La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, plataforma que congrega a diversas organizaciones regionales, sectoriales y sectoriales del país, manifiesta su rechazo a la decisión del gobierno Nacional de extraditar a los Estados Unidos a los jefes paramilitares comprometidos con crímenes de lesa humanidad, y exige que la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas no quede sepultada bajo una maniobra política.
Consideramos que la hábil decisión del Gobierno:
1. Va en detrimento de las víctimas de los crímenes cometidos por los paramilitares y soslaya la posibilidad de continuar de manera categórica con las investigaciones por la llamada parapolítica.
2. Evidencia una maniobra política y el interés de acabar con las investigaciones que adelantan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación en torno a los vínculos del narcoparamilitarismo con actores políticos y sociales del país y, en general, su penetración en las instituciones del Estado.
3. Pone fin al proceso de sometimiento con esas organizaciones y deja en vilo las reivindicaciones de las víctimas. En este nuevo escenario será muy difícil que el país siga conociendo la verdad sobre el proyecto paramilitar y sobre el paradero de sus víctimas, de las cuales las familias esperan tener noticia.
4. Representa una renuncia inaceptable a la soberanía en el ejercicio de la justicia, pone de manifiesto la incapacidad de la política de Seguridad Democrática para hacer valer las decisiones de los jueces, y evidencia el fracaso del proceso desarrollado al amparo de la Ley de Justicia y Paz.
5. Privilegia la sanción del delito del narcotráfico sobre los crímenes de lesa humanidad, sepulta en la práctica la posibilidad de avanzar en el esclarecimiento de la verdad y en el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación.
Vale la pena preguntar por qué el Gobierno reactivo las ordenes de extradición solo ahora, cuando el ambiente político e institucional esta alterado por cuenta de la parapolítica y de las denuncias de compra de parlamentarios, para aprobar la reelección presidencial, que favoreció el actual Gobierno, y no lo hizo tiempo atrás, cuando desde diversos escenarios de la sociedad civil se denunciaba el total incumplimiento de la Ley por parte de los jefes paramilitares.
En medio de este nuevo hecho de la ya convulsionada situación política del país, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz exige al gobierno Nacional adelantar las acciones necesarias para que la verdad no quede sepultada, convoca a la comunidad internacional a activar los mecanismos necesarios para evitar la impunidad y rescatar la verdad y los derechos de las víctimas; y hace un llamado a la sociedad colombiana para que respalde las reivindicaciones de las víctimas del paramilitarismo por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes de lesa humanidad.
Bogotá, 14 de mayo de 2008
ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PA
