BAHÍA PORTETE. “Víctimas requieren apoyo psicosocial”: Defensor del Pueblo : Indymedia Colombia

Texto: Anyibel Ramírez Y.
Foto: cortesia Organizacion Wayuumunsurat

Unos seis soldados del Ejército custodian las 16 familias que permanecen en la zona incursionada. El Acnur de Bogotá tiene conocimiento de la acción en contra de los indígenas.
Grupos familiares no han regresado a la comunidad porque temen que se produzca otro hecho violento.
Luego de la conformación de un consejo de seguridad instalado en Riohacha, capital del Departamento de la Guajira, se solicitó la intervención de la Fiscalía colombiana en la investigación de la incursión paramilitar que se registró, el pasado viernes 23 de noviembre, en la ranchería de Hichitou, ubicada a dos horas de Bahía Portete.

Así lo informó el Defensor del Pueblo del Departamento de la Guajira, Fernando López, quien detalló que los acuerdos se establecieron después de la visita que efectuaron a la zona, el domingo 25 de noviembre, para constatar la presencia del grupo rebelde en la Alta Guajira.

El consejo estuvo presidido por José Mejías, representante del Gobierno departamental. López mencionó que durante la inspección a la ranchería se recolectaron fusiles provenientes de armas de largo alcance.
“Con las pruebas recolectadas en el sitio, esperamos que la Fiscalía pueda esclarecer lo ocurrido la mañana del viernes 22 de noviembre”.

La lejanía del poblado indígena al municipio de Riohacha, facilitó la incursión paramilitar en contra de los pobladores de la etnia wayuu, destacó el Defensor del Pueblo.

Al margen de las reuniones que se han efectuado durante el curso de las investigaciones, la Defensoría emitió un comunicado para dar a conocer el ataque. “Ya las autoridades regionales de Bogotá saben de la situación, todas están comprometidas y se espera que colaboren en la revisión y represión del grupo irregular que pone en peligro a toda la comunidad indígena”, sostuvo López.

Silencio gubernamental

El asalto contra los habitantes de Hichitou acentúa la desconfianza de estas personas hacia las fuerzas militares colombianas. “El Gobierno no está pendiente de estos problemas, nos están masacrando y no dicen nada.

El problema es que el indígena no cree en el Ejército. ¿ Qué hacen con estar allí si permiten que maten al wayuu?”, dijo Débora Barros Fince, líder indígena, afectada durante la masacre acaecida en Bahía Portete en el 2004.

La insurgencia paramilitar busca, según Barros, generar terror en estos habitantes. “Ellos lo que quieren es producir el desplazamiento de todos y así tener total dominio de la zona”.
A pesar de la situación, la líder indígena, quien forma parte de la comisión que está siguiendo el caso, mencionó que unos seis soldados colombianos permanecen en la ranchería, proporcionando protección a las 16 familias que se encuentran allí.

López, por su parte, señaló que existen familias que aún permanecen escondidas en las adyacencias de la comunidad. “Sabemos que hubo desplazamientos internos por temor a que se produjeran nuevos ataques”.

Las personas que no abandonaron el asentamiento indígena requieren atención psicosocial. El Defensor confirmó que el próximo martes la Defensoría de la Alcaldía de Uribia, Acción Social, Bienestar Familiar y Cruz Roja Internacional acudirán a prestar la ayuda humanitaria.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Bogotá ya tiene conocimiento de la insurgencia contra civiles indígenas, según indicó Gustavo Valdivieso, vocero del departamento de información
Se está efectuando la investigación a partir de los datos que ha aportado la Defensoría del Pueblo. “No se pueden emitir anuncios oficiales, en estos momentos se está tratando de reunir toda la información”, agregó el vocero.