Mirando para el techo : Indymedia Colombia

El gobierno arrebató a los jueces colombianos de un zarpazo y de manera arbitraria, a protagonistas de los delitos más abominables y atroces de la historia del país, cometidos en concierto mafioso con políticos, empresarios y compañías transnacionales con la finalidad de enriquecerse, esclavizar a la sociedad y someter a las instituciones a sus designios criminales y sus ambiciones egoístas.

Genocidios, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, antropofagia, torturas, violaciones, secuestros, trata de personas, desplazamientos, robos, extorsiones, intimidación, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, lavado de activos, compra de votos, fraude electoral, depredación de bienes públicos.

La destrucción del tejido social, el impacto de la ferocidad de esa ola de degradación y muerte infringida por el paramilitarismo sobre la nación fue tal, la perfidia con la que se llevó a cabo fue tan perversa, que cambió los estándares éticos de la sociedad y los estándares morales de buena parte de los colombianos.

Trastocó el sentido y la esencia del poder político y cambió la mirada de las personas a la vida y a sus congéneres.

Colombia, hay que decirlo con dolor, como resultado de este proceso de degradación, ha terminado regida por referentes del bien y el mal, por referentes de lo que se puede y no se puede hacer a lo largo de la existencia, de lo que se debe y no se debe hacer, de un concepto de la institucionalidad y de los valores públicos, distantes de los patrones de civilización que llegaron a inspirar y hasta regir nuestra existencia como conglomerado humano, no obstante que nunca en la historia alcanzamos a aproximarnos como pueblo al ideal de respeto al ser humano y al estilo de conductas que definen para la humanidad el concepto de civilización.

A partir del avasallamiento del paramilitarismo en Colombia las instituciones del Estado se vieron infiltradas de criminales, en particular el Congreso y demás corporaciones de elección popular, así como el gobierno nacional, las administraciones locales y la fuerza pública.

La estructura del Estado se desvertebró en detrimento del espíritu democrático que le servía de aliento, así como se atrofiaron los poderes y las propias intenciones que le servían de inspiración. El patrimonio público, en buena medida, quedó bajo la discrecionalidad de esa red mafiosa.

En Colombia, pues, se verificó una catástrofe ética y material bajo el imperio del paramilitarismo a lo largo de los últimos treinta años.

Y para rematar, varios de los principales actores de ese estropicio le fueron arrebatados a la justicia colombiana para entregárselos ayer a otro Estado al que no le deben ni sombra de lo que le adeudan a los colombianos, ajeno al teatro de los acontecimientos y a la experiencia trágica de nuestra nación, ajeno a la historia y al conflicto en el que Colombia dirime y forja, a punta de sangre y sufrimientos, su destino. Un Estado al que no importamos.

Centenares de miles de víctimas quedan mirando para el techo, sin saber de sus seres queridos asesinados, dónde encontrarlos, dónde desenterrarlos. Sin saber de sus bienes. Sin recibir reparación. Sin ver que su propia nación fuera capaz de hacer justicia.

Los magistrados, jueces y fiscales que se esmeraban por hacer valer la ley, por abrirle una rendija de luz a Colombia que cifrara su designio como nación en los principios del derecho, de la razón y no en la arbitrariedad y la barbarie, también quedaron mirando para el techo.

Ahora resulta más claro que nunca, que las luchas de Colombia trascienden las banderías partidistas. Quiere decir que la lucha es por la democracia, por los valores de la civilización, en contra del despotismo y la arbitrariedad, y en contra de la impunidad.