Bolivia: Fascismo racista en Sucre : Indymedia Colombia

“De rodillas indios de mierda, griten viva la capitalidad”, “Sucre se respeta carajo”, “Llamas, pidan disculpas”, fueron las consignas impuestas por un grupo de jóvenes chuquisaqueños que mediante patadas y puñetes obligaron a cerca de 50 campesinos quechuas a quitarse las camisas, ponerse de rodillas y quemar la bandera del MAS y la wiphala (símbolo de las naciones originarias) en pleno frontis de la Casa de la Libertad ubicada en la plaza principal de Sucre.

Hace 199 años, un 25 de mayo, en ese mismo lugar, se protagonizaba el primer grito libertario del continente y, en 2008, contradictoriamente se produjo un grito lleno de racismo, odio y discriminación contra representantes de las mayorías nacionales, justo contra quienes liberaron a esta patria del yugo español.

"Hay que matarlo a ese indio decían ellos, todo esto sucedió en presencia del presidente del Concejo Municipal de Sucre, Fidel Herrera, y la alcaldesa Aidée Nava; ellos aplaudían todo lo que nos hacían esos grupos violentos", denunció el alcalde de Mojocoya, Ángel Vallejos, quien también fue golpeado brutalmente y obligado a andar de rodillas.

El 24 de mayo, el Presidente de la República, Evo Morales Ayma, debería arribar a Sucre para entregar una serie de proyectos y dos ambulancias a cada uno de los municipios del departamento de Chuquisaca; sin embargo, grupos de choque violentos frenaron esa actividad.

A pesar de la intervención policial y militar, cuyos componentes son también en su mayoría de raíz indígena, la fuerza y organización de los grupos de jóvenes que estaban armados no sólo de palos y piedras sino de gases lacrimógenos y dinamita, ocasionaron los atropellos a los derechos humanos.

Las imágenes de violencia registradas en diferentes barrios de Sucre sencillamente fueron desgarradoras: los jóvenes, varios en estado de ebriedad, arremetieron con palos y piedras, a la integridad de campesinos que caían al suelo. No se salvaron mujeres campesinas ni niños.

Reportes médicos aseguran que 35 personas resultaron heridas, pero además los campesinos sufrieron el robo de sus documentos, relojes y el poco dinero que tenían.

Un golpe a la libertad de expresión

“Me empujaban, sentía golpes, patadas, puñetes, jalones y me rociaron con alcohol. Me acerqué a una ambulancia pidiéndoles que me sacaran de ahí. Las piedras entraron al auto, porque la ventana estaba abierta y no dejaban que salga, se pararon al frente”, fue el relato de la periodista Marianela Paco Durán, de radio Aclo–Sucre, miembro de la red Erbol, quien también fue golpeada e insultada por los grupos de choque.

Esta periodista se encontraba realizando sus actividades periodísticas y, en el momento de la agresión, relataba en vivo el ataque a un grupo de campesinos.

“Fui a cubrir a la zona de Atabi (zona rural), me imagino que alguien logró identificarme como trabajadora de Aclo y empezaron a señalarme. Escuché insultos muy fuertes y vi una turba que se me vino encima. Alguien, que no identifiqué, fue a sacarme de ahí, después la gente empujó a quien me estaba ayudando”, relató la periodista agredida.

En un comunicado público, Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol) responsabilizó de este hecho “a Aydée Nava, Tommy Durán, Jaime Barrón y Fidel Herrera por haber convocado a grupos violentos con el fin de agredir y destilar odio contra personas que no comparten su línea ideológica”.

Las personas sindicadas, junto a Jhon Cava son los representantes del Comité Interinstitucional de Chuquisaca que bajo la demanda de la “capitalidad plena” intentó hacer fracasar las actividades de la Asamblea Constituyente y ahora pretende llevar adelante la autonomía departamental para ese departamento.

El atentado que sufrió la periodista de Acción Cultural Loyola (Aclo) no es el único que se registró en este proceso chuquisaqueño que, data exactamente un año, y que lamentablemente no existe ningún procesado, menos sancionado.

La otrora ciudad de los cuatro nombres: Charcas, La Plata, Sucre y Chuquisaca, la “ciudad culta” quedó sólo para el recuerdo.

El que no salta es llama

De acuerdo a los datos del último censo de población y vivienda, en Bolivia el 63.3 por ciento es considerado como indígena.

Sin embargo, esta realidad no es aceptada por los pequeños grupos que detentaron el poder en los últimos gobiernos neoliberales y que se beneficiaron a través de la corrupción y los negociados.

Los vejámenes y humillaciones de los últimos días no son nuevos.

Durante las sesiones de la Asamblea Constituyente, los representantes indígenas que son el rostro de la Bolivia pluricultural y multilingüe fueron agredidos e insultados en varias oportunidades.

“El que no salta es llama”, "Fuera de aquí, collas de mierda”, “Cruce de llamas con adobes” y otros adjetivos acompañados de agresiones físicas son parte de la historia, pero también de la impunidad.

Así como quedó en la impunidad la muerte de tres chuquisaqueños, ocurrida en noviembre de 2007.

Lamentablemente, desde el año pasado a la fecha, ningún ciudadano o autoridad fue sancionada por la justicia boliviana, aunque de acuerdo a imágenes, testimonios y denuncias se puede identificar a los responsables directos pero también a los autores intelectuales.

Más allá del tradicional: “está en un proceso de investigación” o “actuaremos con la ley en la mano” de algunos representantes del gobierno, no se hizo nada concreto.

El enfrentamiento entre el campo y la ciudad, los blancos y los indios, los k’aras y los t’aras, los oligarcas y los indígenas se acrecienta cada día más, aunque tanto autoridades del gobierno como departamentales, niegan su autoría.

El presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, Jaime Barrón, no descartó que hubiera infiltrados entre los sucrenses que tomaron como rehenes a los campesinos y los obligaron a despojarse de sus camisas y arrodillarse frente a la Casa de la Libertad.

"No debió haberse producido ese hecho. Los hermanos campesinos merecen todo nuestro respeto. Cuando los vi arrodillados los hice levantarse de inmediato, los llevé hasta la alcaldía y los llevé hasta la salida a Tarabuco, porque estaban completamente asustados", dijo.

Según la candidata a prefecta de ACI-MPC (Alianza del Comité Interinstitucional-Movimiento Poder Ciudadano), Sabina Cuéllar, los indígenas fueron obligados a trasladarse a Sucre para recibir al Presidente de la República bajo amenaza de ser multados con 100 bolivianos.

La Federación de Campesinos de Chuquisaca, al tiempo de solicitar la expulsión de los representantes del Comité Interinstitucional, amenazó con cerrar las válvulas en la localidad de Turupampa y Villa Fernández que conecta con la ciudad capital.

Desde Cobija, el Jefe de Estado se refirió al tema pidiendo a "algunos jóvenes" de "algunas universidades" a recuperar el respeto, la ética y la moral para con los indígenas, campesinos y los más pobres. "Qué clase de universitarios tenemos, no son todos ni en todas las universidades. Es importante mejorar esa ética, esa moral de un joven solidario y respetuoso, que siempre esté atento a los problemas sociales", manifestó.

Impunidad peligrosa

Más allá de las declaraciones no existe ninguna acción concreta para frenar esta serie de atropellos. El gobierno debe actual amparado en las leyes.

En enero de 2007, en Cochabamba se produjeron violentos enfrentamientos entre grupos de choque organizados por la Prefectura y el Comité Cívico contra campesinos e indígenas, pero no se castigó a ninguno.

Existen evidencias de la participación de ciudadanos y autoridades.

En Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Cívico cruceño, Luis Núñez, pidió a los sectores contrarios a las autonomías a "abandonar Santa Cruz o, de lo contrario, atenerse a las consecuencias".

Ese discurso racista además agregó: “Ellos (los bolivianos del occidente) han venido aquí. Adáptense a nuestra forma de vida que es paz, trabajo y tranquilidad, pero no nos sigan provocando, insultando, denigrando como lo han hecho ayer o aténganse a la consecuencias”, advirtió el cívico.

Miembros de la Unión Juvenil Cruceñista en reiteradas ocasiones agredieron a varias personas en Santa Cruz. La violencia física también estuvo acompañada de atentados dinamiteros, amenazas, persecuciones y otras acciones contrarias a los derechos humanos, pero nadie hizo nada.

En los últimos días en Sucre, el diputado Wilber Flores fue agredido, lo mismo ocurrió con los parlamentarios potosinos Carmen Flores y César Navarro o con la senadora cochabambina Leonilda Zurita.

Si en Sucre ocurren esos hechos de violencia, en poblaciones rurales de Santa Cruz la situación es igual o peor.

Días después del referéndum autonómico en San Ignacio de Velasco, representantes cívicos y el principal dirigente indígena chiquitano agredieron al sacerdote Adalid Vega Veizaga a quien acusaron de ser militante del MAS y contrario al proceso de las autonomías.
Al religioso le exigieron que abandone la región y, ninguna autoridad, impuso la ley.

Las agresiones no sólo fueron para campesinos, indígenas o gente común, sino también para ministros y el propio Presidente y Vicepresidente de la República que virtualmente no tienen pisada en algunas regiones del país.

¡Basta ya !

En este país, para nadie es desconocido que la “justicia” boliviana está manejada por representantes del viejo modelo neoliberal. El aparato de la justicia que fue “loteado” por los partidos neoliberales está manejado por gente ligada al anterior régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Aunque la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca anticipó que existiendo una denuncia interpuesta sobre los hechos del pasado sábado, éstos serán investigados, no existe ninguna confianza.
La fiscal de Distrito de Chuquisaca, Ana María Lía, afirmó que el Ministerio Público procederá a investigar conforme establecen las leyes.

El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, pidió que una Fiscalía de Distrito que no sea Chuquisaca investigue los violentos hechos contra campesinos en Sucre, porque considera que la justicia chuquisaqueña perdió imparcialidad al estar sometido a sectores cívicos.

"Estos hechos no sólo se tienen que censurar, sino deben ser sancionados. (Pero) la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca no tiene las condiciones para desarrollar una investigación parcial, ni siquiera sus tribunales, porque en los últimos meses demostraron su absoluta subordinación a la instancia cívica", manifestó.

Ante las acciones fascistas y racistas, desde diferentes puntos del territorio nacional salió el clamor popular de decir basta. También se demanda gobernabilidad.

En el proceso de la Revolución Democrática y Cultural es hora de hacer un alto a la violencia y al racismo, es hora de buscar el diálogo y el consenso, es hora de consolidar el cambio y la unidad.