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Un trueque con paras que trunca la democracia y la vida institucional…
por Patricia Fernández Correa
Saturday, Jul. 28, 2007 at 3:24 PM
¿Cuál fue el acuerdo con los paramilitares?
“Un político piensa en la próxima elección;
un hombre de estado piensa en la próxima generación”.
A dos años de la Ley de Justicia y Paz se mantiene el debate sobre sí delitos
políticos (sedición) o delito común. Se conserva el enigma que ha marcado
estos dos años y este proceso denominado equívocamente “de paz”. La
verdad alrededor del proceso de desmovilización de las AUC está tan confusa
que ni siquiera sabemos cuáles fueron los compromisos del gobierno nacional
con los comandantes de la AUC para lograr su desarme y sometimiento a la
justicia. ¿Pactos y negociaciones por debajo de la mesa? O qué explica que ni
paramilitares ni gobierno acepten la jurisprudencia que sobre el marco
jurídico para la desmovilización promulga la Corte Suprema de Justicia. Qué
ratifica y profundiza lo ya sentenciado por la Corte Constitucional en su
momento a propósito de la Ley 975.
El gobierno no podía asumir compromisos que no estaban en sus manos sino en
el aparato judicial. Es a los jueces a quienes corresponde calificar y
pronunciarse sobre la ley. Extralimitación de funciones. Más grave aún, este
es un asunto profundo y para entenderlo no hay que olvidar el recorrido y
trasegar del debate y sus diversas posturas y protagonistas. Hoy tenemos una
Ley de Justicia y Paz que se debatió en contraste con un proyecto de ley de
verdad, justicia y reparación que fue ampliamente derrotado en el Congreso
de la República por las mayorías uribistas. En su paso por la Corte
constitucional la llamada “ley de impunidad” retoma algunos elementos de la
propuesta del proyecto de ley de verdad, justicia y reparación que había sido
rechazado en el Congreso.1
Alrededor de esta discusión se debatieron dos posturas, una desde el gobierno
que afirmaba que en este país no existe un conflicto armado interno y en
cambio lo que caracteriza son acciones terroristas y otra que si reconoce no
sólo el conflicto armado, sino sus causas históricas, sociales y estructurales, y
sus consecuencias. Reconocerle estatus político (Sedición2) a los paramilitares
es reconocer la existencia del conflicto. Son evidentes las contradicciones y
los acomodos a las circunstancias políticas y a los compromisos privados.
Los paramilitares demuestran nuevamente que con el desarme y
desmovilización no ha desaparecido la cultura de la ilegalidad. Se burlan de la
ley y de las sentencias de las cortes. El gobierno nacional es complaciente con
esa actitud frente a la normatividad. El proceso no se ha regido por la ley,
sino por el afán de evadir la verdad, la justicia y la reparación. El tire y afloje
ha sido un recurso permanente en sus manos.
La cultura de la ilegalidad continua al frente del proceso como si nada
hubiera cambiado con la desmovilización. Persiste la actitud delincuencial y
en últimas criminal. Ello, no genera confianza en la sociedad frente al
proceso, que no tiene, por tanto, acompañamiento social. Gran
vulnerabilidad.
¿Será que a los paramilitares les interesa más, por conveniencia, un pacto con
Estados Unidos que con el gobierno de Colombia? Con el gobierno del norte se
negocian rutas, conexiones y plata. No es necesario confesar la verdad sobre
crímenes atroces, ni reparar a las víctimas. ¿LOS COMANDANTES PARAS LE HAN
PERDIDO EL MIEDO A LA EXTRADICIÓN? ¿LE TEMEN MÁS A LA VERDAD Y A LA
REPARACIÓN? Sobre todo adportas de un debate electoral, ¿Será que hay que
proteger de la opinión pública a algunos amigos políticos con aspiraciones
electorales que han tenido y mantienen vínculos y compromisos? Todo esto
debilita la capacidad de negociación del gobierno frente a los comandantes
desmovilizados. Pierde autoridad y el camino que le queda para no reconocer
el fracaso del proceso es la complacencia y la complicidad que conducen
indudablemente a la impunidad y a que se continúe privilegiando a los
victimarios y sacrificando y/o invisibilizando a las víctimas.
El proceso está en una encrucijada porque la justicia cojea, pero mucho. Al
ritmo que llevamos será imposible ejercer la justicia por incapacidad de la
misma: de alrededor de 2400 desmovilizados pendientes de judicialización tan
solo 24 han rendido versión libre. O sea que la impunidad es una seria
amenaza no solo por la actitud despreciativa de la ley por parte de los
comandantes, sino también por la impotencia de la justicia para actuar.
La nueva crisis de quiebre del proceso ocurre en momentos en que se
reconoce el rearme de nuevos o viejos grupos emergentes, orientados
fundamentalmente a asumir el control de territorios y de corredores para el
tráfico y el narcotráfico. Grupos compuestos en un alto porcentaje por
desmovilizados incumplidores de compromisos y por paramilitares que jamás
se desmovilizaron. Con la complacencia y complicidad de un gobierno que no
asume responsabilidades políticas. O sea que el agrietamiento del proceso
ocurre cuando se demuestra que con la desmovilización no se acabó el
paramilitarismo, es decir, no se desmontaron las estructuras económicas y
militares. Por lo tanto en esas condiciones ¿Se justifica sacrificar el
ordenamiento jurídico del país, soporte de la cohesión de la sociedad
colombiana, por garantizarle impunidad a un grupo de personas, sin exigirle
garantías de no repetición, reparación integral, verdad y algo de justicia? Lo
mínimo es acatar las reglas de juego establecidas en la Ley 975, que debe
entenderse como la ley tal como salió de la Corte Constitucional ¿O es que no
son públicos los acuerdos reales?
Notas
1 Me refiero al proyecto presentado por el Senador Rafael Pardo y los congresistas Gina Parody, Luis
Fernando Velasco, Wilson Borja y Andrés González.
2 Sedición, delito contra la seguridad interior del Estado consistente en una sublevación o levantamiento
público y tumultuario dirigido a lograr una transformación en el orden interno.
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