El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado lamenta la muerte de 11 ex diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en circunstancias que deben ser aclaradas tanto por el Gobierno Nacional como por las FARC.
Este nuevo hecho se produce en medio de una cadena de acontecimientos recientes que ha involucrado la decisión unilateral del Gobierno Nacional de excarcelar a presuntos miembros de las FARC y el traslado de Rodrigo Granda a la sede de la Conferencia Episcopal , con lo cual el Presidente Uribe Vélez, presento ante la opinión publica nacional e internacional mensajes equivocados, por que mientras sembraba falsas esperanzas sobre una posible solución a este drama humano; persistía en sus pronunciamientos de rescate por la fuerza, los cuales se acentuaron en los últimos días cuando dio la orden de bombardear los campamentos de las FARC : (…).. “ Señor General Ballesteros: la Fuerza Aérea, la semana pasada, dio una noticia muy importante de la eficacia de sus operativos. No apague esos aviones, rellénelos de gasolina sin apagarlos, manténgalos bombardeando al terrorismo, para que puedan llegar auras de felicidad a las nuevas generaciones de colombianos…”[1]
El Gobierno enfáticamente ha negado la existencia de un conflicto en Colombia, y sobre esa base ha imposibilitado un Acuerdo de Intercambio Humanitario, que ha llevado a la polarización de las partes con el consecuente costo en vidas humanas. Ante estos hechos el Movimiento de víctimas de crímenes de Estado, rechaza cualquier intento de rescate a sangre y fuego de las personas privadas de la libertad en razón del conflicto y solicita a las partes tomen en cuenta las múltiples peticiones de familiares, ex presidentes de la República, organizaciones políticas y sociales, personalidades y representantes de países como Francia que claman por un acuerdo humanitario.
Enviamos nuestro mensaje de solidaridad a los familiares de los ex diputados, así como al de las demás víctimas de este país que enfrentan situaciones similares y reiteramos nuestra exigencia para que se aclaren los hechos, se viabilice un encuentro entre las partes para concretar el acuerdo humanitario y se facilite un escenario que permita la entrega de los cuerpos a sus seres queridos.
Nos unimos a la solicitud realizada por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, para que se conforme Comisión Veedora con la participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, delegados de los familiares de los secuestrados, la Iglesia Católica y miembros de las organizaciones de paz y derechos humanos.
Junio 28 de 2007
COMITÉ DE IMPULSO MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
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