Planes departamentales de agua: aplanadora neoliberal : Indymedia Colombia

Nadie con un poco de sensatez se opondría a que en el país se cumpliera el “objetivo del Milenio” de reducir para 2019 en 50% los hogares sin acceso al agua potable. El Banco Mundial en su última valoración ambiental del país ha reconocido el grave problema que representa la carencia de este vital líquido y/o su mala calidad, principalmente por sus nefastas consecuencias para la salud del pueblo colombiano .

No obstante, la estrategia trazada para Colombia por el Banco Mundial a través de los Planes Departamentales de Agua y Programa de Modernización Empresarial, que vienen siendo impulsados por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, se sustentan en dos pilares: el endeudamiento externo con la banca multilateral –Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial- a altísimos costos para los departamentos y municipios; y la entrega del mercado del agua al sector privado nacional y extranjero, con los consiguientes costos económicos y sociales para los entes territoriales y los usuarios.

En América Latina, las multinacionales del agua como Bechtel, Suez, Aguas de Barcelona y Vivendi están de salida, pues, en la práctica, la estrategia privatizadora ha fracasado rotundamente. En unos casos, como el de Bolivia, la protesta social por las altas tarifas y el incumplimiento de los contratos por parte de los operadores privados, en cuanto a calidad y cobertura del servicio, ha sido el detonante, y en otros casos, como en Argentina, además de lo anterior, se sumó la crisis financiera de 2002 que obligó al gobierno de ese país a rescindir los contratos y afrontar demandas ante el Centro Internacional para el Arreglo de las Disputas sobre Inversiones del Banco Mundial (CIADI). Paraguay también logró detener las privatizaciones, sumándose así a Panamá, Trinidad y las ciudades de Río de Janeiro (Brasil) y Tegucigalpa (Honduras), donde también siguen siendo públicos sus servicios de agua. De 14 casos de privatizaciones estudiados por BID, 10 empresas volvieron a ser estatizadas para el 2007 y en los cuatro restantes, los operadores privados internacionales hicieron alianzas con empresas locales.

Entretanto, Colombia se convierte en puntal de una estrategia neoliberal según la cual los operadores privados ya no tienen que costear la expansión de las redes ni financiar inversiones en infraestructura, ya que son los entes territoriales los que contraen millonarias deudas en dólares para estos fines.

En efecto, el plan piloto comprendía los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena y luego se expandió a Bolívar, Córdoba y Norte de Santander, los cuales ya cuentan con un documento Conpes expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social con los respectivos avales y garantías de la Nación para el endeudamiento externo y las exigencias y condicionamientos de los créditos. Los departamentos que no contraen deuda externa, se endeudan internamente, mediante la línea de crédito con Tasa Compensada, administrada por Findeter.

El gobierno propone crear una gran bolsa con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), tarifas ajustadas al marco tarifario vigente, regalías, recursos propios de las empresas, otros recursos de los presupuestos territoriales, aportes de las Corporaciones Autónomas Regionales y los aportes del gobierno nacional. Cabe señalar que los recursos de la nación escasamente llegan al billón de pesos y el total de todos los recursos de esta gran bolsa para el 2006-2010 suman apenas 8,2 billones de pesos, según lo ha anunciado públicamente el Ministro Lozano.

Endeudamiento Guajira
Departamento US$40 millones
Banco Mundial presta US$ 90 millones
Municipio-SGP y operadores US$ 16 millones
Nación US$ 8 millones
Pagarán US$ 47 millones en intereses
52.3% del capital

Endeudamiento Cesar
Banca multilateral presta US$ 42,5 millones
Contrapartida del Departamento US$ 16,7 millones
SGP US$7,7 millones
Nación US$ 3,1 millones
Pago de intereses 2005-2017
US$ 18,367,500, 43. 2% del capital

El gobierno nacional ha diseñado una verdadera camisa de fuerza para asegurar el pago de la deuda contraída. El PND 2006-2010 ordena a los municipios comprometer un porcentaje mínimo del 60% de los recursos asignados al sector de agua potable y saneamiento básico del SGP destinados a inversiones en infraestructura y cubrimiento de subsidios. Los recursos serán transferidos de manera directa a la fiducia conformada para la ejecución del Plan de acuerdo con los procedimientos definidos por la ley. Los departamentos con regalías por explotaciones mineras como la Guajira y Cesar deberán comprometer y pignorar parte de dichas regalías.

Los compromisos que según el Conpes 3463/2007 adquieren los municipios y departamentos con Planes Departamentales de Agua, ponen en entredicho la autonomía regional por la magnitud de las exigencias, todo lo cual se dicta bajo el criterio de que la corrupción asola el sector público.

Además, el gobierno plantea dichos planes como una obligación ineludible y amenaza a los municipios que muestran dudas, con quitarles los recursos de cofinanciación de la nación e incluso amenaza con suspender los giros del SGP, cuestión que potencialmente puede hacer, según el Decreto 028 de 2008 del Departamento Nacional de Planeación, sobre el monitoreo y control del gasto de los recursos del SGP:

Compromisos departamentos
Asamblea Deptal. autoriza endeudamiento mediante una ordenanza
Operadores especializados
Vigencias fiscales y pignoración de dichas rentas
Contrata encargo fiduciario
Plan de saneamiento fiscal
Contrata consultoría para el diagnóstico de las inversiones
Contrata gerencia integral y firma convenio de asistencia técnica con el MAVDT
Firma convenio financiero con el MAVDT

Compromisos municipios
El Concejo mediante Acuerdo compromete los recursos del SGP y autoriza la entrada de los operadores especializados.
Firma convenio financiero con la gobernación.
Entregar infraestructura a los operadores especializados y esquemas regionales
Modernización empresarial: operadores especializados
Compromete vigencias futuras SGP y las pignora

Con el auspicio del Banco Mundial, a partir de 1998 el MAVDT ha venido adelantando el Programa de Modernización Empresarial del sector para crear las condiciones necesarias para la privatización. Ya ha adelantado 42 procesos para la entrada de operadores especializados en 87 municipios que busca eliminar la prestación municipal directa del servicio de acueducto en 670 municipios del país. El gobierno habla de operadores especializados, públicos o privados, pero en la práctica busca crear empresas de servicios públicos por acciones con capital y control privados, al tenor de la Ley 142/94.

Se contempla la asociación de municipios para la prestación del servicio, cuestión que sería deseable para aprovechar las economías de escala, si fueran públicas las nuevas empresas, pero bajo el esquema actual, constituye un simple mecanismo para hacer más atractivo el mercado para la inversión privada. El esquema regional busca cooptar los acueductos comunitarios urbanos y rurales y ya se están colocando medidores en muchas veredas.

El PND faculta además a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para:

“Art. 73.15. “Determinar cuándo una empresa oficial, pública o un municipio que presta en forma directa los servicios no cumple los criterios e indicadores de eficiencia que determine y ordenar al municipio la entrega de la prestación de los servicios a un tercero.”

Las privatizaciones se adelantan mediante distintas modalidades en el país:

Venta o enajenación parcial o total, con la venta de acciones a privados.
Alianzas público-privadas: Concesiones de 30 a 40 años a través de licencias de explotación del servicio.
Tercerización que son contratos para que operadores privados gestionen el servicio en forma parcial o total.

El Banco Mundial estima que ya hay participación privada en 90 ciudades del país y en 15 de 32 municipios capitales. Pero es la región Caribe, donde las multinacionales del agua tienen la más larga trayectoria, principalmente en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Montería. Allí los conflictos sociales abundan por los altos cobros, la apropiación por parte de las empresas de las redes de los acueductos comunitarios, el incumplimiento de los contratos en cuanto al cubrimiento del servicio en barrios subnormales y los cortes por falta de pago . Este es el modelo que se piensa extender a todo el país. Con la privatización, lo que se ha hecho es cambiar el monopolio público por monopolios privados, que se aprovechan de las economías de escala y se lucran principalmente de la administración del servicio.

Corresponde a las autoridades públicas de los entes territoriales hacer valer sus derechos y deberes frente a una estrategia que quiere hacer primar el interés privado sobre el público. Los Planes Departamentales de Agua no pueden llevarse a cabo sin su respaldo. Concejales y diputados, alcaldes y gobernadores, deben poner en cintura dichos planes y garantizar que por lo menos las nuevas empresas sigan siendo patrimonio público y los costos no sean onerosos para las finanzas regionales.

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Notas:

1. : “El costo anual de los impactos en la salud, principalmente diarreas, por insuficientes servicios de agua, saneamiento e higiene están estimados entre $1 billón 210 millones y $1 billón 525 millones de pesos anuales. Se incluyen los costos de mortalidad por enfermedades diarreicas (Human Capital Approach) y el costo de la morbilidad (Tratamiento médico, medicinas, y tiempo perdido) y se calcula el costo del desmejoramiento del bienestar por enfermedad valorado como PIB per cápita. Banco Mundial. Republic of Colombia Mitigating Environmental Degradation to Foster Growth and Reduce Inequality, Febrero 25, 2006, p. 109.

2. Véase Danilo Urrea y Juana Camacho, Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra “Agua y transnacionales en la Costa Atlántica, laboratorio experimental del modelo privatizador en Colombia”, en Colombia:¿ un futuro sin agua?, Ecofondo, Foro Nacional Ambiental, Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2007.
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El Usuario Nº 22