Impunidad cobija a jefe paramilitar Raúl Hazbún en el Urabá : Indymedia Colombia

Un reconocido jefe paramilitar, Raúl Emilio Hazbún Mendoza, quien ha estado al mando del Bloque Bananero en el Urabá antioqueño, no fue postulado por el Gobierno nacional para ser beneficiario de la ley 975 de 2005. Sencillamente fue dejado en libertad sin ninguna investigación judicial, de conformidad con el decreto 128 de 2003, porque no había ningún proceso previo en su contra. Sin embargo, varios jefes paramilitares han reconocido en audiencias de versión libre que Raúl Hazbún pertenece a la “cúpula paramilitar”.

En efecto, Salvatore Mancuso y Éver Veloza García, alias “HH”, han hecho mención de Raúl Hazbún como uno de los jefes paramilitares al que, según Éver Veloza, se le deben atribuir los crímenes cometidos por estos grupos en la región del Urabá desde 1996¹. Según alias “HH”, Raúl Hazbún, alias “Pedro Bonito” o “Pedro Ponte”, asumió la jefatura del Bloque Bananero después de Éver Veloza, cuando a este lo enviaron en 1996 a comandar el Bloque Calima por su “buen desempeño” en el Urabá². Desde 1996 y hasta el momento se han cometido en el Urabá miles de asesinatos y desapariciones, amenazas y persecución contra líderes y organizaciones sociales, usurpación de tierras de los campesinos de la región y desplazamientos forzados, entre muchos otros crímenes.

Según el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en 1997 se realizó una reunión entre los empresarios bananeros de la región del Urabá en la que se decidió que Raúl Hazbún³ sería el intermediario entre los empresarios y los paramilitares, para lo cual comandaría además el Bloque Bananero de las AUC⁴. Además de ser jefe del grupo paramilitar que durante más de diez años ha azotado a la región del Urabá, Raúl Hazbún fue el encargado de canalizar los dineros que entraban a la organización paramilitar gracias a los aportes que los empresarios bananeros de la región hacían al paramilitarismo.

En concreto, según las versiones de los paramilitares, Raúl Hazbún fue el creador de la convivir⁵ “Papagayo”, a través de la cual la multinacional Chiquita Brands, así como otras empresas bananeras, financiaron el paramilitarismo6. La convivir “Papagayo” era la organización encargada de recibir el dinero que aportaba la multinacional Chiquita Brands a través de la también empresa bananera “Banadex” y, posteriormente, de repartir el dinero al interior de la organización paramilitar⁷.

Los empresarios bananeros no sólo aportaban dineros para financiar el paramilitarismo; además, en contraprestación, hacían requerimientos a los paramilitares para que asesinaran a sindicalistas y otros líderes sociales de la región. Se conoce la existencia de una línea de fax desde la cual los empresarios bananeros enviaban a los paramilitares unas listas con los nombres de las personas a las que ellos debían eliminar⁸.

Además de la organización del sistema de financiación de empresarios bananeros a grupos paramilitares, a Raúl Hazbún se le atribuye la usurpación de una gran cantidad de tierras en el Urabá. Algunos campesinos fueron obligados a venderle sus tierras a precios irrisorios; otros fueron obligados, a través de sus emisarios, a abandonar los predios y salir de la región⁹. Los casos de usurpación de tierras en cabeza de este paramilitar abundan en la región. Así, Raúl Hazbún y los paramilitares de la zona se fueron apoderando de las tierras de los campesinos de varios municipios del Urabá causando a su paso desplazamiento forzado y pobreza.

El 25 de noviembre de 2004 en el corregimiento de El Dos, del municipio de Turbo (Antioquia), tuvo lugar la ceremonia de desmovilización del Bloque Bananero10. En la lista de “desmovilizados” que entregó este grupo paramilitar al Gobierno aparece el nombre de Raúl Emilio Hazbún, aunque algunos asistentes al lugar aseguran que Hazbún no estuvo en la ceremonia¹¹.

Surgen varios interrogantes sobre la supuesta desmovilización de este jefe paramilitar. En primer lugar, no se explica cómo, siendo el jefe paramilitar de uno de los bloques más importantes de la estructura paramilitar de las AUC, Raúl Hazbún no se encuentre en la lista de postulados que el Gobierno entregó a la Fiscalía General de la Nación. La explicación de este hecho puede estar en que este paramilitar no tenía, al momento de la desmovilización, procesos abiertos ni condenas en su contra, lo cual lo hace, según el marco jurídico de la negociación con los grupos paramilitares, acreedor a un certificado que indica su pertenencia a los grupos paramilitares y su deseo de abandonarlo y, en consecuencia, el acceso a los beneficios jurídicos y económicos que dispone el decreto 128 de 2003, entre ellos una amnistía de facto, sin necesidad de pasar por el trámite de la ley 975.

Este contexto pone al descubierto dos situaciones. Por un lado, la anunciada impunidad en la que quedarán miles de crímenes cometidos por paramilitares debido a la ausencia de procesos judiciales abiertos en contra de muchos de ellos, como es el caso de Raúl Hazbún; por otra, la falta de diligencia por parte del Gobierno que, teniendo conocimiento del lugar que dentro de la estructura paramilitar ocupa Raúl Hazbún, no lo incluyó en la lista, siendo previsible que un jefe paramilitar como este haya cometa delitos de lesa humanidad, por los cuales se aplica la ley 975 de 2005. Justamente, lo más preocupante sobre la situación de este jefe paramilitar es que no se trata de un caso excepcional o aislado. Por el contrario, esta situación se ha replicado en varios jefes paramilitares que, pese a su pertenencia a la dirigencia de la organización paramilitar, no fueron postulados por el Gobierno para recibir los beneficios de la ley 975. Es el caso de José María Barrera Ortiz, alias “Chepe Barrera”, jefe del grupo paramilitar “Los Chepes”, quien no sólo no fue postulado por el Gobierno sino que, incluso, fue dejado en libertad luego de haber sido capturado en un operativo de la fuerza pública¹². Por otra parte, también están los casos de cerca de 19.00013 paramilitares “rasos” que habrían salido, tal como Hazbún, favorecidos por el decreto 128 sin tener que someterse al procedimiento especial de la ley 975 debido a que, como Hazbún, tampoco tenían procesos judiciales abiertos ni condenas en su contra.

Así las cosas, si Raúl Hazbún no está incluido en la lista de postulados a la ley 975 de 2005, ¿qué va a ocurrir con las víctimas de los crímenes cometidos por este paramilitar? Tal como están las cosas, y como se desprende del marco jurídico creado para la negociación con los grupos paramilitares, no será posible que las víctimas de Raúl Hazbún obtengan justicia, pues en este momento la situación jurídica de este paramilitar está resuelta debido a que no tenía procesos abiertos en su contra y gracias a los beneficios que le habrán sido otorgados en virtud del decreto 128 de 2003. Así, Raúl Hazbún no pagará un solo día de cárcel. Las víctimas tampoco podrán aspirar a conocer la verdad de lo ocurrido por más de diez años en la región del Urabá, pues este jefe paramilitar no tendrá la oportunidad de confesar los crímenes que, pese a no estar judicializados, cometió durante su pertenencia a las AUC. De igual modo, las víctimas no obtendrán una reparación que provenga directamente de Raúl Hazbún, pues los bienes que ilegalmente se encuentran en su poder no harán parte de la restitución y reparación que se les debe a las víctimas.

Finalmente, la situación de este paramilitar devela que no existen garantías para la no repetición de los crímenes, pues sin verdad, justicia y reparación no parece que estén dadas las condiciones para una paz genuina, máxime cuando hoy día habitantes de la región del Urabá aseguran que alias “Pedro Bonito” o “Pedro Ponte”, como se le conoce a Raúl Hazbún en la región, aún manda en el Urabá y que sus estructuras paramilitares permanecen intactas.

Sin embargo, frente a este panorama de impunidad y a la luz de la normatividad nacional e internacional sobre derechos humanos, las víctimas no se encuentran del todo desprotegidas. La Fiscalía General de la Nación decidió, hace pocos días, iniciar una investigación en contra de Raúl Hazbún. Sin embargo, si esta investigación no conduce a la captura y condena de este jefe paramilitar, puede activarse la justicia penal internacional para que entre a juzgar y sancionar a paramilitares que, como Raúl Hazbún, han cometido crímenes de lesa humanidad.

Para mayor información, contactar a: Gustavo Gallón Giraldo, Director CCJ (Tel. 376 8200, ext. 115).

Notas
¹ Diario El Tiempo, “El jefe ‘para’ que pasó de agache”, 27 de noviembre de 2007, versión electrónica.
² Revista Semana, “Destape de un jefe ‘para’”, 8 de abril de 2007, edición n.° 1318.
³ Los vínculos de este paramilitar con el gremio bananero tienen su origen en los negocios que la familia Hazbún tiene en el campo del banano, lo que llevó a Raúl Hazbún a ser uno de los empresarios bananeros más poderosos de la región y a liderar algunas organizaciones gremiales bananeras.
⁴ Natalia Springer, “‘Todas las bananeras nos pagaban’: Mancuso”, Diario El Tiempo, 13 de mayo de 2007, versión electrónica.
⁵ Las “Convivir”, también conocidas como “cooperativas de seguridad rural”, eran asociaciones a las que el decreto-ley 356 de 1994 les permitía utilizar armas de guerra. La norma que así lo disponía (el parágrafo del artículo 39) fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en noviembre de 1997 (sentencia C-572/07). Las “Convivir” fueron utilizadas de manera intensa para el desarrollo del paramilitarismo.
⁶ Diario El Tiempo, “Mancuso afirma que transportadores, importadores y distribuidores de bebidas financiaban las autodefensas”, 18 de mayo de 2007, versión electrónica.
⁷ Ibíd.
⁸ La línea de fax se ubicaba en un edificio llamado “Apartacentro”, en el municipio de Apartadó (Antioquia). Ver, al respecto: Agencia de Prensa Instituto Popular de Capacitación (IPC), “Empresario bananero, un paramilitar sin orden de captura”, 22 de noviembre de 2007, consultado en: http://www.ipc.org.co .
⁹ Agencia de Prensa IPC, “Empresario bananero, un paramilitar sin orden de captura”, 22 de noviembre de 2007, consultado en: http://www.ipc.org.co .
¹⁰ Consultar en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/desmovilizaciones/2004/bananero .
¹¹ Diario El Tiempo, “El jefe ‘para’ que pasó de agache”, 27 de noviembre de 2007, versión electrónica.
¹² Diario El Tiempo, “Gobierno desmoviliza a jefe ‘para’ capturado”, 20 de febrero de 2005, pág. 1-4.
¹³ Esta es la cifra aproximada a la que el Gobierno nacional ha hecho referencia para referirse a los paramilitares que acudieron a las ceremonias de desmovilización y que no fueron postulados para recibir los beneficios de la ley 975. Estos paramilitares se encuentran, según el Gobierno, en un “limbo jurídico” debido a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de julio del año pasado en la que negó el carácter de delincuentes políticos a los paramilitares.