Para el Movimiento de Víctimas es claro que desde el año 2002 cuando se expide la ley 782 de 2002 y el decreto 128/03, mediante el cual se faculta al Gobierno para otorgar indultos, cesación de procedimiento o autos inhibitorios que se le había otorgado un estatus político a los paramilitares y por esta razón es que se inician los diálogos y se pactan acuerdos secretos con ellos.
• La ley de Justicia y Paz (975 de 2005) es de carácter residual y solamente se le va a aplicar a quienes hayan cometido crímenes atroces. Esta ley inicialmente desconocía totalmente los derechos de las víctimas, por lo cual fue demandada ante la Corte Constitucional por muchas organizaciones y víctimas. En el fallo C-370 la Corte en algo mejoró dicha ley, sin embargo ella no garantiza los derechos a la verdad histórica, la justicia y la reparación integral y garantías de no repetición.
Un primer balance del proceso de desmovilización paramilitar en el marco jurídico aprobado indica que se presentan las siguientes cifras:
Según Cifras del Gobierno Colombiano, desde el año 2002 hasta agosto del año 2006 se desmovilizaron 31.671 personas en 38 actos de desmovilización colectiva y 9.964 en desmovilizaciones individuales. De este total aproximadamente 36.000 son paramilitares.
Por su parte el Ministerio de Defensa Nacional [1]señala que para el año 2002, los grupos paramilitares contaban con 12.175 hombres y que entre agosto del 2001 y diciembre del año 2006, las Fuerzas militares capturaron a 12.842 paramilitares, así mismo que durante este mismo periodo fueron abatidos 1513 paramilitares. Como se explica que en un lapso de un año los grupos paramilitares hayan pasado de 12.000 a mas de 30.000 integrantes aproximadamente?.
De Estos paramilitares 33.500 han sido beneficiados con la ley 782/02 y su Decreto 128/03.
De los que reconocieron crímenes atroces o de quienes se tenían ordenes de captura el Alto Comisionado para la paz ha presentado a la ley de Justicia y Paz a 2.679, los cuales fueron dejados en libertad y gozan de todos los beneficios. El deber del Estado era capturarlos y dejarlos en las cárceles a órdenes de la nueva jurisdicción. Luego de las denuncias solo logra que se presenten 59, de los cuales ya han dejado en libertad a 6.
Por otra parte de los que estaban presos inicialmente presentaron una lista de 1600 aproximadamente y hoy dicha lista de cabecillas paramilitares se ha incrementado hasta llegar el listado 3.377. Esto significa que la impunidad es de aproximadamente el 99%.
Lo más grave es que informaciones oficiales reconocen la persistencia en todo el país de mas de 40 estructuras paramilitares, entre ellas las águilas negras, los rastrojos, los machos, AUC nueva generación etc. Estos grupos continúan delinquiendo en complicidad con la fuerza pública. El paramilitarismo no solo no se ha desmovilizado realmente, sino que continúa delinquiendo desde la cárcel, traficando con drogas, lavando activos que circulan libremente en renglones de la economía sin que haya ningún rastreo de las autoridades. El poder político del paramilitarismo aun se mantiene en cientos de municipios y diversos departamentos del país bajo la mirada indiferente del Estado.
Mientras tanto las victimas son desconocidas, se les niega sus derechos, no se les ha permitido retornar a sus terruños, son intimidadas por grupos de desmovilizados en las audiencias publicas y se mantienen sin garantías de seguridad hasta el punto que mas de 15 de ellas han sido asesinadas.
La sociedad en su conjunto debe movilizarse para rechazar la perspectiva de un Estado mafioso y autoritario que busca perpetuar la hegemonía de ultraderecha, el paramilitarismo y la impunidad.
Sin la solución negociada del Conflicto y el logro de verdaderos cambios políticos y sociales en el país no será posible avanzar en la lucha contra la impunidad, el logro de la justicia, la reivindicación de los derechos de las victimas y el ejercicio de la democracia y el bienestar colectivo.
