¿Qué va a pasar aquí? : Indymedia Colombia

Abril 01 de 2007

Nada, diría yo; en Colombia nunca pasa nada que afecte a las clases dirigentes sospechosas de la comisión de delitos; sí se afectan, sí, los políticos honrados, a quienes se les ha impedido llegar a la Presidencia (Uribe Uribe, Gaitán, Galán y Pardo Leal) y los líderes cívicos, los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos.

Me hacía yo esta reflexión al leer hace pocos días una declaración de un magistrado, quien conscientemente dijo (¿o se le salió?) que una tutela podría tumbar los procesos de los ‘parapolíticos’.

Este concepto me sorprendió, pues no es el único que tiene ese temor, que yo comparto, y que he comentado con algunos colegas abogados.

En efecto, y lamentablemente en forma explicable, el Gobierno presentó el año pasado un proyecto de ley por el cual se derogaba precisamente el inciso que tipificaba los delitos por los cuales están siendo investigados los presuntos ‘parapolíticos’ y el Presidente, aprobada la ley a las tapandas, la sancionó el 30 de diciembre del 2006.

Uribe sabía, por supuesto, lo que iba a ocurrir con sus amigos que ya habían declarado en la Corte, órgano cuyos miembros, caballerosamente, dijeron antes del cierre judicial que no iban a perturbar la Navidad de los inculpados y que en enero del 2007 les resolverían su situación.

Visto lo anterior, y dadas las penosas circunstancias que nacional e internacionalmente afectan el país, cualquier ingenuo hubiera podido pensar que el Presidente objetaría la ley por inconveniente, pero eso es no conocer la proclividad del Gobierno por los paramilitares y por sus protegidos, los caciques políticos.

Podría, pues, ocurrir que por el principio de la favorabilidad de la ley penal, la Corte Constitucional tumbara el edificio que trabajosamente viene construyendo la Corte Suprema, con el apoyo y en medio de la solidaridad de los colombianos de bien.

Jurídicamente cuál es la situación: la nueva ley sería más favorable, pues deja en la impunidad absoluta a los ‘parapolíticos’ y hay argumentos, como ya lo señalé, para decidir que es ésta la aplicable al monstruoso escándalo que se está destapando y que presume que Uribe trató de impedir al sancionar la Ley de 30 de diciembre del 2006.

La Corte ha dicho que se aplica la ley anterior, que es más favorable, porque las penas que impone, en general, son menores a las de la nueva ley.

No soy penalista, pero me conozco bien el país, a sus habitantes y al Gobierno y temo –y lo denuncio desde ahora- que en algunos meses estaré repitiendo la vieja frase “aquí no pasa nada”.

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