Informe revela vínculos de Policía y 'paras' en comuna de Medellín : Indymedia Colombia

Maritza Villalba Castro
lunes, 30 de abril de 2007
El Espectador.

El 14 de febrero de 2003, La Cruz y La Honda, dos barrios marginales de la comuna tres de Medellín, se declararon “Asentamiento de Refugiados Internos por la Paz y los Derechos Humanos”, esperando que tanto el Estado colombiano y la comunidad internacional los reconocieran como desarraigados y que, asimismo, la Fuerza Pública frenara sus incursiones en el sector.

Sin embargo y de acuerdo con el informe del grupo Contracorriente, sus habitantes, mayoritariamente campesinos desplazados por el conflicto armado provenientes del Oriente y Suroeste de Antioquia, del Urabá y del departamento del Chocó, no sólo se vieron obligados a abandonar sus hogares por las amenazas de grupos armados, sino que además ahora serían presuntas víctimas de la autoridad de la zona, que realiza acciones ilegales en complicidad con desmovilizados de las Autodefensas.

El estudio afirma que “la única presencia estatal es la de la Policía, que ha aumentado su pie de fuerza en el sector y que realiza patrullajes constantemente”. Es decir, la única autoridad legal es la estación de Policía de San Blas, pero con cuyo trabajo ninguno de los pobladores está conforme, pues a los uniformados se les atribuyen varios abusos contra la población civil.

En el 2004, el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, CODEHSEL, reveló que la comunidad de estos dos asentamientos denunció que “la presencia en el sector de supuestos desmovilizados, que controlaban y patrullaban la zona acompañados por integrantes de la banda conocida como "La Treinta", usando armas de fuego, se presentaban como miembros de grupos paramilitares, señalando quiénes podían o no vivir en el barrio”.

Pero lo más preocupante es que los habitantes aseguraban que estos mismos hombres patrullaban frecuentemente la zona acompañados de los agentes de Policía de San Blas en 2003 y 2004, y que jamás se les había explicado si estos sujetos “hacían parte o no de los organismos de seguridad del Estado”.

Los habitantes no podían denunciar este tipo de hechos porque, de acuerdo con Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, “el argumento de los policías es que allí operan milicias urbanas de las Farc, entonces hay una estigmatización hacia toda la comunidad de ser, pertenecer o colaborar con estas milicias. Cerca del 80 por ciento de la población ha sido detenida en operativos en que se les priva de la libertad y los liberan el mismo día o al día siguiente. Estas detenciones son arbitrarias porque son sin orden de captura. Segundo, estas personas son llevadas a la estación San Blas donde son fotografiadas, reseñadas, agredidas y paseadas por sectores de amplio dominio paramilitar”.

Adicionalmente, para los habitantes de La Cruz y La Honda fue imposible denunciar estos hechos, pues el grupo de paramilitares desmovilizados amenazó con actuar en contra de varios líderes comunales y de algunos de vecinos de los mismo, a quienes consideraban “sapos y colaboradores de la guerrilla”.
Pero las denuncias no paran aquí. CODEHSEL también aseveró que “durante el año 2003 y 2004 se realizaron numerosas capturas arbitrarias por parte de la estación de policía de San Blas y del Comando Elite Antiterrorista (CEAT), que posteriormente fueron legalizadas como capturas administrativas. La mayoría de estas detenciones estuvieron precedidas de señalamientos indiscriminados contra la comunidad y los líderes comunitarios, realizados por jóvenes desmovilizados de las milicias de las Farc que antes hacían presencia en el sector. Es necesario además tener en cuenta que los jóvenes que se desmovilizaron fueron inicialmente capturados, luego hacen los señalamientos a los líderes y, por último, quedan en libertad sin que se les judicialice como corresponde”.

Como consecuencia de esta situación se incrementaron las desapariciones forzadas y los asesinatos de líderes de la comunidad, como el de Jesús Estrada en el barrio La Cruz, el 7 de noviembre de 2004. El activista fue secuestrado por cinco hombres encapuchados y luego de unos días su cadáver fue hallado junto al de otro N.N., al parecer víctima de los mismos sujetos.

El grupo Contracorrientes crítica además que frente a estos hechos, la única medida del Gobierno Nacional sea incrementar la militarización de los asentamientos lo que “ha traído como resultado el recrudecimiento del accionar paramilitar al amparo de la total impunidad y el aumento de las violaciones a los DDHH, que ha contado con el agenciamiento, connivencia, acción directa y omisión de la Policía y de los organismos de seguridad estatales”.

Hechos como estos ya habían sido denunciados por Amnistía Internacional, organización que en su informe de 2003 denunció que el 12 de enero de ese mismo año, el Ejército, La Policía, el Das y el CTI lanzaron la operación Estrella VI en esos dos barrios, donde detuvieron a más de un centenar de personas, entre ellos a varios líderes del Movimiento Social de Desplazados de Antioquia, MOSDA, acusándolos de homicidas y subversivos.

Teniendo como base estos hechos, el grupo Contracorriente establece que “por ese relativo nivel de legalidad que manifiestan como grupos “desmovilizados”, la estrategia paramilitar ha variado en sus métodos: el patrullaje de encapuchados paramilitares fuertemente armados ya no es tan evidente y ha dado paso a mecanismos de control social y de legitimación política de su proyecto bajo nuevas modalidades sociales, políticas y económicas. Así, por ejemplo, han ido cooptando líderes y procesos barriales, juntas de acción comunal y otros espacios comunitarios para que trabajen alrededor de sus intereses, con lo que combinan actividades legales e ilegales”
Esta tesis la argumenta en su informe, presentando que la Junta de Acción Comunal es la que administra los dineros y proyectos que buscan el mejoramiento del asentamiento, cuando el propio Secretario de Gobierno de Medellín no reconoció la legalidad de la Junta, pues al parecer las actividades de las mismas estaban orientadas por la alianza entre paramilitares desmovilizados y la Policía del sector.

Finalmente, el documento ‘Situación de Derechos Humanos en los Barrios la Honda y la Cruz - 2003/2006’ evidencia su preocupación porque “sobre los territorios de los barrios la Honda y La Cruz, se han plasmado unas estrategias económicas y de guerra que van desde el megaproyecto Parque Regional Arví, un corredor ecológico de 11 mil 248 hectáreas hacia el oriente de Medellín, que integra la ciudad con los municipios de Copacabana, Bello, Envigado; hasta el de la lucha contrainsurgente con el propósito de controlar poblaciones y territorios decisivos y geopolíticamente estratégicos en el desarrollo de la guerra urbana”.