Constancia Histórica y Censura Moral Curvaradó-Jiguamiandó AMENAZAS DE MUERTE : Indymedia Colombia

Bogotá, D.C. 21 de septiembre de 2007

FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República

CARLOS HOLGUN SARDI
Ministro del Interior

FERNANDO ARAUJO
Ministro de Relaciones Exteriores

JUAN LOZANO
Ministro Ambiente

MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación

EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación

JULIO CESAR TURBAY
Contralor General de la Nación

VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo

Ref: Atentado, Amenazas de muerte a retornados, a Observadores Internacionales, Señalamientos a Defensores de Derechos Humanos

“Aparten la violencia y la rapiña y practiquen el derecho y la justicia” Ez, 45, 9b

Reciban un respetuoso saludo.

Nuestra Constancia y Censura Moral ante el atentado perpetrado en una acción de tipo paramilitar, ocurrido en la noche del 17 de septiembre en Belén de Bajirá, en contra de MIGUEL HOYOS y WALBERTO HOYOS, reconocidos líderes de las comunidades de Caño Manso y Curvaradó, testigos en procesos judiciales por la apropiación de tierras en la región por paramilitares y MIGUEL testigo en el crimen de ORLANDO VALENCIA.

Nuestra Constancia y Censura Ética ante las evidentes medidas de actuación ante las estructuras de tipo paramilitar que operan en la región bajo el nombre de “Aguilas Negras” o las operaciones de estructuras de civiles armados y con radios de comunicación que en apariencia son desmovilizados y que operan con la tolerancia de las unidades policiales y militares. Tal como ocurrió días antes del atentado, integrantes de estructuras de tipo paramilitar manifestaron que estaban “engordando gente” para arreglar las cosas que se estaban desordenando con tanto reclamo de las tierras.

Nuestra Constancia ante la serie de amenazas que profieren contra los pobladores, que han tomado la decisión con base en el derecho ancestral de regresar a sus lugares de origen en el Territorio Colectivo del Curvaradó o las parcelas individuales en la misma área como Caracolí, El Limón, Cetino, Caño Claro, Andalucía, Camelias, luego de desplazamientos forzados, crímenes perpetrados por estructuras paramilitares, con la destrucción de poblados, la destrucción ambiental y la transformación de tierras plena de biodiversidad en haciendas, en agronegocios de palma de aceite, en pastos para la extensión ganadera y en laboratorios de cocaína.

Nuestra Constancia ante las graves amenazas, señalamientos contra los observadores internacionales de derechos humanos y ambientalistas, proferidas por sectores empresariales de lógicas paramilitares que han motivado o coincidido con actuaciones irregulares y abusivas de agentes del organismos de seguridad del Estado, DAS contra los pobladores y los defensores de derechos humanos que ejercen el legítimo derecho de promover, de defender, y de afirmar los derechos.

Nuestra Constancia y Censura Ética ante la ausencia de medidas eficaces más allá de la formalidad legal para generar garantías en el derecho de restitución de la propiedad de los afrocolombianos y mestizos, que se ven vulneradas por las actuaciones contra derecho y abusivas del Inspector de Policía de Belén de Bajirá y la institucionalidad local, quién abusa de su poder, y de quién testigos afirman haber visto en épocas navideñas estar al lado con reconocidos paramilitares, entregando regalos a los niños y las niñas a nombre de FREDY RENDON, CARLOS CASTAÑO Y VICENTE CASTAÑO GIL, SOR TERESA GOMEZ, vestido y armado.

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante los siguientes hechos:

Caserío Caracolí, Territorio Colectivo del Curvaradó

*Miércoles 20 de junio a eso de las 10:00 a.m. la campesina LIRIA ROSA GARCIA, junto con 5 familias más, regresaron a su parcela ubicada en el caserío de Caracolí, Territorio Colectivo del Curvaradó, luego de 10 años de su desplazamiento forzoso por operaciones de tipo paramilitar.

A su regreso los campesinos constataron que la propiedad de 45 hectáreas había sido ocupada ilegalmente por la familia ARGOTE, en cabeza del señor ARGOTE, apodado “El Guajiro”, de quién de acuerdo con testigos es uno de los beneficiarios de las operaciones de tipo paramilitar.

La familia ARGOTE sumó esta propiedad, a muchas más, que se usan ilegalmente en la extensión ganadera, y que se convirtieron en una hacienda denominada ahora como “La Tukeka”, desconociendo la ocupación ancestral de la población de Caracolí.

Hacia las 10:30 de ese día, el administrador de “La Tukeka” abordó a los campesinos a nombre de “El Patrón”, solicitando a la campesina LIRIA ROSA dar razón de quién la había autorizado a estar allí pues la propiedad es de ANTONIO ARGOTE. La integrante del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Curvaradó expresó, a los ocupantes de mala fe, que esa tierra le pertenecía a su familia y a todos los que allí han habitado desde hace más de 30 años y agregó: “ninguna de las familias que retornamos, hemos vendido ni hemos realizado negocio, fuimos expulsados por los paramilitares, y ustedes lo saben”.

El administrador ante la respuesta decidió retirarse del lugar.

Minutos después regresó con un teléfono celular, la voz que se escuchó, se identificó como de ANDRES ARGOTE, hijo del “Guajiro” quién preguntó a LIRIA ROSA las razones por las que se encontraba allí. La campesina reiteró que había sido desplazada por los paramilitares, que nunca había vendido su tierra a nadie y por eso tenía el derecho de regresar.

En tono de advertencia ARGOTE le manifestó: “Yo voy para allá”, y la pobladora expresó: “yo no tengo una casa muy buena como la que usted construyó en nuestra tierra, la mía ahora está debajo de un árbol de mata ratón, aquí lo espero para reconozca nuestra propiedad”.

Luego de terminar la llamada el administrador se retiró del lugar.

* Viernes 22 de junio hacia la 1:00 p.m. ANDRES ARGOTE, un abogado y cuatro policías entre ellos uno que se identificó como Comandante de la Estación de Belén de Bajirá, ELVIS LOPEZ DOMINGUEZ llegaron al caserío de Caracolí, donde se encontraba trabajando la campesina LIRIA ROSA. ARGOTE, el ocupante de mala fe, expresó que la familia reconocía como representante legal del Curvaradó a MANUEL MOYA., afirmando que con él, “sí se hacían negocios, MOYA no pone nunca problemas”. Y agregó: “nosotros podemos darle tierra a ustedes en otra parte” (…) “podemos arreglar todo, sin ningún problema”.

En respuesta uno de los integrantes del Consejo Comunitario que allí se encontraba aclaró que el caserío de Caracolí es territorio Colectivo del Curvaradó y la representante legal es LIGIA MARIA CHAVERRA, agregando, que no podían olvidar, “que fue tomada por las armas, con desplazamiento y amenazas, como ustedes lo saben”.

Ante la respuesta el señor ARGOTE le indicó a la policía y los trabajadores que se retiraran. En tono amenazante expresó: “antes de 6 días voy a volver, y sabrán”. LIRIA ROSA respondió: “si nos pasa algo, usted es el responsable, yo no tengo problemas con nadie, los problemas aparecieron cuando ustedes llegaron, y lo que hago es en justicia”.

* Lunes 25 de junio hacia las 3:00 p.m. el inspector de policía CARLOS ELOY ELJACH NAVARRO, el sargento WILSON IBARRA de la Policía de Belén de Bajirá, 5 agentes más y el administrador de “La Tukeka” se acercaron a las familias que retornaron con una citación en la que requería a LIRIA ROSA para presentarse en la Inspección Policial de Belén de Bajirá el día 27 de junio. La citación la campesina se negó a firmarla.

Hacia las 3:15 p.m. se retiraron del lugar en los mismos caballos en que ingresaron.

* Miércoles 27 de junio hacia las 10:00 a.m. la señora LIRIA ROSA, junto a 6 miembros de los Consejos Comunitarios y el Veedor Ciudadano de Belén de Bajirá, WALBERTO HOYOS, el representante del Consejo Menor de El Guamo, EUSTAQUIO POLO, quién ha sido amenazado e intimidado por unidades militares para “arreglar con los empresarios”, se presentaron a la Inspección policial en Belén de Bajirá. En el lugar, además del Inspector ELJACH se encontraba el abogado de “El Guajiro” y CLAUDIA ARGOTE.

El representante del Consejo Comunitario de El Guamo sustentó que la propiedad de LIRIA ROSA era parte del Título Colectivo, en el que ella habita desde hace más de 27 años, la propiedad está cobijada por la ley 70, y en tanto, los mestizos mantienen la convivencia y las tradiciones de los afrodescendientes se les reconoce como parte de esos derechos.

El abogado empresarial manifestó que esa afirmación no tenía validez jurídica, pues más de 4 años de posesión como la de “El Guajiro” con trabajos de los predios generan unos derechos.

LIRIA ROSA precisó que lo que se produjo fue una ocupación con violencia, con destrucción de viviendas, de bosques, de bienes de pan coger y con secamiento de los ríos para la ganadería extensiva, “eso es lo que llaman trabajo?”. Minutos después los integrantes del Consejo Comunitario se retiraron del lugar, siendo advertidos de que el predio seria desocupado.

* Miércoles 4 de julio hacia las 9:30 a.m. arribaron a la propiedad de la señora LIRIA ROSA, el Inspector de Policía de Belén de Bajirá, CARLOS ELOY ELJACH NAVARRO; aproximadamente 20 policías al mando del sargento WILSON IBARRA; informando que procederían al desalojo.

La pobladora expresó que no se retiraría del lugar pues ella y las familias restantes no estaban invadiendo, pues se encontraba en su propiedad, regresando luego de 10 años de desplazamiento. Las unidades policiales manifestaron que cumplían la ley. La campesina expresó: “si fuera cumpliendo con la ley, ya hubieran sacado a “El Guajiro” del lugar, él que se beneficio de la violencia está ahí tranquilo, mientras yo que soy pobre, se me niegan los derechos”.

Hacia las 12:00 p.m. se retiraron del lugar, dejando una nueva orden de desalojo para el 6 de julio.

* Miércoles 11 de julio hacia las 12:30 p.m. en Belén de Bajirá en el sitio conocido como el Kiosco, en el Parque Central, se encontraban reunidos el sargento WILSON IBARRA, ANDRES ARGOTE, hijo de “El Guajiro”, su abogado, manifestó a LIRIA ROSA, que podría entregar 1 millón de pesos (U.S 470) para que se saliera de Caracolí “mientras todo se arreglaba”. La campesina se negó a aceptar el trato.

La familia ARGOTE y sus allegados insistieron en que debía salir de allí, “si no lo hace, todos se van a venir a sus tierras y eso es un problema más grave”.

Hacia la 1:00 p.m. concluyó la reunión.

* Lunes 17 de septiembre en horas de la mañana FABIO GIL, de quién se dice es sobrino de los CASTAÑO GIL, quién posee una Tienda en el casco urbano de Belén de Bajirá en donde con paramilitares, obligó a pobladores a vender la tierra y a suscribir documentos de compra venta, pasó por el caserío de Caracolí, Territorio Colectivo del Curvaradó, ingresando ganado.

Zona Humanitaria, Caño Claro - Andalucía

* Martes 7 de julio a las 11:00 a.m. el reconocido paramilitar apodado como “El Gago”, junto con otro hombre vestido de civil, ingresaron con una cámara fotográfica hasta la Zona Humanitaria de Andalucía Caño Claro.

Al ser sorprendido por don ENRIQUE PETRO, abordó una motocicleta y se retiró del lugar.

* Viernes 10 de julio a las 12:00 p.m. el sargento IBARRA se acercó al señor ENRIQUE PETRO en el perímetro de Belén de Bajirá para ponerse a su disposición en materia de protección. El señor PETRO indicó que era muy importante que este dialogara con el empresario GABRIEL JAIME SIERRA a fin de que este suspendiera el tráfico de tractores cargados de fruto de palma en su propiedad.

El uniformado indicó que no podía hacer nada porque el problema de la propiedad de esa tierra estaba sin resolver. Ante la respuesta, el señor PETRO reiteró que tenía documentos que verifican su ocupación de la propiedad, y de su mejora como parte del titulo colectivo desde hace más de 40 años, y que contaba, así mismo, con decenas de testigos, pero los “únicos que no quieren reconocer son algunas personas”. Repitió el campesino PETRO que los empresarios lo sacaron de sus tierras en el 2000 mediante amenazas e intentos de asesinarlo a través de grupos de paramilitares y que después de dos desplazamientos él no estaba dispuesto a huir.

El sargento IBARRA volvió a insistir en que no era competente para actuar frente al empresario JAIME SIERRA. El campesino PETRO le replicó, si no tienen esa competencia porque razón durantes tres ocasiones han solicitado a la señora LIRIA ROSA salirse de Caracolí acatando la orden de un desalojo amañado, cuando ella es la legal y legítima ocupante en ese caserío. Y agregó: “si fuera rico ahí si actuarían, pero como no lo soy no hacen nada. A JAIME SIERRA, quien ha robado las tierras, ahí si se sacan disculpas para actuar”.

PETRO le comunicó que el reconocido paramilitar conocido como “El Gago”, había ido hasta su finca a tomar fotografías. Ante la queja el agente estatal manifestó, en tono de burla, “pero por que se preocupa si sus gringos le toman también fotos a todo el mundo”. El campesino le exigió respeto y distinción, una cosa es un civil y otra un paramilitar, no parece ser la respuesta de la autoridad, agregó PETRO.

El mismo día, el empresario JAIME SIERRA, hacia las 3:00 p.m. se comunicó al teléfono celular del campesino EMILIO CABEZAS y le propuso que recibiera $ 5.300.000 pesos, (U.S $ 2000). El campesino CABEZAS respondió al empresario que no estaba interesado en negociar, que nunca había negociado y lo único que quería era la devolución de la finca.

La propiedad llamada “Los Cativos”, ubicada en el caserío Las Menas, es una propiedad individual que delimita con el Título Colectivo del Curvaradó, que el empresario pretende legalizar, fue usurpada por él y sembrada por palma aceitera y pertenece al campesino OSCAR CABEZAS, padre de EMILIO, es de 13 hectáreas y 1.441 metros.

La familia CABEZAS ha recibido la propuesta de parte de GABRIEL JAIME SIERRA “hacerse socios, como los de caño claro”, agregando que a él no le preocupaba la ley, y además tenía títulos de adjudicación otorgados por el Incora hace muchos años.

* Lunes 23 de julio hacia las 8:00 a.m. el reconocido paramilitar MARCO USUGA en Brisas del Curvaradó, en tono amenazante expresó a integrantes del Consejo Comunitario que a quiénes estaban reclamando las tierras, se les iba a cobrar muy caro.

Durante el día cerca de 60 militares de la Brigada 17, en el caserío Las Menas, territorio del Curvaradó, ocuparon la propiedad del campesino EUGENIO NUÑEZ, testigo en el proceso por la desaparición y posterior asesinato de ORLANDO VALENCIA. Los militares hicieron caso omiso de la solicitud del propietario que se retiraran del lugar, ocuparon lugares comunes de los miembros de la familia.

Viernes 27 de julio en horas de la mañana se retiraron los efectivos regulares del lugar.

* Martes 31 de julio entre las 11:30 a.m. y las 4:00 p.m. un tractor de las empresas palmeras irrumpió en la propiedad del campesino ENRIQUE PETRO, destruyendo sus cercos. El hecho fue puesto en conocimiento de las instancias de gobierno y de Estado que participaban en la visita de seguimiento de las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

* Jueves 2 de agosto a las 11:30 a.m. un tractor rompió el cerco de propiedad del campesino ENRIQUE PETRO para transportar el fruto de la palma por el camino que conduce a la Zona Humanitaria de Andalucía Caño Claro. La responsable del tractor, la mujer del reconocido paramilitar conocido como “El Gago”, vestía una camiseta con el logo de Urapalma, al acercarse el propietario del predio se cubrió el rostro con una ruana.

El integrante del Consejo Comunitario expresó: “ustedes no tienen derecho de seguir pasando ese tractor por mi finca, mire como han dañado mi cerca, por favor no vuelvan a pasar el tractor por aquí. La mujer respondió que estaba cumpliendo órdenes “del patrón”.

Segundos después, la trabajadora de Urapalma se comunicó con su radio de frecuencia al número 1717 y al 2121, expresando que se había presentado un problema, “no dejan pasar el tractor”. La conductora recibió la orden de dirigirse por otro camino hacia el casino donde se encuentran los militares, a menos de 4 minutos de la Zona Humanitaria.

* Viernes 3 de agosto hacia las 8:00 a.m. a la Zona Humanitaria de Caño Claro Andalucía se acercó al campesino ENRIQUE PETRO, el reconocido paramilitar LUIS FLORES apodado “Ñeque” quien le increpó por no permitir el paso “por su finca de los tractores con la fruta”, y agregó, “el gerente de Urapalma le manda a decir que vaya a la oficina de Bajirá hablar con él”. El señor PETRO preguntó por el nombre del empresario sin recibir respuesta.

Hacia las 8:10 a.m. se retiraron del lugar.

* Jueves 8 de agosto a las 11:30 a.m. aproximadamente, en el casino empresarial ubicado en el puente del Río Caño Claro que conduce hacia la Zona Humanitaria Caño Claro Andalucía, un grupo de 4 afrocolombianos de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en el río Jiguamiandó fueron abordados por militares quiénes solicitaron sus documentos de identidad, requisaron prenda por prenda sus maletines.

Cuando los jóvenes preguntaron el nombre del comandante, uno de ellos respondió en tono de burla: “Jacobo Arenas”, se trataba en realidad del teniente MARIN. Este efectivo regular señaló falsamente a MISAEL MARTINEZ, de 19 años de edad. “A usted lo he visto en la Blanquita y en Isla, con uniforme y arma de las Farc, tengo un amigo que lo distingue”. Inmediatamente se comunicó por radio y solicitó que le comunicaran con el “Indio”, al cabo de unos minutos regresó y autorizó a los 4 jóvenes que prosiguieran el camino.

*Martes 28 de agosto hacia la 12: 45 p.m. tres vehículos con vidrios polarizados que se dirigían hacia el casino empresarial pasaron al frente de la Zona humanitaria de Andalucía Caño Claro escoltados por vehículos del Ejército Nacional. Al pasar por cerca del lugar de la siembra de maíz, después de la siega de la palma, los vehículos se detuvieron para apreciar los trabajos realizados.

Hacia la 1:00 p.m. cuatro hombres y una mujer con dos cámaras de video y una cámara fotográfica mientras realizaban registros sobre la Zona Humanitaria de Andalucía Caño Claro y la propiedad privada de la familia PETRO. Las personas que inicialmente se mostraron reticentes a dar a conocer su identidad, fueron abordados por la religiosa y defensora de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz solicitando su identificación. Uno del grupo respondió que pertenecían al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS de Medellín, y agregó: “venimos a averiguar el problema de las tierras, el problema con los campesinos”. En el carné se leía el nombre de GABRIEL LEON, detective. Posteriormente interrogaron a la religiosa por su nombre, su nacionalidad y si habían internacionales en el lugar.

Continuaron interrogándola acerca de: las razones por las cuáles los internacionales iban a la región, “¿qué internacionales vienen?, ¿qué organizaciones extranjeras acompañan?, ¿de dónde vienen?, ¿a qué organización pertenecen?, ¿cuántos vienen?, ¿por dónde ingresan a la región?, ¿si llegan a Bogotá?, o ¿ pasan por Medellín?, ¿ por qué lugar terrestre ingresan?.

Posteriormente agregan: “¿cuál ONG está patrocinando la Zona Humanitaria?” La defensora de derechos humanos precisa que no se trata de patrocinio alguno, sino de acompañamiento. Continúan preguntas por las comunidades acompañadas, el nombre de las comunidades acompañadas y reiteran la pregunta por las organizaciones de acompañamiento nacional e internacional. La defensora de derechos humanos ante la insistencia por la preguntas sobre lo que hacía la gente, respondió que, estaban ejerciendo su derecho a disfrutar de la tierra que ancestral y legalmente les pertenece y sembrando alimentos. Los funcionarios del DAS le manifestaron: “Por qué no se unen y dialogan con los de la palma, igual se genera trabajo, es desarrollo para la gente”.

La acompañante y el propietario de la tierra manifestaron su preocupación a los funcionarios del DAS por el uso de los registros, les solicitaron que dejaran de hacerlo, por los riesgos que pueden correr las personas de la comunidad. Los funcionarios manifestaron: “No la vamos a utilizar, queremos saber la verdad y sacarla a la luz, lo que se escucha a fuera es diferente”

La acompañante y el campesino, preguntaron por los vehículos escoltados por el Ejército, y expresaron: “ellos deben ser los empresarios”.

Los agentes del DAS afirmaron que venían de Belén de Bajirá y que allá todo estaba normal y tranquilo, que al preguntar a la gente por la presencia de los paramilitares, pues que nadie dijo nada, y “nadie los ha visto”. Ante tal afirmación los pobladores y la religiosa católica les manifestaron, que extraña el modo de realización del trabajo, cuando las autoridades nacionales sabían los lugares precisos en que se encontraban y en Belén de Bajirá se pasean los moto taxistas, se encuentran los alias “El Diablo”, alias “El Cucho” y en Mutatá tiene una hacienda que todo el mundo conoce ELKIN CASTAÑEDA, alias “Hermógenes Daza”.

Hacia las 2:00 p.m. luego de escuchar el testimonio de PETRO, de las amenazas de muerte y los atentados de que ha sido objeto, se retiraron del lugar.

* Domingo 5 de agosto hacia las 11:00 a.m. ENRIQUE PETRO fue abordado por tres militares que le manifestaron “por qué ha tumbado tanta palma, a usted se le ha ofrecido 30 millones de pesos para arreglar y dejar las cosas así, por qué desprecia la plata”. PETRO integrante del Consejo Comunitario expresó: “la plata de los empresarios me sirve es de perjuicio, porque ellos me dan la plata y después me mandan a matar”. PETRO continúo su camino hasta la Zona Humanitaria de Andalucía Caño Claro.

* Lunes 17 de septiembre a las 3:15 p.m. por la carretera que atraviesa por la propiedad de ENRIQUE PETRO cruzó el reconocido paramilitar conocido como “Jaison”, de quién se desconoce su situación jurídica. Entre Cetino y Caño Claro se ha observado al llamado “Boris” otro reconocido paramilitar que había salido de la región en el 2006, en la actualidad oficia como coordinador de una de las empresas palmeras.

Caño Manso

* Sábado 21 de julio, en horas de la mañana en el caserío de Caño Manso, en donde se ocupó de mala fe y se instaló la hacienda, Villa Alejandra I y Villa Alejandra II, previa expropiación ilegal a los campesinos, JOSE LUIS LUNA amenazó a quiénes regresaban a sus tierras en Caño Manso, expresándoles: “no respondemos por la vida de ustedes, salgan de allí, no trabajen por que eso lo van a perder”.

* Sábado 4 de agosto en horas de la mañana cerca de 80 personas, de 80 familias regresaron al caserío de Caño Manso, luego de 10 años de desplazamiento forzoso por operaciones paramilitares. A pesar de la oposición de los ocupantes de mala fe que convirtieron cerca de 1000 hectáreas de tierra de propiedad tradicional en dos haciendas “Villa Alejandra I y Villa Alejandra II”, con destrucción ecológica, destrucción de bienes comunitarios, los campesinos regresaron. En el lugar encontraron rastros de las casas destruidas, la construcción de una carretera moderna, la construcción de una casa finca ostentosa y la presencia de algunos “civiles” que participaron en estructuras paramilitares, así como, la constitución de una Asociación de Productores de Belén de Bajirá”, montada con el concurso de paramilitares y con la representación legal de SOR TERESA GOMEZ,

* Martes 4 de septiembre a las 8:45 p.m. “El Secretario” de nombre ARMANDO GOMEZ GARZON, y JOSE LUIS, conocido como “El tío” ordenaron a los trabajadores de Villa Alejandra I y Villa Alejandra II meter utensilios, maderas y otros materiales en la casa Comunitaria de Caño Manso, contiguo a la Escuela del caserío, del que fueron desplazados hacia 10 años los ocupantes tradicionales.

Minutos después se inició la quema del mismo, Los campesinos impidieron que el fuego se extendiera.

* Viernes 7 de septiembre hacia las 2.30 p.m. 3 trabajadores de “Villa Alejandra I y II”, uno de ellos ex soldado que tiene el apodo de “Megatejo”, otros dos con los alias “El Panga” y “El Molina” regaron gasolina sobre el templo de la iglesia Presbiteriana en el caserío de Caño Manso, al lado de donde se ubicaron las 80 familia que retornaron. El campesino EVER MORALES al observar lo que estaban haciendo los abordó exigiéndoles no quemar el templo, por que es un lugar sagrado, comunitario de Caño Manso y coloca en alto riesgo a las familias. Uno de los trabajadores expresó: “El Tío nos dio la orden y tenemos que cumplirla”

En ese momento 4 campesinos se metieron en el tambo del templo y expresaron: “este templo no lo dejamos quemar, preferimos morirnos todos”, refiriéndose a ellos y a los trabajadores. caserío de Playa Roja, municipio de Riosucio por JOSE LUIS LUNA quién le manifestó desde su camioneta: “usted lideró ayer la amenaza contra mis trabajadores, sepa usted que tendrá una demanda en la fiscalía” El campesino respondió: “el día en que entramos Caño Manso, en agosto pasado, después de 10 años de desplazamiento, nos encontramos con el alias de “Pablo”, “José Luis”, “El Secretario”, nos salieron con motos, y con 30 trabajadores y con machetes quisieron impedir nuestro regreso, y nos dijeron, si dan un paso respondemos y sus cuerpos se van a llenar de hormigas. Eso no es una amenaza de muerte. Nosotros solo defendimos el templo y solo estamos aquí por nuestros derechos”.

* Miércoles 19 de septiembre hacia las 12.40 p.m. JOSE LUIS LUNA fue visto a pocos metros de la unidades militares acantonadas en cercanía de “Villa Alejandra I”

Zona de Biodiversidad Cetino

* Martes 31 de julio hacia las 4:30 p.m. de ese mismo día funcionarios del Gobierno Nacional informaron, que el inspector de policía de Belén de Bajirá CARLOS ELOY ELJACH NAVARRO había ordenado el desalojo de los campesinos que adelantan actividades de corte de palma para la resiembra de alimentos en la Zona de Biodiversidad de la familia RENTERIA, ubicada en Cetino.

A las 4:55 p.m. un camión de la empresa Urapalma con hombres uniformados y otros de civil, entre los que se encontraba el reconocido administrador de la empresa Agropalma, de nombre ALIRIO, se acercó a la propiedad de la familia RENTERIA.

Los hombres de civil tomaron fotografías a dos miembros de la familia RENTERIA, a dos observadores internacionales y a una acompañante de nuestra Comisión de Justicia y Paz. Una vez hicieron los registros, se retiraron del lugar.

A las 7:47 p.m. el Comando de la Policía Nacional indicaron que las unidades policiales acudieron a Cetino por solicitud de los palmicultores, quienes informaron que una de sus propiedades estaba siendo afectada por el corte de palma con motosierra. Se sugirió importante una reunión con el General ORLANDO PAEZ VARON, Director de Seguridad, quién se encontraba reunido con los empresarios de la palma en Urabá.

Hacia las 8:15 p.m. el Programa Presidencial de Derechos Humanos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario informó que la policía había realizó una Inspección en Cetino, y que no era cierta la versión de una orden de desalojo.

* Miércoles 1 de agosto cerca de las 7:30 a.m. la familia RENTERIA MOSQUERA junto con los invitados nacionales e internacionales, se dirigieron a adecuar los terrenos de su propiedad sembrados con palma aceitera, para resembrarlos con productos de pan coger.

Hacia las 8:00 a.m. constataron la llegada de 11 trabajadores de los empresarios la palma, dirigidos un hombre conocido como “El Chupa”, con radio de comunicación. A este hombre se le ha visto en Belén de Bajirá junto con reconocidos paramilitares.

Los hombres se dirigieron al lugar en que se realizaba la siembra de alimentos y “El Chupa” preguntó a uno de los jóvenes afrodescendientes si le pagaban por ese trabajo. El afrocolombiano respondió que esto no esta cuestión de dinero sino de sus derechos reconocidos en la ley 70, “recuperar y proteger la tierra que habían sido quitadas a la fuerza”. “El Chupa” manifestó en tono amenazante que “eso se iba a cobrar por otro lado y les iba a salir muy caro”.

Después se comunicó por radio teléfono expresando: “están cortando palma 10 trabajadores”.

Un miembro de la familia MOSQUERA se acercó a “El Chupa” y a quien se encontraba a su lado exigiendo salir de la propiedad familiar, este respondió: “yo solamente soy un coordinador de cosecha y manejo 18 hombres y si los tengo que retirar los retiro e informo a la empresa, pero ustedes responden”.

Hacia las 9:00 a.m. en la carretera hacia el caserío de Llano Rico, también en la propiedad de la familia RENTERIA MOSQUERA, se encontraba un hombre conocido como JAMES, topógrafo de Urapalma, a quien se unió “El Chupa” y los 11 trabajadores de la palma. Uno de los trabajadores hizo nuevos registros fotográficos, a un menor de la familia RENTERIA MOSQUERA, a un cooperante internacional y a una acompañante nacional.

A las 12:50 p.m. al caserío de Cetino, Zona de Biodiversidad de la familia RENTERIA, en dos motocicletas, una de placas HXU 50, y otra sin placas, llegaron dos hombres, entre ellos, el conocido como ALIRIO, administrador de Agropalma. ALIRIO se dirigió a VITALINO MOSQUERA, propietario de las tierras, y en tono agresivo afirmó: “¿Por qué están cortando palma hoy si ayer en la reunión con gobierno se dijo que se paraba el corte de palma hasta que saliera la resolución del INCODER?”. VITALINO le manifestó “Usted sabe de quien son estas tierras, por que con usted hemos hablado muchas veces para que nos las devuelva, pero siempre se ha burlado de nosotros, ustedes saben como las obtuvieron, a usted no le gustaría que le invadieran el patio de su casa”.

El administrador indicó que él solo era un trabajador que por su experiencia en el Magdalena Medio fue traído al Chocó, que llegó a allí cuando el problema ya existía, dicho esto, se retiró del lugar.

A las 3:30 p.m. en una motocicleta llegaron la administradora de Urapalma, de nombre ANGELA, y GUILLERMO coordinador de la empresa Palmas del Curvaradó. ANGELA filmó a la gente que estaba en la siembra de alimentos y a los acompañantes nacionales e internacionales; GUILLERMO se cubrió el rostro con un poncho cuando observaron que los acompañantes se acercaban.

En ese momento se retiraron del lugar.

Hacia las 4:00 p.m. nuevamente las dos personas vinculadas con las empresas filmaron el hospedaje de la familia RENTERIA MOSQUERA.

A lo largo de ese día transitaron 10 camiones por las vías de Cetino y Caño Claro hasta Mutatá con el fruto de la palma aceitera, entre tanto, otros trabajadores de las empresas destruyeron bosque nativo en las riveras del río Curvaradó.

* Jueves 2 de agosto hacia las 12:00 p.m. en las hojas de las palmas en la Zona de Biodiversidad de Cetino se encontraron letreros tallados por los trabajadores de las empresas palmeras, en el que se lee: “FUERA GRINGOS DE URABA” “MUERTE A GRINGOS”.

A las 4:00 p.m. aproximadamente llegaron a Cetino dos funcionarias de Codechocó, JHON FREDY IBARGUEN MOSQUERA y otro de nombre JAIRO, quienes fueron atendidos por el habitante de la Zona de Biodiversidad OVIDIO RENTERIA. Al afrocolombiano le manifestaron que Urapalma había interpuesto una queja por delito ambiental ante el Teniente WILSON IBARRA BASTIDAS por el delito de “daño ambiental por el corte de palma”, agregando que cumplían con el deber de hacer la constatación, y que aunque se trata de una propiedad privada, los afrocolombianos pueden ser responsables de los daños ambientales que causen, por lo que podrían ser judicializados.

Los afrodescendientes de Cetino, les expresaron que no entendían las razones de la acusación de los delitos ambientales, si ellos estaban recuperando la ocupación de la tierra para reiniciar la biodiversidad destruida por la palma. Y preguntaron a los funcionarios por las acciones realizadas por Codechocó cuando se inició la destrucción del bosque y el secamiento de las ciénagas en el 2001 para sembrar palma. Los funcionarios respondieron que interpusieran las denuncias, a lo que los afrocolombianos manifestaron que todo eso se sabe desde el 2001 y nada ha hecho Codechocó. A la media hora se retiraron del lugar.

* Martes 28 de agosto hacia las 3:10 p.m. los mismos agentes del DAS ingresaron a la Zona de Biodiversidad de Cetino, filmando y tomando fotografías a las tierras sembradas en maíz, a los miembros de las familias y la palma caída. Los miembros de la familia RENTERIA exigieron respeto a sus derechos y el cese de los registros visuales.

Una mujer del DAS se identificó con un carné en el que se leía DIANA PALACIOS, quién preguntó por uno de los observadores y acompañantes internacionales: “venimos por que aquí hay un extranjero, un español”. En el lugar en ese momento no se encontraba ningún internacional, mientras continuaban las grabaciones con las cámaras de video, a pesar de la insistencia a que no lo hicieran.

Al acompañante de derechos humanos que allí se encontraba le solicitaron el documento de identidad, le preguntaron por el lugar de trabajo de sus padres, y volvieron activar la cámara para filmarlo

En ese momento el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se comunicó con los teléfonos de la Zona de Biodiversidad y solicitó que le comunicaran con uno de los funcionarios. Al teléfono pasó la agente del DAS, quién se presentó, en esa oportunidad, como OLGA LUCIA PALACIOS, informando que adelantaban funciones de extranjería.

El defensor de derechos humanos reclamó a los demás funcionarios del DAS por el verdadero nombre de la funcionaria, sin recibir respuesta alguna. Mientras la funcionaria hablaba, los demás preguntaban a la familia RENTERIA y al acompañante, “qué pasa con la demanda que les pusieron a ustedes por lo del corte de palma que hicieron”. El acompañante les preguntó el porqué de la pregunta si estaban era adelantando funciones de extranjería.

Cuando terminó la conversación el acompañante de derechos humanos informó a la Vicepresidencia de la República de la filmación que hizo el DAS de su documento de identidad. La Vicepresidencia solicitó borrar de la cámara ese registro. Terminada la conversación la funcionaria del DAS, DIANA u OLGA ordenó a los demás agentes estatales retirarse de inmediato del lugar.

Belén de Bajirá

* Martes 17 de julio hacia las 8:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada por pobladores de la región que en la finca “No te pase”, al parecer propiedad de GABRIEL JAIME SIERRA, y administrada por CARLOS SEDEÑO, ubicada en el caserío de Nuevo Oriente, a 20 minutos de la carretera que de Belén de Bajirá conduce a Chigorodó, está asentado un grupo paramilitar con armas largas, cortas y radios de comunicación, comandado por el jefe paramilitar apodado “Lázaro”. En esta propiedad el empresario posee cuantiosas cabezas de ganado vacuno.

* Lunes 17 de septiembre, aproximadamente a las 9:00 p.m. en el poblado de Belén de Bajirá, un hombre de tez oscura, vestido de civil, con cachucha gris, una camisilla de tono naranja, y un revólver en su cinto, se presentó en casas de la calle que conduce de Belén de Bajirá hacia Chigorodó solicitando hospedaje.

En tres ocasiones pasó merodeando al frente de la casa de MIGUEL HOYOS y de de ENRIQUE PETRO en dirección al puente.

Segundos después, se acercó a la residencia de MIGUEL donde se encontraba con su hermano WALBERTO HOYOS. El sicario indicó que no tenía dinero y solicitó hospedaje para la noche, sacó el revólver disparando a MIGUEL, quién fue impactado por un tiro en su brazo, resultando herido; mientras WALBERTO se abalanzó sobre el sicario para impedir que disparara nuevamente, su intentó fue infructuoso pues él resultó herido en dos ocasiones.

Cuando WALBERTO se encontraba tendido en el piso el sicario salió corriendo en dirección la plaza principal de Belén de Bajirá. En el trayecto el criminal se despojó de su camisa para despistar a los testigos, luego continuó su camino para entremezclarse con la gente que se encontraba a esas horas departiendo en las tiendas.

20 minutos después del atentado, la policía llegó al lugar de los hechos, que se ubica enfrente de la casa de la familia de ENRIQUE PETRO, en Belén de Bajirá, residencia que debe contar con una presencia perimetral permanente de la Policía Nacional, debido a las amenazas que éste líder y su familia han recibido por parte de los grupos paramilitares llamados “Águilas Negras”.

En el momento de los hechos, unidades del ejército estaban ubicadas en el cementerio, que se encuentra a pocos metros de la casa de la familia HOYOS. De acuerdo con algunas versiones, sin confirmar, cinco minutos antes del atentado unidades policiales realizaron una ronda de control sobre la casa de ENRIQUE PETRO en Belén de Bajirá.

Segundos después, los familiares y vecinos trasladaron a los heridos al centro de salud de Belén de Bajirá.

Desde las 9.30 p.m., el Gobierno nacional fue informado de los hechos, solicitando la protección de los heridos con la presencia policial en el recinto médico para evitar que fueran nuevamente atacados por las estructuras paramilitares.

Hacia las 10:40 p.m., los heridos, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno, y debido a la prescripción médica, fueron trasladados al hospital de Apartadó.

El sicario fue visto por los pobladores de Belén de Bajirá en horas de la mañana y en la tarde, con el alias de “El Secretario” conocido también como “Gustavo”, cuyo verdadero nombre es ARMANDO GOMEZ GARZON, de quién se dice que es ganadero vinculado con las estructuras paramilitares que operan en las haciendas “Villa Alejandra I” y “Villa Alejandra II”, que se apropiaron de las tierras ubicadas en Caño Manso desde 1997, cuando obligaron a los pobladores al destierro forzado.

ARMANDO GOMEZ GARZON conocido como “El Secretario” o “Gustavo” es hermano de JOSE VICENTE GOMEZ GARZON conocido también como “El Compadre”, quien ha negado de manera permanente el derecho de propiedad y ocupación a los campesinos de Caño Manso, como legítimos dueños de las tierras.

Al día de hoy MIGUEL y WALBERTO HOYOS se encuentran en recuperación en el Hospital de Apartadó, allí se encuentran bajo protección policial. De acuerdo con un parte médico MIGUEL tiene incrustada una bala cerca de la columna.

En las propiedades “Villa Alejandra I” y “Villa Alejandra II”, se encuentran como ocupantes de mala fe dos alias, uno conocido como “El Tío” o “Coronel Molano” quien se encarga de realizar los pagos a los trabajadores de las haciendas “Villa Alejandra I” y “Villa Alejandra II”. Y el otro alías conocido como “René Palacios”, quien se encarga de administrar ambas propiedades y se mueve entre Bajirá, Chigorodó, Playa Roja y la vía a Riosucio.

Una de las propiedades usurpadas mediante la violencia, pertenecía a la de la familia DOMICÓ, la que pretendió ser legalizada mediante mecanismos fraudulentos a SOR TERESA GOMEZ, familiar de los CASTAÑO GIL, y quién se encuentra vinculada en el crimen de YOLANDA IZQUIERDO. Esta propiedad fue transferida con posterioridad a la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá, ASOPROBEBA, en la que SOR TERESA GOMEZ, en contratos figura como representante legal. La Asociación está conformada entre otras personas por repobladores que fueron traídos por grupos paramilitares, como parte de su estrategia de control poblacional y territorial, y desplazados de otras regiones de Colombia.

Recientemente, en el mes de agosto de 2007, 80 personas decidieron regresar al caserío de Caño Manso, del que fueron desplazadas forzadamente, constatando que sus predios se habían transformado en una gran hacienda con el nombre de “Villa Alejandra II”. El proceso fue liderado entre otros por MIGUEL y WALBERTO.

En junio pasado, en una reunión realizada en el caserío de Santa María, funcionarios del Gobierno manifestaron en presencia de los legítimos dueños que la propiedad no les pertenecía y que allí el Gobierno invertiría en proyectos productivos a los repobladores a quienes reconocieron una ocupación de buena fe. ASOPROBEBA ha recibido financiación y apoyo de Acción Social y de organismos humanitarios internacionales.

* Martes 18 de septiembre hacia la 1:00 a.m. en el Barrio Buenos Aires de Belén de Bajirá, dos hombres vestidos de civil se ubicaron enfrente de la casa de la familia RENTERIA, durante más de 20 minutos.

La presencia inusual de hombres en moto alertó a los habitantes que infructuosamente intentaron comunicarse con la policía local para dar aviso de la extraña presencia. La familia RENTERIA entonces decidió como medio de disuasión hablar fuertemente solicitando la presencia policial, ante lo cual los hombres se fueron del lugar.

Hacia las 6:00 a.m. desde el Hospital de Apartadó se reportó que se habían realizado una intervención quirúrgica a WALBERTO HOYOS, quién se encuentra en recuperación.

Aproximadamente a las 11:00 a.m. un miembro de la Policía Nacional que se encontraba cerca del lugar del atentado del día anterior en Belén de Bajirá, encontró una camisa, que tomó entre sus manos, pues al parecer correspondía a la que uso el sicario el día anterior. El efectivo regular indicó a uno de los pobladores que se trataba de la camisa del victimario.

Hacia las 8:34 p.m. a la casa de MARIO CASTAÑO, ubicada en el caserío de La Florida, jurisdicción de Belén de Bajirá, ubicada a 25 minutos de la carretera que conduce de Brisas de Curvaradó al municipio de Riosucio, donde habita el integrante de los Consejos Comunitarios, hombres en motocicleta se acercaron al lugar de habitación. Los hombres al bajarse del aparato de transporte ingresaron a la platanera en donde se ocultaron, al parecer con la pretensión de ingresar a la casa de la familia CASTAÑO.

MARIO CASTAÑO testigo, a quién no se le respondió con prontitud la solicitud de protección de testigos elevada a la Fiscalía, el 7 de junio fue intimidado, hostigado por “civiles” armados de la estrategia paramilitar quiénes ingresaron en la noche en su búsqueda. En el mes de abril fue advertido de que por andar testificando, reclamando tierras y andando con los de Justicia y Paz lo iban a “quebrar”.

Jiguamiandó

* Jueves 20 de septiembre, nuestra Comisión de Justicia y Paz tuvo conocimiento que WILLINTON CUESTA, líder de la comunidad, se encuentra vinculado al parecer a una nueva investigación adelantada por el crimen de CARLOS SALINAS, poblador del Jiguamiandó, existiendo actualmente orden de captura en su contra, de la cual no se tenía conocimiento.

CARLOS SALINAS como se recordará fue asesinado por una operación criminal, que de acuerdo con la información corroborada en la región por observadores nacionales e internacionales es responsabilidad paramilitar. Sobre este crimen existen otras versiones en los que se responsabiliza a la guerrilla de las FARC EP.

Los líderes del Consejo Comunitario, y que fueron en su momento de las Comunidades de Paz, han sido perseguidos judicialmente de tiempo atrás por algunos acusadores, que comparten intereses con las empresas palmeras en la región y que han participado en la usurpación de tierras.

* Viernes 21 de septiembre a las 10:00 a.m. Justicia y Paz ha conocido que la Fiscalía General de la Nación incautó bienes de la familia ZUÑIGA, por vínculos con el tráfico de drogas hace unos pocos años. Algunos miembros de esta familia son parte como socios de las empresas Urapalma y la Extractora Bajirá S.A.

Curiosamente sobre la empresa extractora y la empresa palmera, que continúan usufructuando el uso de la tierra, apropiada ilegalmente para la siembra de palma, se desconoce alguna actuación investigativa en esta dirección o alguna acción de intervención del ejecutivo. Similar situación ocurre con los empréstitos otorgados por Banco Agrario a este proyecto de palma en el Bajo Atrato.

Pavarandó, Nuevo Oriente

* Domingo 5 de agosto hacia las 7:00 a.m. se conoció la información que en la localidad de Pavarandocito, cerca al corregimiento de Pavarandó, municipio de Mutatá, el reconocido paramilitar ELKIN CASTAÑEDA, apodado “Hermogenes Daza”, mando del “Bloque Elmer Cárdenas”, estaba concentrado con un grupo de 700 hombres para actuar bajo el nombre de “Águilas Negras”.

* Viernes 10 de agosto a las 11:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que bajo el nombre de “Aguilas Negras” al mando de ELKIN CASTAÑEDA tenía la misión de proteger las plantaciones de palma aceitera por lo que debería preparar una acción contra los afrocolombianos que iniciaron la siembra de alimentos en sus predios desde el 31 de julio.
Nuestra censura ética ante la omisión estatal para dar cumplimiento a sus compromisos en materia de acciones preventivas en la calle que conduce de Belén de Bajirá a Chigorodó, la que hubiera evitado la ejecución de este atentado. Nuestra censura ética ante la inacción del ente investigador para actuar eficaz y diligentemente a fin de sancionar a los beneficiarios de la violencia paramilitar que se han apropiado de amplias extensiones de tierras en la región. Nuestra censura ética ante la actitud dilatoria para reconocer la propiedad legal de las comunidades del Curvaradó y Caño Manso, actitud por la cual se ha enquistado el poder parainstitucional contra todas las actuaciones en derecho.

Nuestra Censura Ética ante la actitud dilatoria para adoptar las medidas necesarias de protección a la vida e integridad personal de los habitantes de las Zonas Humanitarias, las Zonas de Biodiversidad y los retornados, y en particular de los testigos, que se atrevieron a colaborar con el ente investigador, sin que se les haya protegido y sin que las investigaciones hayan avanzado sustancialmente.

Nuestra Censura Ética ante la actitud del ente investigador que por sus actuaciones “diligentes”, sin debido proceso, sin sana crítica, judicializando injustamente a los líderes de las Consejos Comunitarios a quiénes acusa de crímenes de lesa humanidad, asesinatos y desapariciones, desplazamiento forzoso, contra quiénes existen órdenes de captura, mientras los responsables reales, concretos, perfectamente identificables de centenares de Crímenes, gozan de los beneficios de la “desmovilización”, los “empresarios” usufructúan el fruto de la palma, la extensión ganadera y se jactan con sus artilugios jurídicos y los falsos testigos de condenar a los líderes como criminales.

Nuestra Censura Ética ante las amenazas de muerte proferidas contra los habitantes de Caracolí, Caño Manso, y la legitima labor de observación, de acción humanitaria y de solidaridad internacional y de la defensa de los derechos humanos.

Nuestra Censura Etica ante la ausencia de una intervención directa de las entidades competentes respecto al uso de recursos públicos en este proyecto agroindustrial teñido de corrupción, de sangre y destrucción humana y ambiental.

Ante sus despachos, nuevamente nuestra solicitud urgente para evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de los afrocolombianos y mestizos, de los acompañantes internacionales y nacionales, tal como se ha indicado y exigiendo desde el 2001. Reiteramos con urgencia:

* Actuación eficaz, frontal y estructural sobre las estructuras paramilitares que operan en Nuevo Oriente, Mutatá, Pavarandocito, Belén de Bajirá, Playa Roja, Caracolí, Caño Manso, lugares que la inteligencia militar y policial conoce y donde se diseñan y se ordenan atentados, amenazas de muerte, y técnicas de presión sobre los legítimos ocupantes del Territorio.

Estos sitios constituyen los lugares de operación empresarial para el desarrollo de toda una estrategia de presión y de acciones jurídicas, que posibilita la legalización de la usurpación violenta de los territorios, la implementación ilegal de agronegocios como la palma aceitera y la extensión ganadera y el procesamiento de la coca para uso ilícito.

* Asignación con urgencia de los medios y mecanismos exigidos para la protección de testigos, planteados en el marco de las medidas provisionales adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular MIGUEL HOYOS, SERAFIN OROZCO, EUGENIO NUÑEZ y ENRIQUE PETRO, que deben ser ampliados WALBERTO HOYOS y MARIO CASTAÑO.

* Reunión con el Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN ARANA, para evaluar:

• Estado de los procesos del conjunto de las investigaciones contra los líderes de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó acusados falsamente de ser responsable de Crímenes como asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento y sobre quiénes pesan órdenes de captura que le impiden su legítima defensa, el derecho a la libertad de expresión y de asociación.

• Estado de las actuaciones investigativas del proceso 3856 adelantado por la Unidad de Derechos Humanos respecto a la responsabilidad empresarial, paramilitar en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, apropiación ilegal de tierras, daños ambientales y aporte de nuevas pruebas

* Informar sobre las razones de las operaciones del DAS en Medellín, y si su actuación está dentro de los parámetros que esta agencia estatal puede adelantar

* Informar y entregar copia del Acta de la reunión sostenida por Acción Social e Incoder en Santa María con miembros de ASOPROBEBA el pasado 8 de junio, en la que se legitimó su ocupación de mala fe en el caserío de Caño Manso.

* Intervenir inmediata de la autoridad competente por abusos de autoridad, extralimitación de funciones por parte del Inspector de Policía de Belén de Bajirá

* Adoptar las medidas necesarias para garantizar la entrega material de las propiedades individuales y colectivas en el Curvaradó y Caño Manso.

* Reunión con el Ministro de Ambiente JUAN LOZANO para abordar el problema del grave desastre ambiental generado en la región y las propuestas comunitarias.

* Intervención inmediata sobre la Extractora Bajirá y Urapalama por el posible lavado de activos de acuerdo con los indicios existentes en la Fiscalía sobre algunos de sus accionistas y propietarios.
* Intervención inmediata de la Contraloría General de la Nación respecto a los recursos otorgados por el Banco Agrario a las empresas palmeras para el montaje de ese agronegocio.

Ante los graves atentados, por enésima vez, solicitamos que se adopten estas medidas, las que se han venido planteando con precisión desde hace años, para que sean asumidas sin dilación alguna a fin de garantizar la vida y la restitución del territorio a sus legítimos dueños.

Con profunda preocupación,

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ