La Fuerza Pública había delegado la perpetración de crímenes a la estrategia paramilitar.
A comienzos de la década de 1990, los agentes de las fuerzas militares y de Policía eran responsables de cerca del 55% de los crímenes cometidos, mientras que el 18% correspondía a los paramilitares y el 27% a las guerrillas. Hacia 1997, año en que se conformaron las Auc, los porcentajes variaron radicalmente. A los miembros de las Fuerzas Armadas se les atribuyó el 10% de violaciones de derechos humanos y a los paramilitares el 63%. Algunos especialistas definieron este cambio simultáneo de porcentajes como la “pérdida del monopolio de la fuerza organizada por parte del Estado”. En realidad, las estadísticas mostraban que la Fuerza Pública había delegado la carga mayor de la perpetración de los abusos y crímenes a la estrategia paramilitar.
Ahora, con la desmovilización de una parte de las estructuras paramilitares asistimos a un incremento de la violencia de las Fuerzas Armadas. La plataforma de organizaciones de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos ha elaborado una serie de informes que demuestran esa tendencia, y que documentan 908 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas presuntamente por agentes estatales entre 2002 y 2007, en 27 departamentos del país. El departamento más afectado es Antioquia con 183 víctimas. En relación con los seis años precedentes, las cifras totales registran un incremento del 92%. Ese aumento corresponde a la aplicación de la política de “seguridad democrática”, que se funda en la reiterada negación del principio de distinción entre civiles y militares, y en la presión por resultados ejercida por el Presidente de la República sobre los miembros de la Fuerza Pública.
Los informes han determinado los patrones de esta criminalidad sistemática: i) buena parte de las ejecuciones extrajudiciales son perpetradas durante operativos militares en los que se exigen positivos; ii) en la mayoría de casos, las personas que van a ser asesinadas son detenidas arbitrariamente por agentes estatales —durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2002 y el 30 de junio de 2006, por lo menos 6.912 personas fueron detenidas arbitrariamente—; iii) en algunos casos, quienes realizan la detención niegan a sus familiares o vecinos conocer el paradero de las víctimas de ejecución extrajudicial y llegan a practicar la desaparición forzada; y iv) se ocultan las ejecuciones y se las presenta como éxitos militares por medio de la alteración de la escena del crimen. En ocasiones, policías y militares sostienen que a las personas que fueron reportadas como combatientes muertos en enfrentamientos les fueron encontradas armas y municiones. En otros casos, las personas ejecutadas y reportadas como combatientes son uniformadas con prendas militares. Hechos demostrativos de estas situaciones han sido las 22 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en Antioquia en desarrollo de la llamada Operación Espartaco, realizada por la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
La respuesta a esos informes ha sido el ataque a sus autores. En julio de 2007, el presidente Álvaro Uribe reaccionó diciendo que: “Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial”.
Esta semana visita a Colombia una misión internacional de observación que elaborará un informe sobre esta modalidad de violación de los derechos a la vida y a la libertad personal y formulará, una vez más, recomendaciones para superar la criminalidad sistemática de la Fuerza Pública.
