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¿Y las víctimas?
por Rafael Fernando Henao Cárdenas
Friday, May. 16, 2008 at 12:19 PM
editorial@latarde.com
El principal fortalecido con la decisión de extraditar a grandes capos del narcotráfico, que se disfrazaron de paramilitares, es el señor Presidente Uribe.
16/05/2008
El principal fortalecido con la decisión de extraditar a grandes capos del narcotráfico, que se disfrazaron de paramilitares, es el señor Presidente Uribe. También de paso se benefician los políticos investigados y otros que aun no están al alcance de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, e igualmente, testaferros y traficantes. Fundamentalmente se perjudican las víctimas ante la incertidumbre de la reparación. El hecho es complejo, ambiguo, repleto de circunstancias que a futuro mostrarán ventajas y desventajas. La reelección Presidencial sólo ha servido para poner al ejecutivo por encima de la institucionalidad y de los poderes públicos.
Hoy se concede razón a los críticos del proceso de desmovilización de las autodefensas y sobretodo de la ley de justicia, paz y reparación. Insistir, como lo hizo el gobierno, en considerar las actuaciones de paramilitares como actos de sedición, es decir políticos, pretendía burlar la extradición. El gancho para que voluntariamente se presentaran los jefes, fue precisamente el de no ser extraditados. El escándalo de la parapolítica, cercana en muchos casos al Palacio de Nariño, agravó la legitimidad del gobierno. Es posible entonces que sí se les haya incumplido a los extraditados, con el objetivo de salvar al Presidente y de contera no caer en desgracia con los Estados Unidos.
El señor Presidente siempre sale bien librado, así a su alrededor todo se hunda. Las próximas encuestas, demostrarán la habilidad para manejar a su antojo el inconciente colectivo. En parte lo sucedido es una jugada maestra, pero a la vez riesgosa. No sabemos si la verdad saldrá a flote en los Estados Unidos y de qué manera en este país se utilizará la información. La tradición es que allí se actúa conforme a intereses concretos. A pesar de los acuerdos de cooperación, no existe garantía de forzar la reparación, pues Colombia y su justicia perdieron control.
Tomando como cierto que los extraditados no confesaron integralmente, que no reportaron sus bienes o entregaron poco, o que continuaron delinquiendo, perderían beneficios de la ley justicia y paz, lo cual empeora la situación y deja exclusivamente en manos de los norteamericanos, a quienes se llevan la historia real y completa. Tarde o temprano los Estados Unidos le exigirían al gobierno la remisión de aquellos osados que no comparten utilidades con su banca.
El gobierno fue impotente frente al fenómeno del narcotráfico, como siempre lo ha sido. Hizo crisis el sistema penitenciario, incapaz de contener el poder de los detenidos. Perdió la oportunidad de hacer respetar la majestad de la justicia. Sacrificó todo el proceso, sobre el cual ha cacareado tanto y ha defendido con artificios, verborrea, chismes e insultos.
Hace rato que se acabó la alianza narcotraficante contra la extradición. En la actualidad parece preferible una pena baja, entrega de dineros y protección posterior, en los Estados Unidos, que el sometimiento a la justicia nuestra, así se goce de privilegios como fiestas, bacanales, licores, armas, medios de comunicación, negocios y visitas conyugales permanentes. Es claro que la extradición detiene la intervención de la Corte Penal Internacional frente a delitos de lesa humanidad, jurisdicción desconocida por los Estados Unidos.
Las víctimas seguirán siendo víctimas. Su reparación fue tema de última discusión por el gobierno durante el trámite de la ley de justicia y paz, pues el afán primordial era hacer el show de entrega de armas desvencijadas e inútiles. No creo en decisiones sorpresivas de este gobierno tan calculador y mediático. Es preferible que se esté intentando un salvavidas para la reelección Presidencial, de Uribe o de Uribito…
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