"Los Confidentes de Pablo Escobar" : Indymedia Colombia

"... Nada detuvo ni ha detenido al narcotráfico en su avance arrollador sobre Colombia. Con Ernesto Samper (1994-1998) el Cartel de Cali consiguió la Presidencia de la República y sus archienemigos del Cartel de Medellín en 2002 le quitaron esa posición con Uribe Vélez.

Dos primos hermanos de Pablo Escobar Gaviria, por ejemplo (abril de 2007) son prominentes funcionarios de la Presidencia de la República y uno de ellos, José Obdulio Gaviria, es el hombre más cercano al Presidente Uribe.

Álvaro Uribe fue copropietario en calidad de heredero, de un helicóptero que la Policía colombiana y la DEA decomisaron el 11 de marzo de 1984 durante un golpe a las mafias de las drogas, que aún, hoy sigue siendo el más grande del mundo en todos los tiempos y es el único que logró hacer que la cocaína escaseara en los grandes mercados del mundo y que su precio se multiplicara.

La aeronave, de fabricación norteamericana Hughes-500, modelo 369-D, la introdujo a Colombia el 27 de octubre de 1981 una empresa del padre de Uribe Vélez, Alberto Uribe Sierra (reconocido amigo de Pablo Escobar), al amparo de un registro legal de importación y al día siguiente, en menos de cuatro horas, el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, Aerocivil, del cual Álvaro Uribe era director en ese momento, le otorgó licencia de operación y matrícula de bandera colombiana HK 2704-X. Un trámite que normalmente suele demorar, cuando menos, 20 días.

El helicóptero llegó a Colombia con la matrícula de bandera norteamericana N215-FA.

El mismo día en que la Aerocivil incorporó a la flota aérea colombiana el helicóptero de la empresa del padre de Uribe Vélez, también concedió matrículas de bandera colombiana a otros tres aviones de seis que la DEA y la Policía Nacional decomisaron durante el allanamiento a aquel complejo cocainero, de 500 hectáreas de extensión, siete pistas de aterrizaje y 14 factorías capacitadas para producir 20 toneladas semanales de cocaína; quiere decir que podía surtir con creces el consumo mundial de cocaína, estimado en 900 toneladas métricas…

De acuerdo con el director de la Policía Nacional de Colombia, Víctor Delgado Mallarino, en esa gigantesca zona industrial de la mafia colombiana, conocida como Tranquilandia y Villacoca, los más grandes narcotraficantes del país se habían asociado para producir la droga que exportaban por toneladas y sin mayores problemas, principalmente hacia Estados Unidos.

El mismo día de marzo de 1984 en que comandos policiales tomaron por asalto el complejo y lo destruyeron, Delgado Mallarino afirmó que les pertenecía, entre otros, a las organizaciones de Pablo Escobar, José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano y los hermanos Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vásquez y Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes manejaban los poderosos carteles de Cali y Medellín.

La dirección del operativo estuvo a cargo de los coroneles Jaime Ramírez Gómez (posteriormente asesinado en venganza por la mafia cerca de Bogotá) y Luis Ernesto Gilibert, quien llegó a ejercer la dirección de la Policía Nacional de Colombia.

Ocho meses antes de haber capturado el helicóptero en ese centro industrial de la cocaína, el padre de Uribe Vélez fue asesinado supuestamente por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en una hacienda de su propiedad próxima a Medellín, a la cual había viajado en el controvertido helicóptero. Todos sus bienes quedaron en poder de sus hijos, incluido Álvaro Uribe, y sujetos a una repartición judicial equitativa.

El 28 de marzo de 1984, 17 días después del golpe a Tranquilandia y Villacoca, la oficina de Registro Aeronáutico de la Aviación Civil Colombiana, recibió una carta de la firma propietaria del helicóptero según la cual el aparato, para entonces incautado, supuestamente le había sido vendido a un hombre llamado Fidel Agudelo Chávez, con la advertencia de que no existían documentos legales que acreditaran la venta como lo dispone la ley, pues “están pendientes del avance del proceso sucesorial del finado Alberto Uribe Sierra”.

La carta fue acompañada por un documento suscrito ante un notario en febrero de 1984 por Agudelo Chávez y por Jaime Alberto Uribe Vélez (hermano de Álvaro Uribe Vélez), quien se comprometía a entregar el helicóptero en pago de una deuda que su padre presuntamente había contraído con el aparente nuevo propietario de la nave.

Hoy en día, en el expediente oficial del helicóptero todavía no aparece ningún traspaso a nombre de Agudelo Chávez y las autoridades aeronáuticas dicen desconocer el paradero del HK-2704X, el cual fue adjudicado a la Policía Nacional y once años después de haber sido decomisado en el complejo cocalero la Fiscalía ordenó devolverlo a los dueños legítimos con el argumento de que no hubo, a la postre, sentencia judicial alguna que comprobara oficialmente la relación del helicóptero con el narcotráfico a pesar de haber sido encontrado en el laboratorio de cocaína más grande del mundo en todos los tiempos.

Otra de las naves incautadas en Tranquilandia y Villacoca es un avión matriculado en Colombia el mismo día que el helicóptero, con la sigla HK 2592P. En el expediente de este último figura un oficio de recomendación especial firmado por el entonces Jefe de Planeación de la Aviación Civil, César Villegas, a quien Uribe Vélez había llevado para que le sirviera como principal asesor en su controvertida gestión oficial, entre 1980 y 1982.

Villegas estuvo preso años después por haber participado en el traslado clandestino de fondos de la mafia a la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano, quien fue sucedido por Andrés Pastrana.

En marzo de 2002, Villegas fue asesinado por dos sicarios en una calle bogotana cuando salía de su oficina, en la carrera novena con calle 79ª, norte de Bogotá, y los nexos de Álvaro Uribe Vélez con la mafia eran ventilados públicamente.”

Uribe Vélez, por otra parte, no ha desmentido la pública amistad que mantuvo su padre con Pablo Escobar y otros miembros de la mafia de la cocaína en Antioquia.

En marzo de 1983, por ejemplo, el padre de Uribe dio un espectáculo de rejoneo [1] en la plaza de toros La Macarena, de Medellín, en beneficio de “Medellín sin Tugurios”, un programa de vivienda popular que financiaba Escobar con dineros que obtenía en el comercio de la cocaína. Uribe padre, incluso, fue secundado en el espectáculo por los reconocidos traficantes a escala global Dairo Chica y Fabio Ochoa Vásquez, hoy preso en Estados Unidos tras haber sido extraditado desde Colombia. Uribe Vélez no niega su amistad con éste último y su familia.

Cuando asesinaron a Uribe padre, el cadáver fue rescatado con un helicóptero de Pablo Escobar, de acuerdo con el registro de la muerte que hizo el diario El Colombiano de Medellín. Era el único en Colombia que podía volar de noche y la matrícula colombiana le había sido concedida por el director de Aerocivil en su momento, Álvaro Uribe Vélez. Esa aeronave hoy pertenece a la Armada nacional por disposición judicial.

“Me monté casi de noche en el primer helicóptero que consiguieron y no pudimos aterrizar para rescatar a mi padre”, aseguró Uribe al diario bogotano El Tiempo.

Entre los avisos de condolencias que fueron publicados en los diarios de Medellín por la muerte de Uribe padre, en los diarios de la ciudad se destaca uno de la empresa bandera de Pablo Escobar: “Medellín sin Tugurios”.

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El avance militar y político del narcotráfico en el país ha dejado, mal contados, cerca de 25 mil desaparecidos. Muchos de ellos se presume yacen en fosas comunes y cementerios clandestinos.

La mafia creó sus propios ejércitos (paramilitares) comandados por genocidas y narcotraficantes como, por ejemplo, Salvatore Mancuso; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Rodrigo Tovar Puppo, alias Jorge 40; Carlos Mario Jiménez, alias Macaco o Vicente Castaño…, todos ligados de vieja data al cartel de la cocaína que lideró Pablo Escobar y algunos conocidos de vista o trato por Uribe Vélez.

Todos ellos y otros hacen parte de un controvertido proceso de paz con el que el gobierno de Uribe se ha comprometido a sacarlos libres de polvo y paja con base en una ley que hizo aprobar en el Congreso, llamada de “justicia y paz”. Podrán permanecer en Colombia (al menos mientras Uribe consiga perdurar en la presidencia), en posesión plena de sus fortunas mal habidas, con la garantía de que Estados Unidos no se los llevará para juzgarlos por los cargos de narcotráfico que les ha hecho.

En declaraciones ante un fiscal especial que oyó sus confesiones a cambio de múltiples beneficios, Mancuso, a quien Uribe acepta haber tratado, solamente reconoció su responsabilidad en 336 homicidios, a pesar de que la Policía colombiana estima que asesinó por lo menos a 7,300 personas, solamente en el departamento de Norte de Santander, en acciones criminales cometidas entre 1999 y 2004 por el Bloque Catatumbo, comandado por ese líder narcotraficante y paramilitar.

Teniendo en cuenta que Mancuso no llegaría a estar preso más de cinco años debido a las rebajas que ya ha ganado sobre la pena máxima de ocho años que se le podrá aplicar, pagará menos de un año de cárcel por cada mil homicidios cometidos.

La ley de “justicia y paz”, promulgada para poder indultar a narcotraficantes y paramilitares, llegado el caso, puede ser usada para favorecer a un hermano y a dos primos hermanos de Uribe Vélez, señalados de haber dirigido dos organizaciones armadas ilegales de extrema derecha que en los años 90 asesinaron en el departamento de Antioquia a más de cien personas en acciones diferentes, de acuerdo con expedientes judiciales.

El senador Gustavo Petro, del partido Polo Democrático Independiente, PDI, reveló que Santiago Uribe Vélez, hermano del Presidente, entre los años 1993 y 1994 virtualmente conformó y financió una banda paramilitar conocida como Los Doce Apóstoles, que asesinó a no menos de 50 personas y tuvo su base de operaciones en la hacienda “La Carolina”, propiedad del mandatario y su familia .[2]

El hermano del Presidente fue interrogado por la Fiscalía en 1997 respecto de delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por Los Doce Apóstoles entre 1993 y 1994 en los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia) .[3]

El caso contra el hermano del Presidente Uribe fue archivado en 1999 por falta de pruebas suficientes, lo cual no quiere decir que haya hecho tránsito a cosa juzgada sino que es susceptible de ser reabierto en cualquier momento.

El caso de los asesinatos cometidos por la banda de Los Doce Apóstoles es investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición de las familias de las víctimas en vista de que la justicia colombiana hasta ahora ha mantenido los crímenes de la impunidad .[4]

La Propiedad de la hacienda La Carolina, situada en el municipio de Yarumal, es compartida por el Presidente Uribe con sus hermanos, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas.

A la banda de Los Doce Apóstoles perteneció un sacerdote católico identificado como Gonzalo Palacios, quien estuvo preso de manera cautelar y después quedó en libertad por falta de pruebas suficientes en su contra.

Petro también denunció que tres parientes del Presidente Uribe Vélez, entre ellos dos primos hermanos, lideraron la banda paramilitar conocida como Los Erre, señalada de haber asesinado a otro medio centenar de personas en los municipios de Titiribí y Armenia-Matequilla (departamento de Antioquia).

Fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año hasta cuando un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar que no había pruebas suficientes contra los acusados. Esta causa también es susceptible de ser reabierta ante la aparición de nuevas evidencias.

Entre las víctimas de Los Erre figuran dos estudiantes universitarios fusilados en mayo de 1995 por pasear sin permiso de la banda en parajes que eran controlados por esa organización.

Los parientes del mandatario son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa. Los dos últimos son primos hermanos del Presidente y el primero de ellos, tío.

La banda de Los Erre llegó a tener 150 miembros armados que se distinguían por el número consecutivo de los radio intercomunicadores que poseía cada uno de ellos. Juan Diego tenía el aparato número 16 y Mario el 17. Los radios eran dados en alquiler por la firma de comunicaciones Unicom, de Medellín, la cual reconoció ante la justicia que los Vélez Ochoa y la banda paramilitar Los Erres eran abonados suyos.

Los Vélez Ochoa, además de haber sido cercanos de Uribe Vélez y su hermano Santiago también lo son del clan familiar de narcotraficantes convictos Ochoa Vásquez, miembros de la jefatura del primer Cartel de Medellín. Uno de estos últimos, Fabio Ochoa Vásquez, fue extraditado a Estados Unidos y se encuentra preso en Miami.

Alberto Uribe Sierra, padre del Presidente, tuvo amistad y tratos de público conocimiento con los Ochoa cuando ya eran conocidos traficantes de cocaína, reclamados por autoridades de Colombia, Estados Unidos y Europa.

Durante la campaña para la reelección del Presidente Alvaro Uribe Vélez, en el departamento del Magdalena la financiación de la causa estuvo oficialmente a cargo de su amigo y comerciante de alcoholes Raúl Montoya Flórez, socio en negocios con Luis Carlos Molina Yepes, quien financió directamente a los sicarios que el 17 de diciembre de 1986 asesinaron al director del diario bogotano El Espectador, Guillermo Cano Isaza.

Molina Yepes, amigo de Pablo Escobar desde la infancia, manejó la cuenta corriente número 005-21826-8 del Banco de Crédito y Comercio de Colombia, de la cual salieron los pagos del Cartel de Medellín para los asesinos y también hubo cinco cheques girados a Montoya Flórez por valor equivalente al medio millón de dólares.

Molina Yepes, comerciante de arte y de divisas extranjeras en Medellín, fue condenado por el asesinato de Guillermo Cano a 16 años de prisión pero solamente pagó seis después de fugarse del DAS y haber sido recapturado.

La presencia de Montoya en la campaña del Presidente Uribe fue revelada en El Nuevo Herald, de Miami, por el periodista Gerardo Reyes.

Montoya, quien se vio obligado a renunciar a la campaña como consecuencia de la publicación de El Herald, recibió respaldo de Álvaro Uribe Vélez quien procedió a “dar la cara” para mostrarlo como un “hombre honesto”, víctima de periodistas que “violan el derecho a la intimidad y al buen nombre de las personas”.

“A mí me da hasta pena con don Raúl Montoya”, exclamó el Presidente Uribe.

Dos magistrados que tuvieron a su cargo el expediente por el asesinato de Guillermo Cano fueron asesinados por sicarios: Carlos Ernesto Valencia García, en agosto de 1989, y Myriam Rocío Vélez Pérez, en septiembre de 1992 cuando se preparaba para dictar sentencia.

Ambos jueces superiores comprobaron que Molina Yepes desempeñaba el papel de “banquero de la mafia” y que de sus casas de cambios de moneda salió el dinero para pagar a los sicarios de Guillermo Cano, cumpliendo órdenes de Pablo Escobar y El Mexicano. Esta conclusión, a la postre, tuvo respaldo con informaciones que aportó a la Fiscalía General John Jairo Velásquez Vásquez, Popeye.

“Conozco a Luis Carlos Molina desde 1985. La mayoría de los miembros de la organización cambiaban los cheques ahí: familiares de Pablo Escobar, familiares de nosotros o cualquier persona que uno recomendara”, dijo Popeye.

Después de la muerte de Pablo Escobar, Molina Yepes ingresó al Cartel de Cali, de acuerdo con la Fiscalía colombiana.

Gerardo Reyes reveló en abril de 2006 que a Raúl Montoya las autoridades de Estados Unidos le quitaron la visa debido a “sombríos episodios”.

Durante su primera campaña presidencial, en 2002 el entonces candidato Uribe Vélez se salvó de un controvertido atentado en Barranquilla. Iba en una camioneta blindada de Régulo Matera, reconocido narcotraficante y dueño, mediante testaferrato, del Matadero Camagüey, cuyo verdadero propietario es, de acuerdo con la Fiscalía General, el narcotraficante y paramilitar Jorge 40.

El día del atentado iba acompañado por el congresista Dieb Maloof (posteriormente apresado por vínculos con paramilitares) y Carlos Mario garcía, alias El Médico, en ese momento miembro activo del Bloque Norte de los paramilitares..."
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[1] Toreo de a caballo que consiste en herir con cobardía, desventaja y crueldad a un toro con armas blancas.
[2] Información judicial vigente presentada el 17 de abril de 2007 por el senador Gustavo Petro durante un debate sobre el paramilitarismo y narcotráfico en Antioquia, indica que Los Doce Apóstoles, también operaban desde la hacienda Guacharacas, donde murió el padre del hoy Presidente en un intento de secuestro que le es atribuido a las FARC.
[3] El Presidente Uribe alega que se trata de calumnias. Defendió así a su hermano Santiago: “es un hombre muy buena persona. Algún candidato a la presidencia dijo que había que empezar la reforma agraria con él porque tenía más de 200.000 hectáreas, tiene menos de 300. Fue muy buen hijo, compañero inmejorable de mi madre, buen hermano, buen esposo”.
[4] Los Doce Apóstoles: De acuerdo con defensores de derechos humanos que llevan los procesos ante los tribunales internacionales, “en el sistema latinoamericano de justicia las actividades criminales de esta banda de asesinos están relacionadas con el caso del genocidio de la Unión Patriótica (expediente número 11227), resultado de una petición formulada el 16 de diciembre de 1993 ante la Comisión Interamericana. Los Doce Apóstoles son señalados como responsables del asesinato de varios miembros del partido de izquierda Unión Patriótica en 1980, en el corregimiento de Campamento, municipio de Yarumal, Antioquia”. “Entre las víctimas de este grupo también se encuentran varios parientes de María Eugenia López, integrante de Asfaddes, organización de familiares detenidos o desaparecidos, beneficiaria de medidas provisionales de seguridad otorgadas por la Corte Interamericana”. “En el mes de julio del mismo año, comenzaron los asesinatos selectivos, ejecutados por el grupo de hombres armados pagados por la SOC, denominados Asociación de Autodefensas del Norte Lechero, pero al que la población dio el nombre de Los Doce Apóstoles o Los Póstoles por la participación activa del párroco de la localidad. El grupo de Los Doce Apóstoles tenía como finalidad “limpiar” el municipio de Yarumal de “antisociales”. Como integrantes y ejecutores de las acciones se encontraban, entre otros, Wilson Díaz (adjunto tercero del Ejército Nacional y agente de Inteligencia civil D-3), Norbey Arias Arroyave El Ruso (agente de la Policía Nacional), Leonidas Pemberthy, Hernán Darío Zapata y Henry de Jesús Múnera Sierra. Esto explica que a Los Póstoles se les viera entrar y salir con frecuencia del Comando de la Policía, o en el parque, cerca de la estación de policía donde solían permanecer. A esta situación se sumaba que los miembros de la policía omitían ejercer vigilancia en los sitios de injerencia del grupo y que el Ejército colaboró con el adiestramiento comoquiera que en la base militar de Marconni el grupo de los Apóstoles realizó varias prácticas de tiro bajo instrucción de miembros de la unidad militar allí acontonada. Las víctimas ultimadas por el grupo eran todas personas de condición social marginada, habitantes de tugurios, delincuentes, consumidores y expendedores de drogas, presuntos auxiliadores de la guerrilla, y otros simples parroquianos, quienes resultaban eliminados en forma similar sin que se tomaran medidas oficiales para evitarlo. El ejemplo más sobresaliente es el de los residentes del barrio San Judas, barrio de invasión en el que todos sus habitantes fueron amenazados para que salieran de allí o de lo contrario ‘les costaría la vida’. El hecho, de público conocimiento, fue denunciado: una vez empezaron los asesinatos solo quedaron dos familias que no tuvieron, aún a costa de su propia vida, un lugar donde refugiarse. Este barrio de invasión había sido construido en un terreno de propiedad de comerciantes del municipio. Cuando Los Apóstoles salían a aplicar lo que se llamaba la ‘sentencia del juicio’, pues habían decidido que una persona debía morir, vestían de negro, utilizaban pasamontañas, y algunas veces utilizaban prendas de uso privativo de las fuerzas armadas. La mayoría de los homicidios se cometían a altas horas de la noche, pero también actuaban a plena luz del día y cerca de los comandos de la policía ante la total inercia de las autoridades policiales. Los miembros de la fuerza pública no sólo apoyaban la labor de ‘limpieza social’ de Los Apóstoles, omitiendo sus funciones, sino que fueron prácticamente los gestores del grupo y quienes elaboraron las listas de personas que debían ser ultimadas. Su actuación tomó básicamente tres formas: la primera, de colaboración en la deplorable labor de ‘limpieza social’ y se presenta con el adistramiento del mencionado grupo en la base militar de Marconni. En segundo lugar, los miembros de la policía y de la Subsijin participaron activamente en algunos de los homicidios cometidos por Los Doce Apóstoles, pues en la población de Yarumal conocían como ‘el carro de la muerte’ un campero rojo que pertenecía a la Subsijin y enj el cual se transportaban los miembros del grupo paramilitar. La tercera forma de participación se llevaba a cabo mediante una serie de operativos realizados por la fuerza pública en los que no se aplicaban procedimientos de captura a los presuntos delincuentes sino que constituyeron una forma de aplicación de hecho de la pena de muerte. La grave violación a los derechos humanos condujo a los habitantes de la zona a denunciar los hechos ante la Personería Municipal. La personera era la única autoridad del municipio en la cual confiaba la ciudadanía puesto que la credibilidad de las demás autoridades del municipio quedaba cuestionada ante la omisión y la demora en la toma de decisiones sobre los hechos. A causa de las investigaciones iniciadas, la personera municipal de Yarumal fue amenazada de muerte a mediados de octubre de 1993. La población quedaba así sin instancias ante las cuales denunciar los asesinatos cometidos por ese grupo paramilitar que en tan solo cuatro meses había cobrado la vida de 24 personas. Los criminales no se detuvieron. Entre junio de 1994 y agosto de 1995 fueron asesinadas en Yarumal, aproximadamente, 65 personas, y al menos otra más fue desaparecida”.

Guillén, Gonzalo, Los Confidentes de Pablo Escobar, UN PASQUIN (documentos), Impresol Ediciones Ltda., Bogotá, mayo de 2007