo eso, yo sé que borraron información de eso. Y también lo inflaron para poder cobrar más. Por ejemplo, si había 30 páginas le agregaban 20 más. Yo hablé con Enrique un día que almorzamos aquí en el Cali Mío, aquí cerca del

NARVÁEZ: ¿Quién te dijo eso y tú cómo sabes que se pagó?
MORENO: Enrique me lo dijo y me lo confirmó una gente del Bloque Capital que yo conozco: Chamizo, Zarco y otros que eran de Yopal y que ya mataron. También a Javier, que era uno de los jefes del Capital y que después de que mataron a Miguel Arroyave, él se fue para Cúcuta.

NARVÁEZ: ¿Cómo era Miguel Arroyave físicamente?
MORENO: Era alto, ojos claros, muy pausado para hablar. Usaba gorra y cargaba una pistola P99.

NARVÁEZ: ¿De dónde era?
MORENO: De Amalfi. Yo lo conocía. Él tenía una finca, Chirajara, doctor, en San Martín, Meta. Yo asistía a reuniones de él con funcionarios del Hay otros nombres que me reservo por ahora para ser firme con la institución. Usted me entiende.(…)

Anexo 2.

El vehiculo presidencial al servicio de jefe paramilitar

“ Jorge 40 al Volante

Los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que investigan a Jorge Noguera, ex director del DAS y hoy cónsul de Colombia en Milán, encontraron la semana pasada algo escandaloso.
El 17 de noviembre de 2005, el entonces subdirector del DAS, José Miguel Narváez, llamó por teléfono a los directores seccionales en Atlántico y Cesar y les dijo que por instrucciones de Noguera debían poner a disposición de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, en Santa Fe de Ralito -donde estaban concentrados los comandantes de las Auc-, una camioneta blindada para su protección personal. Así ocurrió y días después el jefe paramilitar ya usaba una Toyota Prado, roja, de placas QGC851, con blindaje cinco y dotada de un chip especial para pasar de largo en los retenes de la Fuerza Pública.
Lo increíble de la historia es que el vehículo había sido adquirido por la Gobernación de Atlántico y entregado en comodato al DAS para uso exclusivo del presidente Álvaro Uribe cuando visitara la Costa Atlántica. Enterado del asunto, el Gobierno ordenó buscar la camioneta, que fue hallada en Valledupar con Jorge 40 al volante.”

ANEXO 3

El teniente que se convirtió en jefe Narcotráfico y luego en interlocutor del gobierno en Ralito.

En el año 2002 el gobierno nacional expide la ley 782 que le da piso jurídico a las componendas con los paramilitares. El año siguiente los cabecillas paramilitares se instalan en la población de Santafé de Ralito, en el departamento de Córdoba, cerca de las propiedades agrícolas de Uribe Vélez. Dentro del restringido grupo de “negociadores” de los paramilitares, aparecen varios nombres conocidos en el país como narcotraficantes y muchos de ellos requeridos en extradición por los EEUU.

En 2004 se aprueba la ley de “Justica y Paz” que permite a los paramilitares que confiesen sus delitos voluntariamente, ser amnistiados. En cuanto a las extradiciones, los reconocidos narcotraficantes, ahora “voceros paramilitares”, se beneficiaron de la suspensión de ordenes de sus extradición, decidida por Álvaro Uribe, por tratarse de personas que se encuentran en “proceso de paz con el gobierno”.

La desmovilización paramilitar no ha sido más que una farsa, los paramilitares continúan sus actividades criminales que ya no constituyen delito. Según el alto comisionado para la Paz, más de 30.000 paramilitares “dejaron las armas”, de ellos 604 han confesado delitos, el resto, más de 29.000 son angelitos, que no tienen cuentas pendientes ni con la justicia, ni con la sociedad.

La revista Cambio, del 16 de abril, publica el caso de uno de estos personajes:

Néstor Caro, un extraditable que se paseaba como Pedro por su casa en el DAS, es el hombre clave de la infiltración paramilitar en ese organismo.
NÉSTOR RAMÓN CARO CHAPARRO, teniente retirado del Ejército, tenía reservado un tratamiento VIP en la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Estaba exento de anuncios y antesalas y cuando iba a visitar sus dependencias gozaba de prelación en todos los trámites que solicitara. Eso lo sabían bien los funcionarios que en tres ocasiones, entre 2002 y 2004, le expidieron certificados judiciales y que jamás le hicieron aguardar más de 12 minutos para entregarle el documento, mientras que las personas que se agolpaban en las filas externas madrugaban y se sometían a esperas de hasta ocho horas.
Los privilegios y contemplaciones para él se mantuvieron incluso después de que la Fiscalía le libró, el 29 de marzo de 2004, una orden de captura con fines de extradición para que compareciera en juicio ante la Corte de Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, que lo requería por narcotráfico y lavado de dinero.

Cuando eso ocurrió, y mientras la Policía y otros organismos de seguridad lo buscaban, sus contactos en el DAS le expidieron el documento "a distancia". De hecho, el 10 de mayo de 2004 -41 días después de que la Fiscalía impartió la orden- le imprimieron un nuevo certificado y lo eximieron de la toma de huellas digitales y de los registros fotográficos. Lo hicieron pese a que las normas legales exigen que los trámites para la expedición del certificado judicial deben ser hechos personalmente por el interesado.
Todo esto fue corroborado por una auditoría a los sistemas de información sobre ingreso y salida de personas, ordenada por la Fiscalía, en enero de 2005, a raíz de un escándalo fugaz que trascendió a los medios de comunicación cuando funcionarios judiciales encontraron que servidores del DAS se prestaron para borrar antecedentes a extraditables y narcotraficantes.

De acuerdo con el documento, conocido íntegramente por CAMBIO, cuando el 22 de junio de 2004 la Policía y la DEA le preguntaban al DAS por información sobre Caro -señalado entonces como un narcotraficante oriundo de Yopal, Casanare, y ligado al cartel de los Llanos-, esos mismos contactos decidieron borrar toda huella de él. Con ese propósito, suprimieron de la base de datos todos los registros a su nombre, incluidos tanto los judiciales como los migratorios. (…)

En Ralito
El 14 de marzo de 2005 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz recibió, por primera vez, noticias de prensa que se referían a Néstor Ramón Caro Chaparro. La información, basada en reportes de inteligencia de la Policía, indicaba que este hombre, desconocido entonces en el país, había logrado colarse como paramilitar en Santa Fé Ralito para evitar su extradición.
Sin ocultar su molestia, el comisionado Luis Carlos Restrepo consideró inadmisible que los organismos de inteligencia les entregaran esos datos a los medios de comunicación antes de enterarlo a él sobre lo que ocurría en la zona de concentración paramilitar. "¿Si sabían dónde estaba ese señor, porqué no iban y lo capturaban? Eso no es para armar un alboroto a través de los medios de comunicación", dijo Restrepo en una entrevista radial.

Ahora, tras la investigación de CAMBIO sobre los antecedentes de este personaje queda claro que se trata de algo más que un alboroto armado por la prensa. En efecto, las autoridades comprobaron que Néstor Ramón Caro o Felipe o El Duro, logró ponerse el falso ropaje paramilitar al lado de Javier Zuluaga Lindo, Gordo Lindo, y los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, después de pagar varios millones de dólares por el pasaporte de ingreso a Ralito.

Los investigadores tienen la certeza de que Caro habría comprado por tres millones de dólares la franquicia de un grupo paramilitar que perteneció a Miguel Arroyave.
Aun cuando Caro ha mantenido un bajo perfil, en los archivos de las autoridades aparece registrado como un hombre con un gran poder económico en el departamento de Casanare, donde se hizo al control de las fincas más productivas de esa región, entre ellas Morichales, Hato Pobre y Morichitos. De igual manera, en febrero los organismos de investigación descubrieron que Caro es propietario de grandes extensiones de cultivo de hoja de coca en las inspecciones de Carupana y Caribayona, no lejos del municipio de Villanueva, una zona crítica del Casanare.