Colombia: multinacionales con olor a sangre : Indymedia Colombia

En el hasta ahora último capítulo de este enorme escándalo institucional, le ha tocado el turno a la clase empresarial. En sus declaraciones realizadas a mediados de mayo ante los jueces de Justicia y Paz en Medellín, Salvatore Mancuso, jefe paramilitar desmovilizado, además de dar nombres de políticos y militares, ha dado nombres de empresas y empresarios implicados en la financiación del paramilitarismo.

Multinacionales y empresarios nacionales implicados

Con los detalles entregados por Mancuso, ha quedado clara la manera cómo calcularon, peso por peso, el crecimiento de las arcas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Prácticamente, ningún sector de la economía costeña quedó por fuera: empresas bananeras; palmicultores del Magdalena; transportadores como Copetrán y Brasilia; los cafetaleros de la Sierra Nevada; las gasolineras; petroleras como Ocensa, Ecopetrol y todas las de Casanare; y las empresas madereras, pesqueras y carboníferas, como Prodeco y Carbones del Caribe, forman parte de un amplio listado comprometedor del mundo del capital en la financiación del narcoparamilitarismo. Según Mancuso, “el paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el Ejército dispara a quien se oponga a esto, sea guerrillero o no sea”. Según el líder paramilitar detenido, Chiquita Brands (la antigua United Fruit Company), Dole Food Company (propiedad al 100% del multimillonario David Murdoch) y Fresh Del Monte (con un 56% en manos del millonario palestino-chileno Mohammad Abu-Ghazaleh, pero en la que participan compañías como la alemana Allianz AG, la británica Barclays o las norteamericanas FMR Corp y Melon Financial Corp) pagaban por eliminar dirigentes campesinos y sindicalistas molestos. Así, cada una de ellas aportaba a los fondos de las AUC “un centavo de dólar por cada caja de banano que exportaban desde Colombia”. Además, también pagaban “impuestos” la empresa Postobón, del grupo Ardila Lule (uno de los mayores grupos económicos de Colombia), que donaba 7.000 dólares mensuales a las AUC por cada departamento en el que distribuía sus productos (Postobón controla el 99% del mercado de la bebidas no alcohólicas en Colombia y tiene más de 450.000 puntos de venta en todo el país), y Bavaria (propiedad de SABMiller, la segunda cervecera del mundo), que desembolsaba 70 centavos de dólar por cada 30 cervezas que vendía en la Costa Atlántica. Las empresas carboneras que operan en el departamento del Cesar, donde se encuentra uno de los yacimientos carboníferos con mayores reservas del mundo, también pagaban “impuestos” a las AUC, según ha declarado el jefe paramilitar. En este caso, también los transportistas abonaban más de 70.000 dólares mensuales por hacer los portes.

Según el fiscal general Mario Iguarán, estas empresas “no pagaron por seguridad, pagaron por sangre”. El fiscal se ha comprometido públicamente a procesar el último eje del proyecto paramilitar: las empresas que les ayudaron a financiarse. Así han quedado abiertas dos líneas de investigación sobre las actuaciones de Drummond y Chiquita Brands en Colombia.

Para los paramilitares la cosa es simple. Según dijo Iván Duque, un portavoz de los “paras” que se encuentra en prisión, a la agencia de noticias Argenpress: “el apoyo de las empresas a los paramilitares era lógico, ya que respetábamos las empresas privadas y las ideas de las compañías y los paramilitares sobre los beneficios del libre mercado coincidían”.

Comienzan a aflorar datos que avalan las denuncias contra las multinacionales

La implicación de las multinacionales en los crímenes cometidos contra sindicalistas y líderes comunales no es nueva.

En el caso de la carbonífera estadounidense Drummond, el mayor explotador de carbón de Colombia, la compañía afronta un proceso judicial en su país por pagar a los paramilitares por el asesinato de tres líderes sindicales, según denunció hace ahora un año un ex responsable informático “arrepentido” del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, un órgano de inteligencia del Estado colombiano). No es la única, a Coca-Cola se le imputan catorce asesinatos, de los cuales siete se cometieron sobre dirigentes sindicales. El diario Los Angeles Times denunció, en el año 2002, que Oxy pagaba 750.000 dólares a las fuerzas de seguridad colombianas, al igual que la Asociación Cravo Norte (propiedad de Ecopetrol, Repsol y Oxy), que abonaba anualmente dos millones de dólares con destino a la Brigada XVIII del ejército en Arauca, que patrullaba las zonas cercanas al oleoducto Caño Limón-Coveñas. De igual manera, la compañía British Petroleum, junto con la francesa Total y la estadounidense Tritón, también son acusadas en diversos informes y denuncias de financiar a los paramilitares y ser cómplices en las violaciones de derechos humanos en Casanare. Pero el caso más emblemático hasta ahora ha sido el de Chiquita Brands. Ésta se ha visto obligada a pagar al gobierno de los EE.UU. (tras pactar con el Departamento de Justicia para que el caso no fuera a más) 25 millones de dólares por haber financiado a grupos paramilitares en Colombia. Chiquita reconoció que sus principales directivos habían “donado” a los paramilitares colombianos, a través de su filial Banadex, unos 1.7 millones de dólares entre 1997 y 2004, a cambio de que éstos actuasen contra todo lo que la multinacional entendiese como un riesgo para ellos. Y, durante estos años, se incrementaron significativamente los asesinatos y los desplazamientos forzados en Urabá.

Chiquita, Coca-Cola y Drummond son sólo la punta del iceberg de la generalizada y evidente vinculación entre las multinacionales y el mundo empresarial en general con el narcoparamilitarismo. Empresas como British Petroleum, Defense System Limited, Ecopetrol, Repsol, Oxy y Nestlé, entre otras, forman parte del entramado de terror en Colombia, de ese terror que se ha cobrado la vida de muchos sindicalistas y que ha contribuido a desmejorar las condiciones salariales de los trabajadores colombianos, así como los niveles de la vida de las comunidades que se han visto afectadas. Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad Boletín OMAL nº 20, julio de 2007.