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Asunto más político que fiscal
por Jaime Castro Friday, Jun. 01, 2007 at 2:43 PM
jcastro@cable.net.co

Lo que está en juego es si Colombia es una república descentralizada.

Las transferencias no son concesión del gobierno de turno ni de la mayoría parlamentaria del momento. Son conquista de la democracia colombiana. Particularmente de los menos favorecidos porque financian la salud y la educación públicas, el agua potable y el saneamiento básico, así como otras inversiones sociales en provincia. Para garantizarlas y asegurar su reparto equitativo, en 1968 se constitucionalizaron con el nombre de situado fiscal.

Después se incrementaron y la Carta del 91 dispuso que fueran un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, que no incluyen los recursos de capital que percibe el Gobierno central (créditos, privatizaciones, rendimientos financieros y utilidades de empresas como el Banco de la República y Ecopetrol).

Juan Manuel Santos, como Ministro de Hacienda, consiguió que el Congreso las recortara durante siete años: del 2002 al 2008. En todos los tonos se repitió oficialmente que gracias a ese recorte la Nación sanearía sus finanzas. A pesar de que por este concepto el Gobierno ahorra 27 billones de pesos, ha recibido la plata de las privatizaciones, la reactivación económica multiplicó los ingresos de la Dian y la revaluación del peso ha aliviado la carga de la deuda externa, el déficit fiscal de la Nación sigue siendo superior al 4 por ciento del PIB, porque el gasto del Gobierno continúa disparado y el servicio de su deuda cuesta más del doble de lo que valen las transferencias. En vez de castigar ese gasto, como lo pide el Banco de la República, y de prepagar y reprogramar la deuda, lo que se quiere es recortar, un vez más, la precaria inversión social que financia el Estado y realizan las entidades territoriales, que se apretaron el cinturón para cumplir la Ley 617 y en el 2006 fueron superavitarias. Además, los departamentos bajaron su deuda del 9,1 al 4,6 por ciento del PIB.

Partidarios y contradictores del proyecto intercambian cifras sobre el monto del nuevo recorte, pero olvidan que la decisión que finalmente se adopte tiene más consecuencias políticas que fiscales. La variable fiscal es importante, pero no puede prevalecer sobre elementales definiciones políticas porque lo que decida el Congreso permitirá saber si la nuestra es la "República descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales" que definió la Constitución del 91, o si regresamos al régimen hipercentralizado de 1886, que nos condenó a 100 años de soledad democrática. Si hay descentralización, ¿cuáles son su contenido y alcance? ¿Si la Nación continuará recaudando, como hasta ahora, más del 80 por ciento de los impuestos que pagamos los colombianos? ¿Y quién debe ejecutar la inversión pública ¿El Gobierno, a través de entidades como la Consejería Presidencial para la Acción Social, o funcionarios como el "culipronto" Mindefensa, que ya anunció inversiones suyas en no menos de "500 corregimientos y municipios para atender necesidades básicas en construcción de escuelas, centros de salud, puentes y mejora de vías" (EL TIEMPO, 24 de octubre de 2006)? ¿O la harán las "autoridades propias" de las entidades territoriales? También conviene saber si la obligación que tenemos los colombianos de "participar en la vida política, cívica y comunitaria del país" se cumple en actividades que el Estado financie total o parcialmente, o si es mero canto a la bandera.

Ninguno de estos interrogantes hace parte del debate que adelantan las cámaras, a pesar de que son los asuntos de fondo que se deciden. Por ello, muchos creemos que se está cambiando la Constitución, no para hacer una gran reforma político-institucional, sino para arreglar un problema de caja del Gobierno que este no ha podido arreglar, y para que el Gobierno siga gastando como ahora. Si el escenario natural de la democracia, que es el Congreso, no realiza ese gran debate, ni pone en marcha una reforma importante, el pueblo siente que le escamotean los derechos a informarse y a que sus representantes decidan lo que deben decidir. Por eso hace paros y protesta masivamente. ¿Será eso lo que estamos viviendo?

© El Tiempo

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