Desencuentro entre las organizaciones sociales y el Gobierno Nacional : Indymedia Colombia

Desde que Uribe llegó al poder, Barrancabermeja ha tenido que acostumbrarse a la militarización de sus calles cada vez que ocurre una de esas visitas periódicas de algún alto funcionario del Gobierno Nacional. Visitas que, si se miran de cerca, están lejos de ser una posibilidad de interlocución entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y las organizaciones sociales de la ciudad y la región del Magdalena Medio. Por el contrario, son simplemente un escenario en el que el funcionario que llega viene a citar cifras que pretenden mostrarle a las autoridades locales y a las organizaciones sociales que la “seguridad democrática” funciona, un espacio en el que se evidencia que el actual Ejecutivo nacional no discute ni debate, sencillamente ordena.

Así ocurrió el martes 1 de abril de 2008, en las instalaciones del Club Miramar en el desarrollo de la comisión intersectorial por la vida, que se supone consiste en un espacio de interlocución entre el estado y la sociedad civil para trabajar de manera preventiva por el respeto a los derechos humanos. Es un espacio compuesto por las trabajadoras y trabajadores de derechos humanos de Barrancabermeja, las alcaldías municipales, la vicepresidencia de la República, las autoridades militares y de Policía de la región, la Diócesis de Barrancabermeja y el Fiscal General de la Nación.

A partir de las intervenciones realizadas fue posible dilucidar las posiciones diametralmente opuestas que en materia de derechos humanos existen entre el Gobierno Nacional, las organizaciones sociales y las alcaldías municipales. Para el fiscal general Mario Iguarán, la acción u omisión de la fuerza pública en violaciones a los derechos humanos es algo que “pasa en otras partes del mundo” y, que por lo tanto, debe ser analizado en ese contexto. Reza el proverbio popular: “Mal de muchos, consuelo de tontos”. También este alto funcionario considera que la ley de “justicia y paz” ha permitido abrir investigaciones por delitos que no se conocían, ayuda al proceso de reconciliación nacional y da verdad, justicia y reparación a las víctimas, aun cuando en Colombia la guerra no ha terminado.

Por su parte el Espacio de Trabajadores de Derechos Humanos considera que no hay garantías para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos, pues el paramilitarismo continúa en la región y existe una política de estado tendiente a debilitar a las organizaciones sociales. Muestra de ello han sido las judicializaciones a organizaciones como la ACVC, las ejecuciones extrajudiciales de campesinos y la constante estigmatización a la que son sometidas las organizaciones defensoras de derechos humanos por parte de la fuerza pública: “Nos dicen que las comisiones de verificación son para llevar armas a la guerrilla, las actividades de formación son para ilustrar a la guerrilla y que las denuncias de abusos del ejército están encaminadas a evitar operativos en contra la insurgencia… La justicia es lenta para investigar la parapolítica y los homicidios cometidos por paramilitares, pero para judicializar a las organizaciones sociales se actúa con celeridad”.

En este escenario de encuentro entre el estado y las organizaciones sociales se planteó la situación actual de las comunidades del nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, quienes decidieron instalar un campamento de refugio humanitario en Barrancabermeja, debido a las últimos asesinatos de campesinos por parte de las Fuerzas Militares y a la política antidrogas del Gobierno Nacional, que frente a los cultivos de uso ilícito desconoce la problemática social de las comunidades y opta por fumigaciones con glifosato y erradicación forzada de las plantíos de coca.

La ACVC, como organización directamente afectada por esta situación, dejó claro que los campesinos hoy asentados en la sede urbana del Instituto Universitario de La Paz no tienen la intención de ser considerados como población desplazada, pues la ACVC se encuentra en contra del desplazamiento y a favor del territorio para el campesinado. Así mismo, hizo saber que para que los campesinos retornen a sus tierras es necesario: primero, la conformación de un comité de seguimiento a la situación de derechos humanos en el Magdalena Medio; segundo, la instauración de un campamento de refugio humanitario en las zonas del nordeste antioqueño, el sur de Bolívar y el Medio Cimitarra, con todas las garantías de respeto por parte del Gobierno Nacional, para que en caso de agravarse de nuevo la situación de derechos humanos los campesinos tengan un lugar donde hacer valer sus derechos; y tercero, la necesidad de retomar los acuerdos de 1996, 1998 y 2007, entre el movimiento campesino y el Gobierno Nacional, los cuales han sido incumplidos reiteradamente por este último.

La respuesta de los funcionarios allí presentes evidenció la obtusa postura del estado colombiano frente a los problemas del campesinado y la poca seriedad con la que los gobernantes de este país se han tomado las exigencias que en las distintas movilizaciones éstos han hecho.

El vicepresidente Francisco Santos, ante la voluntad de retorno planteada por las comunidades en campamento de refugio humanitario siempre y cuando hubiesen garantías reales para el campesino permanecer en su tierra, señaló que “si se trata de garantías, pues no hay problema, pero detrás de esto está el tema de fumigaciones y ya conocen la posición del gobierno y eso no va a cambiar”. Con esta respuesta, Santos desconoció la grave situación alimentaria, sanitaria y económica que se genera en el campo a raíz de las fumigaciones con glifosato, y los acuerdos de 2007 donde por lo menos el Gobierno Nacional deja abierta la posibilidad de reanudar las mesas de discusión alrededor del tema de cultivos de uso ilícito.

Santos fue aun más allá. Ante la queja de los líderes campesinos por el favorecimiento que el gobierno viene dando a las multinacionales en detrimento de las comunidades que habitan en el Magdalena Medio, respondió que “el modelo económico no está en discusión. El favorecimiento de la inversión extranjera es una política muy clara del Gobierno Nacional. El modelo económico lo discutirán en el 2010 ó 2014, pero ahora eso no está en discusión”. Respuesta que además de dejar clara las intenciones de la segunda reelección presidencial, evidencia que las comunidades no son tenidas en cuenta al momento de decidir el destino de las riquezas nacionales.

Por su parte el director del programa presidencial para los derechos humanos, Carlos Franco, ante el planteamiento hecho por la ACVC de retomar los acuerdos con el Gobierno Nacional y de exigirle a éste su cumplimiento, respondió que “yo he tenido la voluntad de retomar esos acuerdos, pero los he buscado y no los he encontrado en el Ministerio del Interior”. Respuesta que deja clara la desidia y la falta de interés del estado colombiano frente a la problemática que aqueja a las comunidades campesinas del Magdalena Medio. El que los acuerdos firmados entre la ACVC y el Gobierno Nacional se hayan “extraviado”, no muestra otra cosa distinta a que el campesinado nunca ha sido tomado con la suficiente seriedad por parte de los gobernantes de este país.

Vale la pena mencionar que en este escenario en el que el vicepresidente no hizo cosa distinta a reafirmar que la política de “seguridad democrática” funciona: con asesinatos de campesinos y con desplazamientos forzados a raíz de la equivocada política antidroga, pero funciona. Y por supuesto que funciona, pero en el cumplimiento de intereses distintos al de los campesinos. En este escenario en el que no se discute, se acata; las organizaciones sociales decidieron hacer una manifestación simbólica y pacífica. Portaron camisetas blancas en las que se podía leer “Nunca más desplazamiento”, “Nunca más civiles ejecutados”, “Nunca más impunidad”… y desde aquí le agregamos: señor Santos, ¡nunca más vicepresidentes como usted!

http://prensarural.org/spip/spip.php?article1150