Violación sistemática de las libertades democráticas en la Universidad Nacional : Indymedia Colombia

La Federación de Estudiantes Universitarios FEU – Colombia y el Colectivo de Derechos Humanos JAIME PARDO LEAL pone bajo el conocimiento de la comunidad nacional e internacional las violaciones sistemáticas al ejercicio de las libertades democráticas que las directivas de la Universidad Nacional de Colombia en cabeza del Consejo Superior Universitario C.S.U. han venido realizando en contra del movimiento estudiantil

HECHOS

1. Construcción de nuevos dispositivos de represión

Sumándose a los señalamientos se pretenden imponer hoy una serie de restricciones para quienes realizamos trabajo universitario por la defensa de una Educación Superior Pública de calidad, como cerrar el camino a la construcción de escenarios democráticos al interior de la Universidad Nacional a través de la imposición de un Estatuto Estudiantil, y de medidas arbitrarias como el cierre del campus universitario que tienen como principal finalidad cercenar la posibilidad de debate abierto, colectivo y propositivo respecto de los temas que definen el rumbo de la Universidad Pública en Colombia.

La propuesta de Estatuto Estudiantil que hoy impulsan las Directivas tiene su sustento en las disposiciones elaboradas del CIAT, las mismas en contra de las cuales la comunidad universitaria se movilizó el 18 de abril de 2007 en una gran marcha hasta el Ministerio del Interior y Justicia.

Esta propuesta hace parte de un gran engranaje impulsado por el gobierno nacional dirigido a garantizar el desmonte de la universidad pública en Colombia, entendida en términos de su carácter público, laico, garante de la libertad de cátedra, con autonomía y responsabilidad financiera estatal, defensora del cogobierno y la extraterritorialidad.

La imposición de esta propuesta que pretenden lograr las directivas de la Universidad Nacional no es otra cosa que la reproducción de la POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD, que se hace posible gracias a la total aquiescencia de unas directivas universitarias títeres del gobierno central. Los elementos peligrosos que no puedan ser neutralizados a través de un esquema de seguridad carcelario como el que intentan implementar en la Universidad debe ser resuelto por un Estatuto Disciplinar que elimina cualquier posibilidad de acción, propuesta y movilización al interior del escenario universitario.

2. Paro Universitario contra el Estatuto Estudiantil

Durante el transcurso de este semestre el movimiento estudiantil, en cabeza de los representantes estudiantiles de la Universidad, realizó un proceso de información sobre la propuesta de Estatuto Estudiantil que pretenden imponer las directivas.

Debido a la inconformidad sobre el contenido, y el mismo carácter policivo de esta propuesta de estatuto que se contradice totalmente con la naturaleza crítica y propositiva de nuestro Alma Máter, el 8 de abril de 2008 la Asamblea Triestamentaria de la Universidad Nacional de Colombia declara el Paro Universitario, e inmediatamente se inician una serie de actividades dirigidas a generar espacios de estudio y construcción colectiva de una propuesta alternativa de Estatuto Estudiantil.

En contra de esta movilización de rechazo total al Estatuto Estudiantil, la reunión del 15 de abril de 2008 del Consejo Superior Universitario se celebró y a pesar de la petición de los representantes estudiantiles ante este cuerpo colegiado de aplazar la decisión hasta tanto no se diera una verdadera discusión y construcción democrática del Estatuto Estudiantil, es aprobado desconociendo varios de los principales presupuestos de la autonomía universitaria:

* El derecho de la comunidad universitaria a darse y modificar sus estatutos y reglamentos,
* El derecho a gobernarse con autonomía designando desde su propia entraña a sus autoridades académicas y administrativas;
* El ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra, la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, la creación artística y la controversia ideológica y política.

Frente a la movilización que se realizaba al enterarse de la aprobación del estatuto, las directivas universitarias deciden deslegitimar las acciones con una supuesta amenaza de bomba que es reproducida por los medios de comunicación, ante lo cual se da la orden del desalojo del campus. Esta estrategia es completada con el cierre arbitrario del campus universitario para tratar de desarticular el movimiento que se ha generado dentro de la Universidad Nacional.

ANTECEDENTES

1. El movimiento estudiantil

El movimiento estudiantil en Colombia ha enfrentado una constante persecución que ha desencadenado la desaparición de organizaciones y trabajos universitarios que a través de acciones colectivas e individuales dan a conocer el inconformismo del país respecto de la situación nacional, y concretamente la universitaria. La historia del movimiento estudiantil ha evidenciado que entre los principales derechos humanos que han violado los gobiernos de turno, y que han dificultado la continuidad de los procesos organizativos en las universidades se encuentran el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, e inclusive a la locomoción.

2. Criminalización del Movimiento Estudiantil

La Universidad Nacional de Colombia ha sufrido en los últimos años una serie de transformaciones que van en contra de la Autonomía Universitaria y la calidad de la Educación Pública a través de estrategias de desfinanciación e intervención directa del gobierno central en la toma de estas decisiones.

Frente a estas reformas el movimiento estudiantil se ha pronunciado por medio de la construcción colectiva de propuestas alternativas que no han sido tenidas en cuenta por la administración de la Universidad, y que han obligado a los estudiantes a emprender una serie de movilizaciones y acciones de protesta, frente a las cuales, los medios de comunicación impulsados por las directivas de la universidad, e inclusive por miembros del gobierno central, han adelantado una campaña de desinformación y criminalización que se dirige a presentar a los activistas estudiantiles y a las organizaciones de las cuales hacen parte como “elementos infiltrados” de los grupos terroristas en las universidades.

Para hacer más claro lo dicho anteriormente se puede citar las diversas declaraciones de diversos miembros del Gobierno Nacional frente al tema. Una de ellas es la del Vicepresidente de la República Francisco Santos quien el 20 de Octubre de 2006 en las cuales habla de la necesidad de la infiltración de las universidades Públicas debido a que según él, los activistas estudiantiles son terroristas infiltrados. El día 13 de Abril de 2007 el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias aseguró que era necesario infiltrar las principales guaridas de los terroristas, es decir las universidades. Posteriormente el 2 de Junio de 2007 cuando se desarrollaba el paro nacional universitario en medio de un consejo comunitario el Presidente Álvaro Uribe Vélez ordenó el desalojo inmediato de la Universidad Nacional asegurando que no iba a permitir violento en las locaciones de la Universidades no sin antes haber tratado a uno de los estudiantes que se encontraban en el recinto en el que se desarrollaba el consejo de terrorista de civil. El 29 de Noviembre de 2007 el ya mencionado Vicepresidente de la República después de que fueran capturados 3 milicianos de las FARC con las pruebas de supervivencia de varios secuestrados al aseguró que esperaba la respuesta violenta que pudiera presentarse en la Universidad Nacional de Colombia a estos hechos ya que esta era la principal guarida de los terroristas.

3. Emisión de un INFORME DE RIESGO para las Universidades Públicas

Frente a estos señalamientos el 15 de diciembre de 2006, la Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como consecuencia del conflicto armado (Sistema de Alertas Tempranas SAT), dio a conocer un análisis que caracteriza el riesgo por el conflicto armado en las 5 universidades públicas de Bogotá. Al comenzar el 2007 se conoció que sobre el Informe de la Defensoría, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), en el que están el Ministerio del Interior y Justicia y el Ministerio de Defensa, emitió un conjunto de recomendaciones destinadas a las directivas universitarias y que van en contravía de las propuestas y sugerencias de la Defensoría.

Lo que dijo la Defensoría

En su informe, la Defensoría reconoce que en los últimos tiempos se han intensificado elementos de orden discursivo y regulativo orientados a estigmatizar la divergencia, el pensamiento crítico, la organización y la protesta social en la Universidad.

“…en declaraciones públicas, agentes del Estado y sectores de los medios de comunicación han identificado como ilegales las actividades de protesta desarrolladas por sectores de la comunidad universitaria, con el afán de estigmatizarlos públicamente, por el solo hecho de defender el carácter de la universidad, y lo socialmente conseguido para ella. Estas manifestaciones, expresadas en contextos de violencia política, fuerte polarización o alta conflictividad social, emiten un mensaje equivocado a los actores armados ilegales, quienes hipotéticamente hablando encontrarían en estas declaraciones razones y justificaciones, para determinar equivocadamente que los claustros universitarios son un escenario en disputa o un territorio en guerra, y en consecuencia se sentirían habilitados para atentar contra la población en riesgo…”.

Las recomendaciones que elaboró la Defensoría se encontraban dirigidas a fortalecer los escenarios participativos y de concertación entre los diferentes estamentos que integran la Universidad:

2.- A las autoridades universitarias y de Bienestar Universitario coordinar con las entidades del Estado, encargadas de la protección de los derechos fundamentales, adoptar los planes o medidas, previamente concertadas con la comunidad universitaria, para la seguridad de los lideres estudiantiles, trabajadores y docentes.

4.- A las autoridades universitarias para el fortalecimiento institucional: promover escenarios y mecanismos de coordinación interinstitucional, en especial gobierno universitario y ministerio público; adoptar medidas para fortalecer los niveles de autonomía universitaria y la participación democrática de la comunidad universitaria en los asuntos que los afectan; promover programas para la difusión, el respeto y realización de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

5.- A la autoridad universitaria, para el fortalecimiento social de la comunidad: Desarrollar procesos participativos con la comunidad universitaria para la elaboración de planes de prevención; implementar acciones de reconocimiento y apoyo a procesos organizativos de la comunidad universitaria; brindar garantías para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la comunidad universitaria; promover mecanismos para la resolución pacifica de conflictos, en especial estimular el fortalecimiento y la creación de espacios que permitan la regulación de conflictos intrauniversitarios.

Lo que dijo el Gobierno a través del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas

Sin embargo, frente a este informe y estas recomendaciones el CIAT propuso otro informe y otras conclusiones, orientadas al recorte de la autonomía universitaria que se centran en la aplicación de medidas represivas contra los estamentos universitarios, y que terminan por institucionalizar el discurso de estigmatización y las propuestas de represión que desde el presidente y el vicepresidente de la República , pasando por las fuerzas de seguridad del Estado , hasta directivas universitarias comparten: la militarización de las universidades públicas, infiltración de agentes de los organismos de inteligencia, ampliación de la red de informantes entre docentes, trabajadores y estudiantes, sembrando desconfianza y temor y amordazando el pensamiento disidente en el seno de una comunidad deliberativa y crítica por excelencia.

CONSIDERANDO

Que al hablar de Universidad, nos referimos también al sentido de Autonomía, como materialización de la libertad de pensamiento, entendida como libertades fundamentales de expresión, de asociación, de movilización y que en el campus universitario particularmente se concretan en las libertades de cátedra e investigación, las cuales por medio los articulo 27,67 y 69 de la constitución política de 1991, se establecen al nivel de normas de normas y se amplían su imperativo cumplimiento, por medio de la sentencia C-220 de la corte constitucional.
Medidas las cuales buscaban garantizar, a partir de la carta constitucional, el espíritu democrático que se quiso imprimir a Colombia desde diferentes sectores sociales y políticos del país durante la década del 90 y dentro de las cuales la educación y específicamente la universidad se entendía como un medio que a las vez de formar las generaciones futuras, propiciaría esa transformación pacifica, política y cultural que materializaría una sociedad con plena vigencia y garantía del ejercicio de los derechos humanos.

EXIGIMOS

1. Que se garantice el ejercicio de las libertades democráticas, que se materializa en primera instancia en la apertura del campus universitario como principal escenario de debate y articulación para los estamentos que integran la universidad. Ç

2. Que se brinden las garantías necesarias por parte de las directivas para el desarrollo de un proceso democrático para al interior de la Universidad Nacional de Colombia de forma que todos los miembros de la comunidad universitaria en ejercicio de la autonomía universitaria definan los rumbos que debe tomar la universidad tanto en términos académicos como en términos de su reglamento interno.

3. Que la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, se pronuncie públicamente sobre esta Alerta temprana, teniendo en cuenta que la Universidad no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones que se expiden desde esta institución a través del Informe de Riesgo 048 del 15 de diciembre de 2006.

SOLICITAMOS

- A la comunidad internacional en general, particularmente al congreso de Estados Unidos, el parlamento Europeo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, documentar esta Alerta Temprana y establecer un mecanismo de seguimiento sobre este caso.
- A las diferentes Organizaciones, sociales, sindicales y de Derechos Humanos, a nivel internacional y nacional que insten a la Administración de la Universidad Nacional de Colombia y a las autoridades competentes, a que tomen las medidas necesarias para garantizar y proteger las libertades fundamentales y los Derechos Humanos de las personas amenazadas y de la comunidad universitaria en general.

Federación de Estudiantes Universitarios FEU – Colombia

Colectivo de Derechos Humanos JAIME PARDO LEAL