El tiempo político es diferente del tiempo histórico. Marx descubrió que en política un día vale por décadas de discurrir corriente. Destacaba así la velocidad de los procesos de cambio en las etapas revolucionarias. Esto lo evocamos ahora para resaltar que en los dos meses de este año el gobierno de Uribe ha sufrido un desgaste que no tuvo en los cuatro años del primer mandato.
Los elementos de este desgaste van tomando una prisa que desafía los cálculos de los analistas oficiales. Las falencias del proyecto uribista se hacen más pronunciadas. Entre ellas está la ausencia de una fuerza política real y coherente que exprese y defienda su doctrina y sus actos. La miseria política de la coalición de Gobierno está demostrada por el desconcierto de sus integrantes, de lo cual se queja el propio Presidente cuando dice que “la clase política amiga... no defiende esto, no da la batalla”.
No es casual que sean los directos exponentes de los poderes económicos quienes dan la cara. Santo Domingo resulta proponiendo la reelección perpetua. Y Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi, regaña a los ministros por no asumir la defensa del Gobierno, actitud que “estamos echando de menos en el sector privado”. Por eso, explica Uribe, “me toca a mí salir a la batalla”.
Todo ello es una señal del acelerado desarrollo de los elementos que pueden conducir a la crisis del actual mandato, más allá de las encuestas y de las audiencias sabatinas.
Las múltiples facetas de este desajuste del sistema –que copa diversos frentes del Gobierno, que no es necesario enumerar aquí- van sacando a flote propuestas de salida que llevan el sello de quienes las formulan. Casi todas no pasan de medidas circunstanciales o de remedios caseros dentro de la lógica de mantenimiento del modelo. Incluso, el Gobierno y sus peones parlamentarios, en su angustia crítica, proponen “reformas” dirigidas a sacarle partido a la crisis, para dar la sensación de enfrentar la situación.
Pero el fondo de la emergencia es estructural. Es la manifestación de un inevitable fracaso de la política de guerra, de autoritarismo y de exclusión que este Gobierno ha agudizado al extremo y que es contraria al actual entorno de América Latina, caracterizado por la autonomía nacional y el protagonismo popular.
Es obligatorio por eso avanzar hacia la democracia real y popular, hacia la paz negociada en función de cambios políticos, hacia la emergencia de la participación del pueblo con un programa de solución de los profundos problemas sociales de los trabajadores.
Lo cual requiere un cambio del poder del Estado, la formación de una verdadera coalición de todo el pueblo contra Uribe y su combo, la salida de éste del Gobierno y la formación de un poder democrático que responda a las exigencias populares.
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