La “Parapolítica” va a los bananos : Indymedia Colombia

Marzo 29 de 2007

En un escándalo con implicaciones de gran alcance para los lazos entre los EE.UU. y Colombia, la gigante compañía frutera Chiquita Brands International aceptó pagar US$25 millones al gobierno de los E. U. A., en multas, a principios de este mes, por hacer pagos superiores a los US$1.7 millones a un grupo terrorista de la organización paramilitar colombiana.

En el centro del escándalo están los cuerpos de las autodefensas unidas de Colombia (AUC), una organización “paraguas” de la organización paramilitar de derecha responsable de incontables masacres y desplazamientos forzados durante la última década. Las operaciones de las AUC han disfrutado de la tolerancia o de la colaboración del personal de seguridad colombiano, que ve en aquellas aliados de facto en su lucha de décadas contra la guerrilla de izquierda.

El Fiscal General de Colombia ha abierto un caso similar ahora, y ha pedido información al departamento de justicia. Colombia también podría pedir la extradición de ocho funcionarios de Chiquita bajo los cargos de que la compañía usó uno de sus barcos para entrar armas de contrabando destinadas al mismo grupo de la organización paramilitar.

Las noticias sobre el vínculo entre los bananos y el terror provienen de las continuas revelaciones en torno a la profundidad y amplitud de las influencias de la organización paramilitar en todos los niveles del gobierno. La "Parapolítica" ya ha tumbado a una Ministra de Relaciones Exteriores del país, a un Gobernador de departamento y al jefe de la policía secreta, entre otros.

Ahora el escándalo va en aumento y está rodeando a uno de los aliados más cercanos del presidente Álvaro Uribe. Justamente la semana pasada, el diario Los Angeles Times reveló un informe de inteligencia confidencial que ha estado circulando recientemente en el sentido de que la CIA da cuenta de que el superior del Ejército de Colombia, General Mario Montoya, planeó y ejecutó en 2002 una operación militar en Medellín auxiliado por organizaciones paramilitares. El Ejército mató a al menos catorce personas durante la llamada "Operación Orion", y, según dice el informe, desapareció docenas de personas durante el barrido.

Muchos se preguntan si la crisis será la ruina del mismo presidente Uribe, quien es considerado como el máximo aliado de Washington en América Latina.

Estas revelaciones recientes y la recolección cada vez más grande de documentos a los cuales se les ha levantado el secreto oficial están empezando a proporcionar una fotografía más clara, no sólo de cómo se hacen los negocios en Colombia sino también de los nexos del terror “paramilitar - empresarial – Estatal” que alimenta el conflicto en Colombia.

¿De buena fe?

La acusación manejada por los abogados de los EE.UU. en el caso de Chiquita describe en los términos más lúcidos la naturaleza deliberada y metódica de la relación de ésta con las organizaciones paramilitares.

Los pagos de Chiquita a los “paras” comenzaron en 1997, el año en que las AUC fueron fundadas, y continuaron hasta febrero de 2004. De la mayor importancia es que la compañía entregó al menos US$825,000 al grupo paramilitar, después de que fue considerado como organización terrorista extranjera (FTO) en 2001. La Ley de los EE.UU. prohíbe el apoyo a cualquier organización que se halle en la lista de la FTO del Departamento de Estado.

Chiquita había estado haciendo pagos similares a las FARC y al ELN, organizaciones guerrilleras de izquierda, desde su retorno a Urabá en 1989. Siete años antes la compañía había vendido sus propiedades en la región debido a la guerra, pero fue atraída nuevamente allí con la promesa de que los mercados internacionales de la fruta se estaban expandiendo.

No está muy claro si en la decisión de Chiquita tuvo peso el hecho de que en 1997 los “paras” desplazaron a los guerrilleros. Un factor sí pudiera haber sido la ley , pues en ese año tanto las FARC como el ELN fueron añadidos a la lista de FTO. Las AUC no fueron adicionadas a la lista sino hasta el año 2001. Pero también era claro que los “paras” ya habían adquirido ventajas en Urabá, la región bananera por excelencia del país, y el centro de las operaciones de Chiquita en Colombia.

Los pagos fueron arreglados con Carlos Castaño, el jefe (ahora muerto) fugitivo de las AUC, en una reunión en 1997 con funcionarios de Banadex, una filial colombiana de Chiquita. Castaño y otros jefes de la organización paramilitar crearon las AUC ese mismo año, coordinando las estrategias militares y políticas de grupos de la organización paramilitar antes existentes.

La acusación indica que el jefe de la organización paramilitar usó una combinación de coerción e incentivos. "Castaño envió un mensaje no hablado pero claro en el sentido de que si no se hacían los pagos podría haber daños físicos" a la compañía y a su personal. Por otro lado, también garantizó a Banadex "que las AUC estaban a punto de sacar a las FARC de Urabá."

Castaño cumplió con su promesa. El primer pago llegó para ayudar a financiar una expansión de influencias por parte de la organización paramilitar, hacia el sur del país. Durante los siguientes siete años, Chiquita haría más de 100 pagos diferentes a las AUC, y estas llevarían a cabo sus masacres más terribles.

La ofensiva de la organización paramilitar empezó en julio de 1997 con el asesinato de al menos treinta civiles en Mapiripán, una aldea tradicionalmente con control de la guerrilla, una región lejana al sudeste de Colombia, con predominio en el cultivo de droga. Aproximadamente 200 efectivos paramilitares de las AUC fueron llevados de Urabá para perpetrar la masacre; su entrada y salida fueron facilitadas por la tropa local del ejército.

Los asesinatos de la organización paramilitar aumentaron dramáticamente mientras los pagos continuaron. Las AUC lograron rápidamente reputación por la brutalidad de sus crímenes, y Castaño se jactó de muchos de ellos abiertamente. La masacre dejó un rastro de cadáveres destrozados a través del país, desde las fincas bananeras de Urabá a los campos de coca del Putumayo. Una abrumadora mayoría de las víctimas fueron civiles.

La acusación dice que los pagos "fueron examinados y aprobados por altos ejecutivos de las sociedades anónimas", quienes conocían a más tardar en septiembre de 2000 "que las AUC eran una organización violenta y paramilitar conducida por Carlos Castaño”.

Chiquita insiste en que lo que hizo fue tratar de hacer lo correcto. "Los pagos siempre fueron hechos por la compañía, motivados por nuestra preocupación de buena fe para la seguridad de nuestros empleados ", manifestó Fernando Aguirre, de Chiquita, en una declaración publicada el 22 de marzo en el Chicago Tribune.

Los" pagos de "Buena fe" continuaron por más de uno año, incluso después de que la compañía reveló la relación al departamento de justicia, en 2003. En ese momento, los abogados de Chiquita insistieron en que la compañía pondría fin al convenio. Una nota de los fiscales anotó "La suspensión de los pagos debe hacerse”. Otra anotó "Ustedes se pusieron en esa situación en forma voluntaria".

"Bajo coacción la defensa puede desgastarse a través de la repetición. La decisión de Buz [la empresa] de quedarse en el peligro. Chiquita debe dejar Colombia."

Increíblemente, Chiquita hizo por lo menos diecinueve pagos más, incluso después de que el departamento de justicia le dijo a la compañía que "los pagos a las AUC eran ilegales y no podían continuar."

Mario Iguarán, el Fiscal General de Colombia, dijo que pedirá la extradición de ocho funcionarios de Chiquita involucrados en el caso. Su oficina también está buscando información sobre cargos referidos al desembarco en 2001 de aproximadamente 3400 rifles de AK-47 y 4 millones de cartuchos en un container de Banadex destinados a las AUC. Estos cargos fueron detallados por vez primera en 2003, en un informe de la OEA.

La Conexión Convivir

La acusación contra Chiquita también se conecta con el Estado colombiano a través de un programa conocido como Convivir, una red de cientos de cooperativas de seguridad particulares autorizada por el gobierno para patrullar zonas rurales y coleccionar inteligencia bajo la dirección de comandantes militares locales.

La conexión de las Convivir es particularmente resonante ahora. El Presidente Alvaro Uribe fue uno de los patrocinadores clave del programa mientras fue Gobernador de esa región a mediados de la década de 1990. Como presidente, ha establecido similares servicios de inteligencia y similares redes de seguridad a lo largo del país.

La acusación pone en una lista docenas de pagos de AUC que fueron canalizados a través de "intermediarios" de grupos Convivir, "varios" en Urabá. Las AUC utilizaron estos grupos "como frentes para recaudar dinero de empresas, para respaldar sus actividades ilegales."

El hecho de que la compañía fuera obligada a canalizar sus pagos ilegales a través de la mayor red de seguridad apoyada por el Estado, es bastante diciente. Evidentemente las AUC no tuvieron interferencia, y al final, las Convivir parecen haber funcionado tal y como los servicios de inteligencia de los E.U.A. lo predijeron.

Desde el comienzo, oficiales de los EE.UU. habían dicho que el programa "degeneraría en grupos de la organización paramilitar incontrolados”." El Embajador Myles Frechette escribió en 1994 que "nunca había existido un ejemplo en Colombia de un grupo de seguridad para-estatal que no hubiera actuado en última instancia desconociendo los derechos humanos o que no hubiera sido corrompido por los intereses económicos locales."

Un coronel del Ejército colombiano le manifestó a la Embajada en 1997 que había "Problemas serios con el movimiento legal de las " Convivir"", y reconoció el "potencial de que las Convivir se convirtieran en organizaciones paramilitares."

Efectivamente, las Convivir fueron vinculadas a las masacres más brutales de la ofensiva de las AUC. El presidente de una Convivir de Urabá fue encontrado en 1998 en la escena de una masacre de catorce campesinos, cerca de la capital colombiana. Un experto colombiano dijo a la Embajada de los Estados Unidos que, de la misma manera que en Mapiripán, estos asesinatos "enviaron un mensaje a las FARC, de que las organizaciones paramilitares podían ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa. No pasó mucho tiempo; el presidente de una Convivir de Urabá fue hallado muerto en la escena.

Sobre todo, estaba claro que los ejércitos no estaban ni preparados ni inclinados a desafiar a Castaño. En 1998 la Agencia Central de Inteligencia informó que los oficiales superiores del ejército colombianos "fueron frustrados por el rendimiento deprimente de los ejércitos en el campo de batalla" y pudieron “hacerse los de la vista gorda – y quizás aún ofrecer soporte tácito a las organizaciones paramilitares como su mejor alternativa para atacar a los guerrilleros y hacerlos retroceder."

Por entonces el comandante de las Fuerzas Armadas Manuel Bonett, de la misma manera que su predecesor, Harold Bedoya, demostró "una pequeña inclinación a combatir grupos de la organización paramilitar", de acuerdo con otro informe de la Agencia Central de Inteligencia.

La información obtenida por the Times la semana pasada indica que la Agencia Central de Inteligencia también tiene dudas serias sobre si el comandante actual del ejército colombiano tiene la resolución de romper los lazos con la organización paramilitar. Las acusaciones vinculan al General Montoya con Diego Murillo, el ex jefe de un grupo de la cruel organización paramilitar ubicada en Medellín. Murillo está actualmente en una cárcel colombiana, mientras que el gobierno considera su extradición a los Estados Unidos bajo el cargo de narcotráfico.

El Costo de hacer negocios

"El financiamiento de una organización terrorista nunca puede ser tratado como el costo de hacer negocios", dijo el fiscal Jeffrey Taylor en un comunicado de prensa sobre el caso de Chiquita. Pero mientras el departamento de justicia se merece un poco de crédito por perseguir los lazos de la compañía con los paras, el resultado tiene mucho impacto sobre la manera como se hacen los negocios en Colombia.

Con la declaración de la semana anterior, Chiquita ha recibido un mejor trato que el que se les está dando a las AUC bajo el programa de “Justicia y Paz” del Presidente Uribe.

Los críticos ridiculizan la ley de "justicia y paz" tratándola como un" plan de "Amnistía", diseñado específicamente para los ejércitos de la organización paramilitar de Colombia. El plan llama a las AUC a desarmarse y desmovilizar sus ejércitos a cambio de penas dramáticamente reducidas. A los jefes de la organización paramilitar que acepten hacer confesiones completas y dar pagos a manera de indemnización simbólica a los miles de víctimas del horrible reinado del terror se les garantizan penas pequeñas bajo el citado programa.

Pero a pesar de las nuevas evidencias, es improbable que el proceso revele algo sobre las simpatías de Montoya por la organización paramilitar o los ejércitos de las redes Convivir. La comisión del gobierno establecida para adjudicar el proceso de verdad y reparación no está específicamente autorizada para investigar al Estado colombiano; sólo para hacerlo con los "Grupos armados ilegales."

Parece probable que la revelación de la Agencia Central de Inteligencia hará una excepción en las relaciones con los ejércitos colombianos. Como superior del Ejército colombiano, el General Montoya ejerce grandes influencias, y los Estados Unidos necesitan su apoyo para sus programas antinarcóticos y otras prioridades. El destino de Montoya podría estar más estrechamente relacionado con el control derivado de las decisiones de la fracción Demócrata del Congreso de los EE.UU., en lugar de estarlo por el sistema de justicia colombiano.

El caso de Chiquita proporciona un entuerto adicional. Basado en el hecho de que en los últimos años un número sin precedentes de sopechosos de narcotráfico a quienes se ha extraditado a los Estados Unidos, el gobierno colombiano ha dado un vuelco al tratado de extradición, poniendo ahora al gobierno de los Estados Unidos en una posición delicada, de responder al pedido de extradición de ejecutivos de Chiquita a Colombia. Este caso seguramente dará mucho qué hablar, cuando el gobierno colombiano tenga la oportunidad de desviar la atención de su propio problema con las organizaciones paramilitares.

Pero si nos guiamos por la historia, los ejecutivos de Chiquita tienen poco que temer. La impunidad es, de lejos, la regla más frecuente, que la excepción, en Colombia. Y por lo pronto la convivencia con los grupos paramilitares será el «modus vivendi» que deriva en “el costo de hacer negocios” en Colombia.

Artículo original en Inglés © The Nation - USA