El escándalo de Carimagua : Indymedia Colombia

Un nuevo escándalo sacude la política de adjudicación de tierras en el país, como ha ocurrido en otras oportunidades, un selecto grupo de funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Incoder están en el centro de la tormenta del alboroto. Lo novedoso es que ahora el protagonista del escándalo es el propio ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

Las explicaciones que ha dado sobre el cambio en la destinación de los beneficiarios de las 17.000 hectáreas de tierras de la hacienda Carimagua, en Puerto Gaitán (Meta), entregadas hace cuatro años por el ICA al Incoder para la reubicación de desplazados y a punto de ser cedida en concesión por 50 años a un grupo de inversionistas privados, son pocos convincentes y esclarecedoras.

El Ministro no ha sido lo suficientemente claro en relación con este asunto, sus explicaciones son ambiguas y contradictorias. En primer lugar, dice que el predio está muy alejado de cualquier casco urbano, sin servicios públicos ni infraestructura que permita a los desplazados desarrollar proyectos productivos, cuando realmente está a orillas del río Meta, una de las principales arterias fluviales de Colombia y cerca a Orocué, un municipio que tiene aeropuerto y una carretera que lo une con Yopal, la capital de Casanare.

Lo increíble es que los futuros concesionarios también exigieron la dotación de los servicios de que adolece, unas de las razones por las cuales el Gobierno decidió cambiarlo de beneficiarios. En segundo lugar, el Ministro esboza que en manos privadas el predio generará jugosos dividendos que serán reinvertidos en otras tierras para desplazados.

En su opinión, es un buen negocio agroindustrial para los inversionistas privados, mientras que para los desplazados es un mal negocio, porque "no son tierras fértiles, solo caben 80 familias" y "con darle 11 hectáreas a una familia no se hace nada". En otras palabras, prefiere seguir observando a los desarraigados pidiendo limosna en las esquinas que entregarles un pedazo de tierra para que se ganen dignamente su sustento.

Las contradicciones del Ministro generan suspicacias; sin embargo, el informe de Fundes demuestra que las tierras de Carimagua sí son aptas para desarrollos agrícolas. De no ser así, ¿sería inviable que un grupo de inversionistas privados estén dispuestos a invertir más de $200 mil millones en adecuar tierras infértiles? Ningún inversionista, por más intrépido que sea, invertiría millonarios recursos en tierras improductivas y que generen escasas rentabilidades.

De acuerdo con el ministro Arias, "el Gobierno lo que busca es desarrollar una infraestructura y crear unas condiciones propicias para volver la zona un polo de desarrollo, generando más de 1.500 empleos". Por eso, habla de "sacarle recursos a ese predio, que en manos privadas genera más rentabilidad que entregarlos a los desplazados".

Una explicación sutil que deja en claro que para el Gobierno no es rentable en algunos casos entregar tierras a los desplazados, como tampoco tiene urgencia de resolver los problemas de tierras a los desplazados que se beneficiarían con Carimagua. Una simple operación matemática de los 250 millones anuales de que habla el Ministro que pagarán los inversionistas al Estado se deduce fácilmente que en los primeros diez años lo que pagarían anualmente son exiguos $14.705 por hectárea.

Este es un asunto que debe ser dilucidado ampliamente en el Congreso de la República, dado que el propio Ministro reconoció que en el procedimiento que se tenía previsto para adjudicar las concesiones se cometieron errores, al no informar a los organismos de control de las disposiciones.

El ministro Arias, por estar armando pleitos y opinando sobre asuntos no propios de su cartera, da la impresión que tiene insuficientes controles sobre algunas instituciones a su cargo y eso, de alguna manera, está incidiendo para que se materialicen frecuentes irregularidades.

El Incoder con cinco años de vida institucional está entre las peores instituciones del Estado, con un lastre de irregularidades y escándalos que van desde empleados que exigen dinero a cambio de adjudicar predios, testaferratos, compra y entrega de tierras de baja calidad a costos excesivos e irregularidades en los procesos de licitaciones y selección de beneficiarios en más de quince departamentos. El Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo solicitaron al Ministro la suspensión del proceso de concesión y este admitió revisar el caso, una decisión sensata y, más aún cuando un 4% de propietarios controla más del 61% de las mejores tierras en Colombia.

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