Las fumigaciones que el gobierno colombiano realizó en la región de Putumayo (sur), pone en peligro no sólo la actividad de miles de familias campesinas, sino su seguridad alimentaria, por lo que estos trabajadores de la tierra consideran la posibilidad de desplazarse a otras zonas.
Más de mil quinientas familias campesinas de la región del Bajo Putumayo, al sur de Colombia y en la frontera con Ecuador, enfrentan una crisis alimentaria, consecuencia de las aspersiones con glifosato realizadas hace tres meses en la zona.
Vladimir Carrillo, corresponsal de TeleSUR en Colombia, recoge en su informe los testimonios de algunos campesinos de esa localidad que han visto afectadas sus cosechas y mermado su actividad económica, situación que los lleva a considerar su desplazamiento a otras zonas.
Mauro Ruales, apicultor de Putumayo señaló que las fumigaciones terminaron con la floración de la zona y con el alimento de doce colonias de abejas.
"La vida de la abeja es la flor, hasta el sol de hoy no he podido tener ninguna cosecha ningún beneficio de las abejas porque acabaron totalmente con ellas", expresó Ruales.
Las fumigaciones realizadas por el gobierno colombiano que pretendían erradicar los cultivos de coca, afectaron 35 hectáreas de cacao, 40 hectáreas de frutales amazónicos, 750 hectáreas de pastos, 35 hectáreas de pimienta y 300 de cultivos de pan comer.
Rabiela Ruales, detalla que las aspersiones terminaron con sus cultivos de plátanos, situación que la obliga a vender los animales para poder comer.
"He tenido que vender los animalitos para poder tener dinero para comer, de otra manera como se haría para tener alimentos para mi familia", dijo Ruales.
El corresponsal de TeleSUR destaca que las fumigaciones también afectaron algunos proyectos adelantados por el gobierno y financiados por el Plan Colombia.
Este es el caso de Abel Rojas que perdió mil 200 matas de cacao sembradas por iniciativa del gobierno. "Por aquí no hay que hacer no hallamos para donde irnos, (...) mi conciencia es desplazarme a un lugar donde el gobierno vea la necesidad".
Carlos Gómez Chávez, secretario del municipio San Miguel, informó sobre los brotes de delincuencia, consecuencia de la crisis que persiste en la localidad, por lo que hizo un llamado a las autoridades nacionales para que redoblen los esfuerzos y los recursos destinados a sus comunidades.
Agregó que los campesinos demandan un plan de desarrollo integral agropecuario que permita salvaguardar la tierra que alguna vez fue fértil.
En este sentido, Manuel Río Frío, representante de la mesa de Organizaciones Campesinas solicitó asistencia técnica y semillas para reiniciar la siembra así como la ganadería.
Pese a las fumigaciones realizadas por el gobierno a través de la empresa estadounidense Daincor, los cultivos de coca y el consumo de alcaloide siguen en aumento.
