Después de la tragedia que no anide la indiferencia : Indymedia Colombia

Aún, siendo las FARC responsables del cautiverio de los 11 diputados, es el gobierno quien debe asumir las consecuencias de lo que se evidencia, fue un desafortunado intento de rescate a sangre y fuego, ejecutado por fuerzas del Estado, muy temprano en la mañana del 18 de Junio de 2007.

Al amanecer de ese fatídico lunes, según consta en los archivos del diario El Tiempo de Bogotá, “un grupo especial de la infantería de Marina y la Fuerza Aérea dio de baja a Milton Sierra Gómez, alias ‘J J’ que opera en Buenaventura y Cali”.

A las 2:30 de la tarde del mismo 18 de Junio, sorpresivamente el vicealmirante Edgard Celi Núñez, jefe de operaciones navales de occidente, con jurisdicción sobre el litoral colombiano del océano Pacífico, anunció a través de las emisiones regionales de Radio Caracol y radio sucesos RCN, según confirmé en los archivos de audio, que el líder guerrillero habría sido abatido: “Decimos presuntamente porque en la operación infortunadamente no pudimos recuperar el cadáver, pero tenemos información de diversas fuentes de inteligencia que nos confirman la muerte de este individuo”.

La misma información fue textualmente ratificada en la edición del martes 19 de junio en El País de la ciudad de Cali, el más importante diario del suroccidente colombiano. Pero esta vez, el vicealmirante Núñez agregó: “En la operación también fueron destruidos dos campamentos en la parte alta del río Cajambre, en jurisdicción de la población del Barco, limites con el departamento del Cauca”.

Para ampliar el “exitoso resultado” de las operaciones militares, El País publicó en la edición de ese martes, un amplio perfil sobre la vida del insurgente en mención, en la cual, otro militar, esta vez el coronel Héctor Pachón, comandante de la Brigada Fluvial de Infantería, acusa a ‘J J’, de haber liderado la retención de los 11 Diputados. ¿Por qué esta mención? ¿Qué sabía el coronel Pachón? ¿Qué ocultó la unidad de inteligencia de la Tercera Brigada del Ejército?

En los dos días siguientes, sucesivas explosiones afectaron fundamentalmente a civiles en pleno casco urbano de Buenaventura. Todas fueron adjudicadas por los organismos de seguridad a las FARC, pese a que un pronunciamiento de las milicias urbanas de esta guerrilla, silenciado por los medios locales, había condenado los hechos y se solidarizaba con las víctimas. Parece que abundan los secretos y la confusión en el empobrecido puerto marítimo.

Según mis fuentes locales, Buenaventura permanece densamente militarizada desde el mediodía del 18 de junio, más de lo habitual, porque incluye cámaras, tanquetas, excesiva requisa, y presencia de civiles armados, inclusive en los 13 atracaderos y muelles improvisados, por donde salen y entran las pequeñas embarcaciones de los pescadores artesanales, y por donde los campesinos arriman el chontaduro, el coco, el borojó, el plátano, y demás producción agrícola al mercado local.

Las FARC a través del Comando Conjunto de Occidente, mediante un breve comunicado que publicó la agencia ANNCOL, y que se mantuvo en el sitio de la edición nacional de la revista Resistencia han asegurado que la muerte de los 11 Diputados, que mantenían retenidos y habían anunciado, estaban listos para el canje de prisioneros o acuerdo humanitario, sucedió el lunes 18 de junio. La fecha coincide con la operación militar lanzada por el grupo especial de la Infantería de Marina con apoyo de la Fuerza Aérea. Los dolientes de las víctimas, y la comunidad nacional e internacional esperan con ansiedad los resultados de las investigaciones.

Por ahora, lo más inquietante, es como va a suceder la recuperación de los cadáveres. Un hecho que todos esperamos con ansiedad, y que los dolientes requieren para cerrar un ciclo muy doloroso para sus familias. La entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familiares debe ser concertada, para lo cual, habrá de conformarse una comisión independiente, ojalá con veeduría internacional.

Esta comisión no puede, ni debe ser convocada unilateralmente por el gobierno, como lo pretenden el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el presidente Uribe. Conforme a reglas internacionales, las partes en conflicto solo deben facilitar el procedimiento.

Tanto las FARC como el gobierno deben solicitar, suponemos que por separado dada la polarización interna del conflicto, ayuda internacional, que en primera instancia recae en el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR.

Es de lógica elemental que habrá que mermar el ambiente de confrontación, congelando operaciones militares, tanto guerrilleras como del gobierno, al menos en el área donde se señale están los Diputados muertos. Es necesario verificar por un término de horas o días un área desmilitarizada, en la que no haya riesgo para los miembros de la comisión que recibirá los restos mortales. Un escenario así, puede garantizar que se traduzca en realidad la promesa que hiciera el comandante Raúl Reyes, en carta dirigida al exministro Álvaro Leyva, y a la señora Fabiola Perdomo, viuda del Diputado Juan Carlos Narváez, en la que el jefe guerrillero ofrece “esfuerzos pertinentes para coordinar con el Comando Conjunto la pronta entrega de los despojos mortales a los dolientes”.

Uribe ha insistido que sea José Miguel Insulsa, jefe de la misión de la OEA en Colombia, quien coordine esta comisión. Es de destacar que el señor Insulsa ha recibido serios cuestionamientos por parte de los organismos de derechos humanos, por su notable silencio frente a las irregularidades en el proceso con los paramilitares.

El presidente Uribe, por lo demás, le endosa mayor desconfianza a sus encendidas opiniones, al informar a los medios que “en una forma desafiante las FARC han llamado a los familiares para decirles que ellos los asesinaron”. Inmediatamente fue desmentido, no solo por los familiares de las víctimas, también por el gobernador del Valle Angelino Garzón.

Por ahora, se destaca la posición sensata de la alta comisionada de Naciones Unidas para los ddhh Louise Arbour, quien desde Ginebra, no solo se limitó a condenar el trágico hecho, sino que insinuó una investigación imparcial que esclarezca la muerte de los 11 diputados. El gobierno francés va más allá, y anunció apoyo a la dramática y nunca escuchada exigencia de los familiares de las personas privadas de la libertad, quienes abiertamente se oponen a la aventura irresponsable de los rescates a sangre y fuego.