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Ejército califica movilización popular de “guerrillera”
por Agencia Prensa Rural
Tuesday, Sep. 25, 2007 at 3:40 PM
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Ante la convocatoria de la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares para hacer una movilización el 10 de octubre contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y sus políticas económicas y represivas, tropas del Ejército Nacional han empezado a amenazar a las comunidades bajo el pretexto de que dicha movilización estaría siendo organizada por la insurgencia, desconociendo así el derecho fundamental a la movilización y a la protesta.
Tal es el caso de la población de Planadas (Tolima), donde los helicópteros militares lanzan volantes que literalmente dicen: “No participe en actos de terrorismo. No permita que lo sigan utilizando como carne de cañón. No vaya a la movilización que las FARC van a hacer. No se convierta en cómplice de terroristas y asesinos”.
En poblaciones del Pacífico se llega al extremo de calificar directamente a quienes se movilicen como “terroristas”. Se conoce al menos un caso, en Alvarado (Tolima), donde militares allanaron la vivienda de un líder agrario con base en infundios semejantes. En diferentes regiones se amenaza a través de rumores sobre la presencia de las paramilitares “Águilas Negras”, dispuestas a ejercer represalias contra quienes se sumen a la protesta.
Este señalamiento ha sido orquestado, a nivel nacional, desde que se hicieron las primeras reuniones de las organizaciones para convocar la movilización. A través de éste se puede ver que el verdadero objetivo de la militarización - o de la política de “seguridad democrática” en el gobierno de Uribe Vélez - es coartar la organización de las comunidades populares para proteger los intereses de la clase dirigente. Esta situación evidencia que no existen garantías tan elementales como la de la libre movilización y la protesta pacífica, reconocidas en cualquier estado de derecho.
Lejos de intimidar a las comunidades, esta propaganda estatal, que sí es terrorista, legitima con más fuerza la movilización que exige la renuncia del presidente y su gobierno y la derogatoria de las políticas antipopulares y violatorias de los derechos humanos que vienen ejecutando a favor de la oligarquía y las corporaciones transnacionales.
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