Una juez federal de Estados Unidos aceptó este lunes las declaraciones de un testigo recién descubierto en contra de la carbonífera norteamericana, por el asesinato de tres dirigentes sindicales.
La juez Karon Bowdre rechazó las objeciones de la Drummond, que argumentaban que los abogados del sindicato descubrieron muy tarde las afirmaciones del sargento Retirado: EDWIN MANUEL GUZMAN y no debían presentarlas en el juicio, que se realizará el próximo 9 de julio de 2007.
La Drummond Co. buscaba impedir que el jurado oyera el testimonio de EDWIN MANUEL GUZMAN, sargento retirado del Ejército, quien asegura que la empresa con sede en Alabama estaba vinculada con el grupo paramilitar, presunto responsable del crimen de estas tres personas ocurrido en 2001, al parecer, por orden de la carbonífera.
La juez Karon Bowdre rechazó las objeciones de la Drummond, que argumentaban que los abogados del sindicato descubrieron muy tarde las afirmaciones de Guzmán y no debían presentarlas en el juicio, que se realizará el próximo 9 de julio.
Bowdre entendió que la parte acusadora sólo conoció la versión del militar retirado hasta que salió recientemente publicada en un medio de comunicación de Bogotá.
En consecuencia la juez explicó que aunque Guzmán puede testificar, los abogados del sindicato deben hacer los arreglos para que la empresa pueda interrogarlo antes del juicio.
En una declaración de dos cuartillas, presentada ante la corte, Guzmán dijo que Drummond proporcionó camiones y motocicletas a las fuerzas paramilitares que patrullaban los alrededores de la mina. La empresa les habría dado también comida.
Guzmán se encuentra en un programa de protección a testigos dentro de un caso que involucra las ejecuciones extrajudiciales presuntamente ordenadas por su ex comandante en la región. Señala que los paramilitares entregaban los cadáveres a los miembros de su unidad, y que su comandante registraba las muertes como bajas de la guerrilla.
Los abogados del sindicato quieren usar el testimonio de Guzmán en el caso de Alabama para apoyar los alegatos de Rafael García, ex director de informática del DAS, quien dice que vio cuando un directivo de Drummond entregaba dinero a cambio del asesinato de los dirigentes sindicales.
Algunos documentos en los tribunales muestran que Drummond trató de que el Departamento de Estado interviniera en la demanda, en un intento aparente por desecharla, pero el gobierno se negó.
El caso de la Drummond tiene que ver con la demanda interpuesta en Birmingham, Estados Unidos, en el 2002, por el sindicato colombiano Sintramienergética, que acusó a Drummond de pagar a los paramilitares para que asesinaran a los tres dirigentes, quienes representaban a los empleados de la sede de la misma en Colombia.
