¿De quién son los bienes públicos? : Indymedia Colombia

SIEC. Actualidad Étnica, Bogotá, 15 de febrero.- ¿Beneficio de los emporios económicos o de la comunidad en general? El 24 de diciembre de 2007 las personas del corregimiento El Viento, ubicado entre los límites del Meta y el Vichada, se levantaron con la zozobra de que algo hacia falta en este lugar.

El presentimiento de la gente pasó desapercibido durante la mañana y al comenzar la tarde, pero cuando el día se estaba acabando la zozobra se hacía cada vez más intensa.

Aproximadamente a las cuatro de la tarde, cuando el sol emprendió su viaje hacia el occidente, los habitantes de El Viento avistaron una motosierra en las orillas del puente que conectaba la granja Carimagua con el corregimiento y varias comunidades aledañas.

La motosierra estaba cortando las vigas del puente en varias de sus partes y los tablones, dejando que éste cayera sobre el cauce del caño Carimagua. Sin palabras los habitantes de la región, quedaron completamente atónitos frente a la idea de que éste había quedado completamente destruido.

Desde hace más de siete años el puente había sido habilitado para hacer más fácil el cruce entre los habitantes del El Viento y la granja Carimagua, además de abrir la circulación a pequeños vehículos y personas que se trasladaban a diario entre estos dos lugares.

Entre el 2005 y el 2006 el puente no solo era indispensable para las personas de la región también era muy utilizado por las empresas petroleras y públicas del lugar, que utilizaban constantemente maquinaria pesada para cruzar por el lugar, esto le ocasionó desperfectos al sitio y permitió que el puente fuera reconstruido haciéndolo más resistente.

Después de la reconstrucción no solo las empresas lo utilizaban, éste se hizo necesario en la cotidianidad de la región, los funcionarios públicos, las empresas privadas, las comunidades indígenas y todos los habitantes del lugar utilizaban a diario el puente como el lugar perfecto de conexión entre sus actividades diarias, sus traslados y su forma de sobrevivir.

Los años trascurrieron sin contratiempos, el uso reiterado del lugar hizo que éste incrementara la calidad de vida de los habitantes de la región ya que, por ejemplo, indígenas de varias comunidades (como son la comunidad del caño Mayoragua, Paso Ganado, Caribay, Mata Picua, Tinaja, Ocarro) utilizaban el puente para llegar a la Granja Carimagua.

Y de ahí desplazarse hacia Puerto Gaitán u Orocué, sin tener que utilizar la vía central que conduce a Santa Rita, que en el sector entre ‘Los Mangos’ y el corregimiento del ‘Viento’ estaba absolutamente intransitable. Pero las empresas petroleras se fueron de la región y las empresas públicas ya no necesitan la vía de conexión y “es completamente innecesario el puente en este caso“ según creen quienes ya no lo utilizan.

Los funcionarios públicos de la región consideraron el puente una molestia y argumentaban que éste estaba invadiendo propiedad privada del ICA. La utilidad del lugar ya no se veía porque no lo utilizaban los sectores económicos centrales de la región y los funcionarios públicos no veían que el sitio seguía siendo de gran importancia para los indígenas y habitantes de la frontera entre el Vichada y el Meta.

Jaime Triana y Jorge Lozano, funcionarios del ICA nunca vieron inútil el puente hasta que dejó de ser necesario para ellos, en este momento ellos empezaron a verle problema al lugar.

EL 22 de diciembre de 2007 Jorge Cortés y su esposa decidieron viajar, en el trayecto pasaron por una base militar cercana al cruce del puente, allí los requisaron y les preguntaron hacia donde iban, cuando Jorge respondió su destino uno de los militares le dijo que esa era la última vez que iban a pasar por el puente, ya que iba a ser destruido argumentando que era ilegal y que no se encontraba en ningún mapa.

Jorge asombrado les respondió que este lugar existía desde hacia varios años y era una servidumbre de uso público, a lo que hicieron caso omiso las autoridades. El fatídico 24 de diciembre el puente desapareció dejando un sentimiento de angustia en todos los habitantes que utilizaban a diario el lugar, ellos tendrían que enfrentar de nuevo a largos cruces y trochas, lo que les cambiaría sus rutinas diarias.

Actualmente la comunidad espera ansiosamente porque este lugar vuelva a ser reconstruido, pero más de 500 habitantes deben aguardar a que la decisión de un juez les devuelva el sitio que les permitió mejorar su calidad de vida y sus desplazamientos diarios.

Un bien de servició público que ayuda a una comunidad a mejorar su calidad de vida, no debería ser destruido arbitrariamente sin antes pensar que éste no solo beneficia a grandes emporios sino a pequeñas familias con grandes ideales.

Copyright © Fundación Hemera
Comunicación, Vida y Desarrollo