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Los 12 Apóstoles
por Diego Cadavid
Tuesday, Apr. 17, 2007 at 2:24 PM
Luís Camilo Osorio ex fiscal general de la nación, actual embajador de
Uribe en México, responsable de la infiltración paramilitar en secciones
enteras de la Fiscalía, liquidador de los mejores investigadores que
existían en el país contra el paramilitarismo, quien congeló los
principales procesos judiciales del momento también por paramilitarismo,
fue quien expidió el auto inhibitorio a favor Santiago Uribe en la
investigación que se seguía por la conformación de la banda paramilitar
“Los 12 Apóstoles”
Tomado del EL ESPECTADOR
El caso de los doce apóstoles
Hacia 1994, el Cinep denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía General
de la Nación la existencia de un escuadrón de la muerte en el municipio de
Yarumal (Antioquia), que a plena luz del día y con la omisión de las
autoridades, venía causando diversos homicidios selectivos. El Centro de
Investigaciones sostuvo en sus denuncias que el grupo armado ilegal era
patrocinado por varios comerciantes y ganaderos de la región, ubicada en
el norte del departamento de Antioquia.
El caso cobró trascendencia nacional por dos circunstancias: entre los
investigados resultó afectado el vicario de la parroquia de La Merced,
sacerdote Gonzalo Palacio, y apareció también un hermano de quien un año
después resultó electo gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. El
expediente empezó a conocerse como el caso de “Los Doce Apóstoles”, nombre
que se le dio al grupo armado que asesinó a por lo menos 12 habitantes de
distintos sectores de Yarumal.
Hacia noviembre de 1998, la Procuraduría Delegada para los Derechos
Humanos concluyó en primera instancia el caso ordenando la destitución de
dos oficiales y dos agentes de policía. Meses después, el 25 de agosto de
1999, por falta de pruebas, la Fiscalía expidió un auto inhibitorio en
favor de los procesados. La medida adoptada por el ente investigador,
entonces en cabeza de Luis Camilo Osorio, benefició a Santiago Uribe,
hermano del hoy Presidente de la República.
Este es el caso que varias veces han citado y quieren revivir en el
Congreso los opositores del Primer Mandatario. Sobre el hecho, el entonces
fiscal del expediente, Hernán Gonzalo Jiménez, sostuvo que las
averiguaciones se originaron en las denuncias de un testigo bajo reserva
que buscaba beneficios procesales pero que, ante la falta de resultados,
la justicia expidió el auto inhibitorio. Los familiares de las víctimas
llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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