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Los fantasmas
por Maria Elvira Samper Wednesday, Aug. 01, 2007 at 10:17 AM

Alguna vez dijo el presidente Uribe: “Colombia no puede repetir errores ni a favor de los paramilitares, ni a favor de los guerrilleros”. Habría que agregar: “Ni a favor de los militares”.

“La justicia cojea pero llega”, dice el refrán popular y así parece confirmarlo el hecho de que casi 22 años después de la toma del Palacio de Justicia por el M-19, la Fiscalía haya acusado y ordenado detener a varios oficiales del Ejército que participaron en el sangriento operativo para retomarlo, entre ellos el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien según las investigaciones está comprometido en la desaparición de personas que salieron vivas del Palacio y quedaron en manos de las Fuerzas Armadas.

Aunque entonces la mayoría quiso echar tierra sobre una tragedia de la cual el M-19 no fue el único pero sí el mayor responsable, y se negó a reconocer que los militares también tenían su cuota de responsabilidad y que su condición de fuerza legítima del Estado no les daba patente de corso para violar las normas más elementales del Derecho Internacional Humanitario, hoy queda claro, una vez más, que sin verdad y sin justicia no es posible pasar las páginas tristes de la historia. Tarde o temprano los fantasmas salen del clóset.

El primero salió en 1990, cuando un juez llamó a los miembros del M-19 a rendir cuentas ante la Justicia porque consideraba que la toma del Palacio y de rehenes era un delito de lesa humanidad, delito que no prescribe. El Congreso aprobó entonces una ley de amnistía e indulto y en nombre del M-19, Antonio Navarro Wolff reconoció su parte de responsabilidad y pidió públicamente que los militares que habían participado en la operación para retomar el Palacio fueran perdonados. Para quedar en tablas, el Congreso archivó los casos contra funcionarios.

Muchos creyeron que el tema del Palacio de Justicia quedaba cerrado. Se equivocaron. A finales del 90 la Procuraduría, en cabeza de Alfonso Gómez Méndez, pidió destituir a quien había dirigido el operativo militar, general Jesús Armando Arias Cabrales, por violación del DIH. Fue la única decisión disciplinaria tomada hasta entonces. (En 2001 el Tribunal de Cundinamarca anuló la sanción y en 2003 el Consejo de Estado tumbó el decreto de destitución). Al Procurador le cayeron rayos y centellas, fue sometido a un debate en el Congreso donde fue atacado con el argumento de que era inconcebible que mientras los del M-19 habían sido favorecidos por amnistías e indultos, los militares fueran sancionados. Las presiones lo llevaron a renunciar poco después.

Un nuevo fantasma apareció en agosto de 1994: el Consejo de Estado abrió la puerta para que, por medio de demandas, la Nación pagara millonarias indemnizaciones a los familiares de los civiles muertos en la toma. Uno más asomó en 2001: una comisión de fiscales creada por el fiscal general, el ex procurador Gómez Méndez, encontró en una fosa común los restos de una de las personas desaparecidas del Palacio de Justicia.

El 6 de noviembre de 2005, 20 años después de la tragedia, muchos más fantasmas pugnaron por salir del clóset: el Presidente de la Corte Suprema dijo que el caso no podía quedar en la impunidad y anunció la creación de una Comisión de la Verdad. Poco después, el fiscal general, Mario Iguarán, reactivó investigaciones que habían quedado sospechosamente congeladas, como un proceso de 2002 por la desaparición de 10 personas, entre ellas varios empleados de la cafetería del Palacio.

La detención de Plazas Vega y otros oficiales indica que el caso del Palacio de Justicia está vivo. ¿Serán llamados a rendir cuentas también los generales que participaron en la retoma? Todo indicaría que sí. La Fiscalía va a la fija porque los delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, no prescriben.

Por eso ahora que hay en marcha un proceso con los paramilitares, no sobra recordar lo que alguna vez dijo el presidente Uribe: “Colombia no puede repetir errores ni a favor de los paramilitares, ni a favor de los guerrilleros”. Habría que agregar: “Ni a favor de los militares”.


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