Interrogantes en torno al magnicidio del carismático líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, el 2 de noviembre de 1995.
¿Fernando Botero Zea, masón, estará protegiendo a un correligionario suyo, reconocido golpista, en el Gobierno Uribe, al declarar ante la Fiscalía en torno al asesinato de Alvaro Gómez Hurtado, lo cual hizo en forma por demás apresurada luego de que Hernando Gómez, "Rasguño", le dijera a la prensa que ese fue un "crimen de Estado"?
¿Por qué Botero Zea esperó tanto tiempo (más de 10 años) para revelar detalles de ese hecho y no lo hizo con antelación habiendo tenido muchas oportunidades para hacerlo, entre ellas durante el proceso penal por desvío de dineros "calientes" hacia terceros, en el cual tuvo como apoderado al abogado Fernando Londoño Hoyos, masón?
¿Intervino de alguna manera en el asesinato del líder conservador el narcoparamilitar Víctor Carranza, protegido de Juan Manuel Santos?
¿Tuvo como finalidad ese magnicidio no tender una "cortina de humo" al Proceso 8000 sino por el contrario agravarlo, buscando que la opinión pública señalara al gobierno Samper de ser el autor del atroz hecho, con lo cual se favorecería la remoción del Presidente, lo cual planeaba un movimiento que en la sombra lideraba Juan Manuel Santos, como ya de todos es conocido?
¿Es un "crimen de Estado" asesinar o mandar asesinar a una figura destacada de la vida pública nacional, para generar un "falso positivo" (echarle la culpa a otro), en cuya concepción hay expertos en el actual gobierno, y de esa forma forzar la salida por la "puerta de atrás" de un Presidente no conveniente para la "patria"?