Asesinatos de cadena : Indymedia Colombia

El asesinato del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, un hombre que salió vivo –aunque herido– del infierno del Palacio de Justicia hace 22 años, que fue asesinado con tiros de gracia por los héroes que dirigían el operativo para salvar la democracia y luego devuelto al sitio del holocausto para hacerlo aparecer como un guerrillero, no puede seguir en la escandalosa impunidad con que se ha escondido este crimen de lesa humanidad. Y debería llevar a esclarecer los demás crímenes que se cometieron en los sangrientos operativos de la toma y la retoma del Palacio. El país no puede aceptar que se tapen con lápidas de silencio e indiferencia, sistemáticamente calculadas, las tumbas de los magistrados y ciudadanos asesinados ese día. La justicia –coja, renga, tuerta, manca, destrozada y chantajeada por los criminales– debe llegar, como declaran los medios de comunicación, los medios oficiales, hasta las últimas consecuencias, que son los generales y los altos oficiales, los mandos medios y los soldaditos que ejecutaron las órdenes venidas de lo alto.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y por tanto se debe volver a mirar y revolver el caso, hasta llegar a establecer la responsabilidad de toda la línea de mando que dirigió el salvaje operativo. Estén vivos o muertos los ejecutores y los determinadores, quieran o no los familiares de las víctimas, la justicia no puede seguir siendo víctima del chantaje militar y de la complicidad civil. Porque antes y después de los crímenes del Palacio, la historia se repite y cito sólo tres casos, de los muy numerosos que se esconden u olvidan: a comienzos de los años 90, el capitán de la Policía Elkin Alejandro Archibold Archibold y el teniente Jorge Arturo Ojeda Arenas ordenaron fumigar a seis civiles –casi todos estudiantes– en la famosa masacre de Santa María del Lago en Bogotá, presentados por los medios como parte de la banda que horas antes había asaltado las oficinas del Citibank en Puente Aranda.

Quién sabe qué recompensa estaban ofreciendo los afectados. Once años después, la Nación, ese fondo que paga lo que los empleados oficiales cometen, fue condenada a pagar $1.200 millones a los familiares de las víctimas. Y ahí quedó el caso. Arriba del capitán no existían mandos. En el caso también terrible de Cajamarca, sucedido en 2004, el general Ospina declaró, después de que el Ejército disparó a quemarropa sobre una familia campesina, que lo que había sucedido era que las víctimas habían corrido hacia los uniformados y estos, acorralados por los civiles que llevaban de la mano niños, dispararon como reacción de autodefensa. Ello explicaría los tiros hechos a menos de 30 centímetros encontrados en los cuerpos de las víctimas. Los medios se arrodillaron, y arrodillados repitieron el parte del alto mando. La obediencia debida tapó todo.

A comienzos de la semana pasada, el Gobierno ordenó titular en voz alta a los medios que los militares que asesinaron tres sindicalistas en Arauca, presentados como guerrilleros, habían sido condenados a 40 años. El tamaño de la letra de los titulares está dirigido al grupo de congresistas demócratas gringos que ha puesto el ojo sobre los operativos de los militares del Plan Colombia o Patriota o Victoria o Consolidación, y que condicionan la aprobación del TLC a que se castiguen y suspendan esos heroicos actos. La realidad es que no son casos aislados, ni los ejecutores de los asesinatos son meras “manzanas podridas”, como alega el Ministro de Defensa, ni pueden terminar sólo en señalamientos concretos: un ex sargento un ex subteniente, etc. La verdad es que se trata de una política militar vigente que pareciera buscar sembrar el terror y de paso poner entre la espada y la pared al Poder Judicial. ¡Que los generales y coroneles pongan la cara a la justicia –y a los gringos–, así como dice la propaganda que ponen el pecho en las batallas! Es vergonzoso que la justicia colombiana sólo actúe en casos como el de Arauca porque los gringos están ahí.

Esta presión gringa explicaría que el Ministro de Defensa haya divulgado una Directiva –07 de 2007– a las Fuerzas Militares que ordena no matar civiles, bajo la fórmula jurídica de “no cometer homicidios en persona protegida” (personas protegidas somos todos los ciudadanos). En el fondo se trata de una cínica confesión.

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