Un Congreso signado por la ilegitimidad : Indymedia Colombia

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia libró medida de aseguramiento contra la representante a la Cámara por el Departamento del Magdalena y vocera del Partido Cambio Radical en dicha Corporación, Karelly Patricia Lara Vence. Con la detención de dicha parlamentaria son ya quince los parlamentarios detenidos por los nexos entre congresistas y grupos paramilitares. Contra siete de ellos tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía General de la Nación han dictado resoluciones de acusación. En todos los casos se les acusa de concierto para delinquir agravado y al mismo tiempo se les imputa dos delitos electorales: fraude electoral y constreñimiento a los electores. En buen romance que sus curules fueron obtenidas mediante el fraude electoral y la amenaza armada a los electores. Son curules manchadas con la violencia, con la muerte y con la alteración de los resultados electorales. Pero ante la gravedad de estos hechos ¿Qué sucede? ¿Qué consecuencias ha traído para los partidos que los avalaron, que los presentaron como candidatos? ¿Qué consecuencias se han derivado para las autoridades públicas que se han beneficiado con sus votos?

El asunto es más grave si se mira de conjunto. Hasta el momento la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha vinculado a las investigaciones sobre los nexos entre paramilitares y políticos en ejercicio activo, a 35 parlamentarios de los cuales 31 pertenecen a la coalición de gobierno. Solo cuatro parlamentarios son del Partido Liberal que ejerce oposición a la coalición uribista. Los 31 parlamentarios investigados pertenecen a todos los partidos de la coalición uribista: son del Partido de la Unidad Nacional o Partido de la U, pertenecen a Cambio Radical, al Partido Conservador en sus más altos niveles, pues, un presidente de dicha colectividad, Julio Manzur está dentro de los investigados; pertenecen a Alas Equipo Colombia cuyo máximo vocero, Álvaro Araújo Castro, ha sido acusado por la Fiscalía General de la Nación de concierto para delinquir, constreñimiento a los electores, fraude electoral y secuestro. Pero están todos aquellos partidos que siempre se consideraron de garaje, a donde fueron a parar todos los excluidos o purgados de las listas de los anteriores partidos. Nos referimos a Convergencia Ciudadana que recientemente ha sido vinculada por la Corte al llamar a versión libre a cuatro de sus parlamentarios dentro de los cuales se encuentra Luís Alberto Gil, senador Presidente y vocero de dicho partido político.¹ Pero también se encuentran vinculados a las investigaciones, tres de los cuatro parlamentarios de Colombia democrática, lista que encabeza el Senador Mario Uribe, primo del Presidente de la República y también están allí todos los otros partidos de la coalición del Presidente de la República, tales como Apertura Liberal y Colombia Viva.

Todos estos parlamentarios son acusados de concierto para delinquir agravado, pues según tesis de la Corte Suprema de Justicia no solo se beneficiaron de los paramilitares sino que hacían parte activa de dichos grupos y algunos de ellos fueron quienes determinaron la realización de horrendas masacres como la acusación que se hace al senador Álvaro García Romero a quien la Corte Suprema acusa de ser el determinador de la masacre de Macayepo en el departamento de Sucre. ¿Qué consecuencias ha traído todo esto sobre los partidos que los presentaron como sus candidatos? ¿Qué ha sucedido con sus curules en el Congreso de la República? ¿Qué pasa con los funcionarios públicos, alcaldes y gobernadores, elegidos por estos partidos y beneficiarios de las mismas prácticas?

En Colombia no existe la responsabilidad política…ni la decencia política

Lo que sucede en realidad es que los parlamentarios detenidos, los quince, han sido reemplazados por integrantes de sus listas de acuerdo a la votación que obtuvieron en las elecciones de marzo de 2006. Ellos siguen tomando decisiones que afectan la vida de todos los colombianos. Miembros de sus listas votaron el recorte de las transferencias en cerca de 52 billones de pesos para los próximos años, recursos que afectan principalmente la inversión en salud y en educación pública como también en agua potable y saneamiento básico. Estos recursos fueron entregados al Presidente de la República fortaleciendo su capacidad de gasto a través del Programa Presidencial de Acción Social. Habrá que ver como se puede hacer un seguimiento al gasto público que se ejecuta desde este superministerio que depende directamente del Presidente de la República.

También decidieron sobre la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, siguen aprobando leyes como la de la salud, en la cual hay inmensos intereses del paramilitarismo, como ha quedado demostrado en las investigaciones que se han realizado sobre este sector. Ellos siguen aprobando el presupuesto nacional y aprobaron el Plan de Desarrollo y aprobaron las leyes que favorecen a los terratenientes dedicados a los cultivos de palma africana exentos de pagar impuestos por cinco años y aprueban un Estatuto agrario que busca reducir el tiempo de titularidad de las propiedades agrarias, con lo cual se puede concretar el despojo de los desplazados y ellos aprobaron una Ley de Justicia y Paz que garantizaba la impunidad para los crímenes de los paramilitares y les confería el carácter de delincuentes políticos, en fin, hay que llamar la atención de la comunidad académica que debería responder a la pregunta que alguna vez se formuló la investigadora de la Universidad de los Andes, Elizabeth Ungar: ¿En beneficio de quién han legislado en los últimos cinco años los parlamentarios comprometidos con el paramilitarismo en el país?

La realidad es que el gobierno del presidente Uribe les sigue manteniendo sus cuotas burocráticas en institutos descentralizados y en Ministerios y los sigue defendiendo públicamente y hasta premiándolos por su buena conducta. Para la muestra un botón, cuando la investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris encontró que la votación del senador Oscar Iván Zuluaga tenía resultados altamente atípicos en las zonas dominadas por el paramilitarismo, el Presidente salió públicamente a descalificar a los investigadores y prácticamente los apabulló. Luego aparecieron fotos comprometedoras de Oscar Iván Zuluaga con una concejala, hoy prófuga de la justicia y ahora han aparecido correos electrónicos cruzados entre la oficina del entonces Senador y el jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. La respuesta del presidente Uribe, nombrar a Oscar Iván Zuluaga como Ministro de Hacienda. Ahora parte de sus socios políticos han sido vinculados a la investigación penal en la Corte Suprema de Justicia.²

Frente a todo esto, ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente Uribe? La misma que tuvo cuando se implicó en las investigaciones de la parapolítica al jefe de la policía política, es decir, del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Noguera Cote, la misma que tuvo cuando se acusó a Salvador Arana a quién mantuvo hasta el último momento como nuestro flamante embajador ante la República de Chile. La misma que tuvo frente al senador Álvaro Araújo Castro y a su hermana la canciller de la República, Consuelo Araújo Castro. Siguen repartiendo puestos, apoyan a conocidos narcotraficantes como el crédito que dieron a través del Incoder, en el pasado a un reconocido narcotraficante alias “Miky Ramírez”, ahora desde el Fondo Nacional de estupefacientes dan un crédito a la concesión de los Nule Amin que construye la doble Calzada Bogotá- Girardot, máxima concesión otorgada por el Estado Colombiano. Resulta que en finca del señor Nule Amin se reunieron los paramilitares para programar fraudes, asesinatos, masacres, etc., la Corte Suprema de Justicia ha pedido que se investigue al señor Nule Amin sin que la Fiscalía haya respondido de manera diligente. También está probado que a la campaña del candidato Uribe Vélez entraron recursos provenientes de varios sectores del paramilitarismo y del narcotráfico. Cerca de 300 millones de pesos de Enilse López, alias “La Gata” y señalamientos de rasguño y otros de haber contribuido generosamente con la campaña del entonces candidato de la “Seguridad Democrática”. Infiltraciones del paramilitarismo en las más altas esferas oficiales, financiamiento ilegal de la campaña electoral del Presidente, abuso de poder al conceder indulto como delincuentes políticos a 19 mil paramilitares sin preguntarles si estaban incursos en delitos de lesa humanidad, calumnias a la oposición, abuso de poder. Bueno y ahora este Congreso admirable como lo calificó el ex ministro Sabas Pretelt de la Vega a este Congreso de representantes del paramilitarismo, se atreve a ventilar la posibilidad de un tercer período para el Presidente. Algunos medios de comunicación deberían leer la sentencia de la Corte Suprema en que el máximo tribunal de la Justicia Penal en el país responsabiliza al gobierno de extender de manera arbitraria un indulto a 19 mil integrantes de las autodefensas sin vincularlos a la investigación y a que de manera clara declaren que no han cometido o participado en la comisión de delitos atroces.

Debemos decir que somos partidarios de encontrar una salida política al conflicto. Que nos parece adecuado que se vincule formalmente a éstos 19 mil miembros de las autodefensas y a que cese el procedimiento previa declaración de que se comprometen a presentarse periódicamente, a que bajo la gravedad del juramento declaren que no estuvieron comprometidos en la realización de delitos de lesa humanidad y a que no podrán participar en procesos electorales.

Las víctimas requieren que sean reconocidos sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y a las garantías de no repetición, solo cuando el gobierno reconozca estos derechos podremos decir que avanzamos en la línea de superación de la horrible noche de crimen y de arbitrariedad del Estado.

Una reforma política que reivindique la dignidad de la política

El país requiere con urgencia la probación de una reforma política que responsabilice a los partidos por sus acciones. Colombia no puede seguir con un marco jurídico en que los partidos puedan seguir cohonestando con el crimen, con el financiamiento ilegal de las campañas, con la práctica de avalar candidatos y partidos que son verdaderas asociaciones no para garantizar el bien común sino asociaciones para delinquir. Pérdida definitiva de las investiduras, devolución de recursos provenientes del Estado para el financiamiento de sus actividades políticas, financiamiento público total para las campañas electorales, muerte política para los corruptos, elevación del umbral al cinco por ciento del total de los votantes. Todo ello así como la transparencia electoral son medidas necesarias para eliminar prácticas antidemocráticas y mafiosas.

Así mismo además del apoyo a la Corte Suprema y a la Corte Constitucional debemos pedir que antes de la extradición de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna y de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, ellos deben confesar sus crímenes en Colombia, sus apoyos y la entrega de todos sus bienes para la reparación de las víctimas. Es lo menos que debe pedir un Estado Democrático.

Notas
¹ También fueron llamados a versión libre el senador José Manuel Herrera Cely, y los representantes a la Cámara Alfonso Riaño Castillo y Oscar Josué Reyes.
² La Corte abrió formal investigación en contra de la Senadora del Partido de la U Adriana Patricia Gutiérrez, al tiempo que también contra los representantes liberales Dixón Ferney Tabasco y Emilio Ángel Barco integrantes del Partido Liberal.

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