Ley de Seguridad y Defensa: Regreso al Estado de Sitio Permanente : Indymedia Colombia

Aunque el presidente Álvaro Uribe Vélez niega la existencia del conflicto, continúa metiendo al país en un lúgubre laberinto de guerra, en contravía de la exigencia nacional e internacional de la solución política negociada del conflicto. En diciembre del año pasado en el diario El Tiempo (edición del sábado 22 de diciembre de 2007, página 1-7) se asegura que el Gobierno Nacional busca que la "Seguridad Democrática", hasta ahora un enunciado guerrerista retórico, para darle soporte al aparataje de la guerra oficial, sea consagrada como Ley de Seguridad y Defensa. Hay que recordar, que en los primeros años de la administración Uribe Vélez fue adoptado un "estatuto antiterrorista", declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Ahora se trataría de elevar a ley de la república los conceptos básicos de la "seguridad democrática", que se sustentan en el autoritarismo, la militarización de la vida nacional y el fortalecimiento permanente de la Fuerza Pública. Es una legislación de guerra, aunque es paradójico para los analistas políticos, que el propio Gobierno niegue la existencia de la misma. Con el argumento de que el conflicto no existe la Casa de Nariño se niega a aceptar la aplicación del Derecho Internacional Humanitario para proteger a los civiles. Los voceros gubernamentales, con el mal ejemplo del presidente Uribe, rechazan el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, al calificar de terroristas y aliados de la guerrilla, a los periodistas, líderes de izquierda, sindicalistas y dirigentes de ONG que se atreven a criticar el régimen.

Legislación de guerra

La legislación de la "seguridad democrática" endurecería la acción de orden público, crearía teatros de guerra y militarizaría, aún más la vida nacional, con funestos efectos sobre las libertades fundamentales, los derechos humanos, la penalización de la lucha social y de la oposición política. La red de informantes, la cacería de brujas y las medidas de e xcepción, exclusivas para la preservación del orden público, pasarían a ser permanentes y parte de la vida cotidiana. Equi vale tanto como a regresar al estado de sitio permanente, característico de la sepultada Constitución de 1886. Pero sobre todo, está en contraposición del artículo 22 de la Constitución Política, que establece el derecho a la paz de los colombianos. Es tanto como convertir la guer ra en una práctica permanente, en una forma institucional de la vida nacional. Bajo esas circunstancias hay pocas posibilidades para la democracia mientras no haya un viraje en la vida nacional. Con Uribe Vélez no hay ninguna perspectiva de salida democrática de la crisis nacional.

Economía de guerra

En consecuencia con este proyecto, que será analizado por el Congreso de la República este año, "el gasto militar de 2008 crecerá tanto que se teme por las finanzas del Gobierno y la balanza comercial", advirtió Ivonne Venegas M., en artículo publicado en diciembre pasado en Economía y Negocios. La enorme inversión, que asciende a 3.4 billones de pesos está garantizada pero a costa de otros sectores sociales en crisis. "El gasto en defensa es igual a la suma de todas las transferencias en salud, educación y saneamiento ambiental", aseguran José Fernando Isaza Delgado y Diógenes Campos Romero, en enjundioso análisis de "Algunas consideraciones cuantitativas sobre la evolución reciente del conflicto en Colombia".

Cifra récord

El gasto militar llega a la cifra récord de 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), superior al de Estados Unidos y de cualquier país europeo miembro de la OTAN. Y es particularmente peligroso no sólo porque afecta la balanza comercial, sino porque se convierte en el principal obstáculo para la justicia social necesaria para fortalecer la democracia y el camino de la paz. La tendencia es a subir el gasto de guerra, pues en la medida que se reduce el apoyo económico exterior le corresponde al Gobierno Nacional tapar el hueco de su propio presupuesto. Para este año, por ejemplo, el Plan Colombia tiene un recorte de 140 millones de dólares, que tenía destino específico para la compra de armamento y el reclutamiento de más Fuerza Pública.

Según Isaza Delgado y Campos Romero, "par a el año 2008 está previsto que de los 566.084 cargos públicos que se atienden con cargo al presupuesto central, 459.687, el 81.2 por ciento, estará ocupado por servidores públicos asignados a las labores de defensa, seguridad y policía", sin contar las redes de informantes y las familias guardabosques, parte del entramado dedicado al espionaje de los ciudadanos y ciudadanas. Lo que está en marcha es un Estado totalitario, militarizado y sin libertades públicas, al servicio del proyecto del Estado comunitario, esbozado por Uribe Vélez. Es antidemocrático y de inocultable tufillo fascista.

El poder militarista

Aquí no se trata de la vieja consigna bolchevique de "todo el poder para los soviets", de amplio contenido democrático, con la que se buscaba fortalecer la participación ciudadana en la construcción del socialismo, sino de "todo el poder para los militares", llevándose de paso las libertades democráticas y el espíritu garantista del Título II de la Constitución Política. Con nadadito de perro se quiere incorporar a la institucionalidad un Estado totalitario, en guerra interna permanente contra los opositores políticos, no sólo los que están armados y declarados en rebeldía, sino todo el que se pronuncie a favor de cambios democráticos y sociales. Con razón dicen Isaza Delgado y Campos Romero: "Si las FARC no existieran habría que inventarlas. Son la principal excusa para el desbordado gasto militar y par a justificar la reelección indefinida".

Armas y más armas

Con el argumento que "estamos en el fin del fin", con el cual especulan el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y los altos mandos militares, lograron aumentar la inversión en la Fuerza Pública de 1.1 billones de pesos en 2007 a 3.4 billones de pesos en 2008. Este año serán adquiridos 15 helicópteros estadounidenses Black Hawk, 4 helicópteros rusos MI-17, otros 12 helicópteros de ataque y 4 aviones de transporte españoles y la reparación de varias fragatas. La mayoría de estas adquisiciones llegarán durante 2008.

De otra parte serán incorporados 37 mil nuevos hombres a la Fuerza Pública. De ellos 20 mil este año. El estudio de Ivonne Venegas M. de Economía y Negocios, aunque no saca conclusiones, deja en claro que la economía colombiana es de guerra y que por ahora no hay interés en atender seculares problemas sociales, en medio de un crecimiento económico coyuntural que sólo favorece a la burguesía industrial, a los banqueros y comerciantes y por supuesto a las transnacionales que hacen su agosto con las riquezas naturales colombianas, entre ellas lo que sobrevendrá de los ricos yacimientos de oro en el Tolima y de cuyas regalías le quedará muy poco a la Nación y mucho menos a los habitantes más necesitados de este departamento.

Todo indica que el país va de mal en peor. Hasta razón tienen los que sostienen que mientras esté Álvaro Uribe Vélez en la presidencia de la República no hay chance para la paz y ni siquiera para el intercambio humanitario. La maquinaria de la guerra uribista está lejos de acercarse al "fin del fin" como lo predican sus apologistas, que se lucran del negocio de las armas y de un presupuesto, que tiene fondos secretos y de difícil control fiscal. Hay muchos intereses en el país y en el exterior. En este último caso están los complejos militar-industriales a los cuales están vinculados varios de los halcones de la Casa Blanca. En Colombia también hay halcones, tal vez más pequeños que los de Washington, pero peligrosos y domesticados al servicio del imperio, son los que administran el abultado presupuesto de la guerra.