El embeleco de las convocatorias para acceder a los subsidios del Incoder : Indymedia Colombia

INTRODUCCIÓN

Al decir del ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, el esquema de oferta de servicios desde el Estado a las comunidades rurales hizo crisis y se debe modificar por el de “demanda” , según el cual las comunidades demandan de las entidades públicas los servicios que requieren, a través de procesos de libre concurrencia, más conocidas como convocatorias públicas, en virtud de las cuales, se eliminaría la corrupción dada la transparencia de los procesos de asignación de los recursos destinados para el otorgamiento de subsidios.

En esa línea de pensamiento, la ley 1152 de 2007 mal llamada Estatuto de Desarrollo Rural, que no sólo modificó sustancialmente la legislación agraria, en contra de las comunidades rurales, sino que desmanteló drásticamente la institucionalidad pública del sector rural, redujo el INCODER a su mínima expresión y dejó en la calle a cerca de 400 trabajadores de esa entidad, y adoptó el esquema de la “demanda”, a través del otorgamiento de subsidios para algunas actividades productivas del sector.

En el afán de mostrar las bondades del nuevo instrumento, recién iniciado el año 2008 desde el ministerio de agricultura se ordenó la apertura de convocatorias públicas (que más parecen realitys), para otorgar subsidios en tres modalidades: proyectos piscícolas, adecuación de tierras y compra de tierras.

Como era de esperarse, la tan publicitada noticia ha generado una avalancha de posibles beneficiarios que, ansiosos por conocer cómo acceder a los subsidios, han colmado las distintas oficinas del INCODER en busca de información, porque ahora sí, según la propaganda oficial, sus necesidades van a ser atendidas satisfactoriamente. Como reza el dicho popular, “amanecerá y veremos”.

El Sindicato de Trabajadores del Incoder – SINTRAINCODER, víctima de persecución sindical por parte del ministro, configurada en la pérdida del empleo de cerca del 50% de sus afiliados, con motivo de la reestructuración de la entidad ordenada por la ley 1152 de 2207, considera necesario hacer un análisis crítico del nuevo esquema, a fin de que desde distintos sectores, pero fundamentalmente desde las comunidades rurales y sus organizaciones, se planteen alternativas y acciones que permitan contrarrestar lo que en el fondo es el alcance de la ley 1152: la entrega del campo al sector agroempresarial, el desconocimiento del deber constitucional del Estado de dotar de los factores productivos a los empobrecidos del sector rural, la desmotivación de los sectores populares y la puesta en manos de particulares (tercerización) de las funciones públicas esenciales para el desarrollo social rural.

LAS PUBLICITADAS CONVOCATORIAS

Bajo el supuesto de que los negocios en manos de los particulares están revestidos de mayor transparencia, y sin que el reestructurado INCODER haya siquiera terminado de acomodarse a su nuevo rol de facilitador, el “innovador” ministro de agricultura, ordenó montar las convocatorias ya mencionadas, para que al finalizar el primer semestre del año 2008 se empezase a notar la diferencia de esquemas ......

Así las cosas, se pretende, en tiempo récord, entregar recursos a través del otorgamiento de subsidios para proyectos piscícolas, adecuación de tierras y compra de tierras.

Para ello, se destinó una buena cantidad de recursos presupuestales para efectuar la promoción del nuevo modelo entre los esperanzados potenciales usuarios, en la que en la mayoría de los casos, los asistentes salen más confundidos y pesimistas, al ver que de “eso tan buen no dan tanto” y con preocupaciones acerca de cómo presentar su proyecto para que sea elegible, en razón de la complejidad del proceso y de los innumerables y en muchos casos innecesarios requisitos que deben cumplir aquéllos que lo mejor que saben hacer es trabajar la tierra y/o producir alimentos para la población colombiana y que nunca han estado metidos en papeleos y trámites burocráticos.

LAS EXIGENCIAS DE LAS CONVOCATORIAS

Lo que aparentemente es un esquema ágil y fácil para acceder a los beneficios estatales, se convierte para los verdaderos necesitados de tales ayudas (desplazados, campesinos y pescadores), en un enorme viacrucis cuando de presentar sus proyectos y reunir los requisitos se trata.

En efecto, son tantas y tan complejas las exigencias de los términos de referencia de las convocatorias en general, que quienes sin estar acostumbrados a estos menesteres, pronto desisten de sus propósitos, en cuanto, en tratándose de gente humilde y empobrecida, no tienen ni la experiencia ni los medios económicos para pagar “expertos” que les elaboren sus propuestas. He ahí el primer gran engaño de este nuevo esquema: quien necesita los apoyos estatales no está en condiciones de acceder a ellos, por la formalidad de los trámites y porque ya las entidades públicas del sector no tienen entre sus funciones, asesorar y acompañar a las comunidades en estos casos, y si las tienen, tales funciones son marginales y no hay presupuesto ni funcionarios para atender tales tareas.

Mas, si por casualidad algunos aspirantes logran presentar su propuesta, es posible que en el primer filtro (la verificación), la misma sea devuelta para subsanarla - lo que en la práctica equivale a elaborar un nuevo proyecto - so pena que si tal subsanación no se presente en el brevísimo lapso de 8 días, su proyecto es rechazado. Pero peor suerte corren las propuestas de quienes por olvido o deficiencias en su elaboración dejan por fuera alguno de los aspectos denominados sustanciales, pues allí no hay lugar a subsanar y su proyecto es rechazado de plano.

Dónde quedan entonces las bondades del nuevo sistema?. Cuándo y quién ha capacitado a las comunidades para que estén en condiciones de presentar proyectos viables?. Quienes proyectan las convocatorias sí están pensando en que los recursos se destinen a los más necesitados?.

Los defensores de la privatización y de la reducción del papel del Estado y por consiguiente del retiro de la institucionalidad pública del sector agropecuario no han entendido, ni entenderán, que justamente esta población objetivo, no sólo necesitan de recursos para desarrollar determinadas actividades, sino mucho acompañamiento estatal, no privado, para poder hacerse a las herramientas que les permitan ser autogestionarias de su propio desarrollo, situación que no se presenta con el nuevo esquema en el que se parte de la falsa premisa de que los campesinos deben convertirse en empresarios, como si para lograrlo, bastara promulgarlo en una ley o en un reglamento.

El viacrucis de los proponentes que logran que su propuesta sea considerada como evaluable, ya sea porque pasó (de milagro) el primer filtro o logró subsanar las insuficiencias presentadas, continúa con los demás filtros o estaciones, pues para que pueda llegar a ser considerado elegible y se le pueda otorgar el subsidio, le quedan muchas pruebas por superar.

La segunda etapa, denominada de “evaluación y calificación”, es conocida y abordada por expertos, quienes deben aplicar los términos de referencia y los protocolos adoptados para tales fines, lo que hace bien difícil que las propuestas superen esta etapa, puesto que se exige tal cantidad de requisitos técnicos, comerciales, sociales, ambientales y operativos, que hacen impensable que un proyecto presentado por la gente humilde logre avanzar, pues, entre otras cosas, se debe demostrar la viabilidad financiera del proyecto donde se incluye la Tasa Interna de Retorno (TIR), que para todos los casos es bastante alta, a sabiendas de la dificultad que representa que una inversión en el campo sea tan rentable como la querrían los neoliberales que desde Bogotá proyectan los términos de referencia, por lo que no dudamos que muchos de estos proyectos más que reales, sean sólo “virtuales”.

Pero el proceso no culmina allí. Se requiere que un Comité, en el cual no podía faltar el inefable ministro, se encargue de definir cuáles son los proyectos elegibles, los que, en todo caso, no deben superar el monto de los recursos destinados para cada convocatoria que, como se sabe, son bien escasos si se tiene en cuenta las verdaderas necesidades de las comunidades rurales.

Más no todos los proyectos considerados elegibles serán subsidiados. Teniendo en cuenta que el proponente debe comprometer recursos para la contrapartida, si esa situación no está claramente demostrada, el subsidio no se otorgará y todo el camino recorrido y los recursos invertidos por el aspirante se habrán perdido.

Pero si en gracia de discusión hubiesen proyectos muy buenos, que convenzan a los evaluadores, calificadores y seleccionadores de las mejores propuestas y cumplan con el requisito de la contrapartida, el bajo monto de los recursos asignados para los distintos subsidios, no permite desembolsar los recursos demandados por los proponentes, con lo que, de nuevo las expectativas y el boom creado en torno a este mecanismo, van a ser insatisfechas y lo que se generan son nuevas frustraciones y desesperanzas.

EL SUBSIDIO INTEGRAL PARA COMPRA DE TIERRAS

Mención especial, por la importancia política y social que reviste la tenencia de la tierra en Colombia, merece la convocatoria para el otorgamiento del subsidio integral de tierras, que comprende tanto la compra de tierras, como el apoyo económico del 30% del valor del proyecto productivo a realizar sobre el terreno que se adquiera con el subsidio.

De entrada se debe decir que por este medio se vuelve al sistema del mercado de tierras que tanto en Colombia como en otros países ha sido un verdadero fracaso, pues es impensable e inaceptable que en un mismo plano de igualdad se coloque al campesino o desplazado de un lado y al propietario de la tierra, de otro, cuando de negociar y acordar el precio de la tierra se trata. (No olvidemos que la ley 1152 de 2007 es bastante benévola con los propietarios de las tierras, al ordenar pagar la totalidad de su precio en efectivo, a diferencia de la anterior ley (160 de 1994) que establecía que la mitad del precio se pagase en bonos agrarios, con lo que se ve claramente hacia qué lado se inclina la balanza).

Acá se equivocan de nuevo los neoliberales al pretender dejar en las manos invisibles del mercado una cuestión tan delicada e importante como es la distribución de la tierra, ese factor productivo del que carecen tantos colombianos y que cada día se concentra más, en muy pocas manos.

Si los trámites de las demás convocatorias son tortuosos para los aspirantes al subsidio, éste lo es en grado sumo. Para nadie es un secreto que la tierra ha sido y es un factor generador de poder, no sólo económico, sino también político en el país y que los detentadores del poder y concentradores de la tierra, incluso con la acción del Estado, han mantenido incólume su poder y sus privilegios, por lo que es descabellado, por decir lo menos que, ahora sí, se va a lograr redistribuir la tierra en el país.

Y es menos pensable esta posibilidad, cuando se ha puesto un límite en el precio de la hectárea de tierra de 10 smmlv, es decir la suma de $4.615.000 y el valor máximo a subsidiar por beneficiario sólo será de 56 smmlv, o sea $25.844.000, lo que equivaldría a decir que la UAF sería tan sólo de alrededor de seis (6) hectáreas.

Desconocen los estrategas de escritorio que fenómenos como el narcotráfico, los megaproyectos y el desplazamiento, que generan a su vez la concentración de la tierra, han elevado en forma especulativa el precio de la misma y que con el monto fijado, si acaso se podrá adquirir tierras sólo por fuera de la denominada frontera agrícola, con lo que la estructura de la tenencia de la tierra sigue intacta, a favor de los concentradores, antiguos y nuevos, que ningún beneficio aportan a la sociedad con sus extensas y ociosas propiedades.

Aún así, si un grupo de campesinos o desplazados pudiese “negociar” con el propietario el precio de la tierra, aparte de cumplir con el resto de los innumerables requisitos, le falta uno bien difícil: conseguir la financiación (porque es improbable que con recursos propios se pueda lograr la contrapartida), del 70% del proyecto productivo.

Más difícil e imposible de cumplir en muchos casos es colocar contrapartida para la compra de tierras, novedad ésta que se incluyó en la convocatoria y que le proporcionaría al proponente un mayor puntaje en la complicada tarea de lograr el otorgamiento del subsidio. Esta exigencia de la convocatoria, aparte de ser arbitraria e ilegal, pues la ley ni su decreto reglamentario exige contrapartida para la compra de la tierra, es discriminatoria y pone en duda a quiénes se orienta este subsidio, pues no es posible pensar que los campesinos y sobre todo los desplazados, puedan colocar contrapartida con sus propios recursos. Y como no tienen cómo garantizar el crédito: cómo pueden colocar contrapartida?. Así, quiénes podrán ser los beneficiarios del subsidio?.

Las cifras hablan por sí solas. Las familias desplazadas en la última década según los registros de la presidencia de la República llegan a 519.702 y pueden ser unas 300.000 más según las ONGs que trabajan con los desplazados- mientras que los hogares beneficiados con entrega de tierras han sido sólo 4.653, es decir menos del 1% de los afectados reconocidos por el gobierno. Estos afortunados han recibido un promedio de 12 hectáreas por familia para un ínfimo total de 54.565 hectáreas asignadas, que también son menos del 1% de los seis (6) millones de hectáreas que se han apropiado a sangre y fuego los paramilitares y narcotraficantes. (Cifras tomadas del periódico El Universal de Cartagena, 2 de marzo de 2008).

EL NUEVO PAPEL DEL INCODER

La reestructuración del INCODER ordenada por la ley 1152 de 2007, le arrebató las funciones básicas que en materia de tierras venía cumpliendo la entidad y lo dejó no sólo sin competencias importantes, sino sin funcionarios suficientes para atender a las comunidades rurales en el acompañamiento y asesoría, por lo que su nuevo papel es el de simple “promotor” y si acaso, “gestor” de la nueva estrategia gubernamental, es decir de las convocatorias, que como se ha visto no son la solución, a pesar del “boom” que se ha generado en torno a ellas.

Con este nuevo esquema el instituto debe asumir el rol de simple “facilitador” pues como se enunció antes, prácticamente todas las actividades relacionadas con las convocatorias para otorgar subsidios serán contratadas con particulares, en lo que ya de manera pomposa el ministro y su séquito denominan la “tercerización”, que no es otra cosa que entregar las funciones estatales al sector privado, para beneficio de éste. Por ello de la planta de personal del INCODER desparecieron cerca de 400 cargos e igual número de trabajadores quedaron en la calle, sin empleo.

QUÉ HACER?.

Frente a la situación impuesta por este gobierno antinacional, que de rodillas implora que el Congreso de Estados Unidos apruebe el TLC entre ese país y Colombia - para acabar con la producción nacional, la economía campesina y la soberanía alimentaria - deben unirse los esfuerzos y las acciones de las comunidades rurales y los sectores progresistas del país para exigir la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 1152 ( o mal llamado Estatuto de Desarrollo Rural), y en su lugar se promulgue una ley con contenido y alcance democrático que posibilite la implantación de una verdadera reforma agraria integral que modifique la estructura social agraria, que permita a los desplazados recuperar la propiedad de sus tierras y propenda por un desarrollo social rural incluyente, donde la prioridad esté puesta en la dignidad de los empobrecidos del campo y la soberanía alimentaria de los colombianos, en cumplimiento de los postulados constitucionales que demandan la atención prioritaria del Estado para lograr estos nobles e importantes cometidos.

Por supuesto, estos propósitos tendrán mejores y mayores resultados en la medida en que las comunidades se organicen y exijan sus derechos, a través de la unidad y la lucha consciente y constante, sin desviaciones en sus principios ni desmayos en el difícil camino por recorrer hasta lograr los objetivos comunes.

Me parece de muy mal gusto el comentario que hacen estas personas desempleadas del INCODER hablando mal del Ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS cuando el y el señor presidente de la republica ALVARO URIBE VELEZ estan es buscando mejorar la calidad de vida de las familias mas necesitadas del pais yo felicito al señor presidente y ministro de agricultura para que sigan haciendo esta clase de convocatorias para subsidio para compra de tierras quiero que habran otra convocatoria en este año 2008 vamos presidente y ministro de agicultura para adelante tienen el apoyo de millones de colombianos.

Me parece muy de mal gusto defender al verdugo de los desplazados, señor Andrés Felipe Arias y sus Carimaguazos, argumentando contra los trabajadores del Incoder, en vez de denunciar que el gobierno uribista le devuelve tierras a 4 mil familias al año, mientras al tiempo son desplazadas 40 mil al año y se le entrega el Incoder a grupos parapolíticos como Colombia Viva o la famlia de Multifruit que le quita la tierra a los afros en Urabá, como antes se le entregaba el Incora a Maroso y Cia.