Negada la Restitución de Propiedad Colectiva : Indymedia Colombia

Desconociendo absolutamente todas las disposiciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la Convención Americana y el Convenio 169 de la OIT, en actuaciones contra la sana lógica, la razón pública y la moralidad, autoridades locales de Riosucio y Carmen del Darién, sistemáticamente hacen a un lado los derechos a la propiedad, a la habitación de los pobladores de Curvaradó y protegen los de empresarios palmeros y ganaderos ocupantes de mala fe.

Ante los ocupantes de mala fe, vinculados con la apropiación ilegal de tierras, el lavado de activos personeros municipales, inspectores de policía e integrantes de la Brigada 15 avalan las iniciativas contra derecho de los empresarios, que entregarían 4 hectáreas de tierra a los pobladores originales y los vincularían a proyectos productivos financiados por el Gobierno nacional, sin restituir la propiedad de la tierra.

Los procedimientos para la restitución plena de la propiedad han sido negados por el Inspector de Carmen del Darién. Aduciendo, falsamente la extemporaneidad de la acción, pues según él desde el 2001 se debieron haber interpuesto las acciones policiales. Ignoró que durante más de 5 años, las autoridades nacionales argumentaron que las tierras estaban en litigio jurídico porque los empresarios expresaron que eran ocupantes de buena fe. En efecto solo hasta septiembre y noviembre de 2007 fue reconocida la titularidad por parte de la autoridad competente, es decir, el Incoder. La institución gubernamental indicó que los legítimos propietarios, podrían adelantar un proceso de lanzamiento por indebida ocupación con las autoridades policivas de la región.

Adicionalmente, la Inspección de Policía señala que, de manera inexplicable, los querellantes dejaron de acudir a las autoridades competentes para solucionar la ocupación ilegal de los territorios. Desconoce el Inspector de plano no solamente las acciones nacionales realizadas, las adelantadas ante la Corte Interamericana y la Organización Internacional del Trabajo, y el conocimiento público que de años atrás se conoce de la situación padecida por las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó por la siembra ilegal de palma en su Territorio.

A esa negación en derecho se suma la consolidación del control social y económico de estructuras paramilitares de las “Aguilas Negras” sobre el transporte de moto taxis, y el comercio de madera a través de la creación de Asociaciones, que actúan con el consentimiento de las autoridades policiales. Las reuniones de planeación de la estrategia paramilitar fueron conocidas por la Fuerza Pública sin que se ejerciera actuación alguna tendiente a la persecución.

A esta ilegalidad se han sumado las cuestionadas e inoportunas intervenciones del Senador EDGAR EULISES TORRES en Carmen del Darién estimulando el desarrollo de proyectos agroindustriales, entre ellos el de Palma, Caucho, Maíz y Teka.

Hoy persiste la deforestación de bosque primario, la ampliación de la siembra de palma, a pesar del reconocimiento formal de que se trata de propiedad colectiva de comunidades negras. Estas actuaciones ilegales se realizan en medio de la presencia militar de la Brigada 15.

Mientras de este modo actúa la institucionalidad, persisten las amenazas y los señalamientos falsos contra MARÍA LIGIA CHAVERRA. La adulta mayor de más de 65 años, fue acusada públicamente por cuarta ocasión por MANUEL MOYA de formar parte de la guerrilla de las FARC EP. Este poblador comprometido en actuaciones contra derecho, con trámites de suplantación bajo el cual los empresarios palmeros han legitimado la destrucción ambiental, y la ocupación de mala fe, acusó a nuestra Comisión de Justicia y Paz de estar articulada a la guerrilla de las FARC y de perseguirlo judicialmente. Este afrocolombiano, sin dar explicación alguna, expresó haber accedido a documentación que reposa en los archivos de la alcaldía del Carmen del Darién sobre la Consejos Comunitarios.

El Territorio colectivo de Curvaradó y Jiguamiandó parecen ser el escenario de un plan de Consolidación de Seguridad con el control social y la implementación de proyectos agroindustriales que desconocen la restitución material de la propiedad colectiva sembrada ilegalmente en palma y con extensión ganadera.

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ