Misterio ronda recientes casos de desaparecidos en Medellín : Indymedia Colombia

Según cifras del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), a la fecha se tienen reportes de 13 personas desaparecidas en misteriosas circunstancias, sin que hasta el momento se tenga noticia alguna de su paradero, los posibles móviles y los presuntos autores del hecho.

El más reciente caso reportado es el de Juan Pablo Rojas Raigoza, ingeniero industrial y docente de la Universidad de Antioquia, visto por última vez el 26 de marzo, cuando se dirigía a su sitio de trabajo en un reconocido almacén de cadena. En iguales circunstancias se produjo la desaparición de Dora Patricia Acosta Jaramillo, de quien se sabe salió el pasado 12 de marzo de su residencia en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, a realizar diligencias personales, pero nunca regresó.

Familiares y allegados de ambas víctimas coinciden en afirmar que no existían amenazas, conflictos o dificultades que pesaran sobre ellas, lo que aumenta aún más el desconcierto sobre los casos. Igual sentimiento expresan los familiares de los hermanos Jesús Daniel y Jonh Emilio Robledo Zea y David Mena Buenaño, los tres oriundos del municipio de Tutunendo, departamento de Chocó, quienes fueron sacados de su residencia, ubicada en el barrio 8 de Marzo, por un grupo de hombres fuertemente armados el pasado 4 de febrero.

“Hasta la fecha no sabemos nada de ellos. Es muy injusto lo que nos hicieron”, responde escuetamente una familiar de los desaparecidos, quien agrega que el miedo que generó el hecho hizo que varios miembros de esta familia retornaran a su tierra natal.

Las extrañas desapariciones también han golpeado a miembros de los cuerpos de seguridad. Hasta el momento nada se sabe del paradero de José Adrián Arboleda, miembro de la Seccional de Inteligencia y Policía Judicial (Sijin), quien se comunicó con su familia por última vez el pasado 4 de febrero, ni tampoco se ha podido seguir el rastro de Héctor Fernando Sánchez Duque, agente del Departamento Administrativo de Seguridad (Das), desaparecido el pasado 15 de marzo.

De igual forma, familiares y amigos esperan tener pruebas de vida de la pareja de comerciantes Lilian Estela Díaz y su esposo José Hernando Echeverri, vistos por última vez el 19 de febrero; de los también comerciantes Wilber Eliécer Bedoya Galvis, Robinson Hernández y Gildardo Moreno, quienes desaparecieron el 13 de febrero mientras se movilizaban en su vehículo; del joven rescatista Edison Humberto Pérez, quien salió de su casa, ubicada en el barrio Manrique, el domingo 17 de febrero y aún no ha regresado y de Manuel Urrutia, director encargado de Municipios Asociados de Urabá (Madu), quien desapareció de forma extraña el pasado 27 de febrero.

Hechos preocupantes
Además de los casos de desapariciones, entre defensores de derechos humanos también genera alarma el número de cuerpos sin vida hallados en despoblados sectores del Valle de Aburrá, en los que se repite el mismo patrón: son desaparecidos forzosamente y días después son hallados con signos de tortura.

Según los reportes del IPC, bajo esta modalidad se han registrado 11 homicidios hasta el momento. Uno de estas muertes despierta especial preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, dado las misteriosas circunstancias que rodearon el caso. Se trata de la muerte de Duvan Alexis Osorio, joven de 22 años quien desapareció el 1 de marzo del barrio Andalucía, nororiente de la ciudad, y quien fue reportado días después como “guerrillero dado de baja en combate” por el Ejército en la vereda Santa Bárbara de Toboto, municipio de Duitama, departamento de Boyacá.

“No se metía con nadie, ni era mala persona. Lo último que supe de él fue que le pidió plata prestada a mi señora y no más. Es muy raro que un pelado que a duras penas había salido de Medellín aparezca muerto tan lejos y digan que es guerrillero”, expresó un allegado al joven.

Pero este no es el único caso registrado por esta institución. Según el IPC, el 6 de marzo fueros retenidos en el barrio Andalucía dos jóvenes (cuyas identidades se omiten) por hombres armados que los obligaron a subir a un vehículo en el que fueron llevados a zona rural de un municipio del Oriente cercano. Allí fueron torturados y acusados de pertenecer a grupos guerrilleros.

“A uno de ellos lo dejaron en libertad y retornó a su barrio, pero del otro no se tiene noticia alguna”, señaló un investigador de la institución.

Controles armados vs Avance de la legalidad
¿Qué podría explicar estos hechos que vienen perturbando el clima de seguridad de la ciudad? Diego Sierra, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, se aventura a dar su hipótesis: “En el caso de estos “ajusticiamientos” se podría demostrar que el conflicto armado urbano persiste en Medellín, pero ha cambiado de dinámica y al parecer los modus operandi se están combinando: la asfixia mecánica, la desaparición, los desplazamientos intraurbanos. Sigue un control de la seguridad en manos de los ilegales”.

En el caso de algunas desapariciones, en especial la de los jóvenes señalados de “guerrilleros”, Sierra expresa que podrían obedecer a determinados controles ejercidos en los barrios: “Aquí nos han vendido la idea de que la seguridad democrática resuelve todo, y eso funciona en los estratos altos, pero en los estratos bajos, la forma de cobrar las deudas o saldar cualquier tipo de conflicto es a través de los ilegales”.

Una interpretación en esa dirección la dio Jorge Eliécer Ceballos, coordinador de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín (Uph): “Se estarían presentando ajustes de cuentas entre expresiones delincuenciales que van surgiendo en los barrios, que estarían disputándose el control de expendios de droga. Lo que se observa es que ahora no se quieren cometer los crímenes en los barrios, para no alterar el imaginario de la tranquilidad. Entonces, las personas son sacadas del territorio y ajusticiadas en zonas alejadas”.

Jesús María Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín, expresó su preocupación por los casos de desaparición registrados hasta el momento y señaló que ya son objeto de investigación por parte de la Fiscalía Regional. No obstante, Ramírez consideró apresurado lanzar cualquier hipótesis que permita comprender estos hechos hasta tanto la labor de las autoridades no arrojen datos concretos.

“No tenemos indicios para decir que hay una conexión entre todos estos casos. Por ejemplo, se han presentado casos de personas que son reportadas como desaparecidas, pero luego aparecen con síntomas de haber sido víctimas de la “burundanga”. Nos falta información, pero las autoridades están adelantando las investigaciones respectivas y alentamos a la ciudadanía a que nos que ayude a esclarecer estos hechos”, declaró el funcionario.

Frente a la hipótesis de un control armado ilegal en la ciudad, el Secretario de Gobierno manifestó que si bien la Administración Municipal reconoce la presencia de expresiones delincuenciales en la ciudad, algunas de ellas relacionadas con el narcotráfico, es apresurado lanzar tal afirmación dado el avance de la legalidad en zonas donde antes no había presencia del Estado.

“Nosotros no negamos que haya delincuencia organizada en Medellín y que en algunos sectores se estén presentando actos como extorsiones, por ejemplo. Pero lo que sí tenemos que decir es que venimos avanzando fuertemente en el control de esta delincuencia y que los logros obtenidos en este sentido son reconocidos a nivel nacional”, puntualizó Ramírez.

Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia