La “seguridad democrática” de Álvaro Uribe Vélez se ha ensañado con el campesinado del Magdalena Medio. En la vereda Puerto Nuevo Ité, de Remedios, en el nordeste antioqueño, más de 120 familias, en su mayoría mujeres y niños, se han refugiado después de verse desplazados por los reiterados asesinatos del ejército a campesinos de la región. En el Opón, paramilitares, motosierra en mano, desplazan a 22 familias hacia Barrancabermeja.
“Hoy estamos en son de paz, no sabemos mañana cómo vamos a venir”, amenazaron los paramilitares a las familias campesinas de la vereda Las Morrocoyas, en la ciénaga del Opón, el pasado sábado 31 de marzo.
Los campesinos desplazados habitan esta vereda desde hace más de diez años, cuando llegaron al Opón buscando refugio a su anterior desplazamiento.
“Los paramilitares se identificaron como desmovilizados de las AUC y con motosierras acabaron con la casa de una familia y picaron un cargamento de madera que tenían otras familias, que esperaban venderla para poder comer”, denunció uno de los campesinos.
El comandante del Plan Especial Energético y Vial No. 7, teniente coronel Luis Miguel Gómez, en declaraciones al diario Vanguardia Liberal, manifestó que “lo único que sé es que allí sí existe un problema de tierras por los predios de una finca llamada Campo Alegre, un terreno que fue invadido y por lo tanto existen demandas correspondientes. Nosotros seguiremos teniendo permanencia en esa área para garantizarle la seguridad a la población, por lo que la recomendación es que la comunidad afectada acuda a la Fiscalía para que tome las medidas pertinentes de investigación”.
Esperanza Ramírez Castro, Defensora del Pueblo del Magdalena Medio, calificó de preocupante la situación, “ya que es la primera queja de intimidación con motosierra realizada, al parecer, por personal desmovilizado de las AUC”.
Según la Defensora, “al parecer se trata de un señor de apellido Gómez, es el que está intentando tomarse la justicia por su propia cuenta, por lo que una comisión de verificación viajará el martes próximo hacia la zona.”
Incluso, aseveró, “el problema viene presentándose desde hace un año, pero esta vez esa persona quiere entrar a atropellar y violar los derechos humanos de las familias allí asentadas y por eso no se va a permitir”.
Las 22 familias desplazadas siguen esperando la llegada de una comisión de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de derechos humanos.
