LOS RETOS DEL CASO NOGUERA Y LOS CONGRESISTAS QUE RENUNCIAN : Indymedia Colombia

La semana termina con un país pendiente de si la Fiscalía será capaz de sobreponerse a la cadena de escándalos y anomalías, para hacerle frente de manera eficiente, pronta y transparente al grueso de los procesos de la parapolítica. Retos y riesgos

NO HA sido fácil la gestión de Mario Iguarán al frente de la Fiscalía. Semana tras semana, la controversia ha estado a la orden del día… La demora para recibir el testimonio de Virginia Vallejo en el caso por el magnicidio de Galán; el escándalo por la presencia en el ente acusador del mentalista Armando Martí; los rumores sobre filtraciones de información estratégica de procesos y extradiciones; las salidas forzadas de altos funcionarios; las versiones sobre presunta cercanía del jefe del ente acusador con la Casa de Nariño; la polémica por la propuesta para aplicar un beneficio penal a los testaferros de los ‘paras’ y a los ‘traqueticos’ que entregaran bienes o denunciaran a los grandes capos; el lento arranque de los interrogatorios a los jefes de las autodefensas en el marco de la Ley de Justicia y Paz; los bandazos en el caso Bancolombia; la caída del proceso penal contra el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes…

En fin, Iguarán ha estado en los últimos meses en el ojo del huracán y bajo el continuo escrutinio de la opinión pública y los medios de comunicación. Como si esa carga ya no fuera lo suficientemente pesada, en los últimos días la Fiscalía quedó en la mira de sectores uribistas y de la oposición, todo por los nuevos rumbos del proceso que busca develar las relaciones entre grupos paramilitares y dirigentes políticos.

En las filas gobiernistas insinúan que el jefe del ente acusador quiere levantar su imagen pública ‘apretando’ al Gobierno en el marco del escándalo de la parapolítica. En las trincheras del antiuribismo se reitera que Iguarán es de la ‘cuerda’ de la Casa de Nariño -fue viceministro de Justicia en el primer gobierno Uribe- y, por lo tanto, no está garantizada del todo su neutralidad en un proceso judicial en el que los principales sindicados son congresistas y dirigentes afectos al Jefe de Estado.

Merlano, Araújo…

Sin embargo, a esa coyuntura se sumó esta semana la que sin duda podría ser la mayor prueba para la gestión de Iguarán. El detenido senador Álvaro Araújo renunció a su investidura parlamentaria -como ya lo había el ahora ex congresista Jairo Merlano- asegurando que no encontraba imparcialidad en la Corte Suprema de Justicia y, por lo tanto, prefería que la Fiscalía asumiera el proceso penal en el que se le sindica de concierto para delinquir, por presuntos nexos con grupos paramilitares, y secuestro.

Las palabras de Araújo demeritando la labor de la Corte y resaltando que en la Fiscalía tendría un proceso más “transparente”, además de la posibilidad de una segunda instancia de juzgamiento, se dieron el mismo día en que el excarcelado ex director del DAS también alababa las calidades personales de Iguarán y le pedía aplicar toda su imparcialidad en el nuevo proceso penal que el propio jefe del ente acusador debe reiniciar contra el alto ex funcionario, a quien el presidente Uribe defendió siempre a capa y espada.

Como era apenas obvio, en varios sectores políticos y periodísticos las ‘alabanzas’ hechas por Araújo y Noguera a la Fiscalía, fueron motivo de comentario y más de uno afirmó que esas declaraciones eran en extremo “peligrosas” para la imagen de Iguarán.

La prevención aumentó aún más en medio de la controversia judicial en torno a si los expedientes de los congresistas sindicados de parapolítica deben pasar a la Fiscalía cuando se produce la renuncia a la credencial parlamentaria.

Para no pocos analistas el hecho de que los investigados quieran hacerle el ‘quite’ a la Corte Suprema y prefieran que sea la Fiscalía la encargada de juzgarlos, evidencia que los sindicados creen que en este último ente tendrán mayor margen de defensa – segunda instancia – pero sobre todo de negociación de la pena, en caso de ser encontrados culpables.

La lectura en la prensa tampoco fue benévola. Varios editoriales y columnas de opinión advirtieron que las renuncias de los congresistas eran un abierto ‘esguince’ a la justicia y que era obvio que los sindicados de parapolítica veían en una Fiscalía afectada por escándalos y bandazos en su cúpula, la posibilidad de un proceso menos drástico, lejano de la rigurosidad que distingue a la Corte Suprema y cuya jurisprudencia sostiene que defraudar la alta responsabilidad política que los electores depositan en los funcionarios de elección popular, constituye motivo de agravamiento de la condena o, por lo menos, negación de beneficios penales y penitenciarios.

Si a ello se suma que, como lo insinuó el jueves pasado el también detenido senador Dieb Maloof, es posible que esta semana o la siguiente se produzcan más renuncias de parlamentarios investigados a sus respectivas curules en el Congreso, se entiende por qué el Fiscal General termina la semana como el centro de atención de un país que exige a la justicia que ahonde en la verdad de todo el escándalo parapolítico y aplique drásticos castigos a los parlamentarios, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, así como a quienes ocuparon esos cargos e hicieron pactos con los grupos de autodefensa para perpetrar fraudes electorales, robar al erario público, desplazar campesinos, quedarse con sus propiedades e incluso secuestrar, asesinar o masacrar personas.

Acompasar con la Corte

Se trata, sin duda, de un gran reto para la Fiscalía y para Iguarán. Ya esta semana algunos juristas advertían que si la Corte Suprema decide dictar medida de aseguramiento a los cinco congresistas que llamó a indagatoria por firmar el Acuerdo de Ralito con los ‘paras’ a mediados de 2001, el ente acusador debía actuar en igual dirección con los 21 ex parlamentarios, ex gobernadores, ex alcaldes y otras personas que también rindieron descargos por el mismo hecho.

Igual ocurre con los otros diez parlamentarios que están ya encarcelados por presuntos vínculos con los ‘paras’. Si éstos llegasen a ser condenados pero los congresistas que renunciaron a su curul y sean procesados por la Fiscalía, terminan en libertad, quedaría en evidencia que si bien hay un solo Código Penal, la aplicación del mismo difiere entre la Corte y el ente acusador.

Pero también se debe analizar la alternativa contraria. Si la Fiscalía se llegara a acelerar para encarcelar y enjuiciar a los sindicados de parapolítica, y luego éstos quedarán libres en los respectivos juicios al considerar los jueces que no hay méritos para condenarlos, o los procesos se cayeran por errores de forma (como ocurrió en el caso Noguera), Iguarán quedaría muy mal parado.

Como se ve, le llegó la hora a la Fiscalía y a Iguarán. Si bien tienen otros grandes procesos e investigaciones en curso, negar que la gestión quedará marcada por lo que ocurra con el proceso parapolítico, sería ingenuo. Amanecerá y veremos…

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