Con la caída de Noguera, ex jefe de su policía política, Uribe intensifica su agresión contra el Polo. Arremete contra el director de VOZ, compañero Carlos Lozano, con el arma de la calumnia. Pretende desconocer la sostenida contribución al canje humanitario y se va al ataque cuando es desenmascarado en sus mentirosas afirmaciones sobre el falso emisario con la guerrilla. Es una explosión exagerada y torpe. No obstante, hace parte de una estrategia defensiva cuyo hilo direccional es preparar las condiciones de la represalia a sus opositores. Su objetivo es golpear el Polo selectivamente. Intentar la judicialización, a partir de informantes y cooperantes, de los opositores de izquierda. Poner en marcha las “órdenes de batalla” de la inteligencia militar, es decir, los listados de personas “acusados” de “cómplices” de la insurgencia. El mismo tipo de listados, anotamos de paso, que Noguera, entonces director del DAS, deslizaba a los verdugos paramilitares, aliados del Gobierno en el marco de la aplicación de la “seguridad democrática”.
Ya el martes 20 de febrero, Uribe acusaba al parlamentario comunista Wilson Borja de pertenecer a “una fracción de un partido político” que “ha convalidado la idea de las diferentes formas de lucha”, “verdad que todavía no se ha establecido (…) porque eso nunca se judicializó y contó con una especie de manto (…)”. Y agrega: “esa parte de la historia hay que contársela al mundo y el Estado no enfrentó eso debidamente”. ¿Qué quiere decir todo eso? Uribe intenta una judicialización ideológica de la resistencia democrática popular a la violencia y la represión desde el poder. Una especie de juicio a la historia. ¿Con qué propósito? Mostrar que el paramilitarismo ha sido una respuesta justa a la pretendida violencia desde la izquierda. La criminalidad masiva contra los trabajadores, las masacres amparadas y ejecutadas por el Estado o con su complicidad, el genocidio de la UP y los comunistas quedarían exculpados por esa otra verdad con la que amenaza Uribe.
¿Por qué el jefe del Estado justifica el paramilitarismo? ¿Qué clase de silencio intentan negociar los altos funcionarios, incluido el Alto Comisionado para la Paz, en Itagüí? ¿Qué pretende la comisión de reconciliación y reparación remontando la victimización a 1964? ¿La investigación contra el ex gobernador Jaramillo del Tolima es el inicio de un juicio político, con el mismo informante de la supuesta desmovilización y el avión de Corozal atribuidos a las FARC el año pasado?
Cuando crujen los cimientos del edificio uribista, Uribe aplica el “todo vale”. Se enfoca a la cacería de brujas, en el peor estilo del anticomunismo, heredado de Laureano Gómez, en esta ocasión contra el Polo como proceso unitario y pluralista de la izquierda.
Pero se equivoca una vez más. El proyecto de Estado fascista, mafioso y narcoparamilitar está condenado al fracaso. La unidad de todos los colombianos (as) demócratas consecuentes forma ya una barrera de solidaridad en defensa y desagravio de todas las personas perversamente acusadas por Uribe. Y un ariete que agrega nuevas fortalezas desde la lucha popular, en pro de un gobierno democrático y legítimo que sustituya el vergonzoso régimen uribista.
