EL Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, desde un comienzo denunció ante la comunidad nacional e internacional que el denominado proceso de desmovilización paramilitar y el marco jurídico que lo soporta no responde a los derechos de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL.
La extradición de los jefes paramilitares es un elemento adicional que revela el fracaso de la ley de justicia y paz y constituye una nueva afrenta contra las víctimas, así el actual gobierno presente ante la opinión pública, la extradición como un favor a las mismas.
La extradición por razones de narcotráfico desconoce la prioridad que tiene la investigación y juzgamiento de los responsables de la comisión de crímenes contra la humanidad. Esta decisión quiere ocultar que el paramilitarismo ha constituido un instrumento que ha favorecido la sistemática y masiva violación de los derechos humanos, estrategia en la que el estado tiene una decisiva e inocultable responsabilidad.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado exige al gobierno de Estados Unidos que devuelva a las autoridades colombianas a los jefes paramilitares para que sean procesados por la justicia ordinaria y no bajo el marco de la ley de justicia y paz porque esta beneficia a los victimarios y no a las víctimas, porque no han contado toda la verdad, no han reparado integralmente a las víctimas y no han desmontados sus estructuras criminales.
Solicita a la administración de justicia colombiana que traslade a la justicia ordinaria, todos los procesos que se tramitan en el marco de la ley de justicia y paz que se siguen contra los jefes paramilitares extraditados, así como todos los procesos que se adelantan en este marco normativo, dada la evidente ineficacia e inoperancia del mismo La satisfacción de los derechos fundamentales de las víctimas es un requisito necesario e ineludible para asegurar la no repetición de estos crímenes que han marcado de dolor las páginas de la historia y que han ofendido la dignidad de la sociedad colombiana.
