Cuando se cumplen dos años de
vigencia de la Ley 975 de 2005,
conocida como la ley de la impunidad,
que montó un mecanismo de beneficios
para los grupos paramilitares, ha
estallado una nueva crisis que enfrenta
al presidente Uribe, unido a los jefes
y patrocinadores de estos grupos,
contra el sistema de justicia del país.
Lo más revelador de este nuevo tropiezo
oficial es que el primer mandatario
aparece abiertamente del lado de
los paras y en franco enfrentamiento
con uno de los poderes del Estado capitalista.
Uribe aquí no guarda la más
mínima precaución, a pesar de su investidura,
en aparecer en este papel
ante el país y la opinión internacional.
De otro lado, en su increíble angustia
por salvar a sus congéneres, el Presiente
se enreda cada vez más en sus propias
contradicciones. Mientras niega la
existencia del conflicto y su carácter político,
pretende torcerle el pescuezo a la
ley penal y como lo opina la Cor te, pretende
transmutar un delito común en infracción
política, lo cual, según el alto
tribunal, no puede hacerse “bajo ningún
pretexto”. Esto que pretende el Gobierno
es un mundo al revés: negar carácter
político a la insurgencia y al mismo tiempo
convertir en políticos a los criminales
del paramilitarismo. Como se v e, la
argumentación oficial se ha metido en
un laberinto del cual será muy difícil salir,
a menos que se use una vía dictatorial
para ganarle la partida a los juristas de la
Corte y a la lógica.
Pero además, en este extraño choque
de trenes en que se ha metido el Gobierno
hay un elemento nuevo. Se tr ata del asalto
a uno de los principios canónicos del sistema
de poder burgués, como es la separación
de los poderes del Estado. Y lo curioso
es que esto se hace esgrimiendo una
contrateoría de los poder es. Según el grupo
que rodea al Presidente, hay una tesis
que se llama “la unidad del Estado”, según
la cual la separación de poderes y la
autonomía de éstos ya no existe en el caso
colombiano.
En un discurso en Pereira el Presidente
declaró que ya no se puede “alegar
la independencia de las instituciones”.
Para él, la Justicia debe someterse
a lo que disponga la Presidencia de la
República. El único poder en esta nueva
teoría es el poder presidencial.
Tal vez el combo uribista no ha caído
en cuenta de que por una paradoja de la
historia, lo primero que hizo el fascismo
europeo fue negar de plano las instituciones
de la democracia burguesa. ¿O tal vez,
está dispuesto a adentrarse concientemente
por el tortuoso camino del fascismo?.
Según su hoja de vida, el Dr. Uribe
es un jurista de la Universidad de Antioquia.
Lo que no sabemos es si “capó”
derecho constitucional o si fue un pésimo
alumno de Montesquieu, el padre de
la teoría de los poderes del moderno Estado
burgués.
