El miedo ronda a los defensores de derechos humanos: Front Line : Indymedia Colombia

COMUNICADO DE PRENSA

FECHA: 01/11/2007

(English Version below)

“El miedo ronda a los defensores de derechos humanos en Colombia”

Los defensores de derechos humanos continúan bajo la amenaza de escuadrones de la muerte en Colombia, dijo hoy Mary Lawlor, directora de Front Line, poco antes de terminar una visita al país. El 15 de octubre, una abogada de la Corporación Yira Castro, ONG compuesta por mujeres defensoras de derechos humanos, recibió una nota en la que le advertían “Bas a morir, disiembre 24”. Esta fue la última de una serie de amenazas telefónicas, correos electrónicos y un asalto a la oficina de la Corporación, en el que fueron robados los computadores. Los escuadrones de la muerte son una continuación de los grupos paramilitares, que según el discurso oficial se han desmovilizado.

“El gobierno colombiano continúa equiparando la defensa de los derechos humanos con la actividad guerrillera”, dijo Mary Lawlor. “Los defensores de derechos humanos en Colombia hacen un escrutinio independiente, crítico y bien documentado de las políticas gubernamentales, labor que es crucial en una sociedad democrática”.

Una nueva manera de evitar el trabajo de los defensores de derechos humanos es su judicialización sin verdaderos fundamentos legales. Docenas de defensores de derechos humanos han sido acusados de apoyar a la guerrilla en los últimos años, y han terminado absueltos después de procedimientos largos y dispendiosos. Las acusaciones usualmente se basan en testimonios poco fidedignos de desertores, desmovilizados o informantes de la guerrilla. En Septiembre, fueron expedidas órdenes de captura contra casi todos los miembros del cuerpo directivo de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), cuyo propósito es luchar por una vida digna para los campesinos en el Valle del Cimitarra, cerca a Barrancabermeja. Cuatro de ellos se encuentran actualmente detenidos en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.

Las organizaciones que representan a las víctimas están avanzando en sus demandas por justicia y reparación, incluyendo el retorno a sus tierras ilegalmente expropiadas por paramilitares. Esto las ha puesto en riesgo de ser perseguidas o asesinadas, como ya sucedió en el caso de Yolanda Izquierdo, en la ciudad de Montería, a comienzos de este año. “La desmovilización paramilitar ha sido apoyada por los gobiernos de Europa y Estados Unidos. De la misma manera, ellos deben también alinearse al lado de las víctimas en sus demandas de retorno a sus tierras”, dijo Mary Lawlor.

El Programa de Protección del gobierno colombiano es ineficiente y carece de compromiso. Frecuentemente subestima los niveles de riesgo de las personas amenazadas, e incluso es común que la ejecución de las medidas aprobadas por el Programa demore varios años. Por ejemplo, el blindaje de la oficina del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos en Barrancabermeja (CREDHOS) fue considerado como una medida necesaria por el gobierno hace ya varios años, pero aún no ha sido implementada.

En forma cada vez más frecuente, computadores y documentos están siendo hurtados de las sedes de organizaciones de derechos humanos. Este asunto debería ser tomado seriamente en consideración por las autoridades y la Fiscalía General de la Nación debería enviar estos casos a la Unidad de Derechos Humanos, apuntó Lawlor.

Front Line es una organización internacional que trabaja para apoyar a los defensores de derechos humanos en riesgo. Front Line tiene estatus consultivo ante Naciones Unidas y trabaja en la protección de defensores de derechos humanos en más de cien países.

Para entrevistas:

Harry Hummel, Hotel Centro Internacional, teléfonos: 2880858, 2885566 (Español, Inglés y Holandés)

Mary Lawlor: (Inglés).

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PRESS RELEASE

DATE: 01/11/2007
EMBARGOED FOR: IMMEDIATE RELEASE

“Colombian Human Rights Defenders Living in Fear”

Death squads continue to threaten the life of human rights defenders in Colombia, said Front Line today while a visit to the country is nearing its end. On 15 October, a woman defender from the Yira Castro lawyers collective received a note saying “You are going to die on December 24th”. This was the latest in a series of threatening phone calls, emails and a raid on the office to seize computers. The death squads are a continuation of the paramilitary groups which officially have been demobilized.

“The Colombian government continues to say that human rights defence equals guerrilla activity”, said Mary Lawlor, Director of Front Line. “Human rights defenders in Colombia provide independent, critical and well-documented scrutiny of government policy. This is crucial in a democratic society.”

A new technique to prevent human rights defenders working is the use of unfounded legal procedures against them. Dozens of human rights defenders have been accused of siding with guerrillas over the past years, and absolved after time-consuming procedures. The prosecution case is usually based only on unreliable statements by former guerrillas. In September, arrest warrants were issued against all but one of the board members of the ACVC (Peasant Association of the Cimitarra River Ralley), whose goal is to fight for a life of dignity of the peasants in the Cimitarra valley near Barrancabermeja. Four of them are now detained in Modelo prison in Bucaramanga.

Organisations representing victims are stepping up their demands for justice and reparation, including the return of land illegally expropriated by paramilitaries. This puts them in danger of persecution and assassination, as was the case in the murder of Yolanda Izquierdo in the northern city of Monteria this year. Mary Lawlor said: “The demobilisation of the paramilitary has been supported by the US and European governments. They therefore must also align themselves with the victims in their demand for the return of their land.”

The official Colombian government protection program is inefficient and lacks commitment. It frequently under-estimates risk levels. Delays of several years in the execution of measures under the programme are not uncommon. For example, bulletproof windows for the office of CREDHOS (Regional Corporation of the Defence of Human Rights) in Barrancabermeja were acknowledged as necessary by the government several years ago, but have still not been installed.

Increasingly, computers and documents are being stolen from the offices of human rights organizations. The issue should be taken seriously by the authorities and taken up by the human rights unit of the Attorney General's Office.

Front Line is an international organisation which works to support human rights defenders at risk. Front Line has consultative status with the United Nations. Front Line is working for the protection of human rights defenders in over a hundred countries.

Available for interviews:

Harry Hummel, Hotel Centro Internacional, phones: 2880858, 2885566 (Spanish, English, Dutch)

Mary Lawlor: (English).

ENDS

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT:
Jim Loughran

Head of Media and Communications

Telephone number 353 1 212 37 50

Mobile 353 87 - 9377586

E-mail: jimloughran@frontlinedefenders.org